Mercosur

Los acuerdos de la UE con Mercosur y México abren nuevas posibilidades competitivas para el vino español

Tras años de largas negociaciones, la Unión Europea (UE) ha propuesto recientemente al Consejo la adopción de dos acuerdos, el de asociación UE–Mercosur (EMPA en sus siglas en ingles) y la modernización del Acuerdo Global con México (MGA); ambos son de ‘potencial gran interés’ para el vino europeo, en general, y para el español, en particular. Lo que pueden suponer estos acuerdos ha sido analizado con cifras por la consultoría Del Rey AWM.

Las exportaciones mundiales de vino y mosto a los cuatro países del Mercosur implicados en el tratado con la UE –Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay– han alcanzado los 188 millones de litros (Ml) en 2024, por un valor de 581,6 millones de euros (M€), a un precio medio de 3,09 €/l. Estas cifras suponen un 1,9% del volumen total y un 1,6% del valor, con un precio medio ligeramente inferior a los 3,63 €/l de la media internacional.

Las exportaciones mundiales a México son menores, ya que apenas suponen el 0,9%, tanto del valor como del volumen total de estas, a un precio medio algo más elevado que el de Mercosur, de 3,41 €/l, pero también por debajo de la media mencionada. La gran diferencia entre ambos bloques está en el peso de Brasil, que «tiene gran importancia en el comercio mundial, aunque no la haya tenido hasta ahora para España en la misma proporción». Más allá del porcentaje que ambas zonas suponen para el comercio mundial de vinos, «destaca su crecimiento en los últimos años, que puede ser indicativo de su potencial crecimiento futuro».

Como conclusión, en el estudio realizado por Del Rey AWM se señala que la propuesta de firma, por separado, de los dos nuevos acuerdos de la UE con México y Mercosur, «mejoran la capacidad competitiva de los vinos europeos en una región del mundo con un fuerte potencial de crecimiento del consumo de vino en los próximos años». Y los hacen atractivos «en un momento en el que hay cierta desglobalización mundial y en el que, en concreto, la subida de aranceles y creciente incertidumbre del mercado norteamericano obliga a buscar alternativas».
 

Expectativas limitadas

A pesar de ello, los números de lo que suponen ambos mercados para el comercio mundial y para España en particular, «limitan el posible entusiasmo». Así:

– El vino que se vende a ambas regiones, 90 millones de litros a México y 188 millones a Mercosur, quedan lejos de los 1.210 Ml que el mundo vende a los EE. UU. Para España, por el contrario, México tiene más importancia que Mercosur: representa el 2,9% de sus ventas en valor y el 1,2% del volumen, a un precio medio de 3,60 €/l, frente al 1,1% y 0,5% que supone, respectivamente en valor y volumen, para Mercosur en 2024.

– En cuanto a las ventas a ambas zonas, estas han aumentado en los últimos años. Desde 2015 las ventas mundiales a Mercosur han crecido cerca del 86% en euros y litros, mientras el comercio mundial se ha incrementado en el mismo periodo un 26% en valor, pero descendido en volumen un 4,4%. Algo más lenta ha sido la subida de las ventas a México, pero a un buen ritmo, un 63% en euros y un 52% en volumen en 10 años; es decir, revalorizándose. Algo parecido ha pasado con las exportaciones españolas, que han crecido en México un 35% en volumen y un 56% en valor; las dirigidas a Mercosur se han doblado, mientras el conjunto de las ventas exteriores españolas al mundo ha subido un 14% en euros y caído un 18% en litros. Los dos mercados «muestran gran dinamismo y, por ello, buen potencial futuro».

– La posición competitiva de los distintos proveedores y la española son muy diferentes. En México, España lidera y ha liderado históricamente la provisión de vinos en valor, aunque Chile la supera en volumen, a unos precios medios sensiblemente inferiores; Italia crece con fuerza y Francia factura mucho, aunque vende menos y factura más.

En cambio, en Mercosur sobresale el potencial de crecimiento de las ventas a Brasil, que supone más del 86% del total del volumen y de la facturación del vino vendido en esta alianza sudamericana. Argentina y Uruguay son dos estados productores de vino con escasas importaciones y Paraguay es todavía un mercado relativamente pequeño, particularmente para España. En Brasil, la posición dominante es la de Chile y, en menor medida, de Argentina. Juntos suponen casi dos tercios del volumen vendido en el mercado y un 56% de la facturación. Chile, sobre todo, compite por proximidad, relaciones comerciales, calidad de sus productos y precio, posicionado en 2,54 €/l frente a la media de 3,08 €/l. Más allá de los proveedores de proximidad, Portugal es el tercer gran suministrador, gracias a sus relaciones comerciales y lazos culturales e históricos. Es el proveedor de vinos a Brasil que más rápidamente ha crecido en los últimos años. Francia compite en una franja de precios más elevada que el resto, e Italia y España lo hacen en volúmenes similares, pero con los italianos mucho mejor posicionados en precio, lo que posiblemente ha permitido crecer a nuestro país más rápido en estos años.

