La Unió Llauradora exige a la Comisión Europea que eleve el precio de entrada de los cítricos importados a un mínimo de 1€/kg y no permita que entren por debajo de los valores actuales de coste efectivo de la cadena de valor como así está sucediendo. «Las autoridades comunitarias deberían revisar y actualizar el sistema de los precios de entrada a los niveles actuales de los costes que no paran de subir, ya que la entrada de cítricos tan baratos distorsiona el mercado. No puede ser que continúen con su pasividad sin atender las peticiones reiteradas del sector para actualizar unos mecanismos europeos que están obsoletos, es absurdo que no reaccionen», ha asegurado Carles Peris, secretario general de La Unió.

En esta campaña citrícola, como en las últimas, se ha detectado en algunas fases una ralentización de los precios y una dinámica de mayor lentitud en la exportación debido a la entrada de naranjas de algunos países como Egipto a precios muy bajos. 

La Unió Llauradora cree que la entrada masiva de naranja de Egipto sin aranceles y a precios reventados, requiere de soluciones para frenar esta tendencia que preocupa enormemente a los productores. El sistema de precios de entrada de la UE, diseñado para proteger a los agricultores europeos frente a la competencia desleal, «está totalmente obsoleto, aunque sigue siendo un mecanismo positivo y necesario que se mejore».

La organización agraria ha indicado que «un año más Egipto ha seguido introduciendo sus cítricos en los mercados europeos por debajo del Sistema de Precios de Entrada. El precio de entrada para las naranjas fuera de contingente, según el Valor Estándar de Importación, es de 0,693 €/kg, aunque no se ve reflejado por ejemplo en la importación de naranjas de Egipto». En este sentido, los datos de importación muestran que, en 2025, las naranjas egipcias han entrado en España a un precio medio de 0,61 €/kg, siempre por debajo del precio de entrada.

Las importaciones masivas de Egipto, especialmente entre los meses de enero y abril, «condicionan los precios y la demanda de los cítricos europeos». Carles Peris ha afirmado que «desde la parte comercial se utilizan los bajos precios de las importaciones egipcias para presionar en sentido decreciente los de la producción europea. Además, al aumentar estas importaciones a precios de derribo, los mercados demandan menos cítricos europeos».

Para añadir que «si bien ha bajado en esta campaña el volumen de importaciones de cítricos procedentes de Egipto y el precio de entrada ha subido ligeramente respecto a la campaña anterior, continúa todavía por debajo del coste efectivo de la cadena de recolección, confección y transporte que además está tensionado y no para de subir. Con esta situación es difícil competir si no se revisa el actual sistema de precios de entrada».

La Unió ha destacado que las producciones europeas son más sostenibles y responsables que las importaciones de países terceros. Así, por ejemplo, «la citricultura valenciana genera empleo y sostiene la economía de las zonas rurales, evitando la despoblación; cumple con estrictos estándares ambientales y de calidad, garantizando una producción respetuosa con el medio ambiente; ofrece productos con altos niveles de seguridad alimentaria y trazabilidad, muy superiores a los de las importaciones, mientras que estas tienen un impacto ambiental mayor y no aportan beneficios económicos ni sociales a las comunidades europeas».

El secretario general de la organización agraria ha concluido señalando que hay que «garantizar el cumplimiento de los precios de entrada y evitar el hundimiento del mercado europeo. Por ello proponemos que se establezca un precio de entrada mínimo de 1 €/kg para los cítricos importados, ajustado a los costes reales de producción y al IPC actual».

En las diferentes zonas de producción las estimaciones de cosecha de aceituna han sufrido un importante recorte después de las lluvias de primavera, y según los responsables de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) la nueva campaña afrontará en nuestro país una cosecha igual a la última, en el mejor de los casos.

«La situación actual en la principal comunidad autónoma productora, Andalucía, nos lleva a pensar que la euforia que reinaba entre los grandes operadores del mercado sobre una cosecha histórica se está derrumbando», han advertido desde UPA.

En la actualidad, la estimación de producción de Andalucía no arroja grandes expectativas, y a juicio de UPA podría situarse entre las 950.000 y 1.150.000 toneladas (t), a la espera de la evolución del clima en los próximos meses.

Por su parte, Castilla–La Mancha, tras los excelentes datos de la 2024/25, espera una reducción de cosecha que se puede estimar sobre las 125.000 t, mientras que Extremadura presenta situaciones muy diversas en las diferentes y la estimación rondaría las 80.000 t. Otras CC. AA., como Aragón, tendrán una mejora de la producción que podrá ascender hasta las 12.000 t.  En conclusión, con esta información, la horquilla de la producción para la próxima campaña, estaría entre 1.200.000 y 1.400.000 toneladas.

