El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid ha anulado los apartados Segundo, Cuarto, Quinto y Sexto de la Resolución de 27 de diciembre de 2017 del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), por la que se autorizaban solo 57,4 ha de nuevas plantaciones de viñedo para cava en nuestro país. Además de anular estos apartados, la sentencia insta al MAPA a aprobar una nueva resolución que tenga en cuenta los intereses de todas las regiones españolas productoras de este espumoso. El tribunal también ha anulado la recomendación de la D.O. Cava en las replantaciones de viñedo y la conversión de los derechos de plantación. 

Las reacciones a esta sentencia no se han hecho esperar y mientras desde Extremadura se ha recibido con satisfacción, la D.O. Cava ha mostrado su total desacuerdo.

Así, el consejo regulador de esta D.O. ha manifestado en un comunicado que “recomendó limitar las nuevas plantaciones en todo su territorio a raíz de la existencia de un excedente de unas 6.000 ha de viña, de las cuales 4.000 han sido plantadas en los últimos tres años, agravando más la situación. Es, pues, vital para el equilibrio y la sostenibilidad del sector del Cava y de todos sus viticultores y bodegas que la componen, limitar este crecimiento”.

Asimismo, ha señalado que “esta decisión fue tomada por unanimidad por los representantes escogidos democráticamente de los viticultores y elaboradores de la D.O. Cava, procedentes de los 159 municipios que la componen, con el objetivo de garantizar un crecimiento sostenible a medio y largo plazo”. Para la D.O. Cava, “la sentencia emitida por el TSJ de Madrid afecta exclusivamente a la resolución correspondiente al año 2018, no a posteriores”.Para subrayar que “al igual que todas las Denominaciones de Origen europeas, la D.O. Cava tiene la responsabilidad y competencias -reconocidas por la legislación nacional y europea- para gestionar de forma ordenada y equilibrada su viñedo, acorde a la demanda de sus productos”.

Finalmente, esta D.O. ha reiterado que “trabaja por defender los intereses de todos sus miembros y, para ello, emprenderá las acciones legales que considere oportunas”.

Recuperación de derechos, para UPA-UCE
UPA-UCE Extremadura ha valorado “de manera positiva” que la Junta de Extremadura haya ganado el contencioso que mantenía por las restricciones en materia de nuevas plantaciones, replantaciones y conversiones de derechos de replantación, establecidas por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2017. “Esta sentencia recupera derechos para los viticultores que en su día se vieron afectados y, además, supone un precedente muy importante de cara a recurrir nuevas decisiones que perjudiquen los intereses de los viticultores de la región”, ha indicado la secretaria del vino de UPA-UCE, Catalina García.

Desde esta organización agraria mantienen que todos aquellos agricultores que solicitaron las plantaciones con variedades de cava “tienen derecho ahora a inscribirla en el Consejo Regulador, abriéndose así un panorama bastante alentador ante el recurso de la Junta de Extremadura por la prohibición durante tres años de nuevas plantaciones destinadas al cava”.

Por su parte, el presidente de APAG Extremadura Asaja, Juan Metidieri,ha considerado que el Gobierno no debe recurrir la sentencia en casación, que es según ha apuntado la vía judicial que queda por agotar, y sí “adoptar las medidas necesarias para compensar a unos agricultores que, según señala la sentencia, se han visto perjudicados al ignorarse el principio más importante de solidaridad entre regiones, contemplado por la Unión Europea dentro de los Fondos Estructurales y que se habría visto menoscabado, así como la unidad de mercado o las normas de derecho de la competencia”.Según ha afirmado Metidieri, “se ha dado la razón de forma clara a los agricultores de Almendralejo y de Requena, por lo que ahora es necesario que se compense a los viticultores que han sufrido una importante discriminación, durante años, en detrimento de los productores catalanes”.