Normativa

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado la Orden del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) que recoge la nueva extensión de norma de la Interprofesional del Vino de España (OIVE). Se trata de un documento consensuado por el conjunto del sector vitivinícola que sienta las líneas de actuación de la organización para las próximas cinco campañas desde el 1 de agosto de este año hasta el 31 de julio de 2029.

Fernando Ezquerro, presidente de OIVE, ha destacado sobre la extensión de norma que «es un fiel reflejo de la unión de toda la cadena de valor del vino, producción, transformación y comercialización, y refuerza el compromiso de todas las partes de seguir trabajando en acciones que beneficien al conjunto del sector vitivinícola español».

El nuevo texto, que fue aprobado por mayoría y sucede al vigente, recoge el diseño de acciones a poner en marcha en beneficio de todo el sector y fija las aportaciones obligatorias de cuota a los operadores, que se mantienen en el mismo importe desde 2019. Como en la pasada norma, ésta también tendrá una duración de cinco años, «lo que demuestra la continuidad de nuestro proyecto en un momento en el que cumplimos diez años», ha apuntado Ezquerro.

Como novedad, aquellos operadores que generen una obligación de cuota igual o inferior a 20 €/campaña quedarán exentos de pago de la misma. Esta acción busca, por un lado, favorecer a los operadores más pequeños por su contribución a la sostenibilidad del sector y al dinamismo de los entornos rurales y, por otro, aplicar los principios de buena gestión económica.
 

Campañas de promoción e información

Las acciones que se fijan en el texto se han apoyado en los ejes marcados en la Estrategia del sector vitivinícola 2022–2027 y se dividen en las siguientes áreas: realización de campañas de promoción e información sobre los productos vitivinícolas y el sector, tanto en el mercado interior como en el exterior. Todo ello, además, continuando la actividad de la responsabilidad social sectorial; la inteligencia económica que trata de continuar con la actividad de mejorar la información sectorial y facilitar el acceso a mercados exteriores para el vino y la cooperación internacional; la vertebración sectorial que comprende la mejora del funcionamiento interno del sector y fomento de la estabilidad en la cadena de valor del vino; la promoción de la I+D+i y formación y retención del talento; y Gestión y Transparencia de la extensión de norma.

Esta tercera extensión de norma para la OIVE supone una consolidación de la organización creada el 30 julio de 2014 (Orden AAA/2502/2014). Así se puso de manifiesto en la jornada de celebración de su décimo aniversario que tuvo lugar el pasado junio en Madrid.  La cita, que reunió a representantes de la cadena de valor del vino de España, contó también con la presencia del ministro de Agricultura, Luis Planas, que reconoció «el gran trabajo realizado en estos diez años por los integrantes de la interprofesional»

Esta nueva hoja de ruta guiará los próximos pasos de la organización cuyo objetivo principal pasa por revalorizar los vinos de España, lograr una mayor competitividad en los mercados internacionales y un reparto equilibrado de dicho valor a lo largo de toda la cadena para asegurar su triple sostenibilidad, económica, social y medioambiental.

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La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía ha acogido la presentación oficial del 17º Symposium de Sanidad Vegetal, que tendrá lugar en Sevilla, del 13 al 15 de marzo, posicionándose como «el principal encuentro para abordar los retos en materia de sanidad vegetal a los que se enfrenta la agricultura europea».

Organizado por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos y Graduados en Ingeniería Agrícola de Andalucía Occidental (COITAND), el evento, que cumple 40 años, llega en un momento crucial para el sector de la sanidad vegetal. La actual coyuntura geopolítica y agroalimentaria, ha elevado a los debates globales la necesidad de abordar la producción agrícola desde nuevas perspectivas y no de forma aislada como una actividad económica y sin implicaciones sociales. Y en esos debates, «la sanidad vegetal y la necesaria regulación de esta actividad ha ganado el máximo protagonismo», ha señalado Carlos León Garrido, presidente del COITAND.

