Las organizaciones profesionales agrarias representativas en España, ASAJA, COAG y UPA, han consensuado un documento de propuestas de calado orientadas a afrontar la crisis que atraviesa el mercado del vino. Las medidas van orientadas a limitar la producción para evitar la sobreoferta y adecuar la producción a la demanda.

Entre las medidas, que ya han sido remitidas a las Administraciones e instituciones que deben trabajar por el futuro del sector del vino, destaca la propuesta de establecer una ayuda financiera al arranque de viñedo, independiente de su posterior replantación o arranque definitivo.

También proponen que, después de un período mínimo de tres años y en un plazo máximo de seis años, los productores tengan la posibilidad de replantar las mismas superficies que han sido objeto de arranque, accediendo a una ayuda financiera. El agricultor, si así lo decide, podría aprovechar productivamente la superficie objeto de arranque. Si un viticultor arranca de manera temporal y no produce en esa tierra, cobraría anualmente un porcentaje de los ingresos medios de la zona de las últimas tres campañas, hasta que decida replantar o arranque definitivo.

Tras el periodo máximo de 6 años, las OPAs proponen que, si el agricultor decide no replantar, se le asigne una compensación económica definitiva. Esta compensación podría sufragarse con fondos de la Unión Europea (UE), de la Intervención Sectorial Vitivinícola que no se hayan ejecutado o de los Estados Miembros. ASAJA, COAG y UPA proponen también limitar los potenciales productivos de los viñedos.
 

Prohibir las nuevas plantaciones en toda la UE

Las OPAs piden a la Comisión Europea la prohibición de nuevas autorizaciones de plantación para tres años: 2025, 2026 y 2027. Creen que una medida de este tipo pondría en pausa el aumento del viñedo europeo, evaluaría la evolución del mercado y daría un tiempo a los Estados y a los productores para replantearse sus estrategias nacionales.

También proponen, especialmente para después de 2027, potenciar las acciones de promoción del vino, también al mercado interior; fijar en el 0% la superficie nacional anual dedicada a nuevos viñedos; y potenciar el enoturismo. También se pide a Europa una mayor flexibilidad para que los Estados Miembros puedan activar planes de crisis con más agilidad.

La vendimia ha arrancado en Navarra principalmente en la zona de Ribera, zona Media y Rioja–Navarra, y lo ha hecho con variedades blancas y algún ‘Tempranillo’. «En líneas generales la situación es adecuada», ha señalado el equipo técnico del INTIA, que se encarga de ofrecer asesoramiento agrícola a particulares, cooperativas y bodegas navarras.

El estado sanitario del viñedo es bueno, en general. A pesar de la primavera lluviosa apenas han existido ataques fuertes de mildiu, aunque posteriormente sí ha habido alguna presencia de este tipo de hongo, en concreto del larvado. Por otra parte, en la segunda mitad de junio, se registró un adelanto en los casos de oídio dado que las infecciones significativas se han producido entre una semana y diez días antes de lo que suele ser habitual. Asimismo, ha sido más significativa la presencia de oídio en hoja respecto a lo detectado en campañas anteriores.

En el caso de Navarra, la campaña se ha caracterizado por una estación primaveral con más lluvias, no obstante, a mediados de julio las cepas ya presentaban síntomas de carencia de agua, una merma que se ha podido compensar en muchos casos por la disponibilidad de riego.

Las producciones están en niveles medios, siendo inferiores a la campaña pasada, «con racimos de tamaño medio y bastante sueltos», han matizado desde el equipo técnico de INTIA especializado en vitivinicultura. El ‘Tempranillo’ ha cuajado bien en general, mientras que la ‘Garnacha’ ha presentado un buen cuajado en la zona de la Ribera, Zona Media y Rioja–Navarra, y un cuajado irregular en la zona de Baja montaña. Por todo ello, puede considerarse que «la vendimia será de una producción controlada, con un buen estado sanitario».

En la 32ª Fiesta de la Vendimia de Olite/Erriberri se ha simbolizado la apertura oficial de la temporada, «con una previsión de producción inferior en un 9% menos en relación al año pasado, que en términos absolutos se traduce en unos 53 millones de kilos de uva que se recogerán en la Comunidad Foral». En el acto se ha destacado que la situación del sector en Navarra es muy positiva «puesto que mantiene los niveles de producción y de calidad del vino».

Los viticultores que estas semanas están en plena vendimia han advertido que «podemos resistir la embestida del cambio climático, pero no del mercado». Se trata de un sector fundamental para España, presente en más del 40% de los municipios, del que depende el 2% del PIB nacional y crea más del 2% de los puestos de trabajo del país.

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) ha realizado una rueda de prensa para explicar las causas de la crisis en este sector y las medidas que pueden detenerla.

El responsable sectorial de UPA, Alejandro García–Gasco, ha hablado de la falta de rentabilidad y la amenaza del cambio climático como principales retos. Sin embargo, los productores «están esforzándose para adaptarse a la cuestión ambiental, a pesar de los graves problemas causados por la cuestión económica».

La razón mayoritaria es el incumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria «de la que no se salva ninguna zona», han señalado desde UPA. Y es que en todos los territorios han detectado casos de industrias que no firman un contrato previo con los viticultores. «No nos ha temblado la mano y hemos hecho denuncias ante las que la AICA (Agencia de Información y Control Agroalimentario) ya ha hecho inspecciones», ha apuntado García–Gasco.

