Según una primera estimación de urgencia de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA–ASAJA), una tormenta de granizo provocó ayer daños de diversa magnitud afectando a un total de 8.500 hectáreas en las comarcas de la Ribera Alta, l’Horta Sud y la Hoya de Buñol en la Comunidad Valenciana. De esa superficie, 2.400 hectáreas se vieron perjudicadas de forma considerable, causando pérdidas iniciales de unos 3 millones de euros.

Los términos municipales más azotados por esta granizada fueron Montroi, Real, Alfarp y Llombai, afectados de manera muy especial con pérdidas de hasta el 100%, Picassent y Turís, con daños también significativos en diversos puntos de sus términos municipales y en menor medida Alginet, Catadau, Montserrat, Godelleta, Carlet y Alborache.

Las producciones agrícolas más castigadas por el granizo fueron los frutales de hueso como los ciruelos, nectarinas y los melocotones –cuyas variedades extratempranas están iniciando la recolección– con mermas de hasta el 100% de la cosecha, cítricos –que se hallan en plena fase de floración y cuajado–, caquis –que están empezando a brotar–, aguacates, almendras y viña.

Asociados de las zonas más damnificadas advirtieron de que «en algunos campos de frutas de hueso se da por terminada la campaña». Agricultores del Marquesat indicaron que el tamaño del granizo «no era muy grande, pero sí abundante, por lo que se prevén daños importantes». La organización agraria recalca que todavía es muy pronto para calcular las pérdidas económicas debido al estado fenológico de los árboles, sobre todo en cítricos y caquis, aunque hay ramas rotas causadas por la fuerza del temporal.

AVA–ASAJA pide a Agroseguro que «acelere las peritaciones de las parcelas afectadas por el granizo a fin de que los agricultores perciban las correspondientes indemnizaciones con la mayor prontitud posible». Asimismo, solicita a las administraciones «medidas fiscales y ayudas directas a los productores de los términos damnificados que no habían formalizado el seguro por estar abierto el período de contratación que venían realizando todos los años».
 

Un total de 11 empresas agrícolas participan en un proyecto piloto de ámbito nacional que mide con rigor científico el impacto de la biodiversidad, el agua, el suelo y el clima en el sector hortofrutícola español. La iniciativa se titula ‘Monitoreo de los aspectos clave de la sostenibilidad estratégica –biodiversidad, agua, suelo y clima– y eficacia de los planes de acción en cultivos hortofrutícolas de España’, está liderada por Biodiversity Grow, Global G.A.P., Global Nature Fund y la Universidad Politécnica de Valencia (UPV), y pretende marcar un hito en la transformación sostenible del sector agroalimentario.

El programa experimental, que se desarrolla entre abril de 2025 y abril de 2028 en 157 hectáreas distribuidas entre la Comunitat Valenciana, Andalucía, Región de Murcia y Aragón, implementa una metodología científica que combina evaluación ecológica avanzada, análisis en laboratorio y seguimiento continuo de más de 30 indicadores clave de, entre otros cultivos, cítricos, frutas de hueso, melón y sandía.

«El proyecto pone a prueba datos reales, medibles y útiles para tomar decisiones agronómicas sostenibles escalables a todo el territorio español y al resto de Europa», ha comentado Carina Mazzuz, directora técnica del proyecto. Los análisis incluyen fauna auxiliar, calidad del suelo, huella de carbono, uso de agua, fitosanitarios y fertilizantes, evaluación de cubiertas vegetales, especies invasoras o especies protegidas según la Red Natura, con el objetivo de «convertir cada hectárea en un aliado activo de la biodiversidad», ha explicado Mazzuz.

Por su parte, Marion Hammerl, presidenta de Global Nature Fund, ha resumido el proyecto como una «combinación de ciencia con práctica que proporcionará herramientas replicables para toda la agricultura europea».

Asimismo, los planes anuales de acción que se aplican en cada finca están basados en una guía validada por María Dolores Raigon, Dolores García y Ana Olmeda (UPV) para «identificar qué prácticas funcionan, son viables económicamente y tienen impacto directo en el cultivo», ha añadido la directora técnica del proyecto.

Las empresas participantes en el piloto ya están certificadas en Global G.A.P. y, si cumplen con los planes de esta iniciativa, podrán obtener certificaciones de sostenibilidad ambiental exigidas por los principales retailers europeos, «lo que reforzará su competitividad internacional y el valor de sus productos», indican.

«El objetivo pasa por poner en marcha planes de acción, evaluar la mejora continua y convertir cada hectárea de cultivo en un aliado activo para la recuperación de la biodiversidad y en un atractivo para el consumidor», ha señalado Carlos Martínez, coautor del proyecto.

El mismo, generará una Guía de Buenas Prácticas, informes anuales por cultivo y región, y un set de indicadores prioritarios para el nuevo estándar Environmental Sustainability Solution (ESS) de Global G.A.P.

El piloto ha involucrado a parcelas de referencia pertenecientes a 11 empresas: Agroiris, Albenfruit, Exportaciones Aranda/Filósofo, Frutas Beri, Frutas Gragón, Grupo GS/SAT Las Primicias, Hortichuelas, SAT Indasol, Nufri, SAT Cítricos Valencianos y SAT Versol, con el apoyo de las comercializadoras Cinatur Group, Greenyard Fresh Spain e Iberiana Frutch.

