El Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Centro y Canarias valora positivamente que el Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, haya iniciado el proceso de actualización de la Ley 4/2017 del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias. Sin embargo, lamenta que «el borrador actual apenas introduzca mejoras reales en la regulación del suelo rústico para los usos agrarios, un aspecto fundamental para el desarrollo y la supervivencia del sector primario en las islas».

Desde el Colegio de Ingenieros Agrónomos consideran «vital» que esta revisión legislativa aborde, de manera decidida, las dificultades estructurales que afronta la actividad agraria. El delegado del colegio en Santa Cruz de Tenerife, Elías Marrero, ha manifestado que «la propuesta del Gobierno es una oportunidad para reforzar el papel estratégico de la agricultura en Canarias. Pero sin una revisión profunda de los artículos que afectan directamente al uso agrario del suelo, corremos el riesgo de desaprovecharla».

El actual borrador no contempla la modificación de artículos cruciales como el 58 o el 66, lo que, a juicio de los ingenieros agrónomos, «es un grave error». Por ello, el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Centro y Canarias ha presentado «propuestas específicas que permitirían facilitar el desarrollo de la actividad agraria con mayor seguridad jurídica y coherencia territorial».
 

Propuestas clave 

Entre las modificaciones propuestas destaca la introducción del concepto de ‘suelo agrario’ como categoría específica dentro del artículo 2.2, «una medida que dotaría de claridad y reconocimiento a las superficies destinadas a la producción agrícola y ganadera».

Asimismo, se solicita que «las redes de riego puedan trazarse en cualquier subcategoría de suelo rústico, atendiendo a la orografía y el potencial hidráulico, lo que resulta imprescindible para adaptarse a los retos del cambio climático».

Otra propuesta clave es «permitir la implantación de construcciones e instalaciones agrarias necesarias para el funcionamiento de explotaciones en suelo rústico de protección agraria, algo que actualmente se ve restringido por incoherencias en la normativa».

Finalmente, los ingenieros agrónomos plantean «reconocer en la ley la práctica habitual del sector vitivinícola de transformar uva adquirida de otras explotaciones locales, algo esencial para el modelo productivo de muchas bodegas inscritas en denominaciones de origen canarias».

El Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Centro y Canarias confía en que «el Gobierno de Canarias escuche las demandas del sector técnico agrario y corrija el rumbo de una reforma que, tal y como está planteada, no resuelve los principales escollos que frenan la actividad agraria en el archipiélago».
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