Con el Reglamento de Uso Sostenible de Productos Fitosanitarios propuesto para su retirada por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, se abre un nuevo escenario para sentar las bases de una nueva política agraria europea. «El rechazo del Parlamento Europeo y la posterior retirada en la Comisión del texto completo del reglamento SUR, después de las protestas de los agricultores europeos, nos deja en un punto de partida que hace que el Symposium sea el primer encuentro de carácter internacional en la Unión Europea tras esta decisión», ha manifestado Jesús Rossi Escalona, miembro de los Comités Técnico y Organizador, quien ha recordado que su objetivo es «ser un punto de reflexión, de debate, y por qué no de toma de decisiones, para lo cual hemos trabajado con ilusión en ofrecer un programa del interés de todos los asistentes».

Por su parte, Juan de Benito Dorrego, Ingeniero Técnico Agrícola y miembro de la Comisión Permanente ha realizado un breve repaso de las cuatro décadas del evento, señalando que «es fruto de la idea de unos colegiados que hace 40 años se reunieron con la ilusión de avanzar en sanidad vegetal, y es que antes se hablaba de lucha, luego de control y ahora de prevención. Todo ello muestra el avance de nuestro sector, y sobre todo el interés de investigadores, científicos y empresas, por presentar en primicia en este evento, todas sus novedades».

 

Conferencia inaugural

El 17º Symposium de Sanidad Vegetal presenta un programa que arrancará con la conferencia iInaugural de Tomás García Azcárate, doctor ingeniero agrónomo y economista agrario especializado en la PAC, cuya ponencia versará sobre el concepto de ‘One health’ (Una Sola Salud) y como la salud humana y la animal y vegetal deben ser interdependientes, remarcando la necesidad de términos como las «medicinas de las plantas» para referirse a los productos fitosanitarios. También reflexionará sobre el diálogo estructurado que se abre en Europa para definir el futuro de la agricultura. 

Junto a estos aspectos, el Symposium abarcará cuestiones vinculadas a los nuevos marcos regulatorios y técnicas genómicas vegetales, además de las principales amenazas fitosanitarias y las soluciones actuales en cultivos como el olivar, fresas, almendro y aguacate, con especial protagonismo a la digitalización y la Inteligencia Artificial como instrumentos para avanzar en estos campos, el Cuaderno Digital de Explotación Agrícola y la figura del Ingeniero Asesor. 

Este programa de ponencias se completa con presentaciones comerciales por parte de las empresas patrocinadores: Ascenza, BASF, Bayer, Biogard, Corteva, FMC, Sumitomo Chemcal (con su filial Kenogard), Trichodex, Forgasa y UPL.

Hasta la fecha, más de 500 personas están ya registradas, y desde la organización confían en alcanzar las cifras de ediciones anteriores. Los interesados pueden reservar su plaza rellenando el formulario que encontrarán en https://www.fitosymposium.com/INSCRIPCION/

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Las Plataformas en Defensa del Territorio y las Organizaciones Profesionales Agrarias (OPA) han valorado de forma positiva la reciente aprobación en el Parlamento, por el trámite de urgencia, de la Ley de Medidas Temporales y Urgentes para la Protección del Paisaje de La Rioja, pero «consideran que no podrá cumplir con su objetivo en buena parte del territorio». Con ello quieren decir que su finalidad (la protección del paisaje y los suelos agrarios) «ya está comprometida por la inminente construcción sobre terrenos de concentración parcelaria y regadíos modernizados de los parques eólicos y fotovoltaicos que ya cuentan con las Declaraciones de Utilidad Pública y autorizaciones pertinentes concedidas en los últimos años».

Asimismo, han recordado que esta medida ha sido demandada reiteradamente desde hace tres años por las Plataformas en defensa del territorio y del paisaje, sindicatos agrarios y el Consejo Regulador de la D.O.Ca. Rioja. Con ella pretendían «impedir los graves perjuicios que sobre el territorio riojano iba a provocar el despliegue masivo de megaparques eólicos y fotovoltaicos».

Respecto a las instalaciones autorizadas, siguen reivindicando dos actuaciones: la revisión de oficio de las autorizaciones y también de las Declaraciones de Utilidad Pública de los proyectos.

