Como ya ha venido advirtiendo ARAG–ASAJA durante la vendimia, es obligatorio que los viticultores y especialmente las bodegas suscriban contratos de compra venta de uva y/o vino, tal y como establece la Ley de la Cadena Alimentaria. En este contrato se registrará el precio y los plazos de pago que, en el caso de los vinos con denominación de origen, como es la D.O.Ca. Rioja, será en dos plazos. El primero, a 30 días desde la última entrega, y el segundo, complementario, treinta días después de la calificación.

En este contexto, la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA), que es el organismo creado por el Ministerio de Agricultura para vigilar el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria, ha comenzado un programa específico de inspecciones de oficio para comprobar posibles infracciones por parte del sector que impidan mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria.

Este programa, enmarcado en el Plan Control 2015, va a investigar hasta 400 viticultores de toda España de acuerdo a unos criterios de riesgo y proporcional a las superficies de cultivo de viña de las Comunidades Autónomas productoras. Se ejecutará en dos etapas, que se extenderán a lo largo del periodo de octubre de 2015 a agosto de 2016.

1ª Etapa, de octubre a diciembre
En este periodo, a los viticultores seleccionados se les solicitará la información necesaria para verificar la existencia de contratos alimentarios con las bodegas donde entregan la uva. También se comprobará la adecuada formalización de los contratos, tanto por su contenido, como por su alcance y los cumplimientos de los requisitos mínimos exigidos por la ley.

Los viticultores cuentan con un plazo de diez días para remitir la información que la AICA les reclama: resumen de las cantidades de uva entregadas, fotocopia de los albaranes o tickets de báscula, y fotocopia de los contratos firmados de aquellos viticultores que entreguen uva en bodegas privadas o cooperativas de las que no son socios. ARAG-ASAJA recuerda que es de obligado cumplimiento para el viticultor suministrar esta información en el plazo establecido puesto que el no hacerlo se considera una infracción en materia de contratación alimentaria.

Una vez evaluada la documentación recibida de los viticultores, en una segunda fase se iniciarán controles en aquellas bodegas que hubieran recibido las uvas de los viticultores requeridos, especialmente en aquellas donde se haya detectado alguna incidencia, y se levantará un acta de control que puede dar lugar a la correspondiente propuesta de sanción, que puede ascender a 3.000 euros por contrato irregular.

2ª Etapa, de febrero a agosto
En esta etapa, se realizarán, en primer lugar, controles sobre el terreno en las bodegas, comprobando liquidaciones y el cumplimiento de los plazos de pago, en caso de incumplimiento se realizará la correspondiente propuesta de sanción. En todo caso, con o sin incidencias, en una segunda fase podrán realizarse controles cruzados con los viticultores para confirmar las liquidaciones y pagos efectuados por las bodegas.

ARAG–ASAJA considera estos controles y, en general, la Ley de la Cadena Alimentaria que vela por la suscripción de contratos, una buena noticia para el sector agrario que viene a cumplir una reivindicación histórica de respaldo legal y económico para sus operaciones comerciales. Ahora bien, dentro del sector vitivinícola, reclama que se dé el siguiente paso, pendiente y comprometido por todo el sector, en favor de la transparencia, que es transmitir las cantidades que figuran en esos contratos al Observatorio de Precios.