Precios

 

 

 

 

 

 

 

Tras conocer las primeras liquidaciones por la fruta de hueso de la campaña de este año, Unió de Pagesos (UP) ha señalado que el incremento del precio en origen no ha compensado la pérdida de kilos que han sufrido los fruticultores en Cataluña como consecuencia de diferentes adversidades climáticas. El sindicato agrario ha indicado al respecto que «si nos fijamos en la evolución del precio del Observatorio de Precios de referencia del Departamento de Agricultura de la Generalitat de Catalunya, en nectarina ha subido un 83% respecto al del 2019, en melocotón un 61% y en melocotón plano un 35%. Si nos fijamos en la producción de 2020 en relación a la del 2019 esta ha caído un 39% en melocotón y un 46% en nectarina; y si nos fijamos en el volumen económico, es decir, en el precio multiplicado por los kilos de fruta, vemos que hay una reducción del 2% este 2020 frente al 2019».

UP ha advertido que este hecho no permitirá que el sector pueda afrontar la situación de descapitalización derivada de la necesidad de hacer frente a las repetidas crisis de precios, especialmente agravadas desde el 2014, con el inicio del veto ruso. Teniendo en cuenta este contexto y previendo que durante la campaña que viene el mercado ruso continuará vetado a los productos europeos, el sindicato ha destacado que el sector necesita medidas urgentes.

En este sentido, el sindicato agrario ha valorado «positivamente» las que se han articulado en Cataluña a través del Plan de actuación de la fruta dulce impulsado por el Departamento de Agricultura; así, ha resaltado las ayudas al arranque de melocotones y nectarinas que, aunque la no se ha alcanzado el objetivo de las 2.000 hectáreas arrancadas, al final, «ha supuesto el arranque de 1.300 hectáreas las que permitirán reducir el potencial productivo de melocotones y nectarinas en Cataluña en 52 millones de kilos». UP ha aprovechado para criticar «la inacción del Ministerio de Agricultura por no haber hecho extensiva esta medida ni en Aragón ni en Murcia ni en Extremadura», como había solicitado el sindicato, para arrancar 10.000 ha que hubieran supuesto la retirada de 400 millones de kilos del mercado.

 

Adopción de medidas estructurales
Aparte de las medidas urgentes, UP también ha defendido la adopción de medidas de carácter más estructural. Así, continúa defendiendo el acceso de los profesionales de la fruta dulce a las ayudas directas de la PAC; de hecho, a principios de año ya pidió al ministerio un plan público para que los agricultores a título principal pudieran acceder este año a la reserva de derechos de ayuda de la PAC y evitar tener que esperar a la nueva.

Con el objetivo de adecuar la oferta a la demanda, el sindicato agrario continúa defendiendo el plan de arranque estatal para el melocotón y la nectarina, indicado anteriormente, y un plan de reconversión para la manzana de unas 2.500 ha que «permita adaptar las variedades a las necesidades del mercado para mejorar la competitividad de los productores de manzana».

Por lo que se refiere a medidas económicas y financieras, UP ha propuesto, para aquellos productores que necesiten liquidez, una ayuda de Estado de hasta 25.000 euros por explotación, y una reducción de la presión fiscal con medidas como la exención de pago de cuotas de la seguridad social y el IBI de rústica, o la adecuación de módulos del IRPF 2020 para la caída de producción, entre otros. Además, sigue defendiendo un gasóleo profesional agrario y la aplicación de un IVA reducido del 10% al conjunto de bienes y servicios utilizados.

Sobre las medidas de mercado, UP ha insistido en que hay una transposición completa de la Directiva Europea de prácticas desleales, en el sentido de que «incluya la prohibición efectiva de la venta a pérdidas, que determine cuotas de mercado en la distribución para conocer cuando una empresa tiene posición de dominio y es susceptible de abusar, que obligue siempre a la formalización de contratos y que se dote de un cuerpo suficiente de inspectores para asegurar su cumplimiento». En este sentido, ha denunciado que la propuesta de reforma de Ley de la cadena alimentaria del Ministerio de Agricultura «no permite asegurar unos precios por encima de los costes de producción; para corregirlo, el sindical del apela a que incorpore las enmiendas que entregó».

Finalmente, UP «considera imprescindible disponer de un sistema de captación de precios en origen válido, transparente y obligatorio que, entre otras funciones, sirva de base para que en caso de situación de crisis de precios en origen el ministerio pueda defender ante la Comisión Europea la necesidad de aplicar las medidas extraordinarias que permite la organización común de mercados para la fruta dulce».