Como señala la Exposición de Motivos de la Ley recién aprobada, la administración autonómica «ha declarado la Utilidad Pública de todos los proyectos renovables por el único hecho de contar con autorización administrativa, sin tener en cuenta otras variables (como estar en terrenos de concentración parcelaria y regadío, también declarados de Utilidad Pública)». A juicio de las plataformas y las OPA esto significa que se han concedido Declaraciones de Utilidad Pública «sobre suelos no urbanizables especiales de protección agropecuaria», protegidos por la Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja (LOTUR), «en los que está prohibido el uso industrial de generación eléctrica».

Para OPA y Plataformas, «es necesario que el Gobierno de La Rioja proceda de forma inmediata a revisar todas las autorizaciones de los proyectos señalados a modo de ejemplo, ya que, de construirse, las consecuencias serán irreversibles para La Rioja: Miles de hectáreas van a ser destrozadas, y con ello el suelo agrario y su paisaje, sin que la futura Ley del Paisaje pueda evitarlo». Además, han solicitado a los ayuntamientos afectados «información sobre la concesión de las Licencias de Obra de Construcción de los parques para comprobar la legalidad de las mismas, ya que, una vez finalizada la vigencia de la moratoria de las Disposiciones Adicionales 10 y 12 de la Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja, el uso industrial de generación eléctrica está prohibido en el suelo ‘no urbanizable especial de protección agropecuaria’ suelo que, entre otros, es el de concentración parcelaria y regadío». «De haberse concedido licencias de obra después del 25 de noviembre de 2022 –señalan– tanto los técnicos municipales como los alcaldes podrían presuntamente haber cometido delito de prevaricación y/o contra la ordenación del territorio».

Para estas organizaciones y plataformas, los proyectos ya aprobados tendrán tanto impacto o más que la línea de Forestalia, dada la extensión de enormes campos fotovoltaicos, aerogeneradores de más de 200 metros próximos a núcleos habitados, así como nuevas líneas de alta tensión. Sin olvidar que «estas infraestructuras están diseñadas para permitir nuevas conexiones con futuros macroparques». Cuestiones todas ellas que, a su juicio, «no son compatibles con los principios de mejora y excelencia del territorio riojano que el actual Gobierno regional dice pretender».

 

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Finalmente, y ante las presiones recibidas, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyden, ha anunciado que retirará su propuesta de Reglamento sobre el uso sostenible de productos fitosanitarios (‘SUR’) que pretendía reducir un 50% el uso de pesticidas para hacer frente a las plagas y enfermedades y el riesgo de los plaguicidas químicos, así como el uso de los plaguicidas más peligrosos para el 2030. Cabe señalar que su tramitación ya había fracasado tanto en el Consejo como en el Parlamento Europeo, donde su pleno ya había rechazado el pasado 22 de noviembre el informe de la propuesta de la Comisión de dicho reglamento.

Van der Leyden ha indicado que retomará las consultas con el sector antes de presentar una nueva propuesta «mucho más madurada con la participación de las partes interesadas».

El presidente de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA–ASAJA), Cristóbal Aguado, ha señalado ante este anuncio que «la presidenta de la Comisión Europea empieza a cumplir las promesas que lanzó el pasado jueves a ASAJA. Para nosotros este reglamento era una barbaridad ideológica sin base científica, un eslogan político dirigido al ecologismo radical, que situaba un porcentaje arbitrario de reducción de fitosanitarios. ¿Por qué un 50% y no un 80%, un 30% o un 0%? Los agricultores somos los primeros que queremos usar menos productos fitosanitarios, porque nos cuestan dinero y esfuerzo, pero si nos quitan una materia activa la Administración nos debe facilitar alternativas eficaces contrastadas». Y ha añadido que «continuar así lo único que provocaría sería disminuir la producción europea y seguir aumentando el precio de los alimentos a los consumidores».

Esta organización agraria ha reiterado la necesidad de establecer reciprocidad en los acuerdos comerciales con países terceros, para que «todas las exigencias que la UE decida aprobar a los productores europeos (como prohibir determinadas materias activas fitosanitarias) sean de obligada aplicación para las producciones foráneas con destino al mercado comunitario».

