PAC

Solo se han acogido a algún ecorégimen de la PAC un 75% de los beneficiarios

Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, tras analizar los resultados provisionales publicados por el FEGA de avance de solicitudes únicas presentadas y superficies declaradas en la campaña 2023, considera que la nueva Política Agraria Común (PAC) arranca «con datos manifiestamente mejorables». En primer lugar, la organización agraria señala que un 75% de los beneficiarios se han acogido a algún ecorégimen, «ello significa que una cuarta parte de los agricultores y ganaderos restantes no han podido cumplir las condiciones impuestas y, por lo tanto, van a perder el componente verde que estaba vinculada a la ayuda básica hasta la pasada campaña y que supone alrededor de un 25% de la misma».

Por otro lado, Unión de Uniones cree que los datos de ecoregímenes pueden estar sobredimensionados en cierta medida; ya que las flexibilizaciones introducidas por la sequía y el anuncio de que no se aplicarían penalizaciones por incumplimiento pueden haber motivado que se presenten solicitudes que acaben cayéndose en los controles posteriores. «Habrá que esperar a los datos definitivos, pero en todo caso ojalá cobren las ayudas todos los profesionales que las han solicitado, porque hacen mucha falta».

No obstante, la organización teme que esto pueda alejarse de la realidad, porque en muchos casos las prácticas primadas no compensan los costes de llevarlas a cabo, no se ajustan a la realidad agroecológica de muchos cultivos y zonas e implican un aumento considerable de la burocracia a la que tiene que hacer frente el agricultor y ganadero.

Resultados ‘mediocres’ en varias ayudas asociadas

En cuanto a los resultados provisionales en las ayudas asociadas agrícolas, Unión de Uniones ha puesto de manifiesto que, comparado con las superficies potenciales que calculaba el ministerio en el PEPAC, en esta campaña sólo se han acogido a ayuda asociada agrícolas el 67% de la superficie que el MAPA planteaba. Destaca en este sentido la baja acogida, comparado con lo planificado y por tanto presupuestado en el PEPAC, del plan proteico (54% de la superficie planificada), uva pasa (53%), olivar tradicional (77%) y tomate para transformación (88%). «Esto indica que producciones que han ocupado tanto el debate como los proteicos y el olivar el Ministerio no ha acertado con el diseño», opinan desde la organización.

En todo caso, la organización considera que hay un error de partida en todo el conjunto de ayudas PAC que radica en mantener dentro del sistema a quienes no realizan la actividad agraria de forma profesional y que no viven fundamentalmente de ello. «Aunque sea cierto que con las nuevas normas hay 26.300 beneficiarios menos, el filtro de agricultor activo debía haber sido más riguroso», ha afirmado.

Finalmente, la organización estima que ello habría permitido «un mayor margen financiero para mejorar las ayudas a los profesionales cuyas rentas dependen de verdad de su explotación y para compensar los efectos de disponer de menos dinero para la ayuda básica y de la convergencia negativa del valor de los derechos cuando les afecte».

La consejera Crespo espera que el campo andaluz reciba ‘gran parte’ de los 81 M€ europeos por la sequía

La consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, ha reafirmado el apoyo de la Junta de Andalucía al sector olivarero andaluz, al que espera que se destine «gran parte» de los 81 millones de euros de la reserva de crisis de la Política Agraria Común (PAC) anunciados para España por el impacto de la sequía en el campo. «Esos recursos, que ha solicitado Andalucía, son de nuestros agricultores», ha declarado Crespo, quien ha señalado «el olivar y los cítricos como sectores prioritarios para beneficiarse de unos fondos europeos que persiguen paliar las dificultades que están enfrentando los profesionales».

En respuesta a una pregunta parlamentaria sobre las medidas de la Junta para respaldar la producción olivarera, la consejera ha reafirmado su apuesta por la modernización del olivar a través de la Estrategia Andaluza para el Sector del Olivar 2023-2027. La previsión es que «el borrador de esta nueva planificación, en el que han colaborado con el Gobierno andaluz las universidades de Córdoba y Jaén, esté terminado para el próximo septiembre».

Asimismo, ha señalado que «desde la Junta se respalda a los olivareros, entre otras cuestiones, en las inversiones que realizan para mejorar la comercialización de los productos o para impulsar iniciativas de economía circular dirigidas a aprovechar el alperujo».

