La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) considera la cosecha en verde la medida más adecuada para abordar a corto plazo la crisis del sector vitivinícola,  «ya que es la única actuación que elimina materia prima del mercado antes incluso de su transformación a vino». Así se ha trasladado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) en respuesta el cuestionario remitido a las organizaciones profesionales agrarias para abordar la preocupante situación de este sector.

El vitivinícola ha sido desde el primer momento uno de los sectores más afectados por la situación generada por la pandemia de la Covid–19 debido al cierre y posteriores restricciones del canal HORECA, (que representa el 60% del consumo), así como la cancelación de todo tipo de fiestas y eventos en los que el consumo de vino también era importante.

Para que esta medida de la cosecha en verde sea eficaz, COAG ha indicado que debería aplicarse en todo el territorio nacional y dotarse de un presupuesto extraordinario de al menos 40 millones de euros, (aportados por UE, MAPA y Comunidades Autónomas), al margen del Plan de Apoyo al Sector Vitivinícola (PASVE). «Hemos dejado muy claro al ministerio de Agricultura que para ejecutar las medidas extraordinarias a causa de la crisis del COVID19 debe establecerse un presupuesto extraordinario al margen del PASVE. No se puede hipotecar,  por un problema coyuntural ajeno al sector, un presupuesto asignado a las medidas ordinarias que son muy necesarias para mejorar la competitividad del sector vitivinícola, tales como la reestructuración del viñedo, modernización de bodegas o promoción en terceros países»,  ha manifestado al respecto, Joaquín Vizcaíno, responsable del sector vitivinícola de COAG.

Si finalmente no se habilitaran fondos adicionales, y no quedara más remedio que retraer fondos del PASVE, la organización agraria apuesta «porque dicho dinero vaya destinado exclusivamente a financiar la cosecha en verde». Para añadir que «esta medida es más que necesaria para lograr un reequilibrio entre oferta y demanda antes de la vendimia y evitar el impacto de los bajos precios de mercado sobre los precios pagados por las uvas a los viticultores». Y confía en que en enero de 2022 se pueda activar la norma de comercialización de inmovilización de vino y mosto «si la situación lo requiere».