El Consejo de Ministros ha aprobado, a propuesta del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), un paquete de medidas extraordinarias para el sector del vino, por un importe de 90,5 millones de euros, que recoge la destilación de crisis, ayudas al almacenamiento privado y la cosecha en verde. La finalidad principal es paliar la difícil situación que atraviesa este sector por la Covid-19.

La destilación de crisis, para 2 millones de hectolitros, tendrá cupos separados para vinos con denominación de origen y el resto de vinos. Esta medida está dotada con 65,5 millones de euros, con importes de ayuda de 40 €/hl para los vinos con D.O. y de 30 €/hl para el resto.

Según ha explicado el MAPA, el importe de la ayuda incluye los costes de suministro y los de destilación del vino, lo que beneficiará tanto a bodegas como a destilerías, con impacto inmediato en los viticultores. Además, para que todas las zonas vinícolas puedan optar a la ayuda, se abonarán suplementos adicionales cuando la distancia a la destilería sea superior a 150 kilómetros. El alcohol obtenido deberá utilizarse solamente para fines industriales y energéticos, nunca para boca o fines alimentarios.

Las ayudas al almacenamiento privado, para 2,25 millones de hectolitros, están orientadas exclusivamente a vinos con denominación de origen protegida e indicación geográfica protegida que, con la recuperación del mercado, retomarán su cotización y ritmo de ventas. Dotada con 15 millones de euros, tendrá a las bodegas como beneficiarias, con un importe de ayuda de 0,027 €/hl de vino y día de almacenamiento, para un periodo de 180 días en todos los vinos, que puede ampliarse hasta los 270 o 360 días en caso de tintos. Los almacenamientos serán en depósito o almacén precintable, excepto para los espumosos que, por su proceso de elaboración, se almacenan en botella.

Cosecha en verde, por primera vez
El paquete de medidas incluye además la posibilidad de aplicar, por primera vez, en España, la cosecha en verde en aquellas comunidades autónomas que así lo decidan para parcelas amparadas bajo denominaciones de origen protegidas. La medida cuenta con un presupuesto de 10 millones de euros que se abonarán directamente a los viticultores.

El objetivo de las medidas es tratar de paliar la difícil situación por la que atraviesa el sector vitivinícola por la crisis sanitaria provocada por la Covid-19, agravada con anterioridad por el cierre y actualmente por las limitaciones al canal HORECA, salida principal de muchos vinos.

Estas medidas de apoyo al sector y a su equilibrio de mercado, que se adoptan de urgencia, van acompañadas de medidas de regulación del mercado como limitaciones de rendimientos máximos de uva por hectárea y de un posible incremento del volumen de alcohol exigido en los subproductos resultantes de la elaboración del vino, en caso de que la situación del mercado en cada campaña así lo recomendase.

La declaración de estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria, económica y social ocasionada por el Covid-19 ha supuesto la suspensión, por parte del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (DARP) de la Generalitat de Catalunya, del plazo administrativo previsto para la ayuda al arranque de melocotoneros, nectarinos y paraguayos. En esta situación de excepción, los plazos se reanudarán en el momento en que no sea vigente el estado de alarma o sus prórrogas.

Cabe señalar que en la ayuda al arranque de árboles de fruta dulce, las bases reguladoras preveían como fecha límite para ejecutar las operaciones de arranque el 15 de mayo de 2020.

En consecuencia, según el DARP, el nuevo plazo para ejecutar las operaciones de arranque será el que resulte de añadir al 15 de mayo el número de días naturales que haya estado vigente el estado de alarma. Así, a modo de ejemplo, esta consejería ha explicado que si la nueva prórroga hasta el 24 de mayo fuera la última, serían 72 días de estado de alarma; consiguientemente, el plazo de arranque finalizaría el 26 de julio.

Las ayudas del Plan de arranques de fruta de hueso, impulsado por el DARP, se convocaron en mayo de 2019. Podían acogerse a estas ayudas los productores de melocotón, nectarina, paraguayo y platerina que hubieran llevado a cabo arranques de parcelas plantadas de estas especies desde el 1 de julio de 2018 hasta la fecha de publicación de la convocatoria o tuvieran previsto hacerlas hasta el 15 de mayo de 2020. La dotación máxima de esta convocatoria de ayudas es de 10 millones de euros para el período 2019 a 2020; la máxima superficie subvencionable para cada titular de explotación es de 3 hectáreas, y el importe máximo a recibir será de 5.000 euros por hectárea, siempre de acuerdo con las hectáreas totales solicitadas.
 

Retirar del mercado 2.000 ha de fruta de hueso
El objetivo de este Plan de arranques era sacar del mercado unas 2.000 hectáreas de las especies de fruta de hueso citadas anteriormente, que debe contribuir a eliminar variedades obsoletas y favorecer la viabilidad futura de las explotaciones. La previsión es que esto permita que salgan del mercado 80.000 toneladas de fruta de hueso, volumen que se dejó de exportar a raíz del veto ruso. Se trata de una medida estructural y menos costosa que si se tuviera que recurrir a una retirada extraordinaria, que tendría un coste estimado entre 35 y 55 millones.

La puesta en marcha de la ayuda al arranque de plantaciones de fruta de hueso para reducir el volumen de oferta es una de las medidas más destacadas del Plan de acción de la fruta dulce que el Departamento de Agricultura está impulsando a petición de las organizaciones agrarias ante la situación de crisis estructural que afecta al sector del melocotón y la nectarina.

