El sector agrario andaluz, representado por ASAJA-Andalucía, COAG-Andalucía y Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, ha lamentado que la Comisión Europea haya validado políticamente el Plan Estratégico español de la Política Agraria Común (PAC), presentado por el ministro de Agricultura, Luis Planas, que previsiblemente tendrá el visto bueno en unas semanas para su puesta en marcha a partir del 1 de enero de 2023. Según han señalado estas organizaciones en un comunicado, «la hoja de ruta del Ministerio de Agricultura hurta 500 millones de euros a la principal región agraria de España, además de penalizar su apuesta por la diversificación y la sostenibilidad, señas de identidad del sistema agroalimentario andaluz». 

Asimismo, han apuntado que «el Plan es fruto de la política autoritaria de Luis Planas, que lo ha redactado sin diálogo, sin estudio de impacto y sin criterios técnicos o agronómicos, priorizando los intereses de algunos territorios, cargándose el modelo social y profesional de agricultura en beneficio de los fondos de inversión y obviando el rechazo unánime del campo andaluz, el que cultivan uno de cada tres perceptores españoles de la PAC». Para añadir que «el consenso brilla por su ausencia en un documento que generará desequilibrios y agravios territoriales». 

Las organizaciones firmantes han comentado que el titular de Agricultura «no sólo no ha hecho ademán de negociar en estos dos años, sino que ha hecho caso omiso de las reivindicaciones de los productores andaluces y ha enviado el documento definitivo sin que los beneficiarios del mismo, que no son otros que los agricultores y los ganaderos españoles, conozcan la letra pequeña». 

Los representantes del campo andaluz han criticado «la hipocresía» del ministro al asegurar que el Plan Estratégico de la PAC de España es «muy equilibrado, cuando en ningún momento ha puesto sobre la mesa los estudios económicos y de impacto que se le han solicitado por activa y por pasiva. Los datos manejados desde Andalucía señalan que las medidas propuestas por el ministerio provocarán un descalabro económico en el territorio y un trasvase de ayudas desde esta región a otras comunidades».

Para las tres organizaciones, este plan «penaliza la diversidad productiva al reducir el número de regiones (de las 50 actuales a 20) y porque su reconfiguración es muy lesiva para Andalucía, ya que algunas de las comarcas agrarias que más ayudas de pago básico generaron en las provincias de Sevilla, Jaén o Huelva quedan degradadas y se integran en regiones menos productivas».

Esta discriminación «se evidencia, por ejemplo, en que a nivel estatal se han configurado dos regiones de pastos y solo una de regadío. Así, el número de ecoesquemas y el reparto de los fondos de esta partida propuesto por el Ministerio es a todas luces insuficiente si se quiere impulsar una producción agraria más verde, como señala Bruselas». Además, para el campo andaluz «es un error no vincular esta arquitectura medioambiental a las regiones productivas». Por ello, esperan que «la falta de consenso entre los Estados miembro sobre la aplicación de este nuevo sistema, unida a la situación de incertidumbre creada por la guerra en Ucrania, retrasen la puesta en marcha y planteen una revisión de la partida que sustituirá al pago verde».

La pérdida de presupuesto no es la única crítica de las organizaciones, ya que como recuerdan este Plan Estratégico «complica más si cabe la gestión técnica y económica de las explotaciones agrarias, lejos de la simplificación administrativa anunciada por la Administración y que tanto anhela el sector productor».

En definitiva, para los representantes del campo andaluz «la luz verde de Bruselas al Plan Estratégico de Luis Planas la peor noticia que podían recibir los agricultores y los ganaderos de la comunidad, pues su aplicación se traducirá en unas pérdidas irreversibles». Con su modus operandi, el ministerio de Agricultura, con el apoyo de la Comisión Europea, ha perpetrado un atentado contra la capacidad productiva, contra la viabilidad de las explotaciones agrarias de la comunidad y contra un sector que fija población y genera riqueza en el entorno rural.