Frutales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Asociación de Organizaciones de Productores de Plátano de Canarias (ASPROCAN) ha celebrado la aprobación del Parlamento Europeo de una enmienda que establece una firme posición de respaldo al refuerzo del programa POSEI (Programa de Opciones Específicas por la Lejanía y la Insularidad) para las Regiones Ultraperiféricas (RUP), en el contexto de las negociaciones del próximo Marco Financiero Plurianual (MFP) de la Unión Europea (UE).

La enmienda, que forma parte del informe ‘Presupuesto a largo plazo renovado para la Unión en un mundo cambiante’, ha sido presentada y defendida por un amplio grupo de eurodiputados de diversas formaciones políticas y ha contado con la firma de 114 parlamentarios. En ella, se subraya la necesidad de un apoyo «continuo y específico» a las RUP, recordando la obligación, establecida en el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la UE, de adoptar medidas diferenciadas para estos territorios.

La propuesta ha sido aprobada con 317 votos a favor, 206 en contra y 123 abstenciones, constituyendo una de las pocas enmiendas adoptadas durante el debate presupuestario que hace referencia explícita a las RUP, gracias a la intensa labor de EURODOM –la asociación europea de productores de plátano y banana, de la que forma parte ASPROCAN– y al compromiso de eurodiputados como Gabriel Mato y Juan Fernando López.
 

Importancia del POSEI

El presidente de ASPROCAN, José Carlos Rendón, ha valorado este avance como «una señal clara de que las instituciones europeas siguen reconociendo los desafíos estructurales que afrontan las regiones ultraperiféricas y la importancia de instrumentos como el POSEI para garantizar la continuidad de producciones estratégicas como la del plátano de Canarias». Y ha añadido que «el refuerzo del POSEI no solo es una necesidad económica para nuestros agricultores; es también una cuestión de justicia territorial y de sostenibilidad para regiones que, como Canarias, contribuyen activamente al proyecto europeo desde realidades geográficas y sociales muy distintas al continente».

La enmienda adoptada «hace referencia expresa al carácter estructural de las dificultades que afectan a estas regiones, derivadas de la lejanía, la insularidad y la fragilidad de sus economías, e insta a asegurar que el nuevo presupuesto plurianual de la UE incluya un POSEI fortalecido que permita compensar estos desequilibrios».

ASPROCAN, junto a sus socios europeos, reafirma su compromiso con la defensa de un POSEI ambicioso que «permita sostener la competitividad del plátano europeo frente a unas importaciones cada vez más intensas y desreguladas». La asociación ha anunciado que continuará trabajando activamente en Bruselas durante las siguientes fases de la negociación presupuestaria «para asegurar que esta posición se refleje finalmente en los compromisos financieros de la UE».
www.platanodecanarias.es

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Según una primera estimación de urgencia de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA–ASAJA), una tormenta de granizo provocó ayer daños de diversa magnitud afectando a un total de 8.500 hectáreas en las comarcas de la Ribera Alta, l’Horta Sud y la Hoya de Buñol en la Comunidad Valenciana. De esa superficie, 2.400 hectáreas se vieron perjudicadas de forma considerable, causando pérdidas iniciales de unos 3 millones de euros.

Los términos municipales más azotados por esta granizada fueron Montroi, Real, Alfarp y Llombai, afectados de manera muy especial con pérdidas de hasta el 100%, Picassent y Turís, con daños también significativos en diversos puntos de sus términos municipales y en menor medida Alginet, Catadau, Montserrat, Godelleta, Carlet y Alborache.

Las producciones agrícolas más castigadas por el granizo fueron los frutales de hueso como los ciruelos, nectarinas y los melocotones –cuyas variedades extratempranas están iniciando la recolección– con mermas de hasta el 100% de la cosecha, cítricos –que se hallan en plena fase de floración y cuajado–, caquis –que están empezando a brotar–, aguacates, almendras y viña.

Asociados de las zonas más damnificadas advirtieron de que «en algunos campos de frutas de hueso se da por terminada la campaña». Agricultores del Marquesat indicaron que el tamaño del granizo «no era muy grande, pero sí abundante, por lo que se prevén daños importantes». La organización agraria recalca que todavía es muy pronto para calcular las pérdidas económicas debido al estado fenológico de los árboles, sobre todo en cítricos y caquis, aunque hay ramas rotas causadas por la fuerza del temporal.

