PAC

El Consejo de Ministros ha aprobado, a propuesta del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), un real decreto que modifica la normativa nacional vigente sobre el potencial de producción vitícola, al objeto de adaptarla a las novedades introducidas en el sistema de autorizaciones de viñedo por la nueva Política Agraria Común (PAC). Con este nuevo texto «finaliza la modificación del sistema de autorizaciones de viñedo derivada de la reforma de la PAC, que extiende hasta el 2045 el sistema de control del potencial productivo».

Esta adaptación «permitirá mantener el crecimiento ordenado del potencial vitícola de España, ya que introduce mejoras en el procedimiento de reparto de autorizaciones de nuevas plantaciones, entre otras cuestiones, mediante el ajuste del criterio de prioridad relativo a las pequeñas y medianas explotaciones». A partir de ahora, «se tendrá en cuenta solo la superficie de viñedo de la explotación, en lugar de la superficie agraria total de la explotación». Además, se modifican las puntuaciones de dicho criterio «para priorizar a las solicitudes de medianas explotaciones vitícolas, con el objeto de favorecer a los proyectos con mayor viabilidad y perdurabilidad en el tiempo, que garanticen una mejor salida de su producción en el mercado».

La nueva legislación añade como excepción de la aplicación del sistema de autorizaciones de viñedo el establecimiento de colecciones de variedades de vid para la conservación de recursos genéticos. La comercialización de la producción de estas colecciones queda prohibida.

A partir de ahora, «se permitirá la transferencia de autorizaciones en el caso de la disolución de una explotación de titularidad compartida. Y también queda prohibida la comercialización de la producción de una plantación de viñedo sin autorización hasta el momento de su arranque».

Además, fruto del proceso de actualización y mejora normativa «se han introducido nuevas disposiciones y se actualiza la lista de variedades de uva de vinificación autorizadas».

Este real decreto ha entrado en vigor al día siguiente de su publicación, pero «las modificaciones en el criterio de prioridad de pequeña y mediana explotación vitícola, se aplicarán de forma retroactiva a las solicitudes de autorizaciones de nuevas plantaciones que se presenten entre el 15 de enero y el 28 de febrero de 2023»

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El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), a través del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), coordinó el pago, por parte de las comunidades autónomas, de 4.037 millones de euros de las ayudas directas de la Política Agraria Común (PAC) de la campaña 2022 (a fecha 31 de diciembre), que se inició el 16 de octubre.

Andalucía ha sido la comunidad con un mayor importe llegando a los 1.225 millones de euros, seguida de Castilla y León con 793 millones y Castilla–La Mancha con 498 millones de euros.

A partir del 1 de diciembre se autorizó el abono del 95% del régimen de pago básico, del pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente (pago verde) y para jóvenes agricultores. Asimismo, y una vez que se lleve a cabo la asignación de derechos procedentes de la Reserva Nacional de Pago Básico, en el primer trimestre de 2023, se podrá autorizar el abono del 5% restante, cuyo plazo concluye el 30 de junio de este año.

También desde el 1 de diciembre se pudo transferir la totalidad del pago del régimen simplificado para pequeños agricultores; y el 90% del pago de los regímenes de ayudas asociadas a la producción de proteicos, y frutos de cáscara y algarrobas, entre otros.

El 10% restante correspondiente a estos regímenes de ayudas asociadas a la producción podrá abonarse a partir del momento en el que se establezca el importe unitario definitivo, en los primeros meses de 2023, y antes del 30 de junio. 

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Los últimos cambios en la Política Agraria Común (PAC) de la Unión Europea tendrán un impacto desproporcionado en la biodiversidad y apoyarán una mayor intensificación de la producción ganadera. Así lo afirma un equipo europeo de ecólogos y expertos en biodiversidad en una reciente comunicación publicada en la revista Communications Earth and Environment.

«La exigencia ambiental de la PAC se ha relajado, permitiendo el cultivo de tierra en barbecho para producir alimento animal y cubrir el déficit en las exportaciones de Ucrania y Rusia», aseguran los representantes del equipo. «La conversión de estos hábitats seminaturales tendrá un impacto muy negativo en la biodiversidad agrícola y la seguridad alimentaria».