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Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, coincidiendo con el Día Mundial de Alimentación celebrado el 16 de octubre, ha insistido en denunciar la excesiva concentración que existe en la distribución en nuestro país, resaltando que el 50% de la alimentación está en manos de tan solo cinco operadores.

Esta organización agraria, que viene denunciando la urgencia de definir la posición de dominio y sancionar sus abusos, critica que, a nivel estatal, cinco grandes grupos copan el 49,9% de la cuota de mercado de la alimentación, destacando el grupo Mercadona con un 24,7% y el grupo Carrefour con un 8,6%, según los últimos datos ofrecidos por la Consultora Kantar.

Asimismo, de acuerdo con información de esta misma fuente, el mercado de gran de consumo habría crecido un 13,7% y se espera que cierre este 2020 con un crecimiento del 14,7%. A pesar de todo, este incremento no se traslada a los productores de los alimentos, con una brecha de precios de origen–destino que llega al 46% y que imposibilita que se mejore la renta de agricultores y ganaderos.

Unión de Uniones ha señalado que «ni las Directrices europeas ni las leyes estatales están consiguiendo revertir esta situación». Para añadir que «en estos momentos, cuando en España la Ley está abierta en canal en el Congreso, es el momento de abordar los problemas de raíz para lograr un reparto más equitativo a lo largo de la cadena».

Al respecto, la organización está participando activamente en el proceso de modificación que en este año 2020 está sufriendo la Ley 12/2013 sobre cadena alimentaria, enviando enmiendas tanto al Proyecto de Ley de medidas urgentes para el sector agrario como al Anteproyecto de Ley de reforma de la ley y reuniéndose con todos los grupos parlamentarios para trasladar las demandas del sector.

Entre otros temas, la organización agraria reclama que se incluya la definición de posición de dominio en el sector agroalimentario en base al 8% de la cuota de mercado, similar a lo que acontece en otros sectores estratégicos de la economía española como el sector energético.

Unión de Uniones critica que esta excesiva concentración sucede de igual forma a nivel europeo en los países del entorno, por lo que conviene hacer una transformación profunda para no caer en un mercado viciado de precios marcados por este factor, disminuyendo el poder negociador de otros eslabones de la cadena.

Por todo ello, la organización insta a los poderes públicos en todos los niveles a hacer una revisión profunda del modelo que está imperando, a pesar de las leyes, y que genera un fuerte desequilibrio a lo largo de toda la cadena alimentaria. 

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La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) pedirá a las autoridades competentes que abran una investigación de las Lonjas de referencia en el sector de la almendra para esclarecer las maniobras especulativas en la fijación de las cotizaciones en origen. El último estudio realizado por esta organización agraria refleja que almendra Premium española cotiza un 33% por debajo que la almendra low-cost de California. «La realidad del mercado mundial va por un lado y nuestras lonjas van por otro. Están sometidas a movimientos especulativos y no responden a la situación real de oferta y demanda», ha denunciado Bernardo Funes, responsable del sector de frutos secos de COAG.

Esta organización ha señalado que los precios percibidos por el agricultor, según la Lonja de Reus, desde comienzos del año 2017 siempre se han encontrado por debajo de los de la almendra importada de EE. UU. por operadores españoles. Además, «la brecha entre ambas cotizaciones se hace cada vez más pronunciada». La diferencia media anual entre ambos precios, siempre a favor de la americana, fue del 9% en 2017, del 10,5% en 2018, del 10,7% en 2019 y del 23,2% entre enero y junio de 2020, alcanzándose el máximo en el mes de junio con una diferencia del 33,1% entre los precios de la almendra de EE. UU. traída a España y los de la cotización en Reus. «Al no poder influir en el precio internacional marcado por el primer productor mundial (EE. UU.), los grandes operadores comerciales han secuestrado el mercado interno para controlar su margen de beneficio», ha subrayado Funes.

