El cierre del Canal de Urgell, por primera vez, a causa de la sequía, supone un impacto económico y social muy importante para el sector agrario, en general, y para el frutícola, en particular, afectando a 8.600 hectáreas de 39 municipios. Afrucat, la Asociación Empresarial de Fruta de Cataluña, ha hecho un balance de lo que este cierre puede suponer ya que de las 1.150.000 toneladas (t) de fruta potenciales producidas en esta comunidad (manzana, pera, melocotón y nectarina), 282.000 están ubicadas en la zona de este regadío. De estas, 173.000 t son de manzana (58% del total de esta fruta) y 74.000 t de pera (52% de este cultivo).

El director general de esta entidad, Manel Simon, ha manifestado que la situación «es muy preocupante, ya que hay gente que ha perdido toda la cosecha y otra que está esperando cuánta agua se acumulará en la cabecera y si la frecuencia de las oberturas será suficiente para regar».

Simon ha indicado que Afrucat ha analizado la situación en dos escenarios, el de ‘No cosecha’ esta campaña 2023/24, lo que quiere decir que la próxima si se podrá producir, y el de ‘Agua cero’, en el que no haya agua suficiente para mantener vivos los árboles frutales y, por lo tanto, se deban arrancar y replantar lo que supondrá estar unos años sin cosecha.

En el primer caso, ha explicado que las pérdidas directas del sector frutícola ascenderán a 164 millones de euros (114 millones de euros por las inversiones ya realizadas en campo más la mano de obra necesaria para retirar la fruta de los árboles, para asegurar la supervivencia de estos, y 50 millones de costes fijos inflexibles en la central, que por segundo año consecutivo tendría que cerrar). A modo informativo, ha comentado que la facturación perdida a salida de la central frutícola ascendería a unos 350 millones de euros, mientras que el impacto económico sectorial sería de alrededor de 600 millones.

En el escenario de ‘Agua cero’, Manel Simón ha señalado que a los 164 millones de euros del caso anterior se deberían sumar 600 más por el coste de replantarlas más las pérdidas debidas a la improductividad de 3 a 4 años hasta la entrada en producción de los árboles, que elevarían la cifra a 764 millones de euros. Al respecto ha afirmado que «no nos podemos permitir llegar a este escenario no solo por el coste económico, sino también por no poder llegar a muchos mercados, ya que cuando se cierra uno es muy difícil volver a entrar». 

Afrucat considera que estas afectaciones climáticas no asegurables lastrarían mucho al sector productor catalán. Por este motivo, están en contacto permanente con la administración del estado y la catalana (de las cuales esta asociación está percibiendo sensibilidad) para poder acceder a medidas que palien los daños. En este sentido, solicitan una flexibilización de la Política Agraria Común (PAC) por lo que respecta al cálculo del VPC (Valor de la Producción Comercializada) en los programas operativos de la OCM de frutas y hortalizas para que tengan en cuenta la baja producción de este año (para que no sean penalizados en campañas posteriores) y, también, que ENESA no contemple esta campaña para los cálculos de las coberturas de Agroseguro.

Por su parte, el presidente del Comité de Manzana y Pera de Afrucat, Joan Serentill, ha apuntado que el paro productivo durante tres o cuatro años «supondrá una transformación radical del sector frutícola, y tendrá una repercusión social en nuestro territorio que va más allá de la pérdida económica, además de un cambio profundo en la zona. Y estoy pensando en los jóvenes, que si no ven futuro se irán a buscar otros sectores, con lo que también tendremos una pérdida de talento». Para añadir que «la resiliencia es finita».

Aunque el problema se ha planteado con el cierre del Canal de Urgell, si la sequía se prolonga y afecta a zonas como el Baix Segre donde se producen 450.000 t de melocotón y nectarina de las 500.000 t totales «la situación sería dramática, ya que tendríamos otro año desabasteciendo a los mercados de fruta de hueso después de las heladas del año pasado».

Reunión con los regantes

El presidente de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonés, ha manifestado tras reunirse el jueves con la Comunidad de Regantes de los Canales de Urgell, que el encuentro «ha servido para conjurarnos y hacer frente común para exigir al Gobierno del Estado su implicación en la modernización de esta infraestructura y la adopción de ayudas para todos los productores». En palabras de Aragonés, «es necesario que el estado movilice ayudas extraordinarias de forma urgente a todos los regantes, que ya dan por perdida la cosecha, como se han activado en otros territorios ante situaciones similares». Asimismo, ha advertido que «sin estas ayudas para salvar a los payeses hipotecaremos el futuro del sector agrícola en Cataluña», por lo que ha insistido en la necesidad de «modernizar los Canales de Urgell para hacerlos más eficientes y resilientes ante un cambio climático que provocará períodos de sequía más habituales».

El presidente de la Generalitat ha explicado que su gobierno está dispuesto a asumir el 60% del coste de modernización de los Canales de Urgell. «Unas mejoras cifradas en 1.200 millones de euros, de los que el estado debería asumir el 40%», ha apuntado, para resaltar que el Gobierno catalán ya destina 138 millones de euros en su presupuesto 2023 a mejorar la infraestructura.

Por su parte, Unió de Pagesos (UP) ha pedido que la Generalitat trabaje en una política integral de país «que no deje atrás al sector agrario». Entre las medidas de lucha contra la sequía, el sindicato solicita al Departamento de Agricultura que lleve a la práctica la flexibilización de las exigencias de las normativas en materia de inversiones e incorporación de jóvenes. 

UP ha propuesto reiteradamente abrir un debate urgente sobre el uso del agua, así como una planificación, y que se prioricen inversiones para conseguir un uso eficiente del agua, con una gestión de la reutilización y la modernización del riego, puesto que, una vez garantizado el uso de boca, no se puede dejar de lado la que necesita el campo. Redacción.