Durante su intervención, Crespo ha comentado que el sector olivarero de Andalucía está atravesando una «situación muy complicada» a causa de la sequía, «pero es posible aprovechar mejor las posibilidades hídricas en la cuenca del Guadalquivir». Al respecto, ha explicado que alrededor del 84% del olivar andaluz se encuentra en territorio de esta demarcación hidrográfica de competencia estatal, donde este cultivo concentra casi el 50% de la superficie regada de esta cuenca, y donde, desde su punto de vista, «es preciso hacer uso de las aguas regeneradas» para el riego de los cultivos como fuente hídrica adicional que permitirá hacer frente a la escasez de precipitaciones con mayores garantías. Por ello, «el Guadalquivir no se puede quedar al margen de las aguas regeneradas en Andalucía». La consejera ha recordado que, a pesar de que la Junta no tiene competencias en esta cuenca, «el Gobierno andaluz ha ofrecido a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) su colaboración para poner en marcha los tratamientos terciarios de las depuradoras que podrían ofrecer aguas regeneradas para cubrir los 20 hm³ contemplados en la planificación de esta demarcación y que solo tienen concesiones en precario». Para ello, es necesario que el Gobierno de España «otorgue a las comunidades de regantes las concesiones de agua definitivas correspondientes».

El Gobierno aprueba ayudas directas de Estado por más de 636 millones por la sequía

El Consejo de Ministros ha aprobado el 11 de mayo un real decreto-ley que incluye un potente paquete de medidas urgentes de apoyo al sector agrario para hacer frente a la prolongada situación de sequía y al agravamiento de las condiciones del sector primario como consecuencia de la guerra en Ucrania. Entre ellas se incluyen ayudas directas de Estado para los sectores agrícola y ganadero, que superan los 636 millones de euros, o la subvención de hasta un 70% del coste de las pólizas de seguros por la sequía de los cultivos más comprometidos por la falta de lluvias y las elevadas temperaturas. El impacto económico de todas las medidas adoptadas en el ámbito agrario suma más de 784 millones de euros.

Desde el inicio del año hidrológico, el 1 de octubre de 2022 hasta la segunda semana de mayo, el valor medio de las precipitaciones en España ha sido un 27,5 % inferior al promedio de este periodo. La reserva hidráulica peninsular se ha situado en la última semana en un 48,9 %, algo inferior a la del año anterior (50,6 %), cuando el Gobierno ya aprobó un decreto de sequía con medidas importantes, algunas de ellas se fueron ampliando a lo largo del pasado año.

El Gobierno ha considerado que en el actual escenario tras la invasión de Ucrania el sector estaba sometido a una situación compleja que, unida a las circunstancias climáticas, «hace que resulte de extraordinaria y urgente necesidad adoptar medidas que garanticen el mantenimiento y la sostenibilidad de las explotaciones agrícolas y ganaderas, reafirmen la seguridad alimentaria y permitan reforzar la senda de crecimiento económico del país».

Además del pago de las ayudas directas, el real decreto-ley contiene medidas de apoyo de ámbito fiscal, financiero, socio-laboral, hidráulico y en el de la Política Agraria Común (PAC), en las que están implicadas los ministerios de Agricultura (MAPA); Hacienda y Función Pública; Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Trabajo y Economía Social; Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Solo las medidas en materia agraria y de aguas están valoradas en unos 2.190 millones de euros en total.

Ayudas directas

Los sectores agrícolas dispondrán de un volumen de ayudas de 276,7 millones de euros. El MAPA determinará los cultivos, zonas y cuantías a los que corresponderán estas ayudas en función de los que se compruebe son más perjudicados por la situación de sequía. Para ello se tendrán en cuenta la información sobre la evolución climática e hidrológica del Ministerio para la Transición y el Reto Demográfico y de las comunidades autónomas.

Apoyo a la financiación

El decreto contempla una nueva ampliación en 20 millones de euros de la dotación para la bonificación de créditos de la línea ICO-MAPA-SAECA que pueden llegar hasta el 15 % del principal del préstamo. Esta ayuda se habilitó en el decreto de sequía aprobado en marzo de 2022 con una dotación de 10 millones de euros y posteriormente se amplió hasta 20 millones en el segundo decreto de medidas urgentes para hacer frente a las consecuencias de la guerra en Ucrania aprobado en junio de 2022. Igualmente se amplía en 3 millones de euros la línea de financiación de avales de la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA) que son necesarios para la obtención de estos créditos. En el anterior decreto de sequía esta línea se dotó con 2,7 millones de euros, ampliada después en otros 2 millones más.