Las grandes cualidades organolépticas de las almendras españolas se deben en parte a variedades autóctonas, como ‘Marcona’ y ‘Largueta’, y a las explotaciones de almendro tradicional, con gran implantación en secano y que necesita de un apoyo público claro para su mantenimiento y sostenibilidad. Su cultivo tiene mayores costes que las nuevas explotaciones intensivas y en regadío, aunque su multifuncionalidad ofrece grandes beneficios desde el punto vista medioambiental y social. Por ello, COAG «considera fundamental  que se modifique la arquitectura de ayudas de la PAC para adaptarlas a la nueva realidad del sector y aprovechar las oportunidades que brinda el mercado mundial para el desarrollo de los frutos de cáscara en España». En este sentido, la organización reclama que «se recupere la ayuda nacional para los secanos, con un complemento al agricultor profesional que llegue hasta el límite de máxima cuantía posible; conceder una ayuda asociada solo a los secanos en pendiente y/o en zonas desfavorecidas, incrementando la cuantía otorgada, y desarrollar un plan de reconversión al que pueda acogerse cualquier superficie de secano».

Por otro lado, COAG ha recordado que las operaciones de compraventa que se realicen en el sector, de manera general y como marca la Ley 12/2013 de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, deben efectuarse con un contrato por escrito entre las partes en el cual debe fijarse el precio a percibir, que debe cubrir el coste efectivo de producción.

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Unió de Pagesos (UP) calcula que la cosecha de almendra tradicional en secano de esta campaña, que se inició a mediados de agosto en algunas comarcas con las variedades tempranas, puede disminuir un 25% de media en Cataluña, ya que en estas zonas los árboles se cargaron de muchos frutos el año pasado y, por tanto, la floración de este 2020 ha sido mucho más baja. En cambio, en regadío la previsión es que aumente la cosecha. Además, hay que tener en cuenta que han entrado fincas nuevas en este tipo de producción.

El sindicato alerta, sin embargo, que los precios en origen de la almendra parece que se mantendrán bajos. Así, la Lonja de Reus cerró con un precio de 3,10 euros el kilo grano antes del verano, y la previsión es que no abra con una cotización más alta de 3,20 euros el kilo grano. Un factor que condiciona esta situación es la gran cosecha que se espera en California, con un aumento de más de 17%, que arrastrará los precios mundiales a la baja.

UP ya señaló el pasado mes de junio que el precio en origen de la almendra se había reducido en un 32% los seis primeros meses de este año, y pasó de 5 a 3,40 euros el kilo grano, según los datos de la Lonja de Reus. El sindicato reclamó entonces a las administraciones medidas para las explotaciones de almendra en Cataluña y alertó del peligro de su viabilidad. Asimismo, solicitó al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) que regulara las lonjas de referencia para hacerlas transparentes, y que los precios que determinan respondieran a la realidad del mercado, así como que estudiase la recuperación de la ayuda de Estado para superficies de fruta seca, de hasta 120,75 €/ha, para las superficies de almendro de bajo rendimiento, básicamente de secano, que se ven especialmente afectadas por la situación de descenso del precio de mercado. 

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La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA–ASAJA) lamenta que las importaciones masivas de almendra californiana estén hundiendo el precio de un producto autóctono de excelentes características organolépticas y pide a la industria agroalimentaria valenciana que prime la almendra valenciana. California constituye el principal productor de almendras del mundo y este año cuenta con una producción récord que, según USDA (United States Department of Agriculture), es un 18% superior al ejercicio anterior, lo que está provocando caídas acusadas del precio de la almendra en España que se sitúa en estos momentos entre los 3 y 3,10 euros el kilo de grano, a excepción de la ecológica que recibe cotizaciones que rondan los 7 u 8 euros por kilo de grano.

El envío masivo de almendra californiana, una práctica habitual que provoca el hundimiento de precios, se produce precisamente en una época en la que debido a la crisis sanitaria de la Covid–19, países como India, que eran importantes compradores de almendra estadounidense, han cerrado sus fronteras a las importaciones. Además, la cosecha en la Comunitat Valenciana ha sufrido mermas de producción de hasta el 50% en algunas zonas de la Serranía. Este descenso es consecuencia del exceso de lluvias que provocaron la proliferación de hongos que alteraron la floración.

Ante esta situación, AVA–ASAJA recuerda que los productores de almendra valencianos cumplen con todas las garantías de seguridad alimentaria que marca la Unión Europea y que los costes de producción de California no son equiparables a los de la Comunitat Valenciana, puesto que cuentan con grandes extensiones de terreno muy mecanizadas que contrastan con la estructura minifundista que predomina en el territorio valenciano. A ello se suma la falta de relevo generacional, el abandono de los campos por la falta de rentabilidad y la proliferación de plagas y enfermedades como son la avispilla del almendro o la Xylella fastidiosa. Asimismo, cabe recordar que los agricultores españoles no cuentan con las mismas armas para poder combatirlas, ya que en EE. UU. se utilizan materias activas que en la UE están prohibidas.