Por su parte, FEPEX ha valorado el anuncio realizado por la presidenta de la Comisión Europea, efectuado «en un contexto de fuertes protestas de los agricultores de la semana pasada en Francia y distintos Estados miembros, que han comenzado también en España». En este sentido, «supone el rechazo formal de un proyecto de Reglamento que la propia Comisión Europea había presentado en junio de 2022, en el marco de la Estrategia de la Granja a la Mesa, y que ya estaba prácticamente rechazado en su tramitación».

Tras la retirada de este proyecto de Reglamento, desde FEPEX se espera que la Comisión Europea «presente un nuevo texto normativo, en el que se tenga en cuenta las condiciones de producción en la UE, sometida a una mayor presión legislativa que la existente en países terceros, que después exportan sus productos al mercado comunitario».
www.avaasaja.org; www.fepex.es

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El Comité de Medio Ambiente del Parlamento Europeo ha votado a favor de la propuesta de la Comisión Europea que define un nuevo marco regulatorio para la autorización de plantas derivadas de Nuevas Técnicas Genómicas (NGT), como la mutagénesis dirigida y la cisgénesis, diferenciándolas de los OGM transgénicos clásicos. Bajo el nuevo régimen, las plantas de NGT de tipo convencional se regularían de forma muy similar a las plantas derivadas de los métodos actuales de obtención de variedades. La propuesta describe además un procedimiento de verificación para establecer el estatus regulatorio individual de las nuevas variedades.

La Asociación Nacional de Obtentores Vegetales (Anove) ha señalado que esta decisión supone «un paso adelante en el camino que debe recorrer la agricultura europea para impulsar la sostenibilidad a través de la innovación». En España, esta iniciativa legislativa «tiene el potencial para permitir mantener su liderazgo en I+D+i en obtención de nuevas variedades garantizando la seguridad de las semillas de alta calidad y apoyando la transición hacia un sistema alimentario resiliente y verdaderamente sostenible».

Tras los votos positivos de la Comisión de Agricultura primero, y ahora de la Comisión de Medio Ambiente, la propuesta se aprobará en votación plenaria en febrero. Han sido numerosas las asociaciones, instituciones públicas y de investigación, ONG y organizaciones de agricultores que han expresado su apoyo a la propuesta de NGT. Más de treinta premios Nobel, incluidos los pioneros de CRISPR, Emanuelle Charpentier y Jennifer Doudna, y miles de científicos firmaron una carta abierta instando al Comité de Medio Ambiente a respaldar las NGT.

Anove ha agradecido «a todos los eurodiputados españoles miembros de la Comisión de Agricultura y de la Comisión de Medio Ambiente que han contribuido a alcanzar este resultado, y confiamos en que las amplias mayorías en ambas comisiones serán confirmadas por todo el Parlamento Europeo en febrero».

Según ha apuntado esta asociación de obtentores vegetales, este resultado «debería facilitar el acuerdo en el seno del Consejo de ministros de Agricultura y poder avanzar rápidamente en los diálogos tripartitos para alcanzar un acuerdo final». Tras esta reunión del 23 de enero, el ministro Luis Planas afirmó que de los dosieres pendientes en el que es más necesario avanzar es en el de las nuevas técnicas genómicas, que fue uno de los asuntos impulsados por la Presidencia española en el anterior semestre, «porque cada mes que tenemos de retraso regulatorio es una pérdida de competitividad para la producción agroalimentaria europea».

Además, ha recalcado que la aplicación de nuevas técnicas genómicas es una cuestión clave para la adaptación de la producción agraria al cambio climático, y es que, esta legislación «podría suponer un verdadero cambio para Europa, sus agricultores y consumidores».
www.anove.es

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El presidente del consejo sectorial de frutas y hortalizas de Cooperativas Agro–alimentarias de España, Juan Antonio González, ha mantenido un encuentro con el director de Mercados Agrarios de la DG AGRI de la Comisión Europea, en la que también participaron sus homólogos de FELCOOP de Francia, Confcooperative de Italia y las Cooperativas Agroalimentarias de Bélgica.

