Un estudio elaborado por la Coordinadora de Organizaciones Agrarias y Ganaderas (COAG), sobre la base de los últimos datos oficiales publicados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), indica que un 6,6% de las grandes empresas agrarias obtienen ya el 42% del valor de la producción que se genera en el campo español. Bajo el título ‘Esenciales. La agricultura española ante calamidades que afectan a la seguridad nacional’, los Servicios Técnicos de esta organización han analizado las claves estratégicas de un tejido productivo fuerte y asentado en el territorio para responder a crisis como la de la Covid–19, al tiempo que se advierte de los peligros para la seguridad alimentaria de España y Europa de la creciente concentración de la producción en manos de sociedades mercantiles multinacionales. 

Según los datos actualizados del MAPA, en nuestro país hay un millón de explotaciones agrarias, el 93,4% con titular físico y el 6,6% son empresas, unas 65.000 sociedades cuyo objeto social principal es la producción primaria. «No son tanto las producciones agrarias en sí las que están en peligro, sino los agricultores y ganaderos del modelo social y profesional de agricultura frente a la concentración de la producción y la creación de oligopolios, que estimulan la entrada de fondos de inversión», ha dicho Miguel Blanco, secretario general de COAG. Para a la pregunta ¿qué ocurriría si la producción agraria y la alimentación estuvieran en manos ajenas en una calamidad aguda o prolongada, si no dispusiéramos de sistemas productivos diversificados y propios en la UE, en los que el modelo social y profesional es el predominante? responder que «las consecuencias podrían ser devastadoras. Hemos sido esenciales para evitarlo. Claro ejemplo es el coste de vidas, pero también el coste económico y social derivado de la falta de elementos de protección sanitaria en el inicio de la pandemia».

El propio Parlamento Europeo, en dos recientes documentos (julio y octubre de 2020) ha señalado entre los elementos sobre los que hay que poner el foco como riesgos estructurales «la creciente concentración de la producción agraria hacia oligopolios: desaparición del modelo europeo de agricultura que conduciría a la despoblación rural, a la degradación medioambiental y cultural y al aumento del desempleo rural».

Además, el informe ‘Esenciales’ recoge un análisis DAFO de la caracterización del sector agrario español, sobre la base de los trabajos realizados por MAPA para la elaboración del Plan Estratégico de España para la futura PAC. Desde el punto de vista económico nuestro sector agroalimentario es vulnerable en su conjunto por sus propias características:

– Escasa rentabilidad de las explotaciones de menor dimensión económica, acentuada en secano, y muy condicionada por su elevada atomización.

– Los costes de producción se sitúan por encima de los de un importante número de terceros países, con una tendencia creciente, mientras que en los ingresos son decrecientes por la imposición de unos precios a la baja.

– Posición de debilidad del sector productor frente a los demás eslabones de la cadena, en capacidad de negociación.

– Aumento de la brecha digital y falta de conectividad. Escasa digitalización en agricultura e industria agroalimentaria.

Vulnerabilidad a desastres naturales
Asimismo, existe una elevada vulnerabilidad de determinados sistemas agrícolas, ganaderos y forestales a desastres naturales, de mayor frecuencia e intensidad y al cambio climático, que puede llevar incluso a su desaparición, en caso de que no se produzca una adecuada adaptación. También se advierte una gran desconexión del ciudadano con los sistemas alimentarios, particularmente, en relación a la importancia de la producción primaria agrícola y ganadera como proveedores de alimentos, y al modelo de producción europeo.

En el capítulo de propuestas, el informe elaborado por COAG subraya la necesidad de proteger a las explotaciones que han resultado más dañadas por los efectos de la pandemia para que puedan seguir adelante, en el marco del modelo de agricultura social y profesional mayoritario en Europa. En este sentido, y de manera paralela a los sistemas sanitarios, es necesario recalcar que los sistemas alimentarios «son esenciales y demasiado importantes para dejarlos en manos de un libre mercado desregulado, que sólo busca la rentabilidad, en muchos casos a costa de los intereses de la ciudadanía».

Por último, se aboga por una transformación digital inclusiva, que permita que todas las explotaciones puedan beneficiarse en igualdad de oportunidades. Se debe aprovechar el despegue del comercio electrónico en alimentación para establecer estrategias específicas y concretas para los sistemas alimentarios territorializados y para los canales cortos de comercialización en el marco de posibles calamidades.

