El Consejo de Ministros ha aprobado el 11 de mayo un real decreto-ley que incluye un potente paquete de medidas urgentes de apoyo al sector agrario para hacer frente a la prolongada situación de sequía y al agravamiento de las condiciones del sector primario como consecuencia de la guerra en Ucrania. Entre ellas se incluyen ayudas directas de Estado para los sectores agrícola y ganadero, que superan los 636 millones de euros, o la subvención de hasta un 70% del coste de las pólizas de seguros por la sequía de los cultivos más comprometidos por la falta de lluvias y las elevadas temperaturas. El impacto económico de todas las medidas adoptadas en el ámbito agrario suma más de 784 millones de euros.

Desde el inicio del año hidrológico, el 1 de octubre de 2022 hasta la segunda semana de mayo, el valor medio de las precipitaciones en España ha sido un 27,5 % inferior al promedio de este periodo. La reserva hidráulica peninsular se ha situado en la última semana en un 48,9 %, algo inferior a la del año anterior (50,6 %), cuando el Gobierno ya aprobó un decreto de sequía con medidas importantes, algunas de ellas se fueron ampliando a lo largo del pasado año.

El Gobierno ha considerado que en el actual escenario tras la invasión de Ucrania el sector estaba sometido a una situación compleja que, unida a las circunstancias climáticas, «hace que resulte de extraordinaria y urgente necesidad adoptar medidas que garanticen el mantenimiento y la sostenibilidad de las explotaciones agrícolas y ganaderas, reafirmen la seguridad alimentaria y permitan reforzar la senda de crecimiento económico del país».

Además del pago de las ayudas directas, el real decreto-ley contiene medidas de apoyo de ámbito fiscal, financiero, socio-laboral, hidráulico y en el de la Política Agraria Común (PAC), en las que están implicadas los ministerios de Agricultura (MAPA); Hacienda y Función Pública; Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Trabajo y Economía Social; Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Solo las medidas en materia agraria y de aguas están valoradas en unos 2.190 millones de euros en total.
 

Ayudas directas

Los sectores agrícolas dispondrán de un volumen de ayudas de 276,7 millones de euros. El MAPA determinará los cultivos, zonas y cuantías a los que corresponderán estas ayudas en función de los que se compruebe son más perjudicados por la situación de sequía. Para ello se tendrán en cuenta la información sobre la evolución climática e hidrológica del Ministerio para la Transición y el Reto Demográfico y de las comunidades autónomas.
 

Apoyo a la financiación

El decreto contempla una nueva ampliación en 20 millones de euros de la dotación para la bonificación de créditos de la línea ICO-MAPA-SAECA que pueden llegar hasta el 15 % del principal del préstamo. Esta ayuda se habilitó en el decreto de sequía aprobado en marzo de 2022 con una dotación de 10 millones de euros y posteriormente se amplió hasta 20 millones en el segundo decreto de medidas urgentes para hacer frente a las consecuencias de la guerra en Ucrania aprobado en junio de 2022. Igualmente se amplía en 3 millones de euros la línea de financiación de avales de la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA) que son necesarios para la obtención de estos créditos. En el anterior decreto de sequía esta línea se dotó con 2,7 millones de euros, ampliada después en otros 2 millones más.
 

Seguros agrarios

El MAPA ha vuelto a incrementar en 40.485.800 euros la partida destinada a subvencionar la contratación de seguros agrarios. Esta dotación permitirá subvencionar hasta el 70 % del coste de la pólizas ya contratadas -el máximo permitido por la normativa europea- que incluyan la cobertura por riesgo de sequía en los cultivos de secano de herbáceos extensivos, olivar, uva de vinificación, almendro, avellano, kiwi, endrino, alfalfa, remolacha azucarera y maíz forrajero.

Con esta ampliación, la línea de apoyo a la contratación de seguros agrarios del ministerio ascenderá ya en este ejercicio a más de 358 millones de euros.

Medidas fiscales

En materias fiscal, quedan eximidas del pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) las propiedades de los titulares de explotaciones agrícolas o ganaderas que hayan sufrido, en el ejercicio 2023, una reducción del rendimiento neto de las actividades agrarias de, al menos, un 20 % en zonas con limitaciones naturales, según la normativa de la Unión Europea, o de un 30 % en las demás. En este ámbito, la orden del Ministerio de Hacienda del 25 de abril ya contemplaba una importante rebaja fiscal para el sector agrario, al reducir un 25 % lineal el rendimiento neto para el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para todos los agricultores y ganaderos que tributan por el sistema de módulos, es decir más de 800.000 beneficiarios. Además, la orden incluye numerosas minoraciones en los coeficientes de entre el 30 % y el 50 % para los sectores ganaderos, así como determinados sectores agrarios.