Seguros agrarios

El MAPA ha vuelto a incrementar en 40.485.800 euros la partida destinada a subvencionar la contratación de seguros agrarios. Esta dotación permitirá subvencionar hasta el 70 % del coste de la pólizas ya contratadas -el máximo permitido por la normativa europea- que incluyan la cobertura por riesgo de sequía en los cultivos de secano de herbáceos extensivos, olivar, uva de vinificación, almendro, avellano, kiwi, endrino, alfalfa, remolacha azucarera y maíz forrajero.

Con esta ampliación, la línea de apoyo a la contratación de seguros agrarios del ministerio ascenderá ya en este ejercicio a más de 358 millones de euros.

Medidas fiscales

En materias fiscal, quedan eximidas del pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) las propiedades de los titulares de explotaciones agrícolas o ganaderas que hayan sufrido, en el ejercicio 2023, una reducción del rendimiento neto de las actividades agrarias de, al menos, un 20 % en zonas con limitaciones naturales, según la normativa de la Unión Europea, o de un 30 % en las demás. En este ámbito, la orden del Ministerio de Hacienda del 25 de abril ya contemplaba una importante rebaja fiscal para el sector agrario, al reducir un 25 % lineal el rendimiento neto para el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para todos los agricultores y ganaderos que tributan por el sistema de módulos, es decir más de 800.000 beneficiarios. Además, la orden incluye numerosas minoraciones en los coeficientes de entre el 30 % y el 50 % para los sectores ganaderos, así como determinados sectores agrarios.

Se exime del pago de IRPF y del impuesto de sociedades las ayudas que se perciban por los ecorregímenes de la PAC. Asimismo, queda eximida del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados la formalización de avales de la Sociedad Estatal de Caución Agraria (SAECA) en los contratos de préstamo, lo que supone un abaratamiento de las operaciones que facilitan también el acceso a la financiación en mejores condiciones.

Ampliado el plazo para las ayudas PAC

El real decreto-ley contempla que el Ministerio de Agricultura establecerá los criterios para que, de una forma armonizada, las autoridades competentes de las comunidades autónomas puedan flexibilizar determinados requisitos de las ayudas directas de la PAC, al objeto de que las circunstancias devenidas como consecuencia de la sequía no representen impedimentos añadidos para percibir las ayudas. Así, se amplía hasta el 30 de junio el plazo para presentar las solicitudes. De esta forma, los agricultores dispondrán de más tiempo para la toma de decisiones sobre sus cultivos en un momento en el que la sequía produce incertidumbres.

Tras las reuniones mantenidas con las comunidades autónomas y el sector, el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) ha elaborado una circular que será remitida para consulta en el día hoy, que recoge los requisitos de condicionalidad reforzada, ecorregímenes y ayudas asociadas para los que se puede aplicar la causa de fuerza de oficio con motivo de la sequía.

Se escalona en cuatro fases, en lugar de las dos que estaban establecidas, la entrada en vigor del Cuaderno Digital de Explotación. Según el tipo de explotación, se retrasa al 1 de enero de 2024 y al 1 de enero de 2025 la incorporación de la totalidad de la información obligatoria a dicho cuaderno.

Medidas socio-laborales

En materia laboral, se ha aprobado un aplazamiento en el pago de las cuotas de la Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta, cuyo devengo tenga lugar entre los meses de mayo a septiembre de 2023, para las empresas incluidas en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios, y entre los meses de junio a octubre de 2023, para los trabajadores incluidos en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios.

Además, se prorroga hasta el 31 de diciembre la medida excepcional de reducción a 10 el número mínimo de jornadas reales cotizadas necesarias para acceder al subsidio agrario en Andalucía y de Extremadura.

Medidas hidráulicas

Los agricultores titulares de derechos de riego y que hayan tenido una reducción en los suministros de agua que tienen concedidos se beneficiarán de una rebaja del canon. Esta bonificación será del 100 % si la reducción en la dotación de agua supera el 60 %, y del 50 % si el recorte del suministro ha sido de entre el 40 % y el 60 %. Los beneficiarios indirectos de obras de regulación en la cuenca del Guadalquivir tendrán una reducción del canon del 50 %.