La nueva PAC 2023-2027 pretende revertir la actual degradación medioambiental y el declive de la biodiversidad en los paisajes agrícolas europeos fijando tres objetivos: contribuir a la mitigación del cambio climático; apoyar la gestión eficiente de los recursos naturales y revertir la pérdida de biodiversidad.

Tras el estallido de la guerra en Ucrania, la Comisión Europea ha aprobado una serie de cambios a corto y medio plazo que relajan los compromisos medioambientales de la PAC para compensar la previsible escasez de importaciones de grano y mejorar la seguridad alimentaria. Concretamente, lo que se propone es permitir el cultivo de las tierras en barbecho que hasta ahora eran parte de las "Ecological Focus Areas” contempladas en el pago verde de la PAC.

Los argumentos que denuncian el impacto negativo de esta medida se basan en una revisión de las estadísticas agrarias europeas, así como en los principales resultados de investigación de la relación entre gestión agrícola y biodiversidad. Según palabras Mario Díaz, coautor del trabajo e investigador del Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-CSIC): «Llevamos décadas estudiando las relaciones entre los usos agropecuarios y la biodiversidad y los servicios ecosistémicos asociados. Nuestros estudios demuestran que la agricultura extensiva genera beneficios ambientales frente a la intensificación agraria o el abandono que generan efectos negativos».

«Europa debería dirigirse hacia una agricultura más sostenible con el medio ambiente porque, según los estudios realizados hasta la fecha, a largo plazo la ganadería y agricultura intensivas agota la productividad de los terrenos», comenta Manuel Morales, autor principal de la comunicación, firmada por miembros de distintos centros de investigación europeos, incluyendo la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), el Centro de Ciencia y Tecnología Forestal de Catalunya (CTFC), las Universidades de Barcelona y Valladolid y varios centros del CSIC (MNCN, EBD, IREC).

«En última instancia, estos cambios de política pueden comprometer la biodiversidad y la sostenibilidad agrícola a largo plazo en Europa, en favor de modestos aumentos de la producción agrícola actual e inciertas mejoras en la seguridad alimentaria», concluye Gerard Bota, del CTFC.

www.uam.es

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El Consejo de ministros ha aprobado, a propuesta del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, un Real decreto que establece las bases reguladoras para la Intervención Sectorial Vitivinícola (ISV) en el marco de aplicación de la nueva Política Agraria Común (PAC). El programa sectorial para el sector vitivinícola cuenta con un presupuesto de 202,1 millones de euros anuales entre 2024 y 2027.

Con esta aprobación, el Gobierno establece la normativa básica nacional para las ayudas al sector vitivinícola, en la que se adaptan los tipos de intervención a las exigencias medioambientales y de adaptación al cambio climático que marca la nueva PAC que establecen un porcentaje de gasto obligatorio para acciones medioambientales de, al menos, el 5% de su presupuesto.

El objetivo es atender las necesidades detectadas en el sector del vino en España, aumentar su competitividad, y adaptarlo a los nuevos objetivos de la PAC en cuanto a lucha contra el cambio climático, mejora del medio ambiente y sostenibilidad.

Los tipos de intervención elegidos por España para cumplir con los objetivos específicos para el sector del vino son: reestructuración y reconversión de viñedos; inversiones materiales e inmateriales en instalaciones de transformación y en infraestructuras vitivinícolas, así como en estructuras e instrumentos de comercialización; cosecha en verde; destilación de subproductos de la vinificación y actividades de promoción y comunicación en terceros países

La intervención sectorial «prevé la posibilidad de recurrir, cuando sea preciso, a la cosecha en verde como herramienta de actuación en casos excepcionales ante posibles situaciones de desequilibrio entre la oferta y la demanda».

Los primeros dos años de aplicación de la ISV se harán en paralelo con las operaciones y programas que están en ejecución y que fueron aprobados en el marco del Programa Nacional de Apoyo al Sector Vitivinícola (PASVE) 2019–23 antes del 31 de diciembre de 2022 y que podrán ejecutarse y pagarse como máximo hasta el 15 octubre de 2025.