Por lo tanto, acuerdos comerciales que mejoren el trato arancelario a los vinos europeos en estas dos regiones del mundo latinoamericano permitirán hacer frente con más posibilidades a los vinos chilenos, «pero eso no elimina la competencia entre proveedores europeos, con el reto para España de defender su posicionamiento en México y mejorar las ventas en Brasil, no solo frente a Chile, sino en clara competencia con Italia».

Por último, «el seguimiento cercano de los mercados y sus tendencias, la conexión con los gustos de los consumidores y la intensidad del esfuerzo comercial seguirán siendo las claves para mejorar la posición competitiva en todos los casos».
www.delreyawm.com

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El CGC advierte que el acuerdo de Mercosur impactará en los precios citrícolas

El Comité de Gestión de Cítricos (CGC), la patronal nacional que aglutina los exportadores privados, ha lamentado el «olvido» de la Comisión Europea (CE) de este sector en sus negociaciones para ratificar el tratado con Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay). Pese a la evidencia que Brasil es la primera potencia transformadora de zumo, que sus jugos acaparan en torno al 70% del consumo mundial y de que España es la primera exportadora en fresco, «nunca se ha considerado este producto como sensible». «No lo fue en junio de 2019 cuando se alcanzó un principio de acuerdo, tampoco en 2023 cuando la CE incorporó un paquete de regulaciones para evitar la deforestación en Sudamérica y cumplir los Acuerdos de París; o ahora cuando se proponen cuotas para productos como la carne de vacuno, pollo o azúcar, cláusulas de salvaguardia y un fondo de crisis», ha señalado esta entidad. 

Desde 2019, se mantiene la propuesta inicial que fija un plazo de 7 años para eliminar progresivamente los aranceles del zumo directo, que es el más estratégico para la industria española y ahora se sitúa en el 12,2% y de 10 años para el concentrado en el 15%. Y para las importaciones en fresco, «se eliminarán tales tasas del 12,8% en el plazo de una década desde su entrada en vigor».

«Mercosur impactará directamente sobre la industria del zumo español -que depende de esos aranceles para defender su producto-, pero el efecto sobre el sector en fresco se dará acto seguido porque las entre 650.000 y 850.000 toneladas que cada año se retiran por desequilibrios entre oferta y demanda, por tratarse de calibres no comerciales o por sufrir defectos en la piel, por fenómenos meteorológicos adversos, no tendrán un destino claro y los precios del fresco se resentirán», ha advertido la presidenta del CGC, Inmaculada Sanfeliu. 

La UE, que acapara el 52% de sus exportaciones de zumo, es el primer destino para la potente industria brasileña, controlada por las multinacionales Citrosuco, Cutrale y Louis Dreyfus. El Reino Unido es, tras EE. UU., su tercer gran mercado y recientemente el gobierno británico renovó la suspensión total de aranceles decidida después del Brexit a 93 productos brasileños, entre ellos sus jugos. 

Europa en su totalidad se reforzaría, gracias a Mercosur, como su primera y más segura plaza. La UE, por su parte, es también el primer mercado con mucha diferencia de las ventas de las empresas transformadoras españolas y Gran Bretaña, su segunda alternativa necesaria. «Nuestro mercado natural y más próximo sería el escenario de una competencia desigual entre dos citriculturas antagónicas: la brasileña, volcada en los jugos y la española y europea dedicada al fresco, con costes y exigencias fitosanitarias, medioambientales, de seguridad alimentaria, laborales y sociales que nada tienen que ver. España ya no puede, y sin los aranceles menos aún, competir en precio con el zumo de Brasil», ha indicado Sanfeliu.

 

Falta de transparencia

El CGC ha lamentado «la falta de transparencia con la que la CE ha llevado todo el proceso y las urgencias de esta última fase. Para evitar el bloqueo de algunos Estados miembros liderados por Francia y como ya auguró el CGC en 2023, la CE ha acabado por imponer la aplicación provisional de su capítulo comercial, separándolo del componente político y de cooperación, para ratificar el tratado sin el visto bueno de todos los Estados miembros». «No conocemos de qué manera se activarán las salvaguardias ahora prometidas y si se tendrá en consideración las distorsiones que Mercosur provocará en el mercado del zumo y/o el del fresco», ha apuntado Sanfeliu, para añadir que «no parece que se sea consciente de la importancia estratégica que tiene la industria transformadora europea para la comercialización de nuestros cítricos». 