El representante de UPA ha puesto como ejemplo que «en el sector del aceite o de los frutos secos se habla en euros por kilo de aceituna y de pistacho o almendra, pero en el viñedo se habla de pesetas por kilo de uva para que aparente algo. Es indigno. Un kilo está sobre 30 céntimos y es necesario sobre un kilo y medio para elaborar una botella de vino». Asimismo, ha reconocido la influencia de la política internacional, preocupando «las próximas elecciones en Estados Unidos, porque el señor Trump puede volver a poner aranceles al vino español».

Por su parte, José Manuel Delgado, técnico de la organización agraria, ha recordado el daño causado por el Brexit. «Ante los aranceles de nuestro producto, en Reino Unido empezó a aumentar la importación de otros países como Australia», ha señalado.

Además, desde UPA han resaltado «alarmantes descensos» en el consumo que también tiene su repercusión en la «asfixiante falta de rentabilidad». Una cuarta parte de lo que consumimos se queda en España, el resto se va fuera. Pero tanto a un lado como al otro de la frontera, el consumo ha descendido mucho desde el estallido de la crisis del COVID.

A esto hay que sumar los movimientos antialcohol que meten en el mismo saco el alimento de la vid con otros productos sin importancia social y económica en España, como las cervezas y los espirituosos. Ante el último de estos ataques, el anteproyecto de Ley lanzado por el Ministerio de Sanidad el pasado julio para frenar el consumo de alcohol en menores, UPA ha pedido la protección del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) para el sector vitícola, «el vino nada tiene que ver con los problemas de consumo entre menores».

Todo esto se hace palpable en la demanda de plantaciones de nuevo viñedo: ha bajado un 45% en comparación al año pasado.

UPA ha recordado que esta crisis se extiende a toda Europa, a la que ha pedido que actúe para apoyar al sector. En ese sentido, el próximo 11 de septiembre se reunirá el Grupo de alto nivel sobre el futuro del sector del vino creado por la Comisión Europea. UPA ha planteado medidas dirigidas a dicho Grupo, consensuadas con carácter general con el conjunto del sector en la interprofesional del vino) y ante el MAPA.
 

Decálogo de propuestas

Desde UPA, los viticultores profesionales proponen a todas las Administraciones un decálogo de medidas que, en su opinión, puede mantener la importancia del sector «si se aplica de manera urgente». Cabe recordar que en julio UPA ya remitió al MAPA las dos últimas propuestas de cara a la modificación de la ISV (intervención sectorial vitivinícola) en el PEPAC:

• Congelación de autorizaciones de nuevas plantaciones para 2024, 2025 y 2026.
• Transferir recursos no utilizados de un año a otro.
• Ayudas a arranques en diferido (ampliación del plazo de reestructuración).
• Ayudas a arranques definitivos con carácter social. Al contrario de los dos arranques producidos anteriormente, que la PAC relacionaba con el rendimiento, en este UPA pide fondos extraordinarios dirigidos a viticultores mayores o que quieran dejar el sector.
• Flexibilidad en la capacidad de reacción ante crisis.
• Mantener los fondos europeos para la promoción del producto.
• Apoyo a las actuaciones en relación a los efectos del cambio climático en el sector vitivinícola: adaptación, mitigación y sumideros.
• Reforzar la investigación e innovación en el sector.
• Apoyo a la producción de vino ecológico (producción en incremento que ya supone en España más del 16% de la superficie de viñedo, siendo el primero a nivel mundial).
• Apoyo a las inversiones en explotaciones vitícolas, medida que ya se aplica en los países de nuestro entorno y sin la que nuestro sector puede quedarse atrás.
• No conceder ayudas públicas de inversión o promoción a aquellas empresas que incumplen la Ley de la cadena agroalimentaria.

Por último, respecto a la vendimia de este año, UPA prevé una cosecha normal, de alrededor de 38 millones de hectolitros, después de dos años de muy bajas producciones, en especial la de 2023. Así, se parte de un nivel bajo de existencias (un 16,5 % inferior al año pasado).

El sábado 7 de septiembre finaliza el plazo de presentación de los proyectos de candidaturas a Ciudad Europea del Vino 2025, el título que otorga cada año RECEVIN (Red Europea de Ciudades del Vino), a la que pertenecen más de 600 ciudades de once países europeos en las que el vino es la principal seña de identidad. En la fase definitiva de este año, la localidad aragonesa de Cariñena competirá con la valenciana de Requena. La decisión se conocerá en la reunión que RECEVIN celebrará en Bruselas en la segunda quincena del mes de octubre.

El Ayuntamiento de Cariñena (Zaragoza), en colaboración con la Denominación de Origen Cariñena y la Ruta enoturística del Vino de las Piedras, lleva tiempo trabajando en esa iniciativa y, de momento, ha conseguido ya «el respaldo unánime de las principales instituciones y de numerosas entidades de la sociedad aragonesa». Esta misma semana, responsables del Gobierno de Aragón y de la Diputación Provincial de Zaragoza se han desplazado a Cariñena para transmitir un apoyo «firme» y «sin fisuras» al proyecto. A ese consenso se han sumado otras instituciones como las Cortes de Aragón.

Por su parte, la D.O. Utiel–Requena, que representa a más de 4.500 agricultores y abarca más de 30.000 hectáreas de viñedo, ha expresado su sólido apoyo a la candidatura que ha impulsado el Ayuntamiento de Requena. Con una tradición vinícola de 2.600 años y la emisión de más de 30 millones de contraetiquetas, esta demarcación tiene «una oportunidad única» para resaltar su valor en el escenario europeo.

Cabe resaltar que el título de Ciudad Europea del Vino 2025 promoverá el enoturismo, impulsará el desarrollo económico y proporcionará un apoyo significativo a las familias y negocios del sector vitivinícola de la población elegida. Este 2024 ha ostentado este reconocimiento la región del Alto Piamonte y Gran Monferrato (Italia).