La Interprofesional Citrícola Española (Intercitrus) ha informado que el Banco Europeo de Inversiones (BEI), dedicado a servir a proyectos estratégicos de la CE, negocia la concesión al gobierno sudafricano de «multimillonarios créditos y ayudas para que sus principales infraestructuras logísticas ganen en eficiencia, usen renovables y para descarbonizar su economía». De hecho, la que fue aprobada a finales del año pasado en favor del Banco de Desarrollo del Sur de África supuso la concesión por parte del BEI de 300 millones de euros «para financiar proyectos privados vinculados con energías renovables». Ahora «el beneficiario será el propio Estado –que es el titular de la empresa pública Transnet, que explota los principales recintos portuarios y la red ferroviaria de este país– el que podría ser titular de estos préstamos en condiciones preferenciales». Este apoyo financiero «impulsará al sector minero local pero también al comercio hortofrutícola en el país que ocupa tras España el segundo puesto en el ranking de las principales potencias exportadoras de cítricos en fresco del mundo».

Intercitrus ha calificado esta iniciativa como «un despropósito» que acredita la «insensibilidad» con la que Bruselas trata a su sector productor pese a las protestas agrarias que siguen sucediéndose. Por ello su presidenta, Inmaculada Sanfeliu, ha reclamado a la Unión Europea «que demuestre ya con hechos su voluntad de poner fin a las asimetrías de obligaciones entre los productores comunitarios y los productores de terceros países».

Según recogía la prensa sudafricana, la operación que ahora se ultima con el ejecutivo presidido por Cyril Ramaphosa se enmarca en el acuerdo suscrito en 2021 para la promoción del Just Energy Transition Partnership (JETP, ‘Alianza para la Transición Energética Justa’). En virtud de este acuerdo Sudáfrica, Francia, Alemania, Holanda y Dinamarca, junto con la propia UE a través del BEI, así como EE. UU. y Reino Unido se comprometían a financiar 8.800 millones para apoyar los esfuerzos de este país en la ‘descarbonización’ de su economía.

«Las políticas verdes de la UE castigan a la citricultura europea doblemente. De un lado, lo hacen en el mercado europeo, donde el sector compite con todo tipo de restricciones y costosas obligaciones con los cítricos de países terceros mucho más baratos de producir y que no tienen que cumplir con tales requerimientos. Del otro, ahora también los recursos financieros que la UE pone al servicio de estas políticas sirven para potenciar a esa competencia desleal que no respeta, de manera flagrante y con alevosía, la propia normativa fitosanitaria europea», ha lamentado Sanfeliu en referencia al caso sudafricano. Para añadir que «solo en Bruselas podría ser concebible que el primer exportador de cítricos en fresco del mundo –España– acuda en auxilio del segundo –Sudáfrica– para ayudarle a mejorar su posición en el principal mercado –UE– sin exigir antes reciprocidad y acatamiento de la normativa comunitaria».

Intercitrus: «Solo Europa podría atreverse, en el contexto actual de justificadas protestas agrarias, a financiar a terceros países que se niegan a cumplir la normativa fitosanitaria europea para preservar la sanidad vegetal de nuestras plantaciones»

Intercitrus ha recordado que la pasada temporada, Sudáfrica acumuló la cifra récord de hasta 51 rechazos en puertos europeos «tras detectar la presencia en sus envíos de cítricos afectados por el hongo de cuarentena conocido como ‘Mancha negra’». Y, en la actualidad, «la CE no ha tomado aún ninguna medida para mejorar los controles o para garantizar una mayor fitosanidad a los citricultores europeos». Por otro lado, el país austral «acumula dos temporadas consecutivas sin cumplir en sus envíos con el ‘cold treatment’ que la UE reguló en 2022 para evitar la llegada de otra peligrosa plaga, cuyo combate también está regulado como prioritario por Bruselas, la ‘Falsa polilla’». Intercitrus ha reclamado que se impongan medidas para verificar en destino su cumplimiento y ha propuesto que «este tratamiento se extienda a las mandarinas y pomelos que también pueden hospedar y trasladar la plaga».

La respuesta de las autoridades y exportadores sudafricanos ante tales hechos, «ha sido de lo más beligerante: en 2022 su Gobierno denunció a la UE ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) porque cuestionaba el tratamiento de frío impuesto contra la ‘Falsa polilla’ y, en cuanto a la ‘Mancha negra’, amenaza con abrir otro panel en la OMC».

La última reunión de la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, presidida por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha acordado repartir 45,84 millones de euros entre las comunidades autónomas para los programas de promoción del vino en mercados de terceros países para el 2025.