Los costes del modelo brasileño son inalcanzables para la citricultura española y europea: grandes explotaciones en manos de unos pocos, con un sistema de producción mucho menos exigente que el fresco y más intensivo en el uso de fitosanitarios (plaguicidas, muchos de ellos aquí retirados, cuyo uso se ha multiplicado por los efectos devastadores del HLB). Las tres grandes corporaciones brasileñas citadas controlan, directa o indirectamente, las principales tierras y tienen en propiedad flotas con grandes buques para trasladar sus jugos a Europa. Situar su producto en los puertos de Rotterdam (Holanda) o Gante (Bélgica), les cuesta casi lo mismo que a las procesadoras españolas transportar su zumo de Andalucía, Murcia o Valencia a Francia en camión cisterna. De hecho, las puntuales ‘incursiones’ de algunos de estos buques descargando en puertos como el de Huelva ya se ha acreditado que tienen un efecto inmediato sobre la actividad de las plantas españolas.

El Comité ha señalado que mejorar la situación competitiva en Europa de la oferta brasileña ya mayoritaria de zumos (tanto el ‘100% exprimido’ como el concentrado) gracias a la eliminación de aranceles, «inevitablemente arrastraría a la industria española, que tendría objetivas dificultades para mantener mínimos márgenes». La actual situación internacional, marcada por los altos precios del zumo, responde a una coyuntura originada en Brasil y Florida que guarda relación directa con el fuerte descenso de la cosecha provocado por la expansión del HLB, una enfermedad sin cura cuyos efectos hasta hace unos años se habían atenuado en el país sudamericano, no así en EE. UU.

El CGC ha reiterado el problema medioambiental que supondría que los citricultores no puedan desviar a esta industria la fruta con defectos o con falta de calibre. Ese porcentaje de entre el 15 y el 20% de la cosecha, esos cientos de miles de toneladas sin destino no se valorizarían y se convertirían en residuos provocando lixiviados, que contaminan suelos y aguas cuando no multiplican la presencia de hongos y plagas en el campo.  

A todo ello cabría añadir otro riesgo derivado del incremento de las importaciones sin arancel de la UE de naranjas, mandarinas o limones de Argentina o Brasil. Se trata de dos países con altos niveles de afección de las enfermedades más temidas en la UE: los hongos de la mancha negra y Elsinoe, la Clorosis Variegada de los Cítricos (CVC), el Citrus canker o el propio Citrus greening (HLB). «Los controles de las importaciones en frontera en materia de sanidad vegetal son ya insuficientes. El riesgo de que traigan nuevas y graves enfermedades se disparará a poco que, gracias a Mercosur, se incremente el tráfico», ha concluido Sanfeliu.

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Reacciones opuestas al acuerdo de la Comisión Europea con México y Mercosur

La Federación Española del Vino (FEV) y el resto de asociaciones integradas en el Comité Europeo de Empresas Vitivinícolas (CEEV) celebran la adopción por parte de la Comisión Europea (CE) de los acuerdos comerciales de la UE con Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay) y México, tras la presentación de los textos legales que inician su proceso de ratificación y que en los próximos meses deberán someterse al voto del Parlamento Europeo y del Consejo de la UE. En cambio, la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA–ASAJA), COAG Andalucía y Unión de Uniones mantienen su frontal oposición a este tratado.

Así, la FEV ha resaltado que el acuerdo llega «en un momento trascendental marcado por crecientes desafíos geopolíticos y económicos, algunos de ellos en mercados clave para el vino español, como es el caso de los nuevos aranceles de EE. UU.».

«La diversificación de mercados debe ser una pieza esencial en la estrategia internacional de las bodegas españolas y estos acuerdos son, sin duda, un gran paso en esa dirección, especialmente si tenemos en cuenta los vínculos históricos, culturales y de idioma con algunos de estos mercados», ha destacado el director general de la FEV, José Luis Benítez. En este sentido, ha aclarado que «aunque Brasil y México no pueden compensar las pérdidas que se puedan producir en el mercado estadounidense a raíz de los aranceles», sí son mercados con un enorme potencial para el vino español y la eliminación de barreras comerciales por medio de estos acuerdos «contribuirá a apuntalar e incrementar la presencia de nuestros vinos y bodegas en estos países».