El presidente de AVA–ASAJA, Cristóbal Aguado, subraya que «las alteraciones del funcionamiento del mercado a nivel global por la crisis de la Covid–19 han derivado en que EE. UU. busque el camino más fácil y envíe su exceso de almendras a Europa. A ello se suman los problemas colaterales que tiene la agricultura valenciana, pero la almendra valenciana cuenta con una mayor calidad que la estadounidense y debe tener un precio digno acorde a sus características. Por este motivo, desde nuestra organización reclamamos a la gran distribución y a todos los miembros de la cadena alimentaria que prioricen la almendra autóctona frente a la foránea».

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El sindicato Unió de Pagesos advierte que la cosecha de avellana de esta campaña se reducirá a la mitad en toda Cataluña respecto del volumen de una campaña media, que oscila entre las 10.000 y las 11.000 toneladas, debido a las fuertes lluvias en la primavera, sobre todo en febrero y marzo, que son los meses que polinizan los frutos. Cabe recordar, además, que el sector todavía sufre los efectos que provocaron los fuertes vientos del 2018, que causaron la pérdida de hasta el 70% de la producción.

El sindicato considera que unos precios que coticen al alza pueden mejorar la situación de los productores, aunque, según las informaciones de que dispone UP, los comerciantes tienen la intención de abrir la primera sesión de la Lonja de Reus, en septiembre, con los mismos precios con los que la cerraron. Así, en el caso de la ‘Negreta’, a 1,95 euros la libra.

Para UP, la diferencia de precios en origen entre la avellana producida en Cataluña y la de Italia y Turquía, los principales productores mundiales, todavía es muy grande. En Turquía, por ejemplo, el precio medio de compra del organismo oficial (TMO) a los productores es de 2,25 €/libra.

Con el objetivo de mejorar los precios esta campaña, el sindicato agrario confía que la puesta en marcha de la Oficina Técnica de la Avellana en julio pasado, una herramienta para promocionar el sector impulsada por la Generalitat de Catalunya, sirva para que tanto la D.O. Avellana de Reus como las cooperativas den valor añadido a variedades como la ‘Negreta’, como se ha hecho con productos de otros sectores.

En cuanto a la cosecha de la algarroba, iniciada hace unos días, UP considera que será una de las mejores campañas de los últimos años, ya que las lluvias de la primavera han propiciado que los árboles se llenan de frutos, tanto en las zonas productoras catalanas como las del resto de España. Además, el sindicato prevé que los precios podrían llegar a 0,60 euros el kilo, mientras que el año pasado la media era de 0,50 €/kg, y hace tres años de 0,30–0,35 €/kg. Sin embargo, el problema más importante que sufren los productores de algarroba es el de los robos de cosecha, pues es un fruto fácil de hacer caer del árbol y de llevarse. UP ha reclamado a la policía autonómica de Tarragona que intensifique la vigilancia en época de recolección.

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Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha criticado en un comunicado “la opacidad con la que se determinan los precios de la almendra” y la actitud del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), que “deja desamparados a los productores sin una aplicación efectiva de los cambios introducidos en la Ley de la Cadena Alimentaria y con el mercado controlado por un pequeño grupo de operadores que especulan a su antojo.

La organización agraria ha puesto en evidencia estos aspectos en una reunión mantenida recientemente con responsables del MAPA sobre la situación de los frutos secos, concretamente de la almendra. En la misma ha señalado que los productores tienen las manos atadas, y “por muchos esfuerzos o inversiones que hagamos por mejorar y hacer viables nuestras explotaciones acabamos chocando contra el muro de los especuladores que se obsesionan en ganar siempre a costa nuestra”.

Unión de Uniones considera que uno de los problemas que afronta el sector es el de la transparencia en los precios, y por este motivo ha insistido en revisar los mecanismos de determinación de las cotizaciones en la Lonja de Reus, que según esta organización, sobre todo en el caso de la almendra, “no reflejan la ley de la oferta y la demanda y que los precios continúan deprimiéndose semana tras semana, marcando a poco más de un mes del inicio de la recolección, los peores precios desde hace muchos años.