Las ayudas proceden del Fondo Europeo Agrícola de Garantía Agraria (FEAGA) para ejecutar en 2025, cuya convocatoria se realizó en septiembre de 2023. Con un presupuesto para esta medida de 55,59 millones de euros, las solicitudes presentadas han ascendido finalmente a 45,84 millones de euros. Por ello, Planas ha planteado a los consejeros autonómicos del ramo elevar la subvención al 50%, máximo permitido, para los 673 programas presentados por las autonomías, que «han mostrado su conformidad con la propuesta ministerial».

Esta línea de promoción y comunicación de los vinos españoles en mercados de terceros países está recogida en la Intervención Sectorial Vitivinícola (ISV), dentro del marco del Plan Estratégico Nacional de la Política Agrícola Común 2023–2027.

El ministro ha explicado en la Conferencia Sectorial la importancia de esta medida de apoyo para el sector, porque «permite mejorar el conocimiento de las características y cualidades de los vinos españoles para mejorar su competitividad, a través del impulso de programas enfocados a la apertura, diversificación y consolidación de mercados en terceros países».

Grupo de trabajo para los seguros agrarios

El ministro ha abordado, además, los 7 puntos que evocaron los consejeros del ramo en la reunión presencial celebrada en Madrid el pasado 18 de diciembre y sobre los que el MAPA está haciendo un seguimiento. Así, respecto a los seguros agrarios ha anunciado la creación de un grupo de trabajo para evaluar las disfunciones por las nuevas líneas de aseguramiento y para analizar los estudios de evaluación de impacto climático. También ha mencionado la reciente aprobación del Plan de Seguros Agrarios para este año y que cuenta con una dotación de 284,5 millones de euros. El ministro se ha referido al esfuerzo del Gobierno que ha ido incrementando paulatinamente el presupuesto frente a los 211 millones de 2018.

La prórroga de la bajada del IVA de los alimentos básicos al 0%, así como la del aceite de oliva y las pastas al 5% estará en vigor hasta el 30 de junio. Además, fruto de los acuerdos parlamentarios y con ocasión de la convalidación del real decreto–ley 8/2023, el Gobierno bajará al 0% el IVA del aceite de oliva, porque, ha explicado el ministro, se trata de un producto «sensible para la mayoría de las familias españolas».

En relación a la Política Agraria Común (PAC), el ministro, ha recordado que en la campaña 2023 se han aplicado muchas flexibilidades para beneficiar a agricultores y ganaderos afectados por la sequía, entre ellas, la prórroga de la entrada en vigor del cuaderno digital, que jugará un papel clave en la digitalización del sector.

Además, ha subrayado que en febrero se reunirá el Observatorio de la cadena alimentaria para agilizar la publicación de los estudios de cadena de valor acordados.

El potencial del sector vitivinícola fue otra de las demandas planteadas por las comunidades autónomas. Planas ha remarcado que el ministerio mantendrá este potencial, con la extensión de los derechos de plantación de viñedo hasta 2045 y que, a través de la Intervención Sectorial del Vino (ISV) se mantendrá la cosecha en verde en caso de que sea necesario.

Por último, respecto a temas ambientales, ha explicado que «estamos en fase de consolidación de la PAC», que ha supuesto un cambio muy importante para los agricultores y ganaderos y en un contexto además muy complicado por las consecuencias de la guerra en Ucrania, que impactó en el sector agrario, motivo por el cual el Gobierno habilitó ayudas extraordinarias, también por la sequía, para apoyar a agricultores y ganaderos por 1.380 millones de euros.

El Programa de Apoyo al Sector Vitivinícola Español (PASVE) y futura Intervención Sectorial Vitivinícola ha dejado sin ejecutar en 2023 otros 30 millones de euros y «ahonda en la infrautilización de los recursos para el sector, puesto que en la ejecución del programa en el pasado ejercicio ya se desaprovecharon 15 millones», según ha denunciado Unión de Uniones.

El FEGA ha hecho públicas las cifras de distribución de los pagos del PASVE en 2023. El montante total alcanza los 171,7 millones de euros, lo que supone 30,4 millones menos que lo permitido por la ficha financiera prevista para el 2023 que superaba los 202,1 millones de euros. Por medidas ejecutadas, el reparto de los fondos ha sido: Inversiones (27,08 % de los fondos), Reestructuración y Reconversión (26,10 %), Promoción (21,75 %), Destilación de Subproductos (17,77 %), Cosecha Verde (6,90 %) y Destilación Crisis (0,41 %).

La organización agraria ha criticado que, en un contexto de crisis profunda y prolongada, «el sector haya dejado de utilizar recursos comunitarios por valor de más de 45 millones de euros en los últimos dos ejercicios por la dejadez y rigidez de los mecanismos establecidos, por la indolencia de las administraciones públicas que veían venir esta situación y por la connivencia de agentes del sector que llegaron a desmotivar la aplicación de medidas de crisis como la vendimia en verde». Además, considera que «hay que hacer una reflexión profunda del porqué de esta situación y que se atiendan las demandas urgentes de este sector básico para la economía y el tejido social de muchas de nuestras regiones».

