El incumplimiento más frecuente es la renuncia repentina de determinados operadores a recolectar la totalidad o una parte de la cosecha

La caótica y desesperada situación que viven miles de citricultores valencianos como consecuencia de los pésimos resultados que está ofreciendo la actual campaña ha disparado la interposición de denuncias ante los juzgados por parte de los productores de cítricos, según ha informado en un comunicado la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA–ASAJA).

Los servicios jurídicos de esta organización agraria han constatado que en las últimas semanas están tramitando un gran número de casos que terminan materializándose en la presentación de demandas en los tribunales, circunstancia que refleja el modo en que la crisis está incidiendo en los citricultores. Los abogados de AVA–ASAJA han afirmado que el número de denuncias que están interponiendo alcanza niveles sin precedentes en la historia del sector.

Estas denuncias se centran, básicamente, en la comisión de tres irregularidades penalizadas por la ley: el incumplimiento de contratos, los impagos de las cosechas y la supuesta detección de una cantidad abusiva de destrío durante el proceso de confección de la fruta en los almacenes. El incumplimiento más frecuente consiste en la renuncia repentina por parte de determinados operadores comerciales a recolectar la totalidad, o parte, de la cosecha del agricultor, tal como se había acordado y recogido en el documento contractual.

También abundan los casos de operadores que dejan la fruta adquirida sin pagar o de los que intentan renegociar los precios a la baja o que deciden poner en práctica la ‘venta a resultas’, es decir, sin una cotización pactada de antemano. Otra de las anomalías detectadas, y que termina en reclamaciones ante los tribunales, es la presunta aparición de un elevado número de destrío en la fruta que se confecciona en los almacenes. En alguna ocasión, los destríos llegan incluso al 70% de la cosecha adquirida y «ese porcentaje de la fruta que supuestamente no reúne la condición comercial adecuada, no se paga al agricultor».

El presidente de AVA–ASAJA, Cristóbal Aguado, cree esta situación «es explosiva»; por ello, anima a los citricultores víctimas de abusos por parte de los operadores comerciales «a acudir a los tribunales para reclamar aquello que les pertenece por derecho, porque tampoco podemos consentir que se instale una sensación de impunidad y que aquí vale todo. También es cierto que hay muchos operadores comerciales que están trabajando con seriedad, pero el repunte que se está produciendo en materia de incumplimientos es alarmante».

Además, Aguado ha enviado un mensaje a las autoridades y, más concretamente, a la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA) –dependiente del Ministerio de Agricultura– para que realice una campaña exhaustiva de inspecciones que «permita detectar las irregularidades en las que están incurriendo determinadas empresas y aplicar las sanciones oportunas». Finalmente, el presidente de AVA–ASAJA cree que «lo que está ocurriendo esta campaña citrícola refleja, una vez más, que la ley de la cadena alimentaria no está siendo capaz de ofrecer las soluciones que precisa el mercado, puesto que los agricultores, tal como queda patente a diario, siguen encontrándose en la indefensión más absoluta».

Unió de Pagesos (UP) ha señalado en un comunicado que apoya el anuncio del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (DARP) de la Generalitat de Catalunya de articular un Plan de arranque en Cataluña, a través de una ayuda de mínimos con cofinanciación estatal, para poder retirar entre el invierno del 2018/19 y el del 2019/20 2.000 hectáreas de melocotones y nectarinas de la producción, como explicaron los responsables de Agricultura en el marco de la Mesa sectorial de la Fruta Dulce el pasado18 de diciembre. El sindicato había reclamado un Plan de arranque estatal desde hacía más de un año, aunque la Comisión Europea lo ha desestimado, según dieron a conocer los responsables del Departamento.

En el marco de la Mesa sectorial, el sindicato agrario propuso a la Administración catalana que se pusiera de acuerdo con su homóloga de Aragón para que también se articule un Plan de arranque en este territorio, dado que la situación de crisis estructural en melocotón y nectarina la comparte toda la zona frutícola del valle del Ebro, sobre todo Cataluña y Aragón. Ambos territorios comparten los períodos de mayor recolección y comercialización (julio y agosto), en los que se encuentran, anualmente, picos de producción con dificultades de comercialización. Para Unió de Pagesos, lo más razonable es aplicar un Plan de arranque de 2.000 hectáreas en Cataluña, y su equivalente, también en Aragón.

Por último, el sindicato hizo una valoración positiva del anuncio de la publicación de los precios del Observatorio de precios de referencia en pera y manzana. Unió de Pagesos siempre ha defendido disponer de un sistema de captación de precios de referencia válido estadísticamente para dar transparencia al sector. En este sentido, considera que uno de los motivos de la sentencia negativa a la demanda presentada por Fruits de Ponent contra la Comisión Europea por la crisis de precios de la fruta de 2014 ha sido los datos de los precios que el Estado trasladó a la Comisión en julio de 2014 y que no mostraban la realidad del sector, que ya estaba en una situación de crisis grave antes del anuncio del veto ruso.