Si bien la presencia de vinos españoles en Brasil es todavía pequeña debido a los elevados aranceles y otras barreras técnicas que han impedido hasta la fecha desarrollar más este mercado, «el de México es ya a día de hoy un caso de éxito, siendo el duodécimo mercado para España y, lo que es más importante, el cuarto con mayor precio medio. En 2024, las exportaciones crecieron un 14,6% en valor con respecto al año anterior».

Desde Bruselas, la presidenta del CEEV, Marzia Varvaglione, ha instado al Parlamento Europeo y al Consejo a acelerar el proceso de ratificación «para que las empresas vitivinícolas y los consumidores de vino de ambas partes puedan beneficiarse sin demora de estos acuerdos históricos». El sector vitivinícola de la UE es el principal exportador mundial, con casi 16.000 millones de euros en exportaciones durante la última campaña. Las exportaciones de vino de la UE a Brasil rondaron los 200 millones de euros a cierre de 2024 y ambos representan mercados dinámicos con un fuerte potencial de crecimiento.

Estos acuerdos comerciales «mejorarán significativamente el acceso a los mercados vitivinícolas de Brasil y México mediante la eliminación de aranceles, el fortalecimiento de la protección de las indicaciones geográficas, la simplificación de los procedimientos de importación y la creación de unas condiciones de competencia más predecibles y equitativas para el comercio del vino». Asimismo, «aportan claros beneficios y no presentan riesgos para los productores de vino de la UE», ha concluido Varvaglione, destacando el papel de la UE como líder mundial en la promoción de la estabilidad y un comercio abierto y regulado.
 

Impacto devastador

AVA–ASAJA ha alertado «del devastador impacto que tendrá sobre la agricultura y la ganadería europea, ya que supondrá la entrada con ventajas arancelarias de más importaciones en condiciones de competencia desleal que sustituirán a nuestros productos, que sí garantizan los máximos estándares de frescura, seguridad fitosanitaria, bienestar animal y sostenibilidad». Además, en vista del elevado número de interceptaciones de plagas y enfermedades que acumulan los cargamentos del Mercosur, «esta apertura incrementará el riesgo de introducir nuevos patógenos que amenazan con destruir nuestras plantaciones».

Su presidente, Cristóbal Aguado, ha asegurado que «la CE trata de embaucar a los gobiernos que están en contra del acuerdo, como Francia, Polonia e Italia, incluyendo compromisos de última hora que, viendo los precedentes, serán muy difíciles de cumplir. En primer lugar, dice que habrá reciprocidad entre las producciones europeas y foráneas, pero no se incluye una modificación de los requisitos sanitarios y fitosanitarios a las importaciones». Para añadir que «también habla de cláusulas de salvaguardia, en caso de incrementarse un 10% los envíos o hundirse un 10% los precios, pero no precisa más y se trata de un mecanismo que requiere demasiadas trabas y tiempo para activarse. Y prevé una reserva de emergencia de 6.300 millones, porque hasta la CE es consciente que perjudicará a sectores como los cítricos».

Por su parte, COAG Andalucía ha advertido que el acuerdo no traerá beneficios a los agricultores europeos, sino graves amenazas para sectores estratégicos como el del aceite de oliva. «Se nos quiere vender que el sector del aceite podrá colocar algo más de producto, pero en realidad abrimos una puerta tremendamente peligrosa. Grandes latifundios de Sudamérica pueden ponerse a producir aceite de un día para otro, con estándares muy inferiores, y competir en igualdad de condiciones con nuestro aceite, que es de una calidad extraordinaria», ha denunciado el secretario general, Juan Luis Ávila.

Además, ha subrayado la incoherencia del acuerdo en términos medioambientales. Al respecto, ha comentado que «estamos hablando de medio ambiente y, sin embargo, vamos a traer productos de la otra punta del mundo en barcos con una huella medioambiental tremenda. La ciudadanía tiene que entender que se nos está tomando el pelo».

Por todo ello, COAG Andalucía reclama al Gobierno español y a las instituciones europeas que frenen este tratado, que no solo amenaza al tejido socioeconómico de las zonas rurales andaluzas y europeas, sino que también compromete la salud y la seguridad alimentaria de todos los ciudadanos europeos. «Es un sinsentido para el interés general, y hay que pararlo», ha concluido el secretario general.

Por último, Unión de Uniones ha señalado respecto al acuerdo UE–Mercosur, que la CE «ha querido separar la parte comercial del acuerdo de la parte política y de cooperación para evitar que los parlamentos nacionales puedan que pronunciarse sobre las reglas comerciales». «Esto va en contra del mandato de negociación que en 1999 el Consejo trasladó a la Comisión y que, además, se basaba en el Acuerdo Marco Interregional de Cooperación en el que las partes suscribían el objetivo de alcanzar una asociación integral que incluya el diálogo político, la cooperación y el comercio, por lo que causa un perjuicio más que negativo», ha añadido.