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«La nueva Política Agraria Común (PAC) supone una gran oportunidad de apoyo para que el sector de frutas y hortalizas avance en la sostenibilidad del modelo productivo europeo», ha asegurado el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, en la inauguración de Fruit Attraction 2022, que, organizada por IFEMA MADRID y FEPEX se celebra hasta mañana 6 de octubre. Ha recalcado que la nueva PAC mantiene el reconocimiento a la especificidad de sectores típicamente mediterráneos, como las frutas y hortalizas. Así, ha enfatizado que se mantiene la actual línea de ayudas específica para este sector, la financiación de programas operativos de las organizaciones de productores sin techo presupuestario. El ministro ha señalado que en 2020 el ministerio habilitó un volumen de ayudas en este capítulo de 275,5 millones de euros financiadas por la UE, y ha asegurado que esta cantidad debe ser la base, y que hay que utilizar más esa línea de financiación en el futuro. 

Durante el acto, celebrado ayer, Luis Planas ha subrayado que las frutas y hortalizas constituyen el sector agrario más relevante de España, en términos de producción, valor añadido, vocación exportadora, generación de empleo y fijación de la población en el medio rural. Ha subrayado que la calidad y la excelencia de las producciones, tras las que hay un gran trabajo de los agricultores, ha llevado a España a ser un referente internacional en este sector. El ministro ha destacado también la oportunidad que supone diferenciar las producciones y dotarlas de mayor valor añadido, acorde con los compromisos de calidad y sostenibilidad. En este ámbito, ha animado a avanzar en materia ecológica, donde España es ya uno de los grandes productores europeos.

En concreto, la producción hortofrutícola de España se sitúa en torno a los 28 millones de toneladas, con un valor medio de la producción superior a los 15.000 millones de euros, lo que sitúa a nuestro país como el primer productor de la Unión Europea y el tercero del mundo. Además, tiene una clara vocación exportadora, ya que más de la mitad de la producción se destina a los mercados exteriores, por valor de casi 18.400 millones de euros y un saldo positivo de la balanza comercial de más de 13.400 millones de euros, en 2021.

El ministro de Agricultura ha realizado un recorrido por los distintos pabellones de la feria, acompañado de diferentes autoridades, tanto nacionales como internacionales. Entre ellos, el presidente de Murcia, los consejeros de agricultura de Andalucía, Aragón, Canarias, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura y La Rioja; los embajadores de Brasil, El Salvador, India, Turquía, Países Bajos, Francia y Polonia; el presidente del Comité Ejecutivo de IFEMA MADRID, José Vicente de los Mozos, y Jorge Brotons, presidente de FEPEX.

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La directora general de Producciones y Mercados Agrarios del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), Esperanza Orellana, ha presidido la reunión de la Mesa Sectorial del Vino, celebrada por videoconferencia, en la que ha analizado con las organizaciones representativas del sector la campaña 2021/22 y las perspectivas de cara a la próxima temporada. En el encuentro se ha puesto de manifiesto el aumento de las salidas de vino, tras el descenso que supuso para la comercialización la crisis derivada de la pandemia. Mientras, las existencias de vino y mosto se han situado en los 43,14 millones de hectolitros a finales de mayo, lo que representa un 6 % por debajo de la campaña anterior en la misma fecha. 

Asimismo, «se ha resaltado la revalorización de los vinos experimentada desde noviembre del 2021, al situarse en mayo del 2022 su precio unitario un 17 % por encima de la media del mismo mes, hasta alcanzar los 1,36 euros por litro».

Respecto a la nueva cosecha, los representantes del sector han pueasto sobre la mesa «la incertidumbre existente por los efectos de la ola de calor que azota las zonas productoras, y que hace difícil sacar conclusiones respecto a la producción futura».