Por otro lado, UPA ha analizado el proyecto de orden por el que se pretende establecer normas de comercialización para la campaña 2025/26. En opinión de la organización agraria, aunque la iniciativa es «muy positiva», creen que el Ministerio de Agricultura debe ser «más ambicioso» y por ello presentarán una batería de propuestas que permiten la publicación de una norma que alcance el objetivo de mejorar la rentabilidad del olivar tradicional, «que es el que de verdad necesita centrar los esfuerzos tanto de la administración como de nuestra organización».

El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto que incorpora a la normativa española las flexibilidades de los reglamentos de la Unión Europea para facilitar el acceso a ayudas a los productores de frutas, hortalizas y vino afectados por la DANA.

Estas medidas responden a la solicitud realizada por España a la Comisión Europea para introducir flexibilidades y excepciones temporales que permitan a los sectores afectados mantener las ayudas de sus programas operativos y de la Intervención Sectorial Vitivinícola, pese a las dificultades para cumplir ciertos requisitos. El real decreto aprobado el 29 de julio también introduce una serie de ajustes técnicos en la normativa estatal para mejorar su aplicación y simplificar procedimientos.
 

Frutas y hortalizas

Las flexibilizaciones afectan a la normativa de programas operativos de las organizaciones de productores, con el incremento de la cofinanciación de la Unión Europea del 50 al 70 %, se permite computar la producción comercializada en caso de pérdidas superiores al 35 % y se elimina el límite de gasto en medidas de prevención y gestión de crisis.

También se amplía hasta el 15 de agosto el plazo para ejecutar los gastos programados, se eliminan temporalmente ciertos porcentajes máximos de gasto en actuaciones y se facilitan las modificaciones de los programas operativos.

Entre los ajustes técnicos, se clarifican los requisitos para el reconocimiento de organizaciones de productores, se precisan aspectos sobre compatibilidad de los programas operativos con los ecorregímenes, los plazos de mantenimiento de inversiones y las condiciones de subvencionabilidad de determinadas acciones.

Vino

En el sector del vino, las flexibilizaciones permitirán renovar viñedos dañados para restablecer el potencial productivo de los viticultores afectados, aumentar la cofinanciación hasta el 80 % de los costes de renovación y se podrá aplicar compensaciones de hasta el 100 % de la pérdida de ingresos.

También se permitirá realizar inversiones de mera sustitución en las explotaciones afectadas. Asimismo, se introducen ajustes técnicos para armonizar la normativa en materia de uso ilegal del agua con otras disposiciones de la Política Agraria Común (PAC) y para simplificar determinados procedimientos administrativos.

Además, se adelanta al 1 de enero la fecha en la que las comunidades autónomas deben comunicar al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación las actualizaciones de la clasificación de variedades de uva de vinificación, y se actualiza el listado de variedades autorizadas.

Por último, se clarifica el plazo de envío de datos de proveedores y justificantes de compraventa en el sector vitivinícola para mejorar el control y la transparencia en las declaraciones obligatorias.

El consejo de administración extraordinario de Mercabarna ha nombrado a la teniente de alcaldía de Derechos Sociales, Promoción Económica, Trabajo, Feminismos y Memoria Democrática del Ayuntamiento de Barcelona, Raquel Gil, presidenta de la empresa pública. La nueva presidenta, que ya ocupaba una de les dos vicepresidencias del consejo de administración de la compañía, sustituye a Jordi Valls, que ha presidido Mercabarna desde septiembre de 2023 y que ahora seguirá vinculado a la entidad como vicepresidente.

Licenciada en derecho, la nueva presidenta de Mercabarna ha sido comisionada de Promoción de la Ocupación de Calidad y Políticas contra la Precariedad Laboral del Ayuntamiento de Barcelona y directora del Área de Derechos de Ciudadanía y Políticas Sociales del Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat. También ha sido miembro de UGT de Cataluña y presidenta/gerente de la Asociación de Ayuda Mutua de Inmigrantes (AMIC) en Catalunya.

La nueva presidenta de Mercabarna ha anunciado que seguirá impulsando proyectos vinculados a la sostenibilidad medioambiental y social, la transformación digital, la formación y la innovación dentro del recinto alimentario, para mejorar la competitividad de las empresas mayoristas, «con el objetivo de garantizar el suministro de alimentos frescos a la ciudadanía».
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