PAC

El sector agrario andaluz, representado por ASAJA-Andalucía, COAG-Andalucía y Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, ha lamentado que la Comisión Europea haya validado políticamente el Plan Estratégico español de la Política Agraria Común (PAC), presentado por el ministro de Agricultura, Luis Planas, que previsiblemente tendrá el visto bueno en unas semanas para su puesta en marcha a partir del 1 de enero de 2023. Según han señalado estas organizaciones en un comunicado, «la hoja de ruta del Ministerio de Agricultura hurta 500 millones de euros a la principal región agraria de España, además de penalizar su apuesta por la diversificación y la sostenibilidad, señas de identidad del sistema agroalimentario andaluz»

Asimismo, han apuntado que «el Plan es fruto de la política autoritaria de Luis Planas, que lo ha redactado sin diálogo, sin estudio de impacto y sin criterios técnicos o agronómicos, priorizando los intereses de algunos territorios, cargándose el modelo social y profesional de agricultura en beneficio de los fondos de inversión y obviando el rechazo unánime del campo andaluz, el que cultivan uno de cada tres perceptores españoles de la PAC». Para añadir que «el consenso brilla por su ausencia en un documento que generará desequilibrios y agravios territoriales»

Las organizaciones firmantes han comentado que el titular de Agricultura «no sólo no ha hecho ademán de negociar en estos dos años, sino que ha hecho caso omiso de las reivindicaciones de los productores andaluces y ha enviado el documento definitivo sin que los beneficiarios del mismo, que no son otros que los agricultores y los ganaderos españoles, conozcan la letra pequeña»

Los representantes del campo andaluz han criticado «la hipocresía» del ministro al asegurar que el Plan Estratégico de la PAC de España es «muy equilibrado, cuando en ningún momento ha puesto sobre la mesa los estudios económicos y de impacto que se le han solicitado por activa y por pasiva. Los datos manejados desde Andalucía señalan que las medidas propuestas por el ministerio provocarán un descalabro económico en el territorio y un trasvase de ayudas desde esta región a otras comunidades».

Para las tres organizaciones, este plan «penaliza la diversidad productiva al reducir el número de regiones (de las 50 actuales a 20) y porque su reconfiguración es muy lesiva para Andalucía, ya que algunas de las comarcas agrarias que más ayudas de pago básico generaron en las provincias de Sevilla, Jaén o Huelva quedan degradadas y se integran en regiones menos productivas».

Esta discriminación «se evidencia, por ejemplo, en que a nivel estatal se han configurado dos regiones de pastos y solo una de regadío. Así, el número de ecoesquemas y el reparto de los fondos de esta partida propuesto por el Ministerio es a todas luces insuficiente si se quiere impulsar una producción agraria más verde, como señala Bruselas». Además, para el campo andaluz «es un error no vincular esta arquitectura medioambiental a las regiones productivas». Por ello, esperan que «la falta de consenso entre los Estados miembro sobre la aplicación de este nuevo sistema, unida a la situación de incertidumbre creada por la guerra en Ucrania, retrasen la puesta en marcha y planteen una revisión de la partida que sustituirá al pago verde».

La pérdida de presupuesto no es la única crítica de las organizaciones, ya que como recuerdan este Plan Estratégico «complica más si cabe la gestión técnica y económica de las explotaciones agrarias, lejos de la simplificación administrativa anunciada por la Administración y que tanto anhela el sector productor».

En definitiva, para los representantes del campo andaluz «la luz verde de Bruselas al Plan Estratégico de Luis Planas la peor noticia que podían recibir los agricultores y los ganaderos de la comunidad, pues su aplicación se traducirá en unas pérdidas irreversibles». Con su modus operandi, el ministerio de Agricultura, con el apoyo de la Comisión Europea, ha perpetrado un atentado contra la capacidad productiva, contra la viabilidad de las explotaciones agrarias de la comunidad y contra un sector que fija población y genera riqueza en el entorno rural.