Durante la reunión, González ha trasladado su preocupación «por la prohibición del uso de envases en la comercialización de las frutas y hortalizas». Para apuntar que «esta medida supone una vuelta a la venta a granel de las frutas y hortalizas, cuya comercialización depende en gran parte de su capacidad de diferenciación y de aportar valor añadido». Asimismo, ha destacado el compromiso del sector hortofrutícola con la sostenibilidad de los envases, «como demuestra la innovación realizada por las cooperativas en la utilización de formatos y materiales ecológicos».

Para los representantes del sector resulta «inaudito y discriminatorio» que la Comisión «la haya tomado principalmente con este producto y no con otros bienes de consumo u otros procesos que hacen un uso mucho más superfluo de los envases». Los representantes de los cuatro países han pedido que la Comisión «reconsidere el Reglamento que ha presentado y que se fijen unos objetivos y calendarios realistas que tengan en cuenta la viabilidad económica de los productores hortofrutícolas europeos». Al tiempo, solicitaron a la Comisión que paralice las iniciativas de ciertos estados miembros (España y Francia) que se han lanzado a regular este aspecto por su cuenta, con el riesgo de obstaculización de las transacciones comerciales dentro del mercado único de la UE y fragmentándolo y provocando ineficiencias.
 

Impacto negativo

Respecto a la propuesta de nueva normativa sobre Uso Sostenible de Fitosanitarios, las cooperativas trasladaron el impacto negativo de reducir el uso en un 50% para la producción en la Unión Europea (UE) exponiendo que el estudio de impacto que la Comisión realizó fue antes de la guerra en Ucrania «sin tener en cuenta el contexto actual de inflación y disrupción de los mercados». Además, comentaron «los avances logrados en esta materia con la implantación de la lucha biológica o la producción integrada y la reducción en el uso de fitosanitarios estos últimos años». Y solicitaron que antes de imponer nuevas metas, «las instituciones deberían tener en cuenta otros factores, como la lentitud en la autorización por la administración de métodos de lucha alternativos a los convencionales, la creciente exposición de las plantaciones europeas a nuevas enfermedades y plagas, los efectos del cambio climático sobre las mismas, la necesidad de dotar al sector con instrumentos financieros de compensación de pérdidas grave de cosecha debidas a una enfermedad incontrolable».

Las tres organizaciones aprovecharon para recordar a la Comisión el agravio que supone que la UE solo imponga condiciones de producción sostenible a los productores europeos, pero se muestre muy permisiva con las producciones de terceros países lo cual perjudica gravemente a las explotaciones familiares europeas que asumen costes crecientes y pierden competitividad en el mercado comunitario frente a las producciones foráneas.

También los representantes de las cooperativas de los tres países trasladaron a la Comisión su apoyo a las normas de comercialización de la UE de frutas y hortalizas, dosier sobre el que la Comisión realizará una propuesta de reforma en marzo, su papel armonizador en el mercado interior y su posición a favor de reforzar el etiquetado de origen obligatorio como en los frutos secos y la eliminación de la obligación de etiquetar los tratamientos postcosecha en cítricos, algo que la normativa de la UE sólo obliga a estos productos.

Finalmente, expusieron la situación del sector y el mercado, en el contexto inflacionista y la presión a la baja del consumo, el incremento de costes a los que se enfrentan las cooperativas y sus socios, los diversos problemas (climáticos, fitosanitarios) que han sufrido las plantaciones últimamente y que han recortado las cosechas, así como la presión creciente de las importaciones de frutas y hortalizas desde terceros países. Pese a los incrementos relativos en los precios de mercado para la mayoría de las FH, la rentabilidad de las explotaciones está muy debilitada en muchas producciones, cuestión que no se refleja en la observación de los registros de las cotizaciones de las frutas y hortalizas. www.agro-alimentarias.coop

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Medio año después de la aprobación de la nueva legislación europea en materia de fertilizantes, el Reglamento EU 2019/1009, la Asociación Española de Fabricantes de Agronutrientes (AEFA) ha hecho una valoración de su aplicación. Al respecto, esta entidad ha señalado que «como todo cambio legislativo, necesita un periodo de adaptación en el que la industria comience a adaptarse a él y la complejidad de esta normativa hace que la mayor parte de las empresas estén aún inmersas en este proceso». Además, «por los comentarios recogidos de parte de nuestros asociados, podemos afirmar que la mayor parte de las empresas están volcadas en el proceso de cambio a la nueva normativa para los productos fertilizantes UE que precisan pasar por el módulo A de evaluación de la conformidad».