Insatisfacción en el sector

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) considera insuficiente el Real Decreto de ayudas aprobado por el Gobierno para mitigar el impacto de la sequía en el sector agrario, «ya que la grave afectación en el campo requiere apoyos de mayor calado. El 80% del territorio agrario se encuentra ya asfixiado por la sequía». En este sentido, el secretario general de COAG, Miguel Padilla, ha reclamado que «desde ya se deben disponer ayudas directas extraordinarias para los cerealistas, que en muchos casos no recogerán cosecha alguna. Hablamos de la campaña de siembra más cara de la historia con la cosecha más corta del siglo. Y eso es inasumible. El seguro no resuelve en estos casos las cuantiosas pérdidas que se arrastran».

Por su parte, la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) ha indicado que las medidas aprobadas «apenas van a beneficiar al campo valenciano y, en todo caso, únicamente a ciertos cultivos de secano, la ganadería y la apicultura, mientras que el regadío valenciano queda excluido pese a los efectos que la falta de lluvias ya está ocasionando».

Esta organización valora las ayudas directas dirigidas a los ganaderos y apicultores, pero «cuestiona el fondo de 276 millones que el Gobierno aún no ha desvelado a qué cultivos y en qué zonas de España los destinará». Respecto al aumento de la subvención del coste de las pólizas por riesgo de sequía en cultivos de secano, podrá beneficiar a las producciones que tienen una cultura de contratación porque el seguro funciona bien, como son los casos de la uva para vinificación y los cereales, «pero, por el contrario, tendrá una incidencia mínima en otros como el almendro y el olivar donde apenas se contrata esta cobertura porque no se ajusta a las necesidades reales del cultivo».

La extrema sequía ‘exige’ medidas urgentes para el sector agrario

El Gobierno ha anunciado que está trabajando en la preparación de un nuevo paquete de medidas de apoyo al sector agrario que mitiguen los efectos de la sequía sobre la producción agrícola y ganadera. La Mesa de la Sequía, reunida bajo la presidencia del Subsecretario de Agricultura, Pesca y Alimentación, Ernesto Abati García-Manso, ha examinado la situación de los distintos sectores y territorios, y ha articulado mecanismos de coordinación, junto con el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, para identificar las medidas a adoptar.

El subsecretario ha anunciado que, además, el ministro Luis Planas va a remitir una carta a la Comisión Europea para plantear todas aquellas medidas de flexibilización o de carácter excepcional en la aplicación de las normas de la Política Agraria Común (PAC) por las especiales dificultades en las que se encuentran los cultivos españoles como consecuencia de la sequía para que los agricultores y ganaderos no vean en riesgo su acceso a las ayudas. Asimismo, el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) convocará una reunión con las comunidades autónomas para adoptar todas las medidas de carácter nacional en este ámbito.

Con el compromiso de establecer un cauce de comunicación permanente mientras persista esta situación de sequía, en la reunión han participado, de forma presencial o telemática, representantes de todas las comunidades autónomas, las organizaciones agrarias Asaja, UPA y COAG, Cooperativas Agroalimentarias de España y la Federación Nacional de Regantes de España, además de representantes de los ministerios de Agricultura y Transición Ecológica.

En el transcurso de la reunión se han puesto en común los informes de precipitaciones y disponibilidades, se ha hecho un análisis de la situación general y particularizada en las comunidades autónomas y se han puesto sobre la mesa propuestas que deberán analizarse. Así, el panorama dibujado por Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) es desesperanzador, pues no se esperan lluvias que palíen la escasez hídrica que atraviesa el país en su conjunto.

La situación de sequía es grave y generalizada, aunque revela diferencias importantes en el territorio y destaca la afección a las cuencas del Guadalquivir, Guadiana y las interiores de Cataluña. El valor medio de las precipitaciones acumuladas desde el inicio del año hidrológico (1 de octubre de 2022) es un 23,5% inferior al valor normal.

Reclaman pasar a la acción
Las reacciones no se han hecho esperar por parte del sector agrario tras esta reunión. Así, la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA–ASAJA) exige a las administraciones «pasar del diagnóstico a la acción para hacer frente a las dramáticas pérdidas de cosechas y los desorbitados sobrecostes que está provocando la falta de precipitaciones en el campo valenciano». La organización se suma así a las declaraciones del presidente de ASAJA Nacional, Pedro Barato que cree que «el diagnóstico ya está hecho y ahora lo que necesita el sector agropecuario son medidas eficaces, contundentes e inmediatas».