La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyem, ha presentado esta semana la nueva propuesta de Marco Financiero para la Unión Europea (UE) para el periodo 2021-27, así como el nuevo instrumento europeo de recuperación ‘Next Generation UE’, que supone un incremento global de 15.000 millones de euros para la Política Agraria Común (PAC).

A pesar de ello, el sector agrario español se ha mostrado muy crítico con el nuevo presupuesto presentado. Así, COAG ha señalado que la propuesta de la CE representa un descenso del gasto agrario en términos reales (-9,1%), más drástico en el pilar de ayudas directas de la PAC (-9,7%) que en el capítulo de desarrollo rural (-6,3%).

El análisis comparativo realizado por COAG cuantifica este «hachazo» en 35.000 millones de euros (repartidos en 7 años) para los fondos globales de la PAC en toda la UE, respecto al marco financiero 2014-2020. Según la organización agraria esta pérdida anual ascendería a 5.000 millones de euros, de los que cerca de 600 millones euros corresponderían a España, dado que la participación de nuestro país en los fondos agrarios es del 12%.

ASAJA también ha expresado «su rotundo desacuerdo» con los recortes agrarios propuestos por la Comisión, y confía que, «tanto en el seno del Consejo Europeo, como nuestros eurodiputados luchen para mejorar las propuestas y lograr un presupuesto para la PAC acorde con las nuevas ambiciones y retos, y en cualquier caso superior al del actual periodo presupuestario». Al mismo tiempo, «estos recortes, de todo punto rechazables, resultan intolerables en el momento actual» con la situación generada por la crisis del Covid-19.

Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos «la considera insuficiente para que el sector agrario europeo aborde sus objetivos de seguridad alimentaria y los de sostenibilidad acrecentados con la Estrategia ‘De la granja a la mesa’, sin poner en riesgo la rentabilidad de las explotaciones». Para afirmar al respecto que «los requisitos que nos piden no paran de aumentar, mientras que el presupuesto no para de disminuir». 

Cooperativas Agro-alimentarias de España ha valorado la incorporación de la agricultura en el Plan de Recuperación económica de la UE, pero ha lamentado «que la propuesta siga presentando un presupuesto inferior al del actual marco financiero».

Por su parte, el COPA y la COGECA, que representa a los agricultores y las cooperativas agrarias de la UE, también ha mostrado su decepción con las cantidades asignadas a la PAC en la propuesta revisada del Marco Financiero.

En cambio, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha valorado positivamente esta propuesta. Planas ha manifestado que supone «un reconocimiento al papel que juega la PAC en la sociedad europea, que ha quedado manifiesto con la crisis del Covid-19, en la que el sector agroalimentario ha garantizado el abastecimiento de alimentos a la población durante el período de confinamiento». El titular de Agricultura del Gobierno español ha indicado que «la profunda transformación de nuestro sistema agroalimentario precisa de los apoyos suficientes, sobre todo, para nuestros agricultores y ganaderos, que tienen que contar con explotaciones más rentables para hacer frente a los nuevos desafíos».

El Consejo de Ministros extraordinario celebrado el domingo 29 de marzo ha aprobado el Real Decreto-ley 10/2020 por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19. Según figura en esta normativa no entrarían dentro de este ámbito todos los trabajadores relacionados de una manera u otra con la cadena agroalimentaria, ya sea produciendo alimentos, vendiéndolos o distribuyéndolos, además de todo el material necesario para poder desarrollar esta tarea.

Así, en el punto 2 del Anexo del Real Decreto-ley, publicado en el BOE del 29 de marzo, en el que se indica las personas trabajadoras que no serán objeto de aplicación del permiso retribuido se señala «las que trabajan en las actividades que participan en la cadena de abastecimiento del mercado y en el funcionamiento de los servicios de los centros de producción de bienes y servicios de primera necesidad, incluyendo alimentos, bebidas, alimentación animal, productos higiénicos, medicamentos, productos sanitarios o cualquier producto necesario para la protección de la salud, permitiendo la distribución de los mismos desde el origen hasta el destino final».

En el punto 5, «aquellas imprescindibles para el mantenimiento de las actividades productivas de la industria manufacturera que ofrecen los suministros, equipos y materiales necesarios para el correcto desarrollo de las actividades esenciales recogidas en este anexo».