Asimismo, esta asociación ha comentado qué para los productos más complejos, y que deben pasar por los módulos de evaluación de la conformidad B+C o D1, que implican a un organismo externo, «la adaptación está siendo más lenta».

AEFA ha señalado que «aún son pocas las empresas que se están arriesgando a ser los primeros en obtener el marcado CE, ya que aún se plantean dudas en los procedimientos y no se han publicado las normas armonizadas para los métodos analíticos ni para demostrar la eficiencia de algunas categorías de productos como los bioestimulantes de las plantas».

El no disponer de Organismos Notificados nacionales, que deben intervenir en las evaluaciones de los módulos B+C ni D1 «tampoco facilita las cosas, y hace que las empresas sigan siendo cautelosas». Para estas tipologías de productos, abonos orgánicos, fertilizantes especiales, bioestimulantes y demás, «las empresas aún continúan comercializando sus productos a través de las legislaciones nacionales o mediante reconocimientos mutuos y pocos productos han obtenido su marcado CE».

Por otra parte, la entidad ha recordado que el Reglamento 2019/1009 permite, en sus disposiciones transitorias, que los operadores sigan poniendo en el mercado fertilizantes CE (de acuerdo al Reglamento 2003/2003) siempre que hayan sido fabricados y se ajusten al Reglamento 2003/2003 antes del 16 de julio, «y cumpliendo que para esa fecha ya hayan sido puestos en el mercado, es decir, que han sido suministrados, almacenados para su suministro o importados». Para añadir que «estos productos podrán permanecer en el mercado hasta su fecha de caducidad, por lo que aún circulan en el mercado productos de acuerdo a la derogada legislación anterior».

Por todo ello, AEFA ha afirmado que 2023 «va a ser un año clave en la implantación real en el mercado de esta nueva legislación para todas las categorías funcionales de productos, especialmente para los bioestimulantes».

En este asentido, está previsto que para principios de este año haya un Organismo Notificado español, incluso alguno más a lo largo de 2023, «factor clave para que las empresas nacionales comiencen a preparar sus solicitudes y trabajar en los ensayos que demuestren los ‘claims’ que se declaran para los productos». Al mismo tiempo, «la CE avanza en el desarrollo y mejora de la legislación, que aún precisa adaptarse al ritmo de los avances de la industria, actualizando aquellos aspectos que aún distan mucho de las necesidades del sector (microorganismos de la CMC7, listado de puntos finales de la CMC 10, subproductos de la CMC11, desarrollo de las normas armonizadas, resolución de dudas, etc.)».

Como conclusión, la asociación ha apuntado que «la puesta en marcha de una nueva legislación es un proceso lento y complicado, pero con la colaboración de todos los actores implicados en la industria de los fertilizantes se alcanzarán en un futuro cercano los objetivos de este Reglamento UE 2019/1009 y los productos fertilizantes UE podrán circular por Europa de una manera segura para la salud y el medio ambiente, con unas mismas reglas del juego para todos los fabricantes, competitiva y aportando unos elevados estándares de calidad para el agricultor y el consumidor final». https://aefa-agronutrientes.org/

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Ante los retos de futuro y los cambios que se avecinan, la Cátedra Fertiberia de Estudios Agroambientales analizará en su duodécima jornada algunas de las preocupaciones o de los factores que condicionaran la actividad del sector de fertilizantes y la agricultura con el Horizonte 2030. La jornada, con el título ‘Fertilizantes, Visión 2030’ se celebrará el lunes 8 de abril en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas de la Universidad Politécnica de Madrid.

