Raventós Codorníu, del que forman parte 15 bodegas en España, Argentina y California como Raimat, Legaris, Bodegas Bilbaínas o Codorníu, entre otras, ha sido certificada como empresa B Corp, con una calificación de 88,5 puntos, que la legitima como empresa activamente comprometida con el planeta y con las personas. Este reconocimiento internacional supone pasar a formar parte del movimiento global de empresas B Corp, que lidera la transformación del sistema económico mundial «hacia un nuevo modelo más sostenible, inclusivo y justo». Actualmente, dentro de esta comunidad se incluyen más de 9.000 compañías de 95 países.

Durante unos dos años, Raventós Codorníu ha realizado un esfuerzo colectivo para cumplir con los exigentes estándares B Corp, logrando al final su certificación como Empresa B este 2025. Asimismo, se ha convertido en el grupo bodeguero y de bebidas con mejor puntuación de España (88,5 puntos). Para formar parte de B Corp, que trabaja para resolver problemas sociales, proteger el medio ambiente, fortalecer las comunidades y crear puestos de trabajo de alta calidad con dignidad y propósito, «es preciso superar un proceso muy riguroso en el que se mide el desempeño de la gestión en el conjunto de la compañía en torno a cinco áreas de impacto clave: Trabajadores, Comunidad, Medio Ambiente, Proveedores y Clientes, que las compañías deben superar con más de los 80 puntos requeridos».

Las empresas B Corp «equilibran el propósito y el beneficio y utilizan los negocios como una fuerza para el bien». Raventós Codorníu ha indicado que este enfoque está alineado con su hoja de ruta, cuya producción de cava Codorníu es 100% ecológica desde 2023 y que «tiene como propósito corporativo ‘Dar valor a la tierra’, en referencia a su compromiso de cuidar el territorio y a las personas a través de la viticultura, para contribuir a la sostenibilidad y al bienestar social y medioambiental.

‘Valor a la tierra’

Precisamente, el modelo de negocio del grupo bodeguero, enfocado en la agricultura ecológica, ha sido uno de los ámbitos más valorados por B Lab, la organización sin ánimo de lucro independiente que impulsa el movimiento B Corp.

«Unirnos al movimiento B Corp da sentido a nuestro propósito de ‘dar valor a la tierra’, es una brújula para nunca perder el rumbo. Esta B lo cambia todo, nos posiciona como la mejor empresa de vinos para el mundo y nos anima a seguir mejorando y asegurarnos de que el impacto positivo continúa creciendo. La certificación se renueva cada tres años, así que este es solo el comienzo del camino», ha indicado Sergio Fuster, CEO de Raventós Codorníu. Para añadir que «el planeta requiere que las empresas asumamos un papel proactivo, modificando los procesos, las estructuras y los criterios en la producción y comercialización de bienes de consumo, con miras a generar el cambio positivo social y ambiental que necesitamos».

Por su parte, Raimon Puigjaner, presidente de B Lab Spain, ha apuntado que «el proceso para convertirse en empresa B Corp de Raventós Codorníu no era sencillo: la gran cantidad de bodegas y el número de personas trabajadoras que conforman el grupo representan una fortaleza, pero también un reto a la hora de implementar acciones con un alcance verdaderamente integral. Por ello, queremos reconocer la disposición, compromiso e implicación de todos los equipos».

Raventós Codorníu ha logrado en el último ejercicio avances significativos en la reducción de su impacto medioambiental, «habiendo reducido un 50% el uso de recursos hídricos respecto 2015 y con el fortalecimiento de sus vínculos con las comunidades locales. En un año tremendamente afectado por la sequía, incrementó los precios un 30% respecto al precio medio del año anterior». El hito más destacado del ejercicio 2023-24 fue «la conversión de toda la marca Codorníu a 100% ecológica, un año antes de lo previsto».

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Las bodegas europeas integradas en el Comité Europeo de Empresas Vitivinícolas (CEEV), al que pertenece la Federación Española del Vino (FEV), han exigido que se mantenga al vino fuera del actual conflicto comercial entre la Unión Europea (UE) y los Estados Unidos (EE. UU.), motivado principalmente por los aranceles al acero y al aluminio. 

Así, el sector vitivinícola se opone firmemente a la inclusión de los vinos estadounidenses y otras bebidas alcohólicas en el listado de contramedidas de la UE para aplicar aranceles a productos norteamericanos, destacando que el vino, junto con otros productos agroalimentarios, «se convierte en rehén de una disputa comercial ajena a su sector».

