El Consejo de ministros ha aprobado, a propuesta del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, un Real decreto que establece las bases reguladoras para la Intervención Sectorial Vitivinícola (ISV) en el marco de aplicación de la nueva Política Agraria Común (PAC). El programa sectorial para el sector vitivinícola cuenta con un presupuesto de 202,1 millones de euros anuales entre 2024 y 2027.

Con esta aprobación, el Gobierno establece la normativa básica nacional para las ayudas al sector vitivinícola, en la que se adaptan los tipos de intervención a las exigencias medioambientales y de adaptación al cambio climático que marca la nueva PAC que establecen un porcentaje de gasto obligatorio para acciones medioambientales de, al menos, el 5% de su presupuesto.

El objetivo es atender las necesidades detectadas en el sector del vino en España, aumentar su competitividad, y adaptarlo a los nuevos objetivos de la PAC en cuanto a lucha contra el cambio climático, mejora del medio ambiente y sostenibilidad.

Los tipos de intervención elegidos por España para cumplir con los objetivos específicos para el sector del vino son: reestructuración y reconversión de viñedos; inversiones materiales e inmateriales en instalaciones de transformación y en infraestructuras vitivinícolas, así como en estructuras e instrumentos de comercialización; cosecha en verde; destilación de subproductos de la vinificación y actividades de promoción y comunicación en terceros países

La intervención sectorial «prevé la posibilidad de recurrir, cuando sea preciso, a la cosecha en verde como herramienta de actuación en casos excepcionales ante posibles situaciones de desequilibrio entre la oferta y la demanda».

Los primeros dos años de aplicación de la ISV se harán en paralelo con las operaciones y programas que están en ejecución y que fueron aprobados en el marco del Programa Nacional de Apoyo al Sector Vitivinícola (PASVE) 2019–23 antes del 31 de diciembre de 2022 y que podrán ejecutarse y pagarse como máximo hasta el 15 octubre de 2025.