ASAJA y AVA–ASAJA apuestan por la puesta en marcha de ayudas directas, medidas fiscales, líneas preferentes de financiación, normas que relajen el cumplimiento de la PAC y la mejora y agilidad de los seguros agrarios a fin de pagar unas indemnizaciones proporcionales a los daños sufridos. Asimismo, solicitan un Pacto de Estado del Agua que incluya más infraestructuras de almacenamiento y distribución hídrica. Todas estas medidas resultan necesarias, subrayan, para «evitar que siga creciendo el abandono de explotaciones, siga avanzando el desierto y siga subiendo el precio de los alimentos a los consumidores».

Por su parte, la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos ha pedido en la Mesa de la Sequía «urgencia en la puesta en marcha de medidas» para proteger a los agricultores y ganaderos españoles de los efectos de la sequía. El secretario ejecutivo de UPA, Ignacio Huertas, ha reclamado que se habiliten fondos de Europa, España, y a nivel regional para evitar la ruina total de los agricultores y ganaderos, en especial de los de carácter familiar y pequeña y mediana dimensión. La sequía que padece España es tanto hidráulica (los embalses están de media al 51% de su capacidad, un 16% por debajo de la media de los diez últimos años) como hidrológica (ha llovido un 22,5% menos en el último año). UPA cree que los efectos de la sequía afectarán a la rentabilidad y a la supervivencia de miles de explotaciones de agricultores y ganaderos, y por consiguiente a la capacidad de producción de alimentos.

En la línea de los dos anteriores el secretario general de COAG, Miguel Padilla, ha pedido que el Gobierno apruebe un nuevo decreto sobre la sequía porque es el «instrumento» que permite amparar las medidas laborales, fiscales o para el regadío oportunas.

Como se ha mencionado anteriormente, Cataluña y Andalucía son dos de las zonas más afectadas por la extrema sequía. La consejera del Departamento de Acción Climática de la Generalitat de Catalunya, Teresa Jordà, ha reclamado al MAPA un nuevo Decreto de sequía en el Estado y «ayudas directas» para el sector agrario de Cataluña para hacer frente a las pérdidas que supondrá la «severa sequía» que está sufriendo este sector. «Para nosotros el sector primario es extremadamente imprescindible porque es el sector productor que aporta alimentos al país y ya lleva mucho tiempo sufriendo con heladas, granizadas, la guerra de Ucrania, los sobrecostes etc. Hemos pedido ayudas directas porque debemos trabajar con previsión como siempre hacemos», ha apuntado Jordá.

La consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo, también ha reclamado al Estado «un nuevo decreto de sequía ampliado a las necesidades de los agricultores y ganaderos del Guadalquivir», donde los productores, entre otras medidas, «están pidiendo balsas y sondeos para dar agua al ganado». Por lo que pide «diligencia y rapidez con medias urgente ante la sequía». Respecto a la administración autonómica, Crespo ha recordado que «Andalucía tiene ya dos decretos de sequía» y la próxima semana irá el tercero al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía con nuevos recursos. Redacción.

La AREFLH aborda el cambio climático, la normativa sobre envases y la nueva PAC

En el marco de su Asamblea General, la AREFLH (Asamblea de Regiones Europeas Productoras de Frutas y Hortalizas) organizó el 23 de marzo una conferencia pública en Lleida, evento coorganizado por Afrucat, la asociación catalana de empresas frutícolas, y la Generalitat de Catalunya.

El cambio climático fue el primer tema abordado. Se trata de un tema sensible y de actualidad, cuyas consecuencias se dejan sentir cada vez más en la producción europea. Esta fuerte preocupación de los miembros de la AREFLH condujo a la creación de un nuevo grupo de trabajo sobre la cuestión del agua. Así, los representantes de las regiones y los productores miembros podrán intercambiar sobre las consecuencias de la falta de agua en sus territorios y sobre las soluciones a corto y medio plazo que permitan garantizar la producción.