Por su parte, Orellana ha informado del estado de tramitación de la normativa en desarrollo relacionada con la vitivinicultura. En este sentido, ha recordado que el MAPA está inmerso en la tramitación del paquete normativo para la aplicación del Plan Estratégico de la Política Agraria Común (PAC) para España, una vez que ha obtenido de la Comisión Europea el visto bueno para su presentación. La nueva PAC abarca tanto el régimen de autorizaciones de viñedo como la intervención sectorial específica, conocida hasta ahora como Programa de Apoyo al Sector Vitivinícola (PASVE) que pasa a identificarse como Intervención Sectorial del Sector (ISV). También, son importantes para los viticultores «las intervenciones desacopladas relacionadas con los ecorregímenes o la ayuda básica a la renta de sostenibilidad, cuyo desarrollo normativo ha iniciado el procedimiento de consulta pública el 21 de julio».

Además, la directora general ha informado del estado del proyecto REDES TECO-Viña, que impulsa el ministerio «con el fin de obtener una herramienta de análisis técnico y económico de las explotaciones, consistente en la definición de explotaciones típicas, y en cuyo desarrollo es imprescindible la participación activa del sector», y que permite obtener y comparar parámetros económicos de las explotaciones.

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El sector agrario andaluz, representado por ASAJA-Andalucía, COAG-Andalucía y Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, ha lamentado que la Comisión Europea haya validado políticamente el Plan Estratégico español de la Política Agraria Común (PAC), presentado por el ministro de Agricultura, Luis Planas, que previsiblemente tendrá el visto bueno en unas semanas para su puesta en marcha a partir del 1 de enero de 2023. Según han señalado estas organizaciones en un comunicado, «la hoja de ruta del Ministerio de Agricultura hurta 500 millones de euros a la principal región agraria de España, además de penalizar su apuesta por la diversificación y la sostenibilidad, señas de identidad del sistema agroalimentario andaluz»

Asimismo, han apuntado que «el Plan es fruto de la política autoritaria de Luis Planas, que lo ha redactado sin diálogo, sin estudio de impacto y sin criterios técnicos o agronómicos, priorizando los intereses de algunos territorios, cargándose el modelo social y profesional de agricultura en beneficio de los fondos de inversión y obviando el rechazo unánime del campo andaluz, el que cultivan uno de cada tres perceptores españoles de la PAC». Para añadir que «el consenso brilla por su ausencia en un documento que generará desequilibrios y agravios territoriales»

Las organizaciones firmantes han comentado que el titular de Agricultura «no sólo no ha hecho ademán de negociar en estos dos años, sino que ha hecho caso omiso de las reivindicaciones de los productores andaluces y ha enviado el documento definitivo sin que los beneficiarios del mismo, que no son otros que los agricultores y los ganaderos españoles, conozcan la letra pequeña»

Los representantes del campo andaluz han criticado «la hipocresía» del ministro al asegurar que el Plan Estratégico de la PAC de España es «muy equilibrado, cuando en ningún momento ha puesto sobre la mesa los estudios económicos y de impacto que se le han solicitado por activa y por pasiva. Los datos manejados desde Andalucía señalan que las medidas propuestas por el ministerio provocarán un descalabro económico en el territorio y un trasvase de ayudas desde esta región a otras comunidades».

Para las tres organizaciones, este plan «penaliza la diversidad productiva al reducir el número de regiones (de las 50 actuales a 20) y porque su reconfiguración es muy lesiva para Andalucía, ya que algunas de las comarcas agrarias que más ayudas de pago básico generaron en las provincias de Sevilla, Jaén o Huelva quedan degradadas y se integran en regiones menos productivas».

Esta discriminación «se evidencia, por ejemplo, en que a nivel estatal se han configurado dos regiones de pastos y solo una de regadío. Así, el número de ecoesquemas y el reparto de los fondos de esta partida propuesto por el Ministerio es a todas luces insuficiente si se quiere impulsar una producción agraria más verde, como señala Bruselas». Además, para el campo andaluz «es un error no vincular esta arquitectura medioambiental a las regiones productivas». Por ello, esperan que «la falta de consenso entre los Estados miembro sobre la aplicación de este nuevo sistema, unida a la situación de incertidumbre creada por la guerra en Ucrania, retrasen la puesta en marcha y planteen una revisión de la partida que sustituirá al pago verde».

