Las organizaciones profesionales vitivinícolas españolas, francesas e italianas, que forman parte del Grupo de contacto hispano–francés–italiano, han emitido una declaración conjunta en la que han señalado que, teniendo en cuenta las tensiones comerciales, sobre todo entre la UE y EE. UU., la crisis a nivel mundial por la Covid–19 y las heladas de abril, la Unión Europea (UE) y los Estados Miembros «deben estar a la altura de los retos planteados y movilizar fondos extraordinarios para ayudar al sector».

Al respecto, han indicado que la Comisión Europea debe mantener en aplicación las medidas adoptadas para hacer frente a la crisis de la Covid–19 «e introducir instrumentos para relanzar la demanda interna y externa, poniendo a disposición de los Estados Miembros fondos adicionales extraordinarios y suficientes para el sector vitivinícola dedicados tanto a la gestión de esta crisis en el corto plazo, como al acompañamiento de la recuperación en una perspectiva a medio plazo, a nivel de inversiones, pero también de promoción».

Por otra parte, las organizaciones profesionales vitivinícolas de los tres países, que son los máximos productores europeos de vino, han subrayado que «se necesitan medidas urgentes de flexibilización en materia de reestructuración, inversiones, promoción y de duración de la validez de las autorizaciones de plantación, que deben prolongarse para permitir a los productores su utilización cuando la situación económica les permita reinvertir».

En el comunicado emitido, se apunta que las negociaciones relativas al sector vitivinícola «han permitido avanzar positivamente preservando una reglamentación específica y el mantenimiento de un programa de apoyo al sector vitivinícola, entre otras cuestiones».

A pesar de ello, han lamentado la reducción del presupuesto de este programa de apoyo «en un momento en el que la crisis golpea al sector y en el que se exigen nuevas inversiones en el marco de la transición al nuevo enfoque de la normativa. Debe abordarse como reto garantizar la seguridad jurídica al sector en la transición entre programaciones en 2023».

Las acciones propuestas por la Comisión en el marco de las Estrategias Farm to Fork, Biodiversidad o el Plan de la UE de lucha contra el cáncer «se inscriben en una lógica positiva que acogemos favorablemente: mejorar la calidad de nuestros productos y la protección de la salud de los ciudadanos». No obstante, «no podemos compartir que se trate de estigmatizar a los productos del sector e incluirlos en listas de productos dañinos o prohibidos, o que se vete el acceso de los mismos a ciertas líneas de ayudas».

Finalmente, los profesionales españoles, franceses e italianos «solicitan solemnemente a sus gobiernos que apoyen y defiendan este sector vitivinícola en Europa, fundamental para nuestras economías y territorios».

Las organizaciones españolas firmantes del documento han sido AEVE, ASAJA, CECRV (Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas), COAG, Cooperativas Agro–alimentarias de España, FEV (Federación Española del Vino), OIVE (Organización Interprofesional del Vino de España y UPA (Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos).