Un nuevo informe del Tribunal de Cuentas Europeo señala que las medidas emprendidas por la Unión Europea (UE) no han garantizado la protección de los polinizadores silvestres. En este sentido, los auditores han apuntado que «la estrategia de la UE sobre la biodiversidad hasta 2020 ha resultado en gran medida ineficaz para prevenir su declive». Además, las políticas clave, entre ellas la Política Agraria Común (PAC), «no contienen requisitos específicos para la protección de los polinizadores silvestres y, de hecho, la legislación de plaguicidas de la UE es una causa principal de su pérdida», ha subrayado el Tribunal de Cuentas.

Los polinizadores como las abejas, las avispas, los sírfidos, las mariposas, las polillas y los coleópteros «desempeñan una función esencial en la reproducción de las plantas y las funciones ecosistémicas, y su declive debe ser percibido como una amenaza de primer orden para el medio ambiente, la agricultura y el suministro alimentario de calidad», ha afirmado Samo Jereb, miembro del Tribunal de Cuentas Europeo, responsable del citado informe. Para añadir que «desafortunadamente, las iniciativas de la UE adoptadas hasta la fecha para proteger a los polinizadores silvestres han sido insuficientes para dar frutos».

Avances insuficientes o inexistentes
Los auditores han constatado que el marco específico de la UE no ayuda «realmente» a proteger a los polinizadores silvestres. Aunque no había ninguna medida concreta de la Estrategia de la UE sobre la biodiversidad hasta 2020 destinada específicamente a contrarrestar la disminución de los polinizadores silvestres, cuatro de sus metas los pueden beneficiar de forma indirecta. Sin embargo, en la propia revisión intermedia de la Comisión «se observó que en tres de estas metas los avances habían sido insuficientes o inexistentes». La revisión también identificó específicamente a la polinización como uno de los elementos más degradados en los ecosistemas de toda la UE. Los auditores han comentado que la iniciativa sobre los polinizadores «no ha generado cambios significativos en políticas clave».

Los auditores, asimismo, han explicado que otras políticas comunitarias de fomento de la biodiversidad no contienen requisitos específicos para la protección de los polinizadores silvestres. Al respecto han expuesto que «la Comisión no ha empleado las opciones disponibles en cuanto a medidas de conservación de la biodiversidad en ningún programa, entre los que se cuentan la Directiva de hábitats, Natura 2000 y el programa LIFE». Respecto a la PAC, los auditores consideran que «es parte del problema y no de la solución».

Por último, los auditores han destacado que la legislación actual de la UE sobre pesticidas ha sido incapaz de ofrecer medidas adecuadas para proteger a los polinizadores silvestres. Esta contiene salvaguardias para proteger a las abejas melíferas, «pero las evaluaciones del riesgo se siguen basando en orientaciones que están desactualizadas y son poco acordes con los requisitos jurídicos y los últimos conocimientos científicos». En este sentido, los auditores han recalcado que el marco de la UE ha permitido a los Estados miembros seguir utilizando plaguicidas a los que se considera causantes de pérdidas masivas de abejas melíferas. Por ejemplo, entre 2013 y 2019 se otorgaron 206 autorizaciones de emergencia para el uso de tres neonicotinoides (imidacloprid, tiametoxam y clotianidina), aunque su aplicación ha estado restringida desde 2013 y su uso en el exterior ha estado estrictamente prohibido desde 2018.

El ‘Pacto Verde’ será una de las prioridades de la UE en las próximas décadas, por lo que los auditores recomiendan que la Comisión Europea:

– Evalúe la necesidad de establecer medidas específicas para los polinizadores silvestres en las medidas y actuaciones de seguimiento de la Estrategia sobre la biodiversidad hasta 2030.

– Integre mejor las medidas para proteger a los polinizadores silvestres en instrumentos políticos sobre agricultura y conservación de la biodiversidad.

– Mejore la protección de los polinizadores silvestres en el proceso de evaluación del riesgo de los plaguicidas.