La pérdida de presupuesto no es la única crítica de las organizaciones, ya que como recuerdan este Plan Estratégico «complica más si cabe la gestión técnica y económica de las explotaciones agrarias, lejos de la simplificación administrativa anunciada por la Administración y que tanto anhela el sector productor».

En definitiva, para los representantes del campo andaluz «la luz verde de Bruselas al Plan Estratégico de Luis Planas la peor noticia que podían recibir los agricultores y los ganaderos de la comunidad, pues su aplicación se traducirá en unas pérdidas irreversibles». Con su modus operandi, el ministerio de Agricultura, con el apoyo de la Comisión Europea, ha perpetrado un atentado contra la capacidad productiva, contra la viabilidad de las explotaciones agrarias de la comunidad y contra un sector que fija población y genera riqueza en el entorno rural.

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La hiperregulación a la que se enfrenta el sector productor exportador de frutas y hortalizas, con la reforma de la PAC y el desarrollo normativo nacional que ahora comienza; las futuras normativas medioambientales, entre las que se encuentran el Real Decreto sobre envases y residuos de envases y la Ley del Desperdicio Alimentario; la nueva reforma laboral o la aplicación de la Ley de la Cadena, centraron la Comisión de Gobierno de FEPEX que se reunió, el jueves 31 de marzo, en Madrid.

La Comisión de Gobierno de FEPEX, constituida por representantes de las Asociaciones de las zonas de producción, analizó la futura reforma de la PAC, que entrará en vigor el 1 de enero de 2023, y en especial desarrollo normativo nacional, que ya ha comenzado y que implica la revisión de múltiples Reales Decretos, como el de reconocimiento de organizaciones de productores, el de programas operativas o el anteproyecto de Ley de implantación del sistema de gestión de la PAC. Se expuso, demás, la preocupación sobre cómo se va a llevar a cabo la integración de los productores de frutas y hortalizas que hasta ahora estaban excluidos en el régimen de pagos directos, ya que se ha introducido la figura del jefe de explotación, como nuevo requisito que determinará el acceso a los pagos directos, lo que provocaría una discriminación respecto a los perceptores actuales.

Como consecuencia del desarrollo normativo nacional de la PAC, preocupa también el Real Decreto por el que se establece y regula el sistema de información de explotaciones agrícolas y ganaderas y de la producción agraria, SIEX, puesto que establece una enorme exigencia de información digital a los productores españoles, información de ámbito productivo y comercial que, para FEPEX, en algunos aspectos, supera el ámbito de la PAC.

En la reunión, se analizó también las nuevas normativas medioambientales.  El Real Decreto sobre envases y residuos de envases, cuya publicación está prevista para el segundo semestre de este año, incluye nuevas exigencias para la comercialización de frutas y hortalizas, en especial en los comercios minoristas, ya que se exigirá presentar las frutas y verduras frescas sin utilizar envase de plástico para cantidades inferiores a 1,5 kilogramos.

Respecto a la política laboral, el «Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo» afecta de lleno al sector hortofrutícola, porque implica grandes cambios en la contratación temporal, que es la más habitual en dicho sector, consecuencia de su idiosincrasia y de la estacionalidad de las campañas. Cambios, que, según FEPEX, «no han tenido en cuenta las características propias del sector de frutas y hortalizas».

También se analizó la difícil implementación que tiene la Ley de la Cadena, y en especial tras la reforma de finales de año, que ha entrado en vigor el 16 de diciembre, ya que se amplió el ámbito de actuación al comercio exterior y a nuevos sectores como el de flor y plantas. La Ley sigue creando una gran incertidumbre entre todos los operadores en su aplicación por la volatilidad de los precios y los mercados.

Este escenario «implica una hiperregulación de la actividad productiva y comercial» que, según algunos miembros de la Comisión de Gobierno de FEPEX, «será inasumible para muchos productores, a lo que se suma la subida de costes continua y desbocada desde el año pasado y la dificultad para trasladar éstos al precio de venta».

