La UNIÓ de Llauradors ha informado que las primeras estimaciones indican una producción para la próxima campaña del caqui de unas 280.000 toneladas (t), lo que significa un descenso de un 35% respecto a la producción media de las últimas campañas, fundamentalmente debido a las adversidades climatológicas (heladas) de los pasados meses. Se trataría de una cosecha corta, incluso más baja que la pasada que ya venía de una fuerte reducción sobre las anteriores. En alguna comarca como la de la Vall d’Albaida el descenso podría ser del 50%.

Los motivos que han repercutido en esta caída tan acentuada de la producción de caqui en la Comunitat Valenciana son varios. Las heladas que han provocado la caída de muchas flores y frutos es una de las principales, pero también el abandono, cada vez mayor, de campos en plena producción ante los bajos precios percibidos. Según los últimos datos disponibles, la cantidad de planta reproducida de caqui el pasado año por los viveros homologados se ha reducido un 4% sobre el anterior, y si se compara con el 2015, es casi el 80%. Ante esas previsiones de una cosecha muy inferior, distintos operadores comerciales intentan acelerar las compras de fruta en campo. Los primeros precios ofertados se sitúan en una media de entre 0,33/0,35 €/kg, solo un 14% superiores a los de la pasada campaña por estas fechas. Por ello, La UNIÓ aconseja a los productores tener prudencia y no precipitarse a la hora de vender, «pues es pronto y las cotizaciones ofertadas no se ajustan a la realidad de la campaña. Hay que esperar a que suban los precios ante la gran merma prevista y no vender apresuradamente».

Esta situación de la campaña se remonta a las últimas semanas del pasado mes de abril cuando se produjeron caídas importantes del caqui, debido a causas climáticas que han generado una serie de problemas con el actual sistema de seguros en la línea de este cultivo. Cabe señalar que el 22 de abril se reunió en campo el Grupo de Trabajo del Seguro del Caqui de la Comunitat Valenciana y se comprobó ‘in situ’ que los daños ocasionados serían elevados, incluso con parcelas con el 100% perdido. Pero no todos esos daños tendrán cobertura del seguro y únicamente serán aquellos que resulten de forma clara originados por las heladas.

En este sentido, La UNIÓ de Llauradors ha solicitado a la Conselleria de Agricultura de la Generalitat Valenciana que establezca una línea de ayudas extraordinarias para todas aquellas personas que teniendo póliza de seguro en vigor para el plan 2021-2022, se van a quedar sin indemnización por una mala adecuación del sistema asegurador actual.

Asimismo, la organización agraria ha trasladado una serie de propuestas a Agroseguro para mejorar la cobertura actual y evitar estas situaciones en un futuro. Dichas medidas se basan en el estudio para avanzar el inicio de las garantías del resto de adversidades climáticas al 15 de febrero, de manera que a partir de esta fecha todas ellas tengan cobertura y además también trabajar en un módulo de aseguramiento que cubra todos los riesgos a nivel de parcela. «Desde La UNIÓ vamos a seguir trabajando para que los productores de caqui vean compensadas sus pérdidas. No puede ser que a pesar de tener un seguro en vigor no vayan a recibir nada», han señalado.

La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA–ASAJA) ha exigido a la Generalitat Valenciana y al Gobierno central que redoblen sus esfuerzos en la investigación y la autorización urgente de nuevos formulados para evitar la expansión de la mancha foliar del caqui (Plurivorosphaerella nawae) en las próximas campañas. Esta organización agraria ha advertido de «las nefastas consecuencias» que amenaza con provocar este hongo en el cultivo después de que técnicos de la conselleria de Agricultura informaran, durante una jornada fitosanitaria organizada por AVA–ASAJA en la Finca Sinyent, que en 2019 detectaron graves resistencias frente al grupo de fungicidas estrobirulinas –Azoxistrobin y Piraclostrobin– en varios términos de La Ribera Alta (Alzira, Benimuslem, Guadassuar y Massalavés) y que en 2020 comprobaran la extensión de estos fallos de control en la mayoría de las zonas productoras de caqui de Valencia.