Asimismo, a la espera de hacer un análisis de la letra pequeña, esta organización agraria cree que, «aunque algunos sectores, como el vino o el aceite, tengan expectativas positivas frente al acuerdo, estas van depender de la capacidad adquisitiva de los consumidores de los países Mercosur». Sin embargo, el acuerdo sí tendrá impacto negativo sobre otros productos importantes como la carne de vacuno, aves de corral, cerdo, arroz o miel. Unión de Uniones viene alertando sobre esto desde hace años y «se basa en los pocos informes de impacto que hay y que ya indicaban, también por parte de la Comisión, que el acuerdo traería reducciones en la producción europea y descensos en los precios a los agricultores y ganaderos».

www.fev.es; www.avaasaja.org; www.coagandalucia.com; https://uniondeuniones.org/

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Las bodegas europeas piden a la CE celeridad en el acuerdo con Mercosur

La Federación Española del Vino (FEV) y el resto de asociaciones integradas en el Comité Europeo de Empresas Vitivinícolas (CEEV) han reclamado a la Comisión Europea que adopte cuanto antes el texto legal del acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y MERCOSUR e iniciar el proceso de ratificación sin demora.

En este sentido, el director general de la FEV, José Luis Benítez, ha apuntado que «ante a la inestabilidad global que nos rodea y que no deja de aumentar, debemos ser ágiles y profundizar en la diversificación de mercados como una herramienta clave para asegurar la competitividad de nuestras empresas. Y, en ese sentido, el acuerdo con Mercosur es fundamental para acercarnos a un mercado con enorme potencial para el vino español como es Brasil».

La presidenta del CEEV, Marzia Varvaglione, ha destacado también que el sector vitivinícola mundial se enfrenta a una perspectiva de declive estructural a largo plazo del consumo de vino, especialmente en los mercados tradicionales, y por eso «este acuerdo desempeñará un papel fundamental en la diversificación de nuestras exportaciones y garantizará nuestra sostenibilidad económica a largo plazo, atrayendo a nuevos consumidores de vino». «Necesitamos este acuerdo, y es hora de que la Comisión adopte el texto legal», ha concluido.

Hace meses que tanto la FEV como las demás asociaciones de bodegas europeas estamos apoyando firmemente un acuerdo que mejorará significativamente el acceso a los mercados del Mercosur mediante la reducción de aranceles, la agilización de los procedimientos de importación y la protección de las Indicaciones Geográficas (IG) europeas. Desde el sector vitivinícola creemos que el acuerdo aporta claros beneficios y no presenta riesgos para los productores de vino de la UE.

Al respecto, el secretario general del CEEV, Ignacio Sánchez Recarte, ha recordado que el arancel actual del 27% de Brasil a los vinos europeos «supone un importante lastre para la competitividad y el crecimiento de nuestras empresas, y se eliminará con el nuevo acuerdo. Pero este acuerdo representa más que solo acceso al mercado; también representa una oportunidad geoestratégica para nosotros. Con él, podemos crear una alianza estable a largo plazo basada en principios vitivinícolas compartidos: un sistema de indicaciones protegido y prácticas enológicas armonizadas». «Seguiremos abogando activamente por la ratificación de este acuerdo. No podemos desaprovechar esta oportunidad», añadió.

Según el calendario previsto, tras la depuración legal y la traducción a todas las lenguas oficiales de la UE, la Comisión Europea debería adoptar formalmente el texto legal final del acuerdo antes de finales de junio. Una vez aprobado por el Colegio de Comisarios, el texto se remitirá al Consejo y al Parlamento para su ratificación, pudiendo entrar en vigor formalmente a finales de 2026, una vez que el Consejo concluya el proceso legislativo. Sin embargo, la aplicación provisional del pilar comercial podría comenzar a los pocos meses de su aprobación por el Consejo.

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El trueque con Mercosur: matar al sector agrario para vender más coches

Artículo de opinión de Miguel López Sierra, secretario general de COAG Andalucía.

La UE sacrifica la agricultura social y profesional que mantiene vivos nuestros pueblos a cambio de vender más coches y tecnología a los países del Mercosur, grandes potencias agrarias. La comida llegará a Europa en barco y sin garantías sanitarias, perdiendo la seguridad y la soberanía alimentaria. Y todo ello con el inaudito beneplácito del ministro de Agricultura español.