Las organizaciones agrarias y cooperativas denuncian que añade complejidad, subjetividad y arbitrariedad a todo el proceso

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto–Ley de Medidas Urgentes para el Impulso de la Competitividad Económica en la Industria y Comercio. La normativa incluye la prohibición de las ‘ventas con pérdida’ o ‘ventas a pérdidas’ en supuestos en que se consideren prácticas desleales. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha destacado que el Real Decreto–Ley supone reintroducir la prohibición de la ‘venta a pérdidas’ en la legislación española, «con mayor seguridad jurídica, conforme a la normativa de la Unión Europea (UE) sobre prácticas desleales de las empresas a los consumidores». Para añadir que con esta nueva normativa se dan «pasos adelante para la preservación del valor de los productos agroalimentarios en toda la cadena, en beneficio de los agricultores y ganaderos».

Por su parte, ASAJA, COAG, UPA y Cooperativas Agro–alimentarias consideran «compleja, subjetiva y arbitraria» esta norma que prohíbe la ‘venta a pérdidas’ en el sector agroalimentario y han vaticinado serios problemas jurídicos para que cualquier posible infracción derive en apertura de expediente. En este sentido, organizaciones agrarias y cooperativas consideran que se ha dado un «paso hacia atrás inaceptable» en la eliminación de esta perniciosa práctica, al tiempo que lamentan que se hayan impuesto las tesis del Ministerio de Comercio frente a las del de Agricultura. Todas estas entidades agrarias habían planteado que la prohibición de la ‘venta a pérdidas’ se realizara vía modificación de la Ley de mejora de la Cadena Alimentaria, aspecto que según han indicado había apoyado públicamente el propio titular de agricultura del Gobierno español, pero al final no ha sido así.

La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA–ASAJA) ha solicitado a la conselleria de Agricultura de la Generalitat valenciana la elaboración y puesta en marcha de un plan que favorezca la retirada del mercado en fresco de los calibres de cítricos que, debido a su escaso tamaño, no reúnan las condiciones comerciales más idóneas para su venta al público. La organización considera que de esta manera se conseguiría revitalizar y estabilizar la campaña citrícola en un momento clave para el buen desarrollo futuro de la misma.

En el inicio del actual ejercicio naranjero se ha detectado la existencia de calibres pequeños que actúan como un elemento perturbador a la hora de conformar precios en el mercado en fresco y, en este sentido, AVA–ASAJA ha indicado que «entre 200.000 y 250.000 toneladas de cítricos menudos deberían retirarse de la circulación para ser enviados bien a la industria de transformación, bien a la alimentación del ganado, ya que de este modo se lograría relanzar la temporada citrícola al eliminar del canal comercial los frutos de tamaño menos apto».

Por todo ello, el presidente de AVA–ASAJA, Cristóbal Aguado, ha manifestado que «durante el arranque de esta campaña se han dado una serie de circunstancias, tales como el retraso en la maduración, la ausencia de frío en Europa, la recolección prematura de algunas variedades o la abundancia de calibres pequeños que han generado un clima de atonía comercial que a su vez ha provocado una atmósfera de nerviosismo sumamente perjudicial para los intereses de los agricultores. Sin embargo, ahora entramos en un momento decisivo y por eso sería fundamental disponer de un plan de apoyo a la retirada de esa fruta de tamaño más reducido, canalizándola a través de la industria y la alimentación animal».

Según los cálculos realizados por esta organización agraria, el coste de destinar el referido tonelaje a los fines ya aludidos con el objeto de estimular el mercado en fresco se situaría en unos 30 millones de euros, teniendo en cuenta que el precio a pagar por cada kilo que fuese enviado a industria o a alimentación animal sería de unos 15 céntimos.

AVA–ASAJA ha señalado que la Unión Europea (UE) contempla en su normativa mecanismos de retirada para el sector hortofrutícola que incluyen ayudas específicas para las Organizaciones de Productores (OP) –cooperativas y OPs no cooperativas– que opten por llevar a cabo esta opción. Sin embargo, de esos fondos comunitarios para respaldar la retirada no pueden beneficiarse los agricultores que no estén inscritos a OPs y en el caso de la Comunitat Valenciana, al menos el 50% de los mismos se encuentran en esta última situación. Aguado cree que es aquí donde ha de entrar en juego la Generalitat valenciana «preparando, y dotando del presupuesto necesario, ese programa para incentivar la retirada de los calibres pequeños. Pensamos que de esas algo más de 200.000 toneladas que deberían acogerse al plan, cerca de la mitad pueden encauzarse a través de OPs y cooperativas usando las subvenciones europeas, pero el resto necesita de la implicación y el soporte del Consell, ya que los efectos de esta iniciativa serían tremendamente favorables para el futuro devenir de la campaña citrícola».