Según ha explicado la organización, «muchos agricultores no lograron reducir la presencia de la mancha foliar del caqui en sus parcelas a pesar de incrementar el número de aplicaciones, lo que además comportó un mayor impacto ambiental y un sobrecoste económico». De cara a la presente campaña, la conselleria recomienda evitar el empleo de estrobirulinas o limitar su uso a una sola ocasión por campaña, mezclando el producto con un fungicida de otro grupo.

AVA–ASAJA considera más necesario si cabe «la puesta a disposición de nuevas alternativas porque de las otras materias activas fitosanitarias que aún están autorizadas –Difenoconazol, Bacillus subtilis y Mancozeb– esta última ya tiene fecha de caducidad: el próximo 4 de enero de 2022 estará prohibido su uso».

Puesta en marcha de estudios
Asimismo, la asociación ha informado que el cultivo del caqui se enfrenta a una incidencia sin precedentes de cotonets y moscas blancas que en el último ejercicio elevaron el desperdicio de caquis a pie de campo hasta las 85.000 toneladas. En ese sentido, ha pedido «la puesta en marcha de estudios sobre la función que desempeñan las hormigas en la propagación de estas plagas y, en su caso, la obtención de sustancias que reduzcan la población de tales insectos».

El presidente de AVA–ASAJA, Cristóbal Aguado, ha señalado que «el caqui valenciano atraviesa una situación de emergencia sanitaria que pone en peligro su misma supervivencia. Es un ejemplo especialmente significativo de lo mal que lo están haciendo nuestros políticos en materia de sanidad vegetal. Ninguna fruta pierde tantos kilos en el campo por culpa de no disponer de soluciones contra las plagas y enfermedades». Para añadir que el IVIA «logró encontrar herramientas de control cuando se detectó un primer brote de mancha foliar hace varios años, pero las restricciones fitosanitarias nos han ido quitando armas y eficacia. Si no se consiguen alternativas, las resistencias serán más fuertes y la mancha foliar podría suponer una auténtica catástrofe».

Por otro lado, AVA–ASAJA ha señalado que el Gobierno acaba de aprobar un Real Decreto que podría introducir nuevas exigencias en las condiciones de almacenamiento, comercialización, control oficial y autorización de ensayos con productos fitosanitarios. Ante esta inminente normativa, Aguado ha lamentado que «nuestra clase política parece más preocupada por complicar la vida a los agricultores que por facilitarla. El Pacto Verde contempla recortes de materias activas y de fertilizantes absolutamente inasumibles mientras no dote al sector de alternativas sostenibles y eficaces. El Pacto Verde pasa por salvar los cultivos de las plagas y enfermedades». Porque sin cultivos, sin agricultura, «Europa ni podría preservar la sostenibilidad medioambiental, ni luchar contra el cambio climático, ni garantizar la soberanía alimentaria a todos los ciudadanos europeos».

Las principales organizaciones profesionales agrarias de la Comunitat Valenciana –la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA), La UNIÓ de Llauradors i Ramaders y la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos del País Valencià (UPA-PV)– han lanzado en un comunicado conjunto un mensaje muy crítico a la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA), órgano dependiente del Ministerio de Agricultura, y a la Agrupación Española de Entidades Aseguradoras de Seguros Agrarios Combinados (Agroseguro) «por no ajustar el seguro del caqui ni a la realidad vegetativa del cultivo ni a las necesidades reales de los agricultores».

El sector productor valenciano reprocha «la negativa» de ENESA y Agroseguro a su reivindicación de «prolongar del 20 de febrero que dicta la disposición vigente hasta el 31 de marzo el periodo de contratación del seguro del caqui». Según apuntan estas tres asociaciones, «la actual fecha resulta excesivamente prematura porque muchos productores aún no han cobrado las liquidaciones de la última cosecha debido al retraso del pago por parte de determinados operadores y porque en estos momentos todavía hay numerosas explotaciones donde no se han finalizado ni siquiera las labores de poda, lo que evidentemente dificulta la previsión de un aforo de producción a asegurar».