Como si no tuviésemos suficiente con las importaciones agroalimentarias de terceros países que se cuelan por nuestros puertos sin control, desestabilizando el mercado y dañando la salud de todos, el lobby que maneja los hilos en Bruselas ha decidido dar un paso más en su afán especulador y ha abierto las puertas de par en par a la entrada en Europa de alimentos procedentes de los países del Mercado Común del Sur –Mercosur–, bloque compuesto por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

El acuerdo entre la Unión Europea (UE) y Mercosur-, que se firmó el pasado 6 de diciembre, es un tratado de libre comercio que, si llega a ratificarse próximamente en el Parlamento europeo y en los estatales, traerá consigo un tsunami de perjuicios para un sector agrario que lucha a duras penas por sobrevivir en un mercado salvaje, dominado por la gran distribución, en el que solo hay normas cada vez más restrictivas para los productores europeos, mientras que las grandes empresas y los fondos de inversión campan a su libre albedrío haciendo lo único que saben hacer: ganar dinero a costa de lo que sea, incluida la salud de los ciudadanos.

Nuestro tejido productivo no puede con más agravios, está en la UCI, masacrado por la subida desorbitada de los costes de producción, importaciones sin control, precios en origen por los suelos, falta de rentabilidad y endeudamiento, normativas europeas cada vez más exigentes, costosas y poco eficaces, una dura y larga sequía y una reforma de la Política Agraria Común (PAC), que nos ha vuelto a quitar más de 500 millones de euros a los agricultores andaluces, con el objetivo de promover un cambio de modelo productivo en favor de los mercados financieros, en detrimento, del modelo social y profesional de agricultura, que es el que tenemos mayoritariamente en España y en Europa.

A esta dantesca situación se suma ahora la entrada de los alimentos de Mercosur. Más competencia y más desleal si cabe, por mucho que desde Bruselas y desde el Ministerio de Agricultura español digan misa y vendan humo, afirmando que este acuerdo comercial va a beneficiar a sectores concretos.

¿Dónde están los informes y los estudios de mercado que avalan estos cantos de sirena de Von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, y del ministro Planas? Como hemos denunciado las organizaciones agrarias mayoritarias en España –COAG y Asaja–, la firma se ha llevado a cabo sin que oficialmente se hayan analizado las consecuencias de la liberación de productos agroalimentarios con Mercosur, países de un potencial de producción agrario enorme, con millones de hectáreas de superficie agraria, territorios inmensos de pastos y con climas apropiados para la diversidad productiva. De hecho, en estos países ya se están realizando ensayos, promovidos por el ámbito institucional, para la implantación de olivar, un sector estratégico de nuestra agricultura.

Con este acuerdo se abren las barreras del mercado europeo para que alimentos que producimos aquí con todas las garantías sanitarias y de manera sostenible compitan, directamente, con productos agroalimentarios producidos a bajo coste –¡ojo! que no van a ser más baratos para los consumidores–, que van a llegar en barco desde del otro lado del Atlántico, después de veinte días de navegación y su correspondiente huella de carbono, y sin cumplir las medidas de seguridad alimentaria que son obligatorias en el territorio europeo, ya que allí está permitido cultivar con pesticidas perjudiciales para la salud, prohibidas en Europa. Un hecho que pone de manifiesto la hipócrita política ‘verde’ de la UE.

Asimismo, hay que tener en cuenta que no hay garantías de cumplimiento de las cláusulas que recoge el acuerdo, ni el establecimiento de medidas compensatorias para sectores y/o territorios que puedan resultar especialmente afectados, siendo muy difícil además la aplicación de cláusulas de salvaguardia.

Para COAG es fundamental que se considere también (y no se ha hecho) el impacto que puede tener sobre la cohesión territorial. En este sentido, es importante destacar que la actividad agroalimentaria en Andalucía –más de 260.000 explotaciones y casi 6.000 agroindustrias– es clave para el mantenimiento de un mundo rural vivo.

En definitiva, los burócratas de Bruselas han decidido, con las bendiciones de Luis Planas, el peor ministro de Agricultura de la historia, que no ceja en su empeño de atacar a la agricultura social y profesional mientras otros países europeos -con menor peso agrícola- se oponen al acuerdo,  perder la soberanía alimentaria, sacrificar al sector agrario y mirar hipócritamente para otro lado en cuanto a la seguridad alimentaria, en un criminal truque para poder vender más coches alemanes y tecnologías, amenazados por la emergente competencia de la industria china.

El asunto es muy grave. Van a llevar al matadero a nuestro tejido productivo, muy profesionalizado y de gran impacto social en el medio rural. Un patrimonio de todos los andaluces, labrado por generaciones a costa de sangre, sudor y lágrimas, que desde COAG no vamos a dejar de defender hasta las últimas consecuencias, así como la seguridad y la soberanía alimentaria. No vamos a permitir que la comida nos llegue en barco, con sustancias cancerígenas y la carne con hormonas y antibióticos. #NoMercosur.