Otro reto importante que se debatió fue el de las nuevas enfermedades y plagas, cuya aparición aumenta con el cambio climático. Sin embargo, con el nuevo proyecto de reglamento de la Comisión Europea, que exige una reducción del 50% en el uso de pesticidas, los agricultores carecen de soluciones. A pesar de su fuerte compromiso con la agricultura sostenible, su preocupación es una disminución de la producción que llevaría a una reducción de la soberanía alimentaria en Europa.

El segundo tema de actualidad desarrollado fue el proyecto de reglamento europeo sobre envases. Este reglamento propone la eliminación del envasado para los productos hortofrutícolas que pesen menos de 1,5 kg, con excepciones insuficientes para garantizar un transporte óptimo, la exportación y la mejor calidad posible en el punto de venta. Dado el carácter tan sensible del expediente, la AREFLH está en contacto regular con la Comisión Europea (DG AGRI, DG ENV) y el Parlamento Europeo.

La presidenta de la entidad, Simona Caselli, ha señalado que «este dossier es crucial y se requiere una atención particular por parte de la AREFLH en los próximos meses. Debemos continuar nuestro trabajo con las instituciones para garantizar una armonización de las legislaciones sobre los envases. También debemos sensibilizar a los consumidores finales sobre los esfuerzos realizados por la profesión y sobre las innovaciones en este campo».

Una de las dos mesas redondas trató sobre la nueva programación de la PAC. Las intervenciones se centraron en el nuevo marco legislativo, los elementos de continuidad y divergencia con la antigua reglamentación, así como las oportunidades de intercambio entre las partes interesadas. Caselli clausuró la jornada anunciando que la próxima Asamblea General se celebrará en Macedonia Central (Grecia), en 2024.

Ya se pueden aplicar las novedades en el sistema de autorizaciones de viñedo de la nueva PAC

El Consejo de Ministros ha aprobado, a propuesta del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), un real decreto que modifica la normativa nacional vigente sobre el potencial de producción vitícola, al objeto de adaptarla a las novedades introducidas en el sistema de autorizaciones de viñedo por la nueva Política Agraria Común (PAC). Con este nuevo texto «finaliza la modificación del sistema de autorizaciones de viñedo derivada de la reforma de la PAC, que extiende hasta el 2045 el sistema de control del potencial productivo».

Esta adaptación «permitirá mantener el crecimiento ordenado del potencial vitícola de España, ya que introduce mejoras en el procedimiento de reparto de autorizaciones de nuevas plantaciones, entre otras cuestiones, mediante el ajuste del criterio de prioridad relativo a las pequeñas y medianas explotaciones». A partir de ahora, «se tendrá en cuenta solo la superficie de viñedo de la explotación, en lugar de la superficie agraria total de la explotación». Además, se modifican las puntuaciones de dicho criterio «para priorizar a las solicitudes de medianas explotaciones vitícolas, con el objeto de favorecer a los proyectos con mayor viabilidad y perdurabilidad en el tiempo, que garanticen una mejor salida de su producción en el mercado».

La nueva legislación añade como excepción de la aplicación del sistema de autorizaciones de viñedo el establecimiento de colecciones de variedades de vid para la conservación de recursos genéticos. La comercialización de la producción de estas colecciones queda prohibida.

A partir de ahora, «se permitirá la transferencia de autorizaciones en el caso de la disolución de una explotación de titularidad compartida. Y también queda prohibida la comercialización de la producción de una plantación de viñedo sin autorización hasta el momento de su arranque».

Además, fruto del proceso de actualización y mejora normativa «se han introducido nuevas disposiciones y se actualiza la lista de variedades de uva de vinificación autorizadas».

Este real decreto ha entrado en vigor al día siguiente de su publicación, pero «las modificaciones en el criterio de prioridad de pequeña y mediana explotación vitícola, se aplicarán de forma retroactiva a las solicitudes de autorizaciones de nuevas plantaciones que se presenten entre el 15 de enero y el 28 de febrero de 2023».

Los pagos de ayudas directas de la PAC 2022 superaron los 4.000 millones de euros

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), a través del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), coordinó el pago, por parte de las comunidades autónomas, de 4.037 millones de euros de las ayudas directas de la Política Agraria Común (PAC) de la campaña 2022 (a fecha 31 de diciembre), que se inició el 16 de octubre.