Por su parte, el director de ENESA, Miguel Pérez, ha rechazado un cambio en la fecha de contratación «alegando que se produciría un solapamiento del riesgo con el periodo de suscripción». A pesar de ello, las organizaciones agrarias han constatado que en otros seguros «sí se da esta circunstancia sin mayor problema y destacan el ejemplo de la cobertura de los cítricos ante el riego de pedrisco y cuyo plazo de contratación no acaba hasta el 15 de septiembre, es decir, en un momento mucho más flexible en el que el productor ya puede efectuar una estimación aproximada de su producción».

AVA-ASAJA, LA UNIÓ y UPA-PV auguran que si ENESA y Agroseguro mantienen sus trabas y su falta de sensibilidad hacia los productores, unido a la grave crisis de rentabilidad que atraviesa el cultivo del caqui y las restricciones de movilidad derivadas de la Covid-19, «podrían ocasionar un descenso en los niveles de contratación del seguro del caqui donde, sin duda, el principal damnificado de ello sería el agricultor».

En cambio, «agradecen y elogian» la medida que la conselleria de Agricultura de la Generalitat Valenciana ha tomado por la cual «todas las pólizas que los asociados suscriban a través de sus organizaciones profesionales agrarias se beneficiarán de una subvención adicional del 20%».

La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA–ASAJA) ha informado que la gota fría del 5 de noviembre ha causado daños de gravedad en una superficie superior a las 800 hectáreas de cultivo, provocando más de 62 millones de euros en pérdidas de cosechas, sobrecostes de tratamientos para salvar el arbolado y reparaciones de las infraestructuras agrarias dañadas. De todas formas, los daños reales se podrán observar en unos quince días por lo que no se descarta que estos aumenten hasta los 80 millones de euros.

Los daños cuantificados solo en mermas de cosecha ascienden a 42 millones de euros, principalmente en La Ribera, L’Horta Sud, La Safor y La Marina. Los cítricos son el cultivo más afectado, con unas 15.000 hectáreas damnificadas y 20 millones de fruta que no llegará a los mercados, mientras que el caqui, que también se encuentra en plena campaña de recolección, tiene 4.000 hectáreas gravemente perjudicadas y sus pérdidas rondan los 12 millones.

Al desperdicio de estas producciones, la organización agraria ha agregado 5 millones que los productores afrontarán en concepto de tratamientos fungicidas y revitalizadores con el objeto de salvar la próxima campaña e incluso la vida del arbolado. Además, advierte del riesgo que corren cientos de parcelas, sobre todo de cítricos y caquis, porque si se mantienen anegados varios días pueden producirse problemas irreversibles de asfixia radicular.

En el apartado de infraestructuras agrarias, las estimaciones de AVA–ASAJA cifran en 15 millones los sobrecostes del sector agropecuario valenciano a la hora de reparar caminos, canalizaciones, márgenes, invernaderos, casetas y almacenes, instalaciones de riego, etc.

Por todo ello, la organización reclama a Agroseguro que agilice las peritaciones de los campos afectados y el pago de las correspondientes indemnizaciones porque muchos agricultores están descapitalizados para acometer las actuaciones necesarias sobre los cultivos y las infraestructuras de sus explotaciones.

Al mismo tiempo, AVA–ASAJA exige a la Conselleria de Agricultura de la Generalitat Valenciana que se implique con la puesta en marcha de una línea especial de ayudas que permita a los productores de estas zonas más castigadas paliar parte de las pérdidas de cosechas, los sobrecostes por tratamientos, la reposición de arbolado, en su caso, y las reparaciones de las infraestructuras. Por lo que respecta al Ministerio de Agricultura también solicita medidas fiscales como la reducción del IBI Rústica, la condonación de las cuotas de la Seguridad Social y el módulo cero en la próxima declaración de la renta.

AVA–ASAJA ha aclarado que las lluvias han tenido consecuencias favorables en otras áreas agrarias, al recargar los acuíferos tras unos meses de sequía, limpiar los árboles y mejorar la calidad de los frutos. La reducción del volumen de determinadas variedades de cítricos y de caquis, debido al temporal, puede tener repercusiones comerciales que se traduzcan en una escasez de oferta y en un repunte de las cotizaciones en origen.