La propuesta legislativa sobre el sistema de indicaciones geográficas (IIGG) presentada por la Comisión Europea (CE) carece, a juicio las organizaciones que representan a las denominaciones de origen (DD. OO.) del vino a nivel comunitario (European Federation of Origin Wines–EFOW) y a nivel nacional (Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas–CECRV), de visión, de claridad y de ambición. Asimismo, «podría poner en peligro la fortaleza del sector, debilitando las figuras de calidad, que en las últimas décadas se han convertido en verdaderos motores de la calidad y del prestigio del vino y del resto de productos agroalimentarios de nuestro país y de la Unión Europea (UE)».

Estas organizaciones han añadido que no se puede plantear una reforma para reforzar el sistema de IIGG (tal y como le solicitaba en diciembre de 2019 la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, en su carta de mandato al Comisario de Agricultura, Janusz Wojciechowski) sin tener en cuenta las necesidades que las propias IIGG vienen trasladándole a la Comisión desde que a principios de 2021 comenzó a gestarse esta propuesta.

La EFOW y la CECRV entienden que la propuesta de la CE «no solo no simplifica la gestión de las indicaciones geográficas, sino que la complica, pretendiendo externalizar parte de las tareas y responsabilidades en materia de gestión de la DG AGRI (Comisión Europea) en la EUIPO (Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea), lo que, de facto, supondría un reduccionismo del concepto de indicación geográfica, ya que centraría buena parte de su política en el ámbito de los derechos de propiedad intelectual (la EUIPO se dedica a la protección de marcas y diseños en la UE), cuando una IG es más que la protección del nombre».

La propuesta legislativa resulta, para EFOW y para CECRV, poco clara, en dos sentidos. Por una parte, porque, aunque pretenda simplificar el sistema de indicaciones geográficas, en realidad lo que hace es complicar su gestión. Como advierten los responsables de estas organizaciones, «esta simplificación es solo para la Comisión Europea y no para los operadores de indicaciones geográficas, porque la propuesta multiplica el número de interlocutores institucionales para las IIGG, ya que, a la Comisión Europea se añadiría la EUIPO». Y por otra, porque «resulta preocupante que la CE no proporcione más detalles sobre el funcionamiento del nuevo sistema de indicaciones geográficas en su propuesta, atribuyéndose, por el contrario, múltiples poderes delegados, que permitirían a la Comisión decidir sobre ellos con un amplio margen, vía legislación secundaria, y, en consecuencia, con un poder de control menor del Parlamento Europeo y los Estados miembros, que verían limitada su co–decisión en este proceso de tramitación legislativa, pudiendo aceptar o rechazar propuestas de la Comisión en forma de reglamentos delegados y de ejecución, pero no plantear modificaciones sobre las mismas».

Por último, las dos entidades califican la propuesta legislativa de «poco ambiciosa», porque precisamente en aquellos aspectos en los que las denominaciones de origen de vino sí han solicitado a la Comisión avances y mejoras colectivas, la reforma no va más allá de los compromisos que sobre ello ya recoge la nueva PAC y la legislación UE en vigor.

Por último, las organizaciones representativas de las indicaciones geográficas consideran que «una reforma en los términos de la planteada no es en modo alguno necesaria ni demandada por las figuras de calidad, que sí están satisfechas con las actuales disposiciones que sobre las indicaciones geográficas introdujo en diciembre del año pasado la nueva PAC y que ya permiten a las DD. OO. reforzar su sostenibilidad y una mejor protección normativa».