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La comunidad agropecuaria se niega a pagar la factura del tratado entre UE y Mercosur

Hace años que el Copa y la Cogeca (Copa–Cogeca) han mostrado su «categórica oposición» al acuerdo comercial «desfasado y problemático» que se acaba de cerrar respecto al tratado comercial bilateral entre la Comisión Europea y Mercosur. Estas dos organizaciones agrarias entienden que «es necesario que la Unión Europea (UE) afiance sus relaciones comerciales en el contexto geopolítico actual, pero no a cualquier coste. El sector agropecuario de la UE es todavía especialmente vulnerable a las concesiones realizadas en el desequilibrado capítulo referente a la agricultura». Los sectores más sensibles como el de la carne de vacuno, la carne de ave de corral, el azúcar y el arroz «se enfrentan a un riesgo considerable de sufrir una saturación del mercado y pérdidas de ingresos debido a la afluencia de productos a bajo coste procedentes de los países del Mercosur». Asimismo, este tratado comercial «agravará la presión económica que ya soportan numerosos agricultores y ganaderos que lidian constantemente con los elevados precios de los insumos y las difíciles condiciones climáticas».

Desde Copa–Cogeca ha reiterado que «la realidad es sobrecogedora», ya que los países del Mercosur «no han de cumplir con las normas de producción que se exigen a la agricultura de la UE, ya sea en lo relativo a los productos fitosanitarios, al bienestar animal o a las prácticas sostenibles». En este sentido, los países del Mercosur «cumplen con normas laborales y de seguridad más laxas, por lo que pueden producir a un menor coste, lo que genera una competencia desleal con respecto a los productores de la UE». La Comisión Europea actúa de forma incoherente, ya que en la legislatura anterior multiplicó las restricciones y normativas aplicables a los productores y ahora «da prioridad a este acuerdo injusto».
 

Fracaso al abordar la sostenibilidad

El protocolo adicional en materia de sostenibilidad, que se les remitió a los países del Mercosur en marzo de 2023, «no estaba a la altura de las expectativas. Además, en su respuesta de septiembre de 2023, el Mercosur dejó patente su falta de ambición y de compromiso para cumplir siquiera convenios internacionales elementales o medidas de sostenibilidad vinculantes. El fracaso a la hora de abordar la sostenibilidad ha avivado la oposición a este acuerdo, no solo por parte de los productores agropecuarios sino también de los sindicatos, las ONG ecologistas y las organizaciones de consumidores».

El presidente del Copa, Massimiliano Giansanti, ha manifestado que «la Comisión transmite un mensaje harto preocupante a los millones de agricultores y ganaderos de toda Europa antes incluso de haber presentado su visión para el futuro de la agricultura. Esta situación es particularmente preocupante porque nos hallamos en una fase sumamente delicada de recuperación del diálogo entre los productores agrarios y las instituciones europeas». 

Por su parte, el presidente de la Cogeca, Lennart Nilson, ha indicado que «los agricultores y las cooperativas agrarias de la UE no se oponen al comercio, sino que abogan por tratados comerciales equitativos, equilibrados y ambientalmente sostenibles. El tratado entre la UE y el Mercosur actual no cumple estos principios y se usa al sector agropecuario como una moneda de cambio en beneficio de otras industrias». Por ello, desde la Cogeca han instado a los Estados miembros de la UE y al Parlamento Europeo «a posicionarse en contra del acuerdo».

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Asemesa reitera su rechazo al acuerdo UE–Mercosur

La Asociación Española de Exportadores e Industriales de Aceitunas de Mesa (Asemesa) reitera su rechazo al acuerdo Unión Europea–Mercosur, al que considera «una nueva amenaza» para un sector, el de la aceituna de mesa española, que «atraviesa en los últimos años una situación muy complicada por la creciente competencia que sufre en sus principales mercados, como es el caso de EE. UU., donde además soporta los aranceles a la aceituna negra».

Para esta entidad, con el acuerdo, la aceituna española que se exporta a los países de Mercosur quedará excluida de los beneficios del Tratado, «por lo que seguirá gravada con aranceles del 12,6%, mientras que las importaciones procedentes de los países sudamericanos se irán liberalizando, ya que los aranceles de entrada en la UE irán desapareciendo desde el 12,8% actual hasta su eliminación en siete años, dando lugar a un grave desequilibrio competitivo».