Y en el 6, «las que realizan los servicios de transporte, tanto de personas como de mercancías, que se continúen desarrollando desde la declaración del estado de alarma, así como de aquéllas que deban asegurar el mantenimiento de los medios empleados para ello, al amparo de la normativa aprobada por la autoridad competente y las autoridades competentes delegadas desde la declaración del estado de alarma».

Artículo de opinión de Miguel Blanco
Secretario General de COAG

Muchos se han preguntado, cuáles son las causas por las que los hombres y mujeres del campo han protagonizado un proceso de movilizaciones sin precedentes en la etapa democrática. Desde el 18 de enero, y durante siete semanas, se han ido sucediendo movilizaciones masivas con tractoradas inéditas en los últimos cuarenta y tres años, llenando las calles y carreteras de este país. 

En el recuerdo histórico quedan para siempre, las incomparables tractoradas de febrero y marzo de 1977. Se extendieron a lo largo de quince días para exigir, además de las propias reivindicaciones agrarias, dignificación, libertades y en definitiva democracia en un país que salía a duras penas de una larga y cruel dictadura.

Pero en la actualidad el sector agrario no ha pretendido hacer historia, aunque también la ha hecho. Ha escenificado una extraordinaria demostración de fuerza, de determinación y de razón. Aunque vivimos en un contexto de democracia consolidada, los hombres y mujeres del campo han desplegado un profundo sentido de identidad, que tiene mucho que ver con la reivindicación recurrente del respeto a la dignidad y al valor del trabajo en el campo. Y ese respeto pasa por el reconocimiento del carácter estratégico y vital de la actividad agraria, como productores de alimentos y preservadores del medio natural y rural. Agentes de primera línea en la garantía y seguridad alimentarias, en la lucha contra el cambio climático y frente al declive de la España que otros vacían. 

Muchos se han preguntado por las causas de semejante efervescencia movilizadora. Son múltiples, pero en esencia, la falta de reconocimiento a toda esa labor, la invisibilidad a la que se pretende someter a la gente del campo, el progresivo desmantelamiento de los servicios básicos esenciales en el medio rural e incluso, el menosprecio y la criminalización por parte de algunos colectivos extremistas. Y esto se traduce, a nivel práctico, en el hundimiento de los precios y las rentas agrarias, afectando en particular a la agricultura social y profesional, aún mayoritaria. Las políticas económicas vigentes prefieren los mercados desregulados del “sálvese quien pueda” y toleran el abuso de posición de dominio en la cadena alimentaria. Además, miran para otro lado ante el avance de los monopolios en la cadena de insumos que disparan los costes de producción agraria. Y por añadidura pretenden compensar con unas ayudas menguantes y desequilibradas, vinculadas a múltiples  exigencias y que a la postre engordan otros bolsillos.

Este es el escenario de una crisis acumulada hasta el hartazgo, generando una enorme indignación en el sector, que ve comprometido gravemente su futuro. Y como consecuencia se produce el estallido social del campo, pacífico y ordenado, pero contundente. Una respuesta histórica en la que ha tenido mucho que ver la unidad de acción de las tres organizaciones agrarias. Es cierto que la unidad ha hecho la fuerza para defender la razón. 

Esta movilización extraordinaria ya ha tenido consecuencias positivas. Aunque con resultados insuficientes, el gobierno ha tenido que aprobar algunas medidas que se venían reivindicando. No hay que renunciar a nada. Las cuatro mesas de negociación abiertas con el gobierno deben dar resultados palpables, de lo contrario volverán a ponerse en marcha los tractores. En todo caso, el sector ha conseguido algo tan determinante como el reconocimiento y respaldo de la ciudadanía. Nunca se había logrado un consenso tan amplio a favor. Y nunca antes se había alcanzado semejante cobertura mediática, informando como primera noticia sobre los problemas y reivindicaciones del campo. 

Ahora la gravísima pandemia del covid-19 ha dejado atrás todas las demás preocupaciones. Una grave crisis sanitaria que generará una nueva crisis económica. En este preocupante e inesperado contexto, se pone especialmente en valor el carácter estratégico de la actividad agraria. La seguridad y la soberanía alimentarias son una garantía para los ciudadanos y ciudadanas. 

La realidad nos ha puesto los pies en la tierra. Sin hombres y mujeres trabajando en el campo, no hay alimentos. Sin alimentación, no hay futuro.