Se exime del pago de IRPF y del impuesto de sociedades las ayudas que se perciban por los ecorregímenes de la PAC. Asimismo, queda eximida del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados la formalización de avales de la Sociedad Estatal de Caución Agraria (SAECA) en los contratos de préstamo, lo que supone un abaratamiento de las operaciones que facilitan también el acceso a la financiación en mejores condiciones.
 

Ampliado el plazo para las ayudas PAC

El real decreto-ley contempla que el Ministerio de Agricultura establecerá los criterios para que, de una forma armonizada, las autoridades competentes de las comunidades autónomas puedan flexibilizar determinados requisitos de las ayudas directas de la PAC, al objeto de que las circunstancias devenidas como consecuencia de la sequía no representen impedimentos añadidos para percibir las ayudas. Así, se amplía hasta el 30 de junio el plazo para presentar las solicitudes. De esta forma, los agricultores dispondrán de más tiempo para la toma de decisiones sobre sus cultivos en un momento en el que la sequía produce incertidumbres.

Tras las reuniones mantenidas con las comunidades autónomas y el sector, el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) ha elaborado una circular que será remitida para consulta en el día hoy, que recoge los requisitos de condicionalidad reforzada, ecorregímenes y ayudas asociadas para los que se puede aplicar la causa de fuerza de oficio con motivo de la sequía.

Se escalona en cuatro fases, en lugar de las dos que estaban establecidas, la entrada en vigor del Cuaderno Digital de Explotación. Según el tipo de explotación, se retrasa al 1 de enero de 2024 y al 1 de enero de 2025 la incorporación de la totalidad de la información obligatoria a dicho cuaderno.
 

Medidas socio-laborales

En materia laboral, se ha aprobado un aplazamiento en el pago de las cuotas de la Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta, cuyo devengo tenga lugar entre los meses de mayo a septiembre de 2023, para las empresas incluidas en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios, y entre los meses de junio a octubre de 2023, para los trabajadores incluidos en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios.

Además, se prorroga hasta el 31 de diciembre la medida excepcional de reducción a 10 el número mínimo de jornadas reales cotizadas necesarias para acceder al subsidio agrario en Andalucía y de Extremadura.
 

Medidas hidráulicas

Los agricultores titulares de derechos de riego y que hayan tenido una reducción en los suministros de agua que tienen concedidos se beneficiarán de una rebaja del canon. Esta bonificación será del 100 % si la reducción en la dotación de agua supera el 60 %, y del 50 % si el recorte del suministro ha sido de entre el 40 % y el 60 %. Los beneficiarios indirectos de obras de regulación en la cuenca del Guadalquivir tendrán una reducción del canon del 50 %.
 

Insatisfacción en el sector

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) considera insuficiente el Real Decreto de ayudas aprobado por el Gobierno para mitigar el impacto de la sequía en el sector agrario, «ya que la grave afectación en el campo requiere apoyos de mayor calado. El 80% del territorio agrario se encuentra ya asfixiado por la sequía». En este sentido, el secretario general de COAG, Miguel Padilla, ha reclamado que «desde ya se deben disponer ayudas directas extraordinarias para los cerealistas, que en muchos casos no recogerán cosecha alguna. Hablamos de la campaña de siembra más cara de la historia con la cosecha más corta del siglo. Y eso es inasumible. El seguro no resuelve en estos casos las cuantiosas pérdidas que se arrastran».

Por su parte, la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) ha indicado que las medidas aprobadas «apenas van a beneficiar al campo valenciano y, en todo caso, únicamente a ciertos cultivos de secano, la ganadería y la apicultura, mientras que el regadío valenciano queda excluido pese a los efectos que la falta de lluvias ya está ocasionando». 

Esta organización valora las ayudas directas dirigidas a los ganaderos y apicultores, pero «cuestiona el fondo de 276 millones que el Gobierno aún no ha desvelado a qué cultivos y en qué zonas de España los destinará». Respecto al aumento de la subvención del coste de las pólizas por riesgo de sequía en cultivos de secano, podrá beneficiar a las producciones que tienen una cultura de contratación porque el seguro funciona bien, como son los casos de la uva para vinificación y los cereales, «pero, por el contrario, tendrá una incidencia mínima en otros como el almendro y el olivar donde apenas se contrata esta cobertura porque no se ajusta a las necesidades reales del cultivo».