Fertiberia ha señalado en la presentación de la misma que «en los próximos años serán fundamentales los cambios normativos en las regulaciones española y comunitaria sobre fertilizantes, incorporando con mayor intensidad que nunca, innovaciones tanto en los productos como en las materias primas empleadas para su fabricación». Asimismo, se analizarán en este foro de debate «conceptos como la valoración de la agricultura productiva y de los suelos agrícolas como sumidero de carbono y como grandes contribuyentes a minimizar el cambio climático y sus efectos».

Temas como la importancia del agua y del regadío en la agricultura y la eficiencia de este en el aprovechamiento de los recursos, la reutilización de nutrientes, la incorporación de microorganismos a la fertilización de los cultivos y el uso de avanzadas técnicas para el desarrollo de fertilizantes también serán abordados en esta jornada de Cátedra Fertiberia de Estudios Agroambientales.

La jornada, que contará con destacados ponentes, está coordinada por Pilar García–Serrano, directora de Estudios e Investigación de Mercado de Fertiberia, SA

Consulta el programa completo aquí.

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Ante una violación del derecho de obtención vegetal durante el periodo de ensayo de la variedad para su registro, el titular tiene derecho a solicitar la acumulación de dos indemnizaciones monetarias por la misma infracción.

Además de la cesación de la actividad, la destrucción del material, la publicación de la sentencia, la adopción de medidas idóneas para evitar que se prosiga la infracción, una indemnización por daños y perjuicios y otras medidas que la legislación contempla contra cualquier violación del derecho de obtentor.

 

Como bien se sabe, el mercado actual ejerce una fuerte demanda de novedades y el sector hortofrutícola no es ajeno a ello. Esto es debido a que el nivel de competencia es muy elevado y existe un factor limitante que son los costos de producción, los cuales presentan grandes desigualdades entre los países más y menos desarrollados.

Esta fuerte presión en la búsqueda de novedades que mejoren la competitividad ha impulsado la investigación e innovación en el campo de las variedades. Pero todo este esfuerzo no tiene sentido sin un sistema de protección de los derechos de propiedad industrial. Es por ello que la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV), creada en 1961, en su acta de 1991 define al obtentor de una variedad vegetal y establece el derecho a la concesión de un derecho de obtentor. Este derecho se sustenta en que una variedad para poderse proteger necesita ser nueva, homogénea, estable y distinta en relación al resto de variedades ya existentes de su especie.

La obtención de una nueva variedad, en la mayoría de los casos supone un importante esfuerzo e inversión por lo que las personas o empresas que se dedican a ello merecen ser propietarios de dicha obtención, del mismo modo que lo es el que escribe un libro o patenta un invento. Es importante tener en cuenta que esta protección, a su vez, sirve para incentivar y fomentar la investigación y desarrollo de nuevas variedades con características mejoradas respecto a las ya existentes.

Es por ello, por lo que se necesita la existencia de una legislación que garantice estos derechos de propiedad intelectual e industrial. Sin embargo, las particularidades de las obtenciones vegetales como son la posibilidad protección de un descubrimiento, la existencia de varias legislaciones simultáneas como son la europea y la española, y que la jurisprudencia en este ámbito es muy reciente, provocan que existan discrepancias en general dentro de los juristas sobre el alcance de la indemnización que debe recibir el obtentor cuando se vulneran sus derechos y, dentro de ello, es particularmente controvertida la cuestión del significado de "indemnización razonable".

 

Periodo de protección provisional
En el caso del género Citrus, el proceso de registro de una variedad necesita de la realización de un examen técnico que tiene una duración mínima de cuatro años. Este tiempo transcurrido desde la solicitud de registro de una variedad hasta el momento en el que se concede el título de obtención se entiende como un periodo de protección provisional, puesto que a partir de la concesión del título de obtención vegetal el titular ya dispondría de plenos derechos y por tanto de capacidad de actuación ante cualquier infracción del mismo.

