AVA–ASAJA denuncia las ‘cláusulas abusivas’ de muchos comercios para pagar menos por los cítricos y caquis

Ante el inicio de la recolección de las variedades más tempranas de mandarinas, naranjas y caquis, los productores y operadores comerciales se encuentran inmersos en numerosas negociaciones para cerrar los contratos de compraventa de las cosechas. La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA–ASAJA) ha advertido, en un comunicado, de que muchos comercios de carácter privado «están incluyendo en dichos contratos una serie de cláusulas abusivas, e incluso ilegales, con el objetivo de abonar menos dinero al productor».

La organización agraria ha indicado que «una de las irregularidades más extendidas en dichos documentos es la realización de un ‘escandallo’ o destrío en el almacén, especificando en algunos casos al día siguiente de la recolección». Según testimonios recabados por AVA–ASAJA, «esta selección posterior del comercio suele implicar una pérdida media del 15% de la fruta recolectada, aunque hay ocasiones donde el destrío alcanza el 50%».

La organización agraria ha defendido que este ‘escandallo’ no respeta la ley 3/2013 sobre los contratos y otras relaciones jurídicas agrarias aprobada por Les Corts Valencianes, «puesto que cuando el comprador realiza la recolección de la fruta es el único responsable de que lo recogido y pesado en el campo resulta idóneo para la comercialización y no puede alegar con posterioridad la existencia de ningún porcentaje adicional de separación de fruto en mal estado». Bajo la pretensión de endurecer este destrío, el texto ha mostrado una ambigüedad a la hora de señalar las normas de calidad en las que el comercio va a basarse para determinar las frutas aptas. AVA–ASAJA ha agregado que «únicamente» se suelen concretar requisitos como el calibre mínimo de la fruta: hay operadores de caqui que lo fijan en 70 mm, cuando la Denominación de Origen Kaki Ribera del Xúquer ha venido estipulándolo en 61 mm.

Los agricultores también rechazan un descuento del 3% sobre el precio total de la mayoría de contratos «en concepto de gastos generales y demás». Esta cifra cubre ‘históricamente’ las funciones del corredor y, de acuerdo a la mencionada legislación autonómica, «la persona obligada a su pago es siempre la parte compradora, siendo nulo el pacto en contrario». La inclusión de la modalidad ‘a comercializar’, es decir, sin un precio pactado, «es otra cláusula que la normativa considera nula cuando el agricultor es persona física».

Por todo ello, AVA–ASAJA ha aconsejado a los agricultores no firmar ningún contrato de compraventa sin antes consultar a expertos en esta materia y ha anunciado que trasladará a la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), organismo dependiente del Ministerio de Agricultura, «todos aquellos documentos facilitados por los asociados que puedan atentar contra el espíritu y las normas de la legislación».

Asimismo, la organización agraria ha recordado a los citricultores que existe un modelo de contrato homologado por la interprofesional Intercitrus que puede servir de referencia. En cuanto al caqui, la asociación ha buscado vías de colaboración con los representantes de las empresas comercializadoras pero, aunque había puntos de encuentro, «no han querido avanzar de cara a consensuar un contrato tipo beneficioso para ambas partes».

Ante la situación generada, el presidente de AVA–ASAJA, Cristóbal Aguado, ha apelado a los productores valencianos «a estar unidos para defender un contrato y un precio dignos. Todos debemos hacer números y si comprobamos que no salimos ganando, pues hay que plantarse y no vender, porque lo que estaremos haciendo es regalar la cosecha a otros y hundir al resto de los agricultores».

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