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La hiperregulación a la que se enfrenta el sector productor exportador de frutas y hortalizas, con la reforma de la PAC y el desarrollo normativo nacional que ahora comienza; las futuras normativas medioambientales, entre las que se encuentran el Real Decreto sobre envases y residuos de envases y la Ley del Desperdicio Alimentario; la nueva reforma laboral o la aplicación de la Ley de la Cadena, centraron la Comisión de Gobierno de FEPEX que se reunió, el jueves 31 de marzo, en Madrid.

La Comisión de Gobierno de FEPEX, constituida por representantes de las Asociaciones de las zonas de producción, analizó la futura reforma de la PAC, que entrará en vigor el 1 de enero de 2023, y en especial desarrollo normativo nacional, que ya ha comenzado y que implica la revisión de múltiples Reales Decretos, como el de reconocimiento de organizaciones de productores, el de programas operativas o el anteproyecto de Ley de implantación del sistema de gestión de la PAC. Se expuso, demás, la preocupación sobre cómo se va a llevar a cabo la integración de los productores de frutas y hortalizas que hasta ahora estaban excluidos en el régimen de pagos directos, ya que se ha introducido la figura del jefe de explotación, como nuevo requisito que determinará el acceso a los pagos directos, lo que provocaría una discriminación respecto a los perceptores actuales.

Como consecuencia del desarrollo normativo nacional de la PAC, preocupa también el Real Decreto por el que se establece y regula el sistema de información de explotaciones agrícolas y ganaderas y de la producción agraria, SIEX, puesto que establece una enorme exigencia de información digital a los productores españoles, información de ámbito productivo y comercial que, para FEPEX, en algunos aspectos, supera el ámbito de la PAC.

En la reunión, se analizó también las nuevas normativas medioambientales.  El Real Decreto sobre envases y residuos de envases, cuya publicación está prevista para el segundo semestre de este año, incluye nuevas exigencias para la comercialización de frutas y hortalizas, en especial en los comercios minoristas, ya que se exigirá presentar las frutas y verduras frescas sin utilizar envase de plástico para cantidades inferiores a 1,5 kilogramos.

Respecto a la política laboral, el «Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo» afecta de lleno al sector hortofrutícola, porque implica grandes cambios en la contratación temporal, que es la más habitual en dicho sector, consecuencia de su idiosincrasia y de la estacionalidad de las campañas. Cambios, que, según FEPEX, «no han tenido en cuenta las características propias del sector de frutas y hortalizas».

También se analizó la difícil implementación que tiene la Ley de la Cadena, y en especial tras la reforma de finales de año, que ha entrado en vigor el 16 de diciembre, ya que se amplió el ámbito de actuación al comercio exterior y a nuevos sectores como el de flor y plantas. La Ley sigue creando una gran incertidumbre entre todos los operadores en su aplicación por la volatilidad de los precios y los mercados.

Este escenario «implica una hiperregulación de la actividad productiva y comercial» que, según algunos miembros de la Comisión de Gobierno de FEPEX, «será inasumible para muchos productores, a lo que se suma la subida de costes continua y desbocada desde el año pasado y la dificultad para trasladar éstos al precio de venta».

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La conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno de las Islas Baleares ha reunido a la mesa sectorial del aceite de oliva para tratar, entre otros temas, la nueva Política Agraria Común (PAC) 2023–2027 y qué oportunidades plantea este sector. Una de las herramientas que pone al alcance la nueva PAC son las ayudas para ‘ecoesquemas’, se premian aquellas prácticas agrícolas sostenibles que se apliquen a determinados cultivos. Son un total de 7 'ecoesquemas', y 3 se pueden aplicar a los olivares. Los 3 ‘ecoesquemas’ que afectan al olivar consisten en el mantenimiento de la biodiversidad de las parcelas, el uso de cubiertas vegetales espontáneas o sembradas, y la incorporación de los restos de poda triturada en el suelo. En cada hectárea de cultivo se puede aplicar un ‘ecoesquema’ concreto.