Asemesa ha indicado que la situación es más grave en el caso de Egipto, uno de los grandes competidores de España, ya que «tiene desde 2017 un acuerdo comercial con Mercosur gracias al cual los aranceles a las aceitunas egipcias desaparecerán totalmente en 2027 mientras se mantendrán los de las aceitunas procedentes de la UE y de España».
 

Doble perjuicio

Por todo ello, el impacto de esta situación es doblemente perjudicial para la aceituna española. Por un lado, se producirá la pérdida del mercado brasileño, que es uno de los grandes mercados consumidores de aceitunas del mundo, con un consumo anual medio de más de 120 millones de kilos; en este país la aceituna española está siendo sustituida por la de Egipto por su bajo precio. Por otro, la posible entrada en España de aceituna proveniente de Argentina, que «se irá beneficiando de la rebaja de aranceles desde la firma del acuerdo».

El secretario de Asemesa, Antonio de Mora, cree que «aún se está a tiempo de evitar este nuevo golpe para el sector» y espera que «la Comisión sea más sensible con la aceituna de mesa de España e impida este nuevo desaguisado, que se sumaría a la pérdida del mercado de aceituna negra de EE. UU. debido a los aranceles impuestos por el gobierno norteamericano».

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Los cítricos, amenazados de muerte si se aprueba el acuerdo con MERCOSUR

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha trasladado en el Observatorio de cítricos de la Unión Europea, celebrado en Bruselas, su preocupación por el posible cierre del acuerdo con Mercosur y el impacto sobre las personas productoras en la Unión Europea (UE).

Según esta organización, «las importaciones de cítricos transformados de Brasil y Argentina se verían muy beneficiadas por un posible acuerdo, por la liberalización arancelaria que facilitaría su acceso al mercado comunitario, en detrimento de los envíos a la industria de nuestra producción». Aunque los «efectos directos podrían notarse menos en el mercado de fresco, los desajustes del ya problemático destino industrial afectarían, en conjunto, a la rentabilidad de nuestras explotaciones citrícolas». Eso sería «la estocada de muerte para un sector que sufre desde hace años la competencia desleal de importaciones de Egipto, Turquía o Sudáfrica».

En el Observatorio europeo, COAG también ha criticado el reparto del valor en la cadena citrícola. Esta entidad entiende que «no se trata de que el consumidor pague más en el lineal, ya que hay margen suficiente en la cadena para repartir a todos aquellos operadores que suman valor y que las personas del sector productor puedan seguir viviendo de su trabajo».

Sin embargo, las empresas de la distribución europeas obtienen grandes beneficios a costa de todo aquel que aporta valor en la cadena, especialmente del citricultor. «Por ejemplo, mientras en los lineales de la gran distribución en Bruselas podemos encontrar limón español a 3,18 €/kg, esos mismos cítricos nos los están pagando a 40–50 cts./kg en el campo», ha señalado Pedro Gomáriz, responsable del sector citrícola de COAG.

También se ha puesto de relieve el mayor control que están acaparando los fondos de inversión y las grandes empresas transnacionales en el sector citrícola europeo y español. Cuatro de los diez principales operadores de cítricos en España están controlados por fondos de inversión. «Se está produciendo una concentración empresarial que prioriza la rentabilidad frente a la comercialización del producto originario de nuestro país», ha indicado Gomáriz. Para añadir al respecto que «nos preocupa que nuestro futuro pueda depender más y más de los beneficios de cuatro grandes empresas, que vienen a marcar el devenir de las explotaciones de los citricultores y las citricultoras. Las autoridades deben adoptar medidas regulatorias que impidan que estos conglomerados empresariales y fondos de inversión destrocen nuestra modelo de citricultura ligado al territorio».
 

Campaña citrícola en Andalucía

En cuanto a la campaña de cítricos 2024/25 en Andalucía, que ya ha comenzado con las variedades más tempranas, esta se presenta mejor que la del pasado año. El aforo prevé un incremento de producción del 20% –un 22 % en el caso de las naranjas–, ya que las últimas lluvias han sido muy convenientes para el cultivo, hay buenos calibres.

Pero no todo son buenas noticias para el sector, ya que hay que tener en cuenta los daños que la DANA ha provocado en zonas citrícolas de Málaga y Almería, donde se ha perdido producción que se encontraba a punto de recolección, a causa de las lluvias torrenciales y las inundaciones. En Málaga, zona productora principalmente de limón, los efectos de la DANA han provocado daños de entre 15.000–20.000 € en explotaciones de 7–8 ha de cítricos. Allí se esperaba una buena cosecha, pero ha ido al suelo con las lluvias, por lo que esta disminuirá.

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