La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA–ASAJA) ha solicitado al Gobierno central que las ayudas directas que prevé destinar a los productores de viña y olivar –a fin de aliviar las pérdidas ocasionadas por los efectos de la guerra en Ucrania y la sequía de los años anteriores– no se limiten solo a los agricultores profesionales, sino que incluyan a todos los damnificados.

La organización agraria defiende que haya una discriminación positiva hacia los agricultores profesionales –aquellos en los que la actividad agraria supera el 50% de sus ingresos totales y cotizan en la seguridad social agraria– pero, al mismo tiempo, reclama que el Gobierno «aumente el presupuesto asignado a estas ayudas de tal manera que puedan llegar al resto de afectados, ya sean jubilados o agricultores a tiempo parcial que, en el caso de la Comunitat Valenciana, constituyen la mayoría de los productores». Asimismo, AVA–ASAJA exige al Gobierno que extienda las ayudas a causa del conflicto bélico y la sequía en 2024.

El responsable de la sectorial del olivo de AVA–ASAJA, Luis Julián Pérez, ha indicado que «los productores de viña y olivar siempre nos habíamos quedado fuera de las ayudas por Ucrania y la sequía y ahora, que por fin se van a aprobar, parece que el Gobierno solo quiere darlas a agricultores profesionales, lo que excluiría al resto que también la merecen porque han sufrido las mismas penalidades». Para añadir que «todos afrontan la escalada de costes de producción, todos están descapitalizados y todos necesitan esta línea de apoyo».

Por su parte, el responsable del vino de la organización, Jacinto Murciano, ha denunciado que «el Gobierno no puede seguir dejando fuera de las ayudas a los agricultores afectados. Estamos indignados porque muchos damnificados por la DANA no han podido acceder a ayudas oficiales por no tener un determinado requisito burocrático, a pesar de que la misma Administración tiene fichados a estos agricultores por hacer la renta, estar en el registro vitícola o recibir subvenciones del seguro agrario, de una explotación prioritaria o de cualquier otro apoyo oficial que certifica su actividad profesional. Los agricultores profesionales tienen derecho a recibir las ayudas, pero el resto también, sin excusas y con suficiente presupuesto».