Desde la patronal europea se ha señalado que el comercio de vino entre la UE y EE. UU. es fundamental para la sostenibilidad del sector vitivinícola en ambos lados del Atlántico y «debe ser protegido y promovido». «Las represalias arancelarias generan incertidumbre económica, provocan despidos, retrasan inversiones y aumentan los precios a lo largo de toda la cadena de suministro y, al final, son las empresas y los consumidores tanto de la UE como de EE. UU. quienes asumirán estos costes», ha apuntado el CEEV.

Desde la FEV, su director general, José Luis Benítez, ha reaccionado también al anuncio del presidente Donald Trump de imponer un arancel del 200% a vinos y otras bebidas alcohólicas procedentes de la UE. «Una medida así sacaría a los vinos españoles y europeos de todo el mercado de EE. UU. y es algo que no nos podemos permitir», ha apuntado Benítez, que ha urgido al gobierno de España y a la UE «a ponerse a negociar cuanto antes y resolver las disputas comerciales que ya existen con otros productos como el acero y el aluminio».

Asimismo, ha pedido a la Comisión Europea que proteja la vitalidad económica y la diversidad del sector vitivinícola eliminando el vino de la lista final de represalias para que no sea utilizado como palanca en disputas comerciales no relacionadas. «El vino no puede ser moneda de cambio», ha afirmado Benítez.

Por último, cabe señalar que en 2024, Estados Unidos fue el segundo mercado para los vinos tranquilos españoles envasados y el primero para los vinos espumosos. En total, se exportaron vinos desde España a EE. UU. por un valor total de 390 millones de euros.

BASF ha organizado una jornada en Madrid para analizar las claves que marcarán la hoja de ruta en materia agroalimentaria anunciada recientemente por el nuevo comisario de Agricultura y Alimentación, Christophe Hansen.

Bajo el lema ‘Una visión de futuro por amor a la agricultura’, el encuentro ha contado con la asistencia del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, que ha pormenorizado los detalles más sustanciales recogidos en la comunicación, a la vez que ha hecho referencia al posicionamiento del sector agroalimentario en el actual contexto geopolítico. Así, ha calificado la comunicación realizada por la Comisión Europea como un ‘avance significativo’. Respecto al posicionamiento del sector en el contexto geopolítico, ha expresado su confianza en que la actividad agraria comunitaria tenga reflejo en las prioridades presupuestarias del próximo marco financiero y, concretamente, en la Política Agraria Común (PAC).

Planas ha puesto en valor la fortaleza del sector español en el entorno internacional. «Hemos batido todos los récords en materia de exportación agroalimentaria, 75.090 millones de euros al final del año pasado, con un superávit de 19.232 millones euros, cuando a principios de este siglo aún teníamos déficit en la balanza agroalimentaria», ha subrayado.  

Asimismo, ha tendido la mano a todos los agentes de la cadena de valor para poder alcanzar puntos de vista comunes en torno a los numerosos desafíos que debe afrontar el sector.

Punto de vista del sector

Tras la intervención del ministro, han tenido lugar dos mesas de análisis para profundizar en las directrices recogidas en el texto presentado por la Comisión. En la primera, se ha dado voz al sector agroalimentario. En ella, los máximos responsables de las organizaciones agrarias profesionales, de las cooperativas agroalimentarias, asociaciones de exportadores y ONG, han ofrecido su punto de vista sobre el texto de la CE, a la vez que han expuesto las dificultades que entraña la puesta en marcha de estas medidas. Entre los puntos destacados a lo largo del debate, ha quedado patente que, en líneas generales, el sector, aunque con sus matices, se muestra favorable a la propuesta de la Comisión.

En concreto, han valorado la apuesta no rupturista, y entre las novedades a las que más relevancia han otorgado, sobresale la propuesta de la Comisión de no eliminar materias activas sin antes haber ofrecido una alternativa. Han expresado, asimismo, que el sector necesita nuevas soluciones para ser rentable y, en esta línea, han remarcado el rol que deben jugar la ciencia y la innovación para conseguirlo. También han puesto énfasis en la relevancia, ahora más que nunca ante el convulso contexto geopolítico, de que haya «más Europa» y han mostrado su preocupación por cómo puede afectar al presupuesto de la PAC el reciente anuncio de la Comisión de elevar el gasto en defensa.