Andalucía ha sido la comunidad con un mayor importe llegando a los 1.225 millones de euros, seguida de Castilla y León con 793 millones y Castilla–La Mancha con 498 millones de euros.

A partir del 1 de diciembre se autorizó el abono del 95% del régimen de pago básico, del pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente (pago verde) y para jóvenes agricultores. Asimismo, y una vez que se lleve a cabo la asignación de derechos procedentes de la Reserva Nacional de Pago Básico, en el primer trimestre de 2023, se podrá autorizar el abono del 5% restante, cuyo plazo concluye el 30 de junio de este año.

También desde el 1 de diciembre se pudo transferir la totalidad del pago del régimen simplificado para pequeños agricultores; y el 90% del pago de los regímenes de ayudas asociadas a la producción de proteicos, y frutos de cáscara y algarrobas, entre otros.

El 10% restante correspondiente a estos regímenes de ayudas asociadas a la producción podrá abonarse a partir del momento en el que se establezca el importe unitario definitivo, en los primeros meses de 2023, y antes del 30 de junio.

Los cambios en la PAC podrían comprometer la biodiversidad y la sostenibilidad agrícola

Los últimos cambios en la Política Agraria Común (PAC) de la Unión Europea tendrán un impacto desproporcionado en la biodiversidad y apoyarán una mayor intensificación de la producción ganadera. Así lo afirma un equipo europeo de ecólogos y expertos en biodiversidad en una reciente comunicación publicada en la revista Communications Earth and Environment.

«La exigencia ambiental de la PAC se ha relajado, permitiendo el cultivo de tierra en barbecho para producir alimento animal y cubrir el déficit en las exportaciones de Ucrania y Rusia», aseguran los representantes del equipo. «La conversión de estos hábitats seminaturales tendrá un impacto muy negativo en la biodiversidad agrícola y la seguridad alimentaria».

La nueva PAC 2023-2027 pretende revertir la actual degradación medioambiental y el declive de la biodiversidad en los paisajes agrícolas europeos fijando tres objetivos: contribuir a la mitigación del cambio climático; apoyar la gestión eficiente de los recursos naturales y revertir la pérdida de biodiversidad.

Tras el estallido de la guerra en Ucrania, la Comisión Europea ha aprobado una serie de cambios a corto y medio plazo que relajan los compromisos medioambientales de la PAC para compensar la previsible escasez de importaciones de grano y mejorar la seguridad alimentaria. Concretamente, lo que se propone es permitir el cultivo de las tierras en barbecho que hasta ahora eran parte de las "Ecological Focus Areas” contempladas en el pago verde de la PAC.

Los argumentos que denuncian el impacto negativo de esta medida se basan en una revisión de las estadísticas agrarias europeas, así como en los principales resultados de investigación de la relación entre gestión agrícola y biodiversidad. Según palabras Mario Díaz, coautor del trabajo e investigador del Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-CSIC): «Llevamos décadas estudiando las relaciones entre los usos agropecuarios y la biodiversidad y los servicios ecosistémicos asociados. Nuestros estudios demuestran que la agricultura extensiva genera beneficios ambientales frente a la intensificación agraria o el abandono que generan efectos negativos».

«Europa debería dirigirse hacia una agricultura más sostenible con el medio ambiente porque, según los estudios realizados hasta la fecha, a largo plazo la ganadería y agricultura intensivas agota la productividad de los terrenos», comenta Manuel Morales, autor principal de la comunicación, firmada por miembros de distintos centros de investigación europeos, incluyendo la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), el Centro de Ciencia y Tecnología Forestal de Catalunya (CTFC), las Universidades de Barcelona y Valladolid y varios centros del CSIC (MNCN, EBD, IREC).

«En última instancia, estos cambios de política pueden comprometer la biodiversidad y la sostenibilidad agrícola a largo plazo en Europa, en favor de modestos aumentos de la producción agrícola actual e inciertas mejoras en la seguridad alimentaria», concluye Gerard Bota, del CTFC.

www.uam.es

202,1 millones de euros anuales entre 2023 y 2027 para ayudar al sector vitivinícola

El Consejo de ministros ha aprobado, a propuesta del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, un Real decreto que establece las bases reguladoras para la Intervención Sectorial Vitivinícola (ISV) en el marco de aplicación de la nueva Política Agraria Común (PAC). El programa sectorial para el sector vitivinícola cuenta con un presupuesto de 202,1 millones de euros anuales entre 2024 y 2027.