AVA–ASAJA pide a Agroseguro que «acelere las peritaciones de las parcelas afectadas por el granizo a fin de que los agricultores perciban las correspondientes indemnizaciones con la mayor prontitud posible». Asimismo, solicita a las administraciones «medidas fiscales y ayudas directas a los productores de los términos damnificados que no habían formalizado el seguro por estar abierto el período de contratación que venían realizando todos los años».
 

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Un temporal acompañado de granizo ha afectado más de 2.500 hectáreas de fruta dulce en diversas comarcas de Lleida, según las primeras estimaciones ofrecidas por el Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (DARPA) de la Generalitat de Catalunya.

El temporal, que se inició a la una del mediodía del sábado 19 de abril, entró por el suroeste del Segrià y continuó en dirección al noreste de la Plana de Lleida, afectando a municipios de la zona media del Segrià, además de otros de la Noguera, el Pla d'Urgell, el Urgell. Asimismo, se registraron granizadas en algunas zonas de Tarragona y las Tierras del Ebro.

El granizo fue muy intenso, con piedras de un tamaño que oscilaba entre 1 y 2 centímetros, que han afectado principalmente a cultivos de fruta dulce, con daños que pueden oscilar entre el 60% y el 100%, en un momento en que los frutos acababan de salir de la fase de floración y se encontraban en pleno crecimiento, a la espera del aclareo.

La primera estimación realizada por el DARPA ha apuntado afectaciones irregulares, aunque muchas de ellas con el 100% de los daños. Sin embargo, habrá que esperar a los informes finales de afectación para ser más precisos y tener en cuenta otros cultivos.

«En los próximos días también habrá que comprobar cómo reaccionan los campos de cereal, así como los olivos y almendros, que también se han podido ver afectados por la granizada, aunque son cultivos menos frecuentes en la zona del temporal», ha señalado el consejero de Agricultura Òscar Ordeig.

Se espera que Agroseguro comience las peritaciones en las fincas afectadas a partir de hoy, martes, lo que permitirá obtener un balance más preciso de la situación.

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Un total de 11 empresas agrícolas participan en un proyecto piloto de ámbito nacional que mide con rigor científico el impacto de la biodiversidad, el agua, el suelo y el clima en el sector hortofrutícola español. La iniciativa se titula ‘Monitoreo de los aspectos clave de la sostenibilidad estratégica –biodiversidad, agua, suelo y clima– y eficacia de los planes de acción en cultivos hortofrutícolas de España’, está liderada por Biodiversity Grow, Global G.A.P., Global Nature Fund y la Universidad Politécnica de Valencia (UPV), y pretende marcar un hito en la transformación sostenible del sector agroalimentario.

El programa experimental, que se desarrolla entre abril de 2025 y abril de 2028 en 157 hectáreas distribuidas entre la Comunitat Valenciana, Andalucía, Región de Murcia y Aragón, implementa una metodología científica que combina evaluación ecológica avanzada, análisis en laboratorio y seguimiento continuo de más de 30 indicadores clave de, entre otros cultivos, cítricos, frutas de hueso, melón y sandía.

«El proyecto pone a prueba datos reales, medibles y útiles para tomar decisiones agronómicas sostenibles escalables a todo el territorio español y al resto de Europa», ha comentado Carina Mazzuz, directora técnica del proyecto. Los análisis incluyen fauna auxiliar, calidad del suelo, huella de carbono, uso de agua, fitosanitarios y fertilizantes, evaluación de cubiertas vegetales, especies invasoras o especies protegidas según la Red Natura, con el objetivo de «convertir cada hectárea en un aliado activo de la biodiversidad», ha explicado Mazzuz.

Por su parte, Marion Hammerl, presidenta de Global Nature Fund, ha resumido el proyecto como una «combinación de ciencia con práctica que proporcionará herramientas replicables para toda la agricultura europea».

Asimismo, los planes anuales de acción que se aplican en cada finca están basados en una guía validada por María Dolores Raigon, Dolores García y Ana Olmeda (UPV) para «identificar qué prácticas funcionan, son viables económicamente y tienen impacto directo en el cultivo», ha añadido la directora técnica del proyecto.

Las empresas participantes en el piloto ya están certificadas en Global G.A.P. y, si cumplen con los planes de esta iniciativa, podrán obtener certificaciones de sostenibilidad ambiental exigidas por los principales retailers europeos, «lo que reforzará su competitividad internacional y el valor de sus productos», indican.

«El objetivo pasa por poner en marcha planes de acción, evaluar la mejora continua y convertir cada hectárea de cultivo en un aliado activo para la recuperación de la biodiversidad y en un atractivo para el consumidor», ha señalado Carlos Martínez, coautor del proyecto.