Novedades, al detalle

A continuación, expertos en política agroalimentaria comunitaria, junto a Valentín Almansa, director general de Sanidad de la Producción Agroalimentaria y Bienestar Animal del MAPA, han profundizado en la segunda mesa sobre las novedades que aporta la comunicación.

Ramon Ricard, jefe de Unidad Adjunto en la Comisión Europea, ha subrayado que se trata de un documento que refleja la visión de todos los comisarios e incluye el posterior debate del diálogo con el sector. Asimismo, ha apuntado que la intención de la CE es aplicar las actuales normales medioambientales de forma adecuada y eficaz, ya que según ha manifestado «los objetivos de la Comisión pasan por conseguir que el sector sea más atractivo, facilitar la vida a los agricultores y ganaderos y reducir las dependencias».

En concreto, ha puesto como ejemplo el compromiso de la Comisión de acelerar este mismo año la normativa de productos fitosanitarios para la agricultura ecológica. En este sentido, Valentín Almansa ha indicado en su intervención que «por primera vez se habla de fitosanitarios no como un problema sino como una necesidad».

Por su parte, Clara Aguilera, ex diputada del PSOE del Parlamento Europeo (PE) y consultora externa en el sector agroalimentario y Esther Herranz, eurodiputada por el PP y Vicepresidenta de la Comisión de Medio Ambiente, Clima y Seguridad Alimentaria en el PE, han mostrado su satisfacción con el texto y, como puntos a mejorar, han señalado la falta de referencias al plan financiero plurianual y al impulso de los sectores en que España es deficitaria, como las proteínas y la alimentación animal.

Por último, Patricio Fitz Simon, director de la División de Soluciones Agrícolas de BASF, ha comentado que «estamos abiertos a colaborar con todos los actores presentes para apoyar el cumplimiento de esta visión y, sobre todo, para asegurar que la agricultura en España garantice un estilo de vida sostenible, con ingresos justos, sin perjudicar el medioambiente ni comprometer a las generaciones futuras. Nuestra labor también consiste en crear espacios como este para fomentar el debate y promover un diálogo constructivo entre todos».

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La pasada vendimia se salvó de la DANA, porque el 29 de octubre toda la uva ya estaba recolectada, pero la gestión política llevada a cabo después del temporal amenaza con provocar graves mermas en la próxima cosecha. En este sentido, la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA–ASAJA) ha advertido que la brotación de la vid va a empezar de manera generalizada en los próximos días y por ello ha urgido al Gobierno «a acelerar inmediatamente los trabajos de reparación de los viñedos damnificados para adelantarse a la inminente brotación y evitar así posibles daños en la futura producción de uva».

La organización agraria ha enviado sendas cartas a Jesús Casas, presidente de TRAGSA –la empresa pública que se encarga de las reparaciones de las infraestructuras y explotaciones agrarias afectadas por la riada– y a José María Ángel, comisionado del Gobierno para la reconstrucción tras la DANA, con el objeto de manifestarles «la enorme preocupación de los viticultores afectados» y solicitarles una actuación inaplazable. En el caso del comisionado del Gobierno, AVA–ASAJA le reitera que agilice los trabajos «bien a través de TRAGSA, o bien a través de los propietarios de las parcelas por medio del pago de una compensación proporcional a la peritación», lo que «contribuiría a adaptar las obras en función del ciclo de los cultivos y las prioridades de los agricultores».

Según han denunciado los viticultores valencianos, «la mayoría de los trabajos de reparación aún están pendientes de realización –en muchos casos incluso de peritación de daños– en las explotaciones de uva situadas en las zonas damnificadas por la DANA, sobre todo en las comarcas de Utiel–Requena, Hoya de Buñol y Ribera Alta».

El responsable de la sectorial del vino de AVA–ASAJA, José Luis Robredo, ha comentado que «el problema es que en las tres próximas semanas va a empezar la brotación de la vid; de hecho, ya ha comenzado la brotación en el caso de las variedades más tempranas. Si durante las reparaciones de estas parcelas, donde se requiere una maquinaria especializada en marcos de plantación estrechos, se echase tierra sobre las cepas, podría producirse una caída de las yemas y, por tanto, una pérdida grave de la siguiente producción de uva».

Esta organización agraria también ha alertado de perjuicios similares en otros cultivos afectados por la DANA en las zonas del interior, como almendros y olivos.