Esta organización agraria, quien ya alertó hace un mes de la constante caída del precio de este fruto seco (un 30% por debajo de las de julio del año pasado), y la diferencia respecto a otros países competidores como Italia (que percibe un precio un 48% superior al que percibe un productor español), argumenta que no tiene sentido, siendo un país deficitario.

Ante la ausencia de expectativas del ministerio para poner en marcha ayudas al sector de frutos secos del tipo puesto en marcha para otras producciones con motivo de la Covid-19, Unión de Unionesha reclamado que se recuperen las ayudas de estado a los frutos secos que permite la Organización Común de Mercados (OCM) de productos agrarios, destinada a las superficies de almendro de bajo rendimiento, las más vulnerables frente a la reducción del precio, y que contribuyen a fijar población en el medio rural y evitar su despoblamiento, además del papel medioambiental que cumple en zonas áridas de la costa mediterránea”.

Durante la reunión con los responsables ministeriales también se ha solicitado que se mejoren las estadísticas de producción y balance y poder conocer por medios oficiales los costes medios de producción de la almendra en España. Así, desde Unión de Uniones han señalado que “tenemos una Ley que dice que el precio que se fije en los contratos tiene que respetar los precios reales de producción. Hay que empezar a saber ya si el Gobierno tiene intención de hacer que eso se cumpla o es todo propaganda.

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La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA–ASAJA) ha instado a los productores de caqui «a no cerrar contratos de compraventa con operadores comerciales a un precio que se sitúe por debajo de los costes de producción». Esta petición cobra más fuerza tras advertir la directora de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), Gema Hernández, de que esta entidad «ha introducido en su labor de control los cambios legislativos del Real Decreto–Ley 5/2020 como el hecho de que, por primera vez, se tengan en cuenta los costes de producción en la compraventa de productos agrarios».

La organización agraria considera «muy razonable y coherente» la iniciativa tomada por este organismo dependiente del Ministerio de Agricultura, impulsor de esta legislación tras la ola de movilizaciones agrarias a finales del año pasado y principios de este y las negociaciones llevadas a cabo con el sector. Además, valora que la AICA facilite la puesta en marcha de esta campaña al crear «un nuevo formulario de denuncias más intuitivo y fácil».

A pesar de que la medida se extiende a todas las producciones agropecuarias, AVA–ASAJA hace hincapié en el caqui «porque en las últimas campañas los precios en origen se han desplomado más de un 40%», colocándose en la mayoría de los casos por debajo de los costes de producción que estima por término medio en 0,27 euros por kilo (€/kg). Por ello, reitera a los productores que «realicen un estudio a fondo de todos los gastos que comporta su explotación y lo tengan en cuenta a la hora de defender un precio de cara a la próxima campaña».

Asimismo, AVA–ASAJA recomienda a los productores que revisen la letra pequeña de los contratos ofrecidos por los operadores comerciales porque ha detectado un creciente número de cláusulas abusivas dirigidas a pagar menos dinero al productor. La última cláusula que ha llamado la atención a los servicios jurídicos de la asociación «es una que agrava el perjuicio ocasionado por el destrío de la fruta considerada por el comercio no apta para su comercialización en fresco». Así, cuando el porcentaje del caqui no comercial sea inferior al 5% de toda la cosecha, el comprador exige al vendedor que acepte expresamente no ser ni siquiera informado del destrío finalmente aplicado en el almacén.

AVA–ASAJA «aconseja a los productores no firmar ningún contrato de compraventa cuando sospechen que puedan contener cláusulas abusivas sin antes consultar dichos documentos a la organización agraria». En caso de confirmar algún tipo de incumplimiento legal, la organización agraria trasladará dichos contratos a la AICA para su correspondiente investigación y, en su caso, apertura de expediente y aplicación de la sanción estipulada.

Según los datos recogidos por la AICA en el primer semestre del año, el sector hortofrutícola encabeza con un 64% las sanciones impuestas. Desde 2014 la AICA ha dictado 2.169 infracciones con sanción, siendo las frutas y hortalizas el sector con más incumplimientos (985) por delante del lácteo (325), el vino (261) y el aceite (201). 

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Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, quien ya alertó hace un mes de la constante caída del precio de la almendra, ha reiterado sus críticas debido a que los precios en las principales lonjas están, según variedades, en torno a un 30% por debajo de las de julio de 2019. Además, en comparación con mercados exteriores, en Italia están un 48% más altos respecto a los fijados por la Lonja de Reus, que son los precios de referencia en España.