Para añadir que «en un escenario de producción escasa y existencias controladas, con bajos precios de uva y vino en origen, una intensa sequía y nubarrones en la demanda con un consumo nacional de vino registrando caídas cercanas al 5 % y una reducción en valor y volumen de las exportaciones como firme tendencia, que se hayan desaprovechado recursos por más de 45 millones de euros en estos dos últimos ejercicios cuando llevamos clamando por ayudas directas al sector por la sequía desde hace meses, dice muy poco de nuestros responsables políticos y administrativos, de su tino y pericia a la hora de dotar a este sector de algo más que un mero discurso enfundado en sucesivos y sugerentes planes estratégicos».

Unión de Uniones ha explicado que «la medida más infrautilizada del PASVE ha sido la de reestructuración y reconversión. La sequía y la falta de expectativas en los mercados de uva y vino están detrás de esta escasa ejecución con muchas decisiones productivas aplazadas».

En cuanto a la cosecha (vendimia) en verde es «absolutamente necesario que las administraciones públicas, en especial las autonómicas, corrijan los datos estadísticos desfasados, sesgados a la baja que han provocado su lábil acogida». Así, «algún que otro agente en el sector deberá reflexionar sobre los mensajes que fueron enviados a viticultores desmotivando e incluso penalizando la concurrencia a esta intervención que, junto con la reestructuración, beneficiaría, bien gestionada, al sector productor».

Finalmente, ante esta situación –se señala desde la organización– «es preciso abrir un debate que adapte el PASVE a las necesidades reales del sector, planteándose, incluso, ayudas para el abandono del cultivo por parte de viticultores que se jubilan en zonas con muy bajos rendimientos y sin relevo generacional alguno».
www.uniondeuniones.org

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha publicado el listado definitivo de los 64.660 titulares de explotaciones agrícolas productores de frutales y frutos de cáscara, que recibirán un total de 70.321.240 euros de la ayuda extraordinaria para compensar la situación causada por la sequía y a las consecuencias del conflicto bélico en Ucrania. Los importes serán ingresados en las cuentas corrientes de los agricultores antes de que acabe el año.

Esta ayuda cuenta con un presupuesto de 81.082.911 millones de euros con cargo a la reserva de crisis agrícola de la Unión Europea, conforme a la asignación establecida para España.

La misma se concede de oficio a las superficies de frutales (de pepita, de hueso, tropicales y/o cítricos), y/o de frutos de cáscara que hayan percibido ayudas directas en la campaña de la Política Agraria Común (PAC) 2023 y que se encuentren ubicadas en las zonas de afectación de la sequía establecidas en el Anexo II de la Orden APA/871/2023, de 20 de julio.

Dichas zonas de afectación se han establecido a nivel de provincia y son:

A. Zona de afectación alta: Álava, Almería, Barcelona, Enclave de Treviño en Burgos, Girona, Granada, Huesca, La Rioja, Lleida, Málaga, Navarra, Tarragona, Teruel y Zaragoza

B. Zona de afectación media: Albacete, Alicante, Badajoz, Cádiz, Cáceres, Ciudad Real, Castellón, Córdoba, Cuenca, Guadalajara, Huelva, Jaén, Murcia, Sevilla, Toledo y Valencia.

Los importes unitarios establecidos por el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), en base al listado provisional de beneficios y superficies publicado, son los siguientes:

– Para las explotaciones que cuenten con la mayor parte de su superficie de frutales y frutos de cáscara declarada en la campaña 2023 en las provincias de la zona de afectación alta, 270,902544 euros por hectáreas (€/ha)  para frutales y 90,629215 €/ha para frutos de cáscara.

– Para las explotaciones que cuenten con la mayor parte de su superficie de frutales y frutos de cáscara declarada en la campaña 2023 que se encuentran dentro de la zona de afectación media, 135,451272 €/ha para frutales y 45,3146075 €/ha para frutos de cáscara.

Se conceden ayudas cuando el importe a percibir resulte igual o superior a los 200 euros, y hasta un máximo de 70 ha por beneficiario, en las que se prioriza la superficie de frutales.

En el caso de los titulares que han presentado alegaciones que tienen que ser estudiadas, estas han sido remitidas a las comunidades autónomas para su análisis. Posteriormente, se procederá a la resolución de estas y, si procede, al pago de la ayuda correspondiente.

Asimismo, el FEGA tiene previsto publicar una nueva resolución provisional complementaria con aquellos titulares que, teniendo derecho a la ayuda por cumplir los requisitos establecidos, no se incluyeron en el listado provisional publicado en el pasado noviembre al no haberse finalizado los controles de las ayudas directas de la PAC y que han sido remitidos con posterioridad por las comunidades autónomas.