El mismo, generará una Guía de Buenas Prácticas, informes anuales por cultivo y región, y un set de indicadores prioritarios para el nuevo estándar Environmental Sustainability Solution (ESS) de Global G.A.P.

El piloto ha involucrado a parcelas de referencia pertenecientes a 11 empresas: Agroiris, Albenfruit, Exportaciones Aranda/Filósofo, Frutas Beri, Frutas Gragón, Grupo GS/SAT Las Primicias, Hortichuelas, SAT Indasol, Nufri, SAT Cítricos Valencianos y SAT Versol, con el apoyo de las comercializadoras Cinatur Group, Greenyard Fresh Spain e Iberiana Frutch.

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El Centro de Investigación en Agrigenómica (CRAG) será el encargado de coordinar un ambicioso proyecto de asesoramiento científico al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) sobre el uso de las nuevas técnicas genómicas (NTG) en el sector agroalimentario. Esta iniciativa, de carácter pionero en España, tiene como objetivo sentar las bases para el desarrollo de un marco legislativo que regule el uso de estas herramientas de edición génica en la agricultura europea.

Las NTGs son herramientas innovadoras que podrán contribuir a incrementar la resiliencia y sostenibilidad del sector agroalimentario. Permiten desarrollar variedades vegetales más adaptadas a los efectos del cambio climático, con menor necesidad de insumos, de mejor calidad y con mayores rendimientos, entre otros rasgos.

El proyecto, que cuenta con el respaldo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) y el impulso de la Oficina Nacional de Asesoramiento Científico (ONAC), ha sido seleccionado entre 370 candidaturas en la convocatoria I+P 2024. Tendrá una duración de dos años y estará liderado por Josep Maria Casacuberta, investigador del CSIC en el CRAG y actual presidente del panel de OMGs de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA).

La iniciativa contempla la creación de una estructura estable de asesoría científica para apoyar al MAPA en la toma de decisiones, mediante informes técnicos, jornadas participativas con el sector agroalimentario y una plataforma web que centralice la información sobre las NTG. El proyecto también busca fortalecer los vínculos entre la ciencia y las políticas públicas, fomentando una legislación basada en evidencia.

«El asesoramiento científico es una herramienta clave para generar mejores políticas públicas que respondan a los retos del sector agroalimentario», ha subrayado L. María Lois, directora del CRAG. La colaboración contará también con el apoyo de la Fundación Antama y la plataforma Biovegen, promoviendo así la sinergia entre la investigación y el sector industrial.

El CRAG es un consorcio formado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), el Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentaria (IRTA), la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y la Universidad de Barcelona (UB).

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El empleo seguro y sostenible de drones para realizar tratamientos fitosanitarios en la agricultura mediterránea no solo es deseable sino también posible en un futuro inmediato. Ese es el objetivo que persigue el Grupo Operativo DRONSafe y que ha podido demostrar en una jornada teórico–práctica, a la que acudieron más de cien profesionales del sector, que tuvo lugar en la Finca Sinyent de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA–ASAJA).

Los socios del proyecto han explicado los retos, oportunidades y beneficios que abre esta tecnología dentro de un contexto legislativo que prohíbe, salvo una autorización excepcional de la correspondiente comunidad autónoma, el uso de drones al estar enmarcados, según la normativa europea, en los tratamientos aéreos. Además, los asistentes pudieron disfrutar de varias simulaciones de aplicación de fitosanitarios con distintos tipos de dron en parcelas de cítricos y comparar los resultados con técnicas convencionales de equipos terrestres.

La responsable de buenas prácticas agrícolas de la Asociación Empresarial para la Protección de las Plantas (AEPLA), que coordina la parte técnica del Grupo Operativo, Mamen Márquez, ha indicado que «DRONSafe es necesario para evaluar con suficientes datos la adecuada seguridad (tanto del aplicador como de los transeúntes) y respeto al medioambiente de las aplicaciones mediante drones de determinados productos fitosanitarios para el control de determinadas plagas y enfermedades. Con estas conclusiones tendremos la posibilidad de que el Ministerio de Agricultura y la Unión Europea autoricen este tipo de tratamientos con dron».

Por su parte, el responsable de innovación de AVA–ASAJA, Carlos Montesinos, ha manifestado que «la Finca Sinyent va a tratar de validar, en condiciones y cultivos característicos de la Comunitat Valenciana, que las aplicaciones de drones no suponen un mayor riesgo para las personas y el medioambiente en comparación con las pulverizaciones terrestres a las que estamos acostumbrados. Trabajaremos para demostrar a las administraciones y al propio sector agrario que se trata de una aplicación más rápida, segura, eficaz y que puede solventar muchos de los problemas de los agricultores».