Estas ayudas de la nueva PAC también contemplan los sobrecostes de la insularidad para las Islas Baleares. Así, el productor del sector del aceite de Baleares que las ponga en práctica percibirá hasta un 55% más que en el mismo sector pero en territorio peninsular. Se establecen tres tramos de importes y, por ejemplo, mientras un agricultor de la península percibirá una ayuda de 71,63 euros, uno de Baleares recibirá 111,63 euros, un 55,84% más.

Por otra parte, la conselleria de Agricultura prevé que se puedan incorporar 1.927,05 hectáreas de olivar de Baleares a la nueva PAC para que cobren por derechos. Uno de los potenciales de la nueva PAC es la regularización de superficie agraria elegible sin derechos, siendo Baleares una de las comunidades autónomas con un mayor porcentaje de superficie declarada sin derechos de PAC, por lo que precisamente puede salir más beneficiada. Sin embargo, es el sector el encargado de declarar hectáreas de cultivo para que los cobren. En el caso del cultivo del olivar, la conselleria prevé, por un lado, la solicitud en la Reserva Nacional de Derechos para incrementar 1.470,41 hectáreas de este cultivo, así como que el sector regularice 456,64 hectáreas olivar que están declaradas, pero que no cobran derechos de PAC.

En la reunión también se han dado a conocer los datos de comercialización y producción del aceite, tanto de Mallorca como de Eivissa, de la campaña 2020–2021. En el caso de la D.O. Aceite de Mallorca se han comercializado 303.000 litros de aceite, un 22% más que en 2020. En el caso de la IGP Aceite de Eivissa, la comercialización ha sido un 50% superior a la de 2020.

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La división de negocio de CaixaBank dirigida al sector agroalimentario, AgroBank, ha puesto en marcha la campaña de la PAC 2022 «para facilitar la tramitación de las ayudas y adelantar la cuantía de las mismas, lo que permitirá a agricultores y ganaderos disponer de la ayuda en el momento que la necesiten». Así, podrán tramitar las ayudas en las 1.650 oficinas rurales de CaixaBank repartidas por todo el país, además de más de 1.150 oficinas AgroBank con gestores especializados que ofrecerán asesoramiento personalizado a clientes de la entidad.

Junto a esto, CaixaBank facilita la tramitación de la PAC 2022 a través de CaixaBank Now, en su web y app digital, «gracias a un proceso sencillo mediante el cual en sólo dos pasos pueden anticipar las ayudas y tener el dinero abonado». Esto es posible «gracias a los 5.900 millones de euros en financiación preconcedida que AgroBank pone a disposición de sus clientes».

Los clientes que anticipen la ayuda de la PAC por un importe superior a 3.000 euros recibirán como obsequio el nuevo dispositivo inteligente Google Nest Hub, como muestra de la apuesta de la entidad «por una transformación hacia un sector productivo más digital e innovador».

Como complemento a la campaña PAC 2022, AgroBank pone a disposición de sus clientes un catálogo completo de seguros para cubrir cualquier tipo de adversidad, destacando el Seguro Agrario y los seguros Multirriesgos adaptados a cada cultivo y ganado.

Además, con el fin de apoyar la financiación verde e impulsar la sostenibilidad, la entidad ha lanzado nuevos productos como los préstamos ‘Agroinversión’, especializados en transición ecológica y energías renovables, con el objetivo de favorecer una producción más sostenible y con un menor impacto climático.

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Cerca de 665.000 productores agrícolas y ganaderos pueden presentar desde el 1 de febrero y hasta el 30 de abril la solicitud única de las ayudas directas de la Política Agraria Común (PAC) para 2022. El importe total asciende a 4.856 millones de euros, que se podrán abonar en forma de anticipos a partir del 16 de octubre, y completar el saldo a partir del 1 de diciembre.