Como se desprende de la mayor parte de sentencias de las Audiencias Provinciales, tras la vulneración de los derechos del obtentor en el periodo de protección provisional se pueden producir las siguientes consecuencias: el pago de una indemnización razonable (por el periodo de protección provisional), y si el árbol sigue en producción una vez se ha concedido el título, además se añade el pago de otra indemnización, la eliminación del material vegetal por arranque o reinjerto e incluso la publicación de la sentencia a costa del infractor. Estas últimas sanciones derivan no del periodo de protección provisional, sino del hecho de que el árbol permanezca en producción sin licencia del titular de la variedad una vez se le ha concedido el y título.

 

Cálculo de la indemnización
En cuanto a la valoración del importe a indemnizar puede depender de muchos factores, como la edad del arbolado, el tiempo de persistencia en la infracción, el beneficio que se habría obtenido en las cosechas por el productor, etc., pero la tendencia en los casos que se han ido produciendo en diferentes variedades es solicitar, para infracciones cometidas durante el periodo provisional, como mínimo el 50% del royalty durante ese periodo más, en caso de que persista la infracción una vez se haya concedido la protección de la variedad, el importe total del royalty.

Por lo que las acciones tipo contra cualquier violación del derecho de obtentor se podrían resumir en la cesación de la actividad, la destrucción del material, una indemnización acumulada por la infracción y su persistencia una vez concedido el título, la publicación de la sentencia y la adopción de cualesquiera otras medidas idóneas para evitar que se prosiga la infracción. A lo que se podría añadir, para plantaciones que han tenido varias cosechas, una indemnización por daños y perjuicios.

Todo lo anterior obviamente, sin dejar de lado que los infractores de los derechos sobre las variedades vegetales protegidas podrían también incurrir en una responsabilidad penal, siempre por infracciones cometidas una vez se ha concedido el título al obtentor y no en el periodo de protección provisional, en los casos de producir o reproducir, acondicionar con vistas a la producción o reproducción, ofrecer en venta, vender o comercializar o poseer para cualquiera de los fines ya mencionados, material vegetal de reproducción o multiplicación de la variedad vegetal protegida; o en una actuación de competencia desleal, ya que se estarían beneficiando de una ventaja competitiva que ha sido obtenida mediante la infracción de la ley.

Guillermo Soler, gerente de Orri Running Committee (ORC), Asociación de Productores de Mandarino Orri.

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Afrucat solicita a la Comisión que vele los precios de la fruta por si hay que incrementar los volúmenes de retirada

 

Jesús Zorrilla, director general de agricultura y desarrollo de la Comisión Europea, aseguró ayer 7 de junio, en el Grupo de Trabajo de Melocotón y Nectarina de la Comisión que tuvo lugar en Bruselas, que esta semana se aprobará el Reglamento de Medidas Excepcionales que tiene como objetivo minimizar las perturbaciones del mercado provocadas por el veto ruso.

La DG Agri también ha asegurado que este reglamento estará operativo antes del día 1 de julio a fin de incrementar su eficacia como medida preventiva antes de la plena entrada en el mercado de la producción española de melocotones y nectarinas.

Este nuevo reglamento, que sustituirá al Reglamento delegado (UE) 2015/1369 de la Comisión de 7 de agosto de 2015, mantendrá la autorización de transformar la fruta retirada en zumo para la beneficencia permitiendo el pago en especias del coste de la transformación.

Las retiradas a distribución gratuita se financian al 100% con unos importes de: Melocotón y nectarina: 26,9 c €/kg

La modificación más destacada del nuevo reglamento respecto a la anterior es la bajada en el volumen que se permite retirar. Mientras que en el pasado reglamento el volumen que se podía retirar era de 38.400 toneladas, la cantidad aprobada en el nuevo reglamento será de 11.500 toneladas. Este hecho se debe a la negativa de la Dirección presupuestaria a incrementar el importe de las ayudas. Manel Simon, director general de Afrucat, pidió que la Comisión esté pendiente de cómo evoluciona el mercado y los precios para, si es necesario, incrementar los volúmenes de retirada permitidos.

 

Seguimiento del protocolo de exportación con China
Por otra parte, y como ya estaba previsto, para dentro de 15 días se prevé la visita a las empresas españolas exportadoras de un grupo de inspectores chinos para certificar que se están cumpliendo las condiciones estipuladas en los protocolos de exportación.
www.afrucat.com

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