El secretario general de Agricultura y Alimentación, Fernando Miranda, se ha reunido por videoconferencia, con responsables de las consejerías de Agricultura de las comunidades autónomas, para analizar la situación del sector agrario ante el estado de alarma decretado para hacer frente a la crisis del COVID-19.

Durante el encuentro ha explicado las medidas solicitadas a la Comisión Europea para ayudar a los sectores más afectados por el cierre de la restauración y las medidas de confinamiento, entre los cuales el de los frutos rojos. En particular, en el caso del sector de la fresa y los frutos rojos, el  ministerio ha solicitado ayudas a la retirada de mercado y por no efectuar la cosecha, y se ha pedido su aplicación retroactiva cuando sea necesario.

Asimismo, Miranda ha hecho mención de las medidas de liquidez aprobadas por el Gobierno, así como la prestación por cese de actividad, a la que también pueden acogerse los sectores agrarios afectados por la situación actual, como es el caso de la flor cortada.

El secretario general de Agricultura y Alimentación también ha informado a las comunidades autónomas de las solicitudes realizadas por el ministerio a la Comisión Europea (CE) en el ámbito de la Política Agraria Común (PAC) y de los mercados agrarios, con el objetivo de buscar soluciones a determinadas situaciones originadas por esta crisis sanitaria.

En concreto, ha detallado la relación de plazos, requisitos, compromisos y controles para los que se ha solicitado una extensión, flexibilización o reducción, de tal forma que los beneficiarios no se vean perjudicados por esta situación.

España también ha pedido a la Comisión modificaciones legales para que la imposibilidad de ejecutar determinadas medidas en los plazos establecidos no provoque la pérdida de fondos, tanto a las propias comunidades autónomas en sus programas de desarrollo rural, como al conjunto del estado en determinados programas de apoyo, como puede ser el caso del programa de apoyo al sector del vino o los programas operativos de frutas y hortalizas.

En este ámbito, Miranda ha informado asimismo de la propuesta de modificación de la CE para incrementar los límites aplicables a las ayudas de Estado, así como de la nota que ha presentado sobre el uso de los fondos de desarrollo rural (FEADER) ante la crisis del Covid-19.

Entre otras cosas, en el encuentro se ha informado a las comunidades sobre la tramitación del reglamento de transición de la PAC para el año 2021, y sobre el ajuste del calendario de elaboración del Plan Estratégico de la PAC motivado por la actual situación de excepcionalidad.

La Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, junto con sus organizaciones territoriales  Unió de Pagesos y la Unión de Extremadura, ha criticado el Plan de medidas para la mejora del sector de la fruta dulce, que ha dado a conocer el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA), por insuficiente, al no incluir ninguna solución contundente ni medida extraordinaria de gestión que contempla la Comisión Europea y que podría contribuir a mejorar, «de verdad», la situación del sector.

El ministerio ha justificado esta decisión en el hecho de que la crisis del sector se remonta a campañas previas al anuncio del veto ruso, aunque, la Unión de Uniones ha recordado que, de las cinco campañas anteriores al veto ruso del año 2014, solo en la de 2011 hubo crisis de precios debido a la alerta sanitaria por E. coli en Alemania.

La organización agraria ha señalado que el Plan de medidas para la fruta dulce del Gobierno no incluye ni el plan de arranque financiado con fondos comunitarios que había propuesto ni un segundo plan de reconversión varietal que podría financiarse con los Presupuestos del Estado, orientado a mejorar la rentabilidad de las explotaciones de pera y manzana para poder competir con países como Francia, Italia o Bélgica.

Por lo que se refiere a las dos medidas que plantea el Ministerio de Agricultura a corto plazo, la adecuación de módulos del IRPF y la refinanciación de préstamos, Unión de Uniones ha subrayado que la primera no se puede considerar una ayuda, ya que la propia Ley tributaria del Estado no permite que se tribute por encima de los ingresos; por tanto, si los ingresos caen, la fiscalidad debe disminuir. En cuanto a la refinanciación con préstamos a cinco años, «esta medida puede ser útil para determinadas explotaciones, pero, difícilmente, evitará el abandono de la actividad para los productores más endeudados por la crisis».

Herramientas del propio sector
Por otra parte, Unión de Uniones ha manifestado que el propio sector tiene herramientas como la circunscripción económica que, conforme a las últimas novedades introducidas con el reglamento Ómnibus, ofrece posibilidades de actuar en temas de promoción, mejora de la calidad de la producción, uso de contratos estandarizados y planificación de la producción, por ejemplo, y que deberían ser impulsadas en el Plan.

Respecto a las medidas destinadas a reequilibrar el sector que dependen del ministerio, Unión de Uniones ha considerado contradictorio querer organizaciones de productores (OP) grandes, que concentren mucha producción, y, al mismo tiempo, dejar fuera de los programas operativos las nuevas plantaciones de melocotón y nectarina. En este sentido, la organización ha indicado que este recurso se podría aprovechar más, ya que en 2017 sólo se utilizó un 27% de los recursos del sector para hacer frente a las medidas de gestión de crisis.

Finalmente, Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha lamentado que el Plan del ministerio no incluya la obligación, por ley, de que productores y empresas faciliten ciertos datos, única manera de garantizar el secreto estadístico. La organización ha propuesto utilizar la tecnología blockchain, que permite disponer de intercambio datos a tiempo real.
uniondeuniones.org