Mediante la solicitud única, el productor puede solicitar todas sus ayudas de una sola vez. Según ha indicado el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) la correcta cumplimentación de la solicitud y la presentación dentro del plazo establecido resulta de gran importancia para evitar posibles penalizaciones o incluso la no percepción de las ayudas. Como en campañas anteriores, la solicitud única debe dirigirse a la autoridad competente de la comunidad autónoma en la que radique la explotación o la mayor parte de la superficie.

Las ayudas directas que se pueden solicitar se recogen en el Real decreto aprobado a finales de 2014, y modificado el 29 de diciembre de 2021, sobre la aplicación a partir de dicho año de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería. En esta norma se describen los requisitos necesarios para poder optar a cada ayuda y la información de la solicitud única.

Las ayudas que se pueden solicitar en 2022 son:

1. Regímenes de ayuda desacoplados.

-Pago básico a los agricultores (‘Régimen de pago básico’).

-Pago para los agricultores que apliquen prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente (“pago verde”).

-Pago complementario para los jóvenes agricultores que comiencen su actividad agrícola.

-Pago del régimen para los pequeños agricultores.

2. Regímenes específicos de ayudas por superficie.

3. Regímenes de ayuda asociada voluntaria, en aplicación del artículo 52 del Reglamento (UE) 1307/2013.

Respecto al régimen del pago básico, como en campañas anteriores, los agricultores pueden conocer el valor de sus derechos de pago básico para la campaña 2022 a través de la consulta pública creada a tal efecto en la web del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA): (https://www.fega.es/es/ayudas-directas-y-desarrollo-rural/consulta-derec...)

También el día 1 de febrero se ha abierto el plazo de presentación de las solicitudes de pago de las medidas de los programas de desarrollo rural de las comunidades autónomas incluidas en el ámbito del sistema integrado de gestión y control (básicamente ayudas por superficie y ganaderas). Igualmente, se podrá realizar la comunicación de cesión de derechos de pago básico y la solicitud de derechos para la Reserva Nacional de Pago Básico, orientada sobre todo hacia los jóvenes agricultores y hacia aquellos productores que se incorporan a la actividad agraria y que cuentan con una formación y capacitación adecuada en el ámbito agrario.

Para facilitar la cumplimentación de la solicitud única y teniendo en cuenta que todos los solicitantes deben presentar la denominada declaración gráfica de todas las parcelas agrícolas de la explotación, de acuerdo con el Sistema de Información Geográfica de Identificación de Parcelas Agrícolas (SIGPAC), el MAPA pone la información necesaria a disposición de los solicitantes mediante el acceso a éste a través de su página web (www.mapa.gob.es), y de la del FEGA (www.fega.gob.es), así como de las correspondientes comunidades autónomas.

En la web del FEGA pueden también consultarse una serie de notas técnicas sobre los diferentes regímenes de ayuda incluidos en la solicitud única, en las que se incluyen todas las novedades de la campaña 2022. Al ser el segundo año del periodo transitorio de la PAC 2021-2022, las condiciones para el cobro de las ayudas son semejantes a las de años previos.

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La exportación española de frutas y hortalizas frescas cerrará 2021 superando los 15.200 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 4% respecto al año anterior, según las estimaciones de FEPEX y comenzará 2022 con importantes retos, entre los que destaca el desarrollo normativo de la nueva PAC, la transición verde, la globalización creciente del mercado comunitario y el incremento de los costes.

En volumen, la exportación de frutas y hortalizas frescas en 2021 aumentará ligeramente, un 1% con relación a 2020, totalizando 13,3 millones de toneladas, según las estimaciones realizadas por FEPEX, basadas en datos del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales hasta el mes de octubre y una previsión de los meses de noviembre y diciembre.

El año que concluye ha estado marcado por la inflación de costes y la dificultad de trasladarlos a los precios de venta, en un escenario de pandemia. Ha sido también el primer año de Reino Unido fuera de la Unión Europea (UE), lo que ha supuesto la adaptación a nuevas obligaciones documentales y controles exigidas por ese país, en el que se ha observado un fuerte crecimiento de la competencia de terceros países.