«No tiene sentido, siendo un país deficitario», comentan desde Unión de Uniones. Según los datos del INC (International Nut & Dried Fruits), la producción media española de almendra grano de los cinco últimos años ha sido de unas 63.606 toneladas, mientras que el consumo se ha cifrado en unas 73.130 t. «Lo hemos denunciado constantemente y estamos a la espera de una nueva reunión con el ministerio en la que seguiremos insistiendo», han añadido.

Así, la organización agraria ha recogido los ecos del sector sobre la llegada reciente de importaciones de almendras californianas desviadas hacia España debido al escenario internacional generado por el coronavirus y que podrían explicar en parte la espectacular caída de precios. En todo caso, Unión de Uniones ha señalado que «los agricultores están haciendo un esfuerzo en los últimos años, con importantes inversiones, para suministrar al mercado almendra autóctona y de calidad y, en cambio, cada vez se importa más». Mientras que entre 2010 y 2015 en el primer cuatrimestre del año se venían importando una media de 30.700 t de almendra americana, la media de los últimos 5 años ha sido de unas 40.900 t.

«Se está dejando a un lado la producción española, como en otros muchos sectores, en favor de productos importados que no cumplen nuestros estándares productivos en materia de medio ambiente y sanidad vegetal», han apuntado desde la organización, recordando que en Estados Unidos se usan hasta 72 materias activas pesticidas prohibidas o en trámite de prohibición en la Unión Europea (UE), según el estudio publicado por Environmental Health el 2019. «Se trata de una situación muy grave de competencia desleal, amparada hasta ahora por las propias autoridades comunitarias», por lo que la organización se ha dirigido por escrito al Ministerio de Agricultura para que impulse en Bruselas la exigencia del respeto al principio de reciprocidad en los intercambios comerciales. 

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La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha informado que ha tenido acceso a documentación de compra-venta de aceite de oliva «en la que se evidencia claramente cómo las principales industrias compradoras están coaccionando a las cooperativas de aceite de oliva para que vendan por debajo de costes». Así, «los compradores están imponiendo cláusulas de manera abusiva, en las que obligan a reconocer costes de producción falsos, un 25% por debajo del coste oficial (2,70€/kg), reconocidos por el propio Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para el aceite de oliva virgen extra».

El responsable del sector del olivar de COAG, Juan Luis Ávila, se ha mostrado muy crítico con esta situación, y al respecto ha manifestado que «esto tiene un nombre. Son prácticas mafiosas para intentar sortear la reforma de la Ley de mejora de la Cadena Alimentaria que obliga a pagar por encima de costes a los agricultores. En muchos casos las cooperativas se ven obligadas a pasar por el aro por el miedo a perder la venta y no dar salida a la producción de aceite almacenada, en un sector en el que son muy pocos los que concentran el grueso de la comercialización». Para añadir que «en medio de una crisis de precios en la que se ve sumida el sector desde hace casi dos años y con miles de olivareros abocados a la bancarrota, este tipo de prácticas no solo son ilegales, sancionables y perseguibles sino que muestran la inmoralidad y especulación con la que juegan ciertas industrias».

COAG ha anunciado que trasladará toda la información disponible a la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) para que, si se estima procedente, «se inicien las denuncias correspondientes». Al mismo tiempo, ha pedido a la directora de la misma que se active de forma urgente una campaña de inspección y verificación de contratos en coordinación con el Ministerio de Agricultura y los organismos competentes de las Comunidades Autónomas. Se debe verificar que «en los contratos de compra-venta de aceites de oliva se cumple el artículo 12 de la Ley para evitar la destrucción de valor en la cadena, es decir, que el precio que se pague sea igual o superior al coste de producción en el sector oleícola».

Desde la organización agraria se ha recordado que, si hay coacción para vender bajo costes o incluir cláusulas abusivas en los contratos, «la sanción recaería para los compradores de aceite, no sobre el presidente de la cooperativa o la junta rectora de la misma. En todo caso se deberían aportar pruebas de los hechos». Por todo ello, COAG se pone a disposición de olivareros y cooperativas para cursar todo tipo de denuncias ante la AICA, «manteniendo el anonimato de las partes implicadas». Además, en la web corporativa, está habilitado un buzón de denuncias de sobre incumplimientos de la Ley de Cadena Alimentaria.

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