 

Objetivos, dudas y experiencias

Las ponencias han ido a cargo del responsable de proyectos de I+D+i del Centro Tecnológico Nacional Agroalimentario (CTAEX), Antonio Sánchez, quien ha expuesto los objetivos, el alcance y los resultados esperados en DRONSafe; el gerente de ICEBE AGRO, Iván Carrillo, que ha aclarado dudas en torno a las normativas y prácticas de aplicaciones de fitosanitarios con dron; y de la investigadora del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA), Patricia Chueca, que ha relatado las experiencias realizadas hasta el momento y ha recomendado la necesidad de configurar el dron en función del tipo de aplicación y plaga objeto.

Denominado ‘Aplicación de productos fitosanitarios con drones como herramienta para disminuir la exposición’, en DRONSafe participan socios a nivel nacional: AEPLA, CTAEX, la Agencia Estatal del Consejo Superior de Investigaciones Científicas–Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA–CSIC), AVA–ASAJA, la Unión Agroganadera de Álava (UAGA), la Bodega Cuatro Rayas Sociedad Cooperativa Agroalimentaria y FTS AgroConsulting. Asimismo, cuenta con tres subcontrataciones técnicas: el Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario (NEIKER–BRTA), la Fundación de Investigación de la Universidad de Sevilla y el IVIA.

DRONSafe está cofinanciado al 80% por la Unión Europea a través del Plan Estratégico de la PAC–FEADER con un importe de ayuda de 584.391,17 euros.

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El Boletín Oficial del Estado ha publicado la Ley 1/2025, de 1 de abril, de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, en la que se incluyen dos medidas valoradas positivamente por la Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas, Hortalizas, Flores y Plantas vivas (FEPEX): la aprobación de la doble tarifa de riego y la ampliación de la duración del contrato por circunstancias de la producción para atender situaciones ocasionales para el sector agrario y agroalimentario, que contribuirá a facilitar la contratación laboral de carácter temporal.

En la Ley se incluyen distintas medidas no relacionadas con el desperdicio alimentario. Entre ellas, se ha incluido la doble tarifa de riego, surgida de una enmienda presentada por el Grupo Popular. La Disposición final tercera: “Modificación del Real Decreto 1164/2001, de 26 de octubre, por el que se establecen tarifas de acceso a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica”, permitirá al sector agrario hacer uso del derecho al contrato de acceso con posibilidad de disponer de dos potencias diferentes a lo largo de 12 meses, en función de la necesidad de suministro para la actividad, con la mera comunicación por medios telemáticos y/o telefónicos a su suministrador.

FEPEX valora positivamente esta medida, que responde a la naturaleza estacional de las cosechas, evitando que los productores deban pagar la tarifa máxima durante periodos en los que el consumo energético es bajo, lo que fomentará el ahorro en los costes energéticos de las explotaciones.

La Ley 1/2025 de 1 de abril, de prevención de las pérdidas y desperdicio alimentario, incluye también la Disposición final undécima: “Modificación del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre”, que permitirá formalizar contratos por circunstancias de la producción para atender situaciones ocasionales, previsibles y que tengan una duración reducida, con un máximo de noventa días en el año natural, a excepción de las empresas del sector agrario y agroalimentario que podrán utilizar un total de 120 días en el año natural.

Para FEPEX, la ampliación de 90 a 120 días de este tipo de contrato tiene en cuenta el carácter estacional de las campañas agrícolas y agilizará la contratación temporal en situaciones derivadas de las campañas agrarias de corta duración.

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El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dado la razón a la apelación presentada por el grupo de trabajo sobre el Mancozeb de la Unión Europea contra la decisión de la Comisión de no renovar esta materia activa en 2020.

Dado que el uso del Mancozeb vuelve a ser legalmente posible en territorio europeo, pero a día de hoy ya no existe ningún registro permitido, la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA–ASAJA) apremia al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) «a conceder en España la autorización –al menos, de manera excepcional– de este fungicida básico para la prevención y el control de enfermedades en multitud de cultivos mediterráneos». 

