La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA–ASAJA) ha detectado en plena campaña citrícola un número creciente de incumplimientos por parte de operadores comerciales de diferentes condiciones acordadas en los contratos de compraventa de cítricos (naranjas y mandarinas).

La principal práctica abusiva que ha constatado esta organización agraria «es la pretensión de algunos comercios de rebajar de manera unilateral la cotización pactada con el productor al inicio de la temporada, cuando las perspectivas eran más optimistas debido al tirón de la demanda de cítricos en Europa a fin de prevenir resfriados y virus como el Covid-19». En algunos casos, los agricultores alertan de que el nuevo precio ofrecido por sus frutas se sitúa incluso por debajo de los costes de producción –entre 0,22 y 0,26 euros por kilo según variedades– «lo que les arrojaría pérdidas y multiplicaría el abandono de campos».

AVA–ASAJA ha indicado que la peor evolución de los precios en origen «se ceba en las variedades Clemenules y naranjas Navelina que han sufrido consecuencias de las lluvias y se encuentran en avanzado estado de maduración». El clima de nerviosismo generado «se ha extendido al resto de citricultores y está provocando dificultades en la comercialización».

El presidente de la organización agraria, Cristóbal Aguado, ha recomendado «tranquilidad a la hora de defender un precio digno porque tenemos una cosecha corta que lo será aún más en la segunda mitad de la campaña». Aguado ha pedido al ministro de Agricultura, Luis Planas, que «se ponga las pilas para hacer que la nueva reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria sirva realmente para garantizar que los precios cubran al menos los costes de producción, cosa que no ha ocurrido con la uva para vinificación ni ahora con los cítricos». Además, ha reprochado a la Unión Europea y al Gobierno español que «continúen impulsando acuerdos comerciales con países terceros que abren las puertas de par en par a cítricos cultivados en unas condiciones de competencia desleal en términos fitosanitarios, laborales y medioambientales, como sucede actualmente con las importaciones de Egipto, Marruecos o Túnez».

AVA–ASAJA ha detectado, asimismo, otros incumplimientos de contratos de compraventa que perjudican a los productores, tales como el retraso e incluso la anulación de la recogida de los frutos, comunicaciones de destríos excesivos en el almacén de confección, el impago de las cosechas dentro de los plazos establecidos por la Ley de lucha contra la morosidad, etc.

Por ello, ha puesto a disposición de los agricultores sus servicios técnicos para asesorarles y ayudarles a la hora de trasladar ante la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), órgano dependiente del MAPA, este tipo de infracciones para que abra una investigación y, en su caso, imponga sanciones al operador comercial.