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La conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno de las Islas Baleares ha reunido a la mesa sectorial del aceite de oliva para tratar, entre otros temas, la nueva Política Agraria Común (PAC) 2023–2027 y qué oportunidades plantea este sector. Una de las herramientas que pone al alcance la nueva PAC son las ayudas para ‘ecoesquemas’, se premian aquellas prácticas agrícolas sostenibles que se apliquen a determinados cultivos. Son un total de 7 'ecoesquemas', y 3 se pueden aplicar a los olivares. Los 3 ‘ecoesquemas’ que afectan al olivar consisten en el mantenimiento de la biodiversidad de las parcelas, el uso de cubiertas vegetales espontáneas o sembradas, y la incorporación de los restos de poda triturada en el suelo. En cada hectárea de cultivo se puede aplicar un ‘ecoesquema’ concreto.

Estas ayudas de la nueva PAC también contemplan los sobrecostes de la insularidad para las Islas Baleares. Así, el productor del sector del aceite de Baleares que las ponga en práctica percibirá hasta un 55% más que en el mismo sector pero en territorio peninsular. Se establecen tres tramos de importes y, por ejemplo, mientras un agricultor de la península percibirá una ayuda de 71,63 euros, uno de Baleares recibirá 111,63 euros, un 55,84% más.

Por otra parte, la conselleria de Agricultura prevé que se puedan incorporar 1.927,05 hectáreas de olivar de Baleares a la nueva PAC para que cobren por derechos. Uno de los potenciales de la nueva PAC es la regularización de superficie agraria elegible sin derechos, siendo Baleares una de las comunidades autónomas con un mayor porcentaje de superficie declarada sin derechos de PAC, por lo que precisamente puede salir más beneficiada. Sin embargo, es el sector el encargado de declarar hectáreas de cultivo para que los cobren. En el caso del cultivo del olivar, la conselleria prevé, por un lado, la solicitud en la Reserva Nacional de Derechos para incrementar 1.470,41 hectáreas de este cultivo, así como que el sector regularice 456,64 hectáreas olivar que están declaradas, pero que no cobran derechos de PAC.

En la reunión también se han dado a conocer los datos de comercialización y producción del aceite, tanto de Mallorca como de Eivissa, de la campaña 2020–2021. En el caso de la D.O. Aceite de Mallorca se han comercializado 303.000 litros de aceite, un 22% más que en 2020. En el caso de la IGP Aceite de Eivissa, la comercialización ha sido un 50% superior a la de 2020.

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La división de negocio de CaixaBank dirigida al sector agroalimentario, AgroBank, ha puesto en marcha la campaña de la PAC 2022 «para facilitar la tramitación de las ayudas y adelantar la cuantía de las mismas, lo que permitirá a agricultores y ganaderos disponer de la ayuda en el momento que la necesiten». Así, podrán tramitar las ayudas en las 1.650 oficinas rurales de CaixaBank repartidas por todo el país, además de más de 1.150 oficinas AgroBank con gestores especializados que ofrecerán asesoramiento personalizado a clientes de la entidad.

Junto a esto, CaixaBank facilita la tramitación de la PAC 2022 a través de CaixaBank Now, en su web y app digital, «gracias a un proceso sencillo mediante el cual en sólo dos pasos pueden anticipar las ayudas y tener el dinero abonado». Esto es posible «gracias a los 5.900 millones de euros en financiación preconcedida que AgroBank pone a disposición de sus clientes».

Los clientes que anticipen la ayuda de la PAC por un importe superior a 3.000 euros recibirán como obsequio el nuevo dispositivo inteligente Google Nest Hub, como muestra de la apuesta de la entidad «por una transformación hacia un sector productivo más digital e innovador».

Como complemento a la campaña PAC 2022, AgroBank pone a disposición de sus clientes un catálogo completo de seguros para cubrir cualquier tipo de adversidad, destacando el Seguro Agrario y los seguros Multirriesgos adaptados a cada cultivo y ganado.

Además, con el fin de apoyar la financiación verde e impulsar la sostenibilidad, la entidad ha lanzado nuevos productos como los préstamos ‘Agroinversión’, especializados en transición ecológica y energías renovables, con el objetivo de favorecer una producción más sostenible y con un menor impacto climático.

www.caixabank.es/empresa/agrobank/

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