El presidente de AVA–ASAJA, Cristóbal Aguado, celebra que «el TJUE ha antepuesto la objetividad científica y profesional del sector al pseudoecologismo radical que arrastró a la Comisión a retirar uno de los mejores fungicidas que teníamos por bajo precio, elevada eficacia y menor riesgo de resistencias y que, paradójicamente, no ha prohibido durante estos cuatro años a las importaciones procedentes de países terceros que entran a los mercados europeos». La recuperación del Mancozeb en la agricultura europea es fundamental para combatir hongos que afectan a cítricos, caquis, frutales de hueso, uvas, olivos y hortalizas. «Nuestro Gobierno ahora no debería tener ningún inconveniente en volver a autorizar esta materia activa para beneficio de los productores y consumidores», ha subrayado Aguado.

Mancozeb favorece el control de numerosas enfermedades, como la alternaria en cítricos; el mildiu, podredumbre negra y Phomopsis en vid; monilia en frutales de hueso; repilo en olivo; la mancha foliar del caqui o mildiu en hortícolas, etc. Además de su acción fungicida, sobre todo preventiva y resecante, «juega un papel esencial en las estrategias antirresistencias».

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Agroseguro ha celebrado en Mérida (Badajoz) una jornada de divulgación sobre el seguro de frutales que ha contado con la presencia de representantes de las entidades coaseguradoras y de sus redes comerciales, tomadores y profesionales del sector.

La directora de Producción y Comunicación de Agroseguro, Sílvia Marques, ha iniciado la jornada con un repaso a las cifras más relevantes del seguro agrario, entre las que ha avanzado que 2024 se cerrará, «con toda probabilidad y a nivel general, con nuevo máximo de contratación». Respecto a la siniestralidad, «la previsión alcanza los 677 millones de euros en indemnizaciones hasta el mes de noviembre y en el total nacional. En 2024, destacan los daños provocados por la intensa actividad tormentosa, con casi 240 millones de euros pagados por tormentas de pedrisco, lluvias e inundaciones». A pesar de haber sido un año de fuertes precipitaciones, también se han registrado daños por sequía, debido a la irregularidad de las lluvias en determinadas zonas, que han supuesto 114 millones de euros en indemnizaciones.

La directora territorial de Agroseguro en Extremadura, Jacinta Patiño, ha destacado que el seguro de frutales cuenta con una implantación del 80% a nivel nacional, y casi del 90% en Extremadura, con el melocotón y la ciruela como principales producciones en la región. En la campaña 2024, «las indemnizaciones abonadas a los productores extremeños de frutales han superado los 14 millones de euros, con importante presencia de los siniestros de ciruela». Además, ha resaltado que la ratio de siniestralidad sobre las primas de riesgo en Extremadura «se ha situado muy por encima del 100% en las últimas campañas; la media del periodo 2020/23 se sitúa en el 119%».

El seguro de frutales para la próxima campaña mantiene el tratamiento individualizado para aquellos asegurados que presentan reiterada y alta siniestralidad, al objeto de evitar perjuicios a la generalidad de productores. Asimismo, «incluye la actualización de precios alza de la ciruela, tanto ecológica como tradicional».

La jornada se ha cerrado con el repaso a las subvenciones que otorgan la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA) y la Junta de Extremadura. Valle Cervantes, jefa del departamento de Producción de Agroseguro, ha recordado que en la pasada campaña supusieron, de media, el 62% del coste del seguro de frutales, quedando el resto a cargo de los tomadores de seguro.

https://agroseguro.es/

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El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha publicado una nueva resolución de concesión de ayuda a 1.674 titulares de explotaciones agrícolas productores de frutales y frutos de cáscara, por un importe de 2,14 millones de euros, para compensar las dificultades debidas a la sequía y a la guerra de Ucrania.

Con este nuevo pago, el importe de esta ayuda extraordinaria abonado por el Gobierno se eleva ya a 82,2 millones de euros, de los que se han beneficiado 70.995 agricultores.

Los titulares que figuran en esta nueva resolución de concesión son aquellos que aparecieron en la resolución provisional del pasado julio, una vez que finalizaron los controles de la Política Agraria Común (PAC) correspondientes a la campaña 2023 y que cumplen los requisitos de la ayuda.

La relación de titulares de explotaciones agrícolas que cumplen los requisitos, junto con el número de hectáreas elegibles y la cuantía de la ayuda a percibir están disponibles en el tablón de anuncios de la sede electrónica del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA).

La resolución publicada recoge también los titulares a los que no se les ha realizado el pago de la ayuda porque no se encuentran al corriente de sus obligaciones tributarias o con la Seguridad Social. En el plazo máximo de un mes, «el FEGA realizará una segunda comprobación para verificar si han subsanado las deficiencias y, en el caso de que lo hayan hecho, podrán recibir la ayuda».

Se puede consultar la información sobre esta línea de ayuda en la página web del FEGA, www.fega.gob.es

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