El empleo seguro y sostenible de drones para realizar tratamientos fitosanitarios en la agricultura mediterránea no solo es deseable sino también posible en un futuro inmediato. Ese es el objetivo que persigue el Grupo Operativo DRONSafe y que ha podido demostrar en una jornada teórico–práctica, a la que acudieron más de cien profesionales del sector, que tuvo lugar en la Finca Sinyent de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA–ASAJA).

Los socios del proyecto han explicado los retos, oportunidades y beneficios que abre esta tecnología dentro de un contexto legislativo que prohíbe, salvo una autorización excepcional de la correspondiente comunidad autónoma, el uso de drones al estar enmarcados, según la normativa europea, en los tratamientos aéreos. Además, los asistentes pudieron disfrutar de varias simulaciones de aplicación de fitosanitarios con distintos tipos de dron en parcelas de cítricos y comparar los resultados con técnicas convencionales de equipos terrestres.

La responsable de buenas prácticas agrícolas de la Asociación Empresarial para la Protección de las Plantas (AEPLA), que coordina la parte técnica del Grupo Operativo, Mamen Márquez, ha indicado que «DRONSafe es necesario para evaluar con suficientes datos la adecuada seguridad (tanto del aplicador como de los transeúntes) y respeto al medioambiente de las aplicaciones mediante drones de determinados productos fitosanitarios para el control de determinadas plagas y enfermedades. Con estas conclusiones tendremos la posibilidad de que el Ministerio de Agricultura y la Unión Europea autoricen este tipo de tratamientos con dron».

Por su parte, el responsable de innovación de AVA–ASAJA, Carlos Montesinos, ha manifestado que «la Finca Sinyent va a tratar de validar, en condiciones y cultivos característicos de la Comunitat Valenciana, que las aplicaciones de drones no suponen un mayor riesgo para las personas y el medioambiente en comparación con las pulverizaciones terrestres a las que estamos acostumbrados. Trabajaremos para demostrar a las administraciones y al propio sector agrario que se trata de una aplicación más rápida, segura, eficaz y que puede solventar muchos de los problemas de los agricultores».

Objetivos, dudas y experiencias

Las ponencias han ido a cargo del responsable de proyectos de I+D+i del Centro Tecnológico Nacional Agroalimentario (CTAEX), Antonio Sánchez, quien ha expuesto los objetivos, el alcance y los resultados esperados en DRONSafe; el gerente de ICEBE AGRO, Iván Carrillo, que ha aclarado dudas en torno a las normativas y prácticas de aplicaciones de fitosanitarios con dron; y de la investigadora del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA), Patricia Chueca, que ha relatado las experiencias realizadas hasta el momento y ha recomendado la necesidad de configurar el dron en función del tipo de aplicación y plaga objeto.

Denominado ‘Aplicación de productos fitosanitarios con drones como herramienta para disminuir la exposición’, en DRONSafe participan socios a nivel nacional: AEPLA, CTAEX, la Agencia Estatal del Consejo Superior de Investigaciones Científicas–Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA–CSIC), AVA–ASAJA, la Unión Agroganadera de Álava (UAGA), la Bodega Cuatro Rayas Sociedad Cooperativa Agroalimentaria y FTS AgroConsulting. Asimismo, cuenta con tres subcontrataciones técnicas: el Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario (NEIKER–BRTA), la Fundación de Investigación de la Universidad de Sevilla y el IVIA.

DRONSafe está cofinanciado al 80% por la Unión Europea a través del Plan Estratégico de la PAC–FEADER con un importe de ayuda de 584.391,17 euros.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dado la razón a la apelación presentada por el grupo de trabajo sobre el Mancozeb de la Unión Europea contra la decisión de la Comisión de no renovar esta materia activa en 2020.

Dado que el uso del Mancozeb vuelve a ser legalmente posible en territorio europeo, pero a día de hoy ya no existe ningún registro permitido, la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA–ASAJA) apremia al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) «a conceder en España la autorización –al menos, de manera excepcional– de este fungicida básico para la prevención y el control de enfermedades en multitud de cultivos mediterráneos». 

El presidente de AVA–ASAJA, Cristóbal Aguado, celebra que «el TJUE ha antepuesto la objetividad científica y profesional del sector al pseudoecologismo radical que arrastró a la Comisión a retirar uno de los mejores fungicidas que teníamos por bajo precio, elevada eficacia y menor riesgo de resistencias y que, paradójicamente, no ha prohibido durante estos cuatro años a las importaciones procedentes de países terceros que entran a los mercados europeos». La recuperación del Mancozeb en la agricultura europea es fundamental para combatir hongos que afectan a cítricos, caquis, frutales de hueso, uvas, olivos y hortalizas. «Nuestro Gobierno ahora no debería tener ningún inconveniente en volver a autorizar esta materia activa para beneficio de los productores y consumidores», ha subrayado Aguado.

Mancozeb favorece el control de numerosas enfermedades, como la alternaria en cítricos; el mildiu, podredumbre negra y Phomopsis en vid; monilia en frutales de hueso; repilo en olivo; la mancha foliar del caqui o mildiu en hortícolas, etc. Además de su acción fungicida, sobre todo preventiva y resecante, «juega un papel esencial en las estrategias antirresistencias».