Con esta aprobación, el Gobierno establece la normativa básica nacional para las ayudas al sector vitivinícola, en la que se adaptan los tipos de intervención a las exigencias medioambientales y de adaptación al cambio climático que marca la nueva PAC que establecen un porcentaje de gasto obligatorio para acciones medioambientales de, al menos, el 5% de su presupuesto.

El objetivo es atender las necesidades detectadas en el sector del vino en España, aumentar su competitividad, y adaptarlo a los nuevos objetivos de la PAC en cuanto a lucha contra el cambio climático, mejora del medio ambiente y sostenibilidad.

Los tipos de intervención elegidos por España para cumplir con los objetivos específicos para el sector del vino son: reestructuración y reconversión de viñedos; inversiones materiales e inmateriales en instalaciones de transformación y en infraestructuras vitivinícolas, así como en estructuras e instrumentos de comercialización; cosecha en verde; destilación de subproductos de la vinificación y actividades de promoción y comunicación en terceros países

La intervención sectorial «prevé la posibilidad de recurrir, cuando sea preciso, a la cosecha en verde como herramienta de actuación en casos excepcionales ante posibles situaciones de desequilibrio entre la oferta y la demanda».

Los primeros dos años de aplicación de la ISV se harán en paralelo con las operaciones y programas que están en ejecución y que fueron aprobados en el marco del Programa Nacional de Apoyo al Sector Vitivinícola (PASVE) 2019–23 antes del 31 de diciembre de 2022 y que podrán ejecutarse y pagarse como máximo hasta el 15 octubre de 2025.

Luis Planas subraya las oportunidades de la nueva PAC para el sector hortofrutícola

«La nueva Política Agraria Común (PAC) supone una gran oportunidad de apoyo para que el sector de frutas y hortalizas avance en la sostenibilidad del modelo productivo europeo», ha asegurado el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, en la inauguración de Fruit Attraction 2022, que, organizada por IFEMA MADRID y FEPEX se celebra hasta mañana 6 de octubre. Ha recalcado que la nueva PAC mantiene el reconocimiento a la especificidad de sectores típicamente mediterráneos, como las frutas y hortalizas. Así, ha enfatizado que se mantiene la actual línea de ayudas específica para este sector, la financiación de programas operativos de las organizaciones de productores sin techo presupuestario. El ministro ha señalado que en 2020 el ministerio habilitó un volumen de ayudas en este capítulo de 275,5 millones de euros financiadas por la UE, y ha asegurado que esta cantidad debe ser la base, y que hay que utilizar más esa línea de financiación en el futuro.

Durante el acto, celebrado ayer, Luis Planas ha subrayado que las frutas y hortalizas constituyen el sector agrario más relevante de España, en términos de producción, valor añadido, vocación exportadora, generación de empleo y fijación de la población en el medio rural. Ha subrayado que la calidad y la excelencia de las producciones, tras las que hay un gran trabajo de los agricultores, ha llevado a España a ser un referente internacional en este sector. El ministro ha destacado también la oportunidad que supone diferenciar las producciones y dotarlas de mayor valor añadido, acorde con los compromisos de calidad y sostenibilidad. En este ámbito, ha animado a avanzar en materia ecológica, donde España es ya uno de los grandes productores europeos.

En concreto, la producción hortofrutícola de España se sitúa en torno a los 28 millones de toneladas, con un valor medio de la producción superior a los 15.000 millones de euros, lo que sitúa a nuestro país como el primer productor de la Unión Europea y el tercero del mundo. Además, tiene una clara vocación exportadora, ya que más de la mitad de la producción se destina a los mercados exteriores, por valor de casi 18.400 millones de euros y un saldo positivo de la balanza comercial de más de 13.400 millones de euros, en 2021.

El ministro de Agricultura ha realizado un recorrido por los distintos pabellones de la feria, acompañado de diferentes autoridades, tanto nacionales como internacionales. Entre ellos, el presidente de Murcia, los consejeros de agricultura de Andalucía, Aragón, Canarias, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura y La Rioja; los embajadores de Brasil, El Salvador, India, Turquía, Países Bajos, Francia y Polonia; el presidente del Comité Ejecutivo de IFEMA MADRID, José Vicente de los Mozos, y Jorge Brotons, presidente de FEPEX.