En 2022 concluirá el desarrollo normativo de la PAC, tras la presentación del Plan Estratégico por parte del MAPA a la Comisión Europea antes de que finalice este año, considerando, FEPEX, imprescindible que el modelo nacional incluya el acceso de la generalidad de los productores de frutas y hortalizas frescas y de flores y plantas vivas a las ayudas directas a partir de 2023, para acabar con la discriminación existente con otros productores nacionales y comunitarios. La nueva normativa de aplicación de la PAC regulará también las intervenciones sectoriales, lo que conllevará la revisión de los Reales Decretos de reconocimiento de organizaciones de productores y de fondos y programas operativos.

En política comercial, y con el fin de mantener la rentabilidad de las explotaciones españolas es determinante que la Comisión Europea reconozca el desequilibrio existente en el mercado comunitario con unas importaciones de frutas y hortalizas procedentes de países terceros de 17 millones de toneladas frente a unas exportaciones de 5 millones de toneladas. Este desequilibrio se agudiza cada vez más porque las importaciones no están sometidas a los mismos requisitos de producción, medioambientales y sociales que las producciones comunitarias, haciendo del modelo comunitario cada vez menos competitivo frente al de países terceros. Además, la creciente globalización del mercado de la UE no va acompañada de una apertura real de nuevos mercados para los productores comunitarios. Los envíos fuera de Europa descienden, y en el caso de España, la exportación extraeuropea hasta octubre de este año ha descendido un 11% totalizando 392 millones de euros, representando sólo el 3% del total.

La mejora de la competitividad mediante un uso eficaz de los fondos de recuperación es otro de los retos pendientes en 2022, con el objetivo de cerrar el diferencial de productividad con otros países comunitarios con un mayor nivel tecnológico de las explotaciones, y por otro lado, transitar hacia un modelo de explotación que cumpla los objetivos medioambientales derivados del Pacto Verde Europeo.

En cuanto al consumo, con datos hasta agosto de 2021 ha descendido un 8% respecto al mismo periodo de 2020, ya que el año pasado creció fuertemente impulsado por la pandemia. El decrecimiento del consumo de frutas y hortalizas en los hogares con relación al año pasado vuelve a poner en evidencia que la Covid–19 y los confinamientos totales y parciales supusieron un fuerte impulso en la demanda. Sin embargo, comparando los datos de enero a agosto de este año con los del mismo periodo de 2019, año anterior a la pandemia, se observa un 3% de crecimiento en el conjunto de la demanda, lo que aporta una perspectiva positiva del consumo a largo plazo, acorde con la sensibilidad creciente en el ámbito de la salud.

Finalmente, en 2022, del 4 al 6 de octubre, se celebrará la 14ª edición de FRUIT ATTRACTION, reforzando su papel como principal instrumento de promoción del sector hortofrutícola, y foro de encuentro de toda la cadena de valor.

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La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha advertido al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, que, con los términos planteados en el documento base de negociación, el agricultor profesional tiene ‘todas las papeletas’ para ser el gran perdedor de la aplicación de la nueva Política Agraria Común (PAC) en España. Así se lo ha trasladado el secretario general de la organización, Miguel Blanco, durante la reunión de las organizaciones agrarias con Planas para analizar el Plan Estratégico Nacional de la PAC.

Al respecto, el máximo responsable de COAG se ha referido a la definición de ‘agricultor activo’, que «se aleja del agricultor profesional e incluye a todos los titulares de explotaciones aunque su actividad agraria sea insignificante». De esta manera, «cerca de 250.000 perceptores PAC, cuya actividad agraria es insignificante, además de la ayuda básica reconocida, tendrán también acceso a las ayudas redistributivas, asociadas y ecoesquemas, sin que haya ningún tipo de priorización para los agricultores y agricultoras profesionales».

Blando ha criticado que con este planteamiento «se consolidaría así un trasvase de ayudas del verdadero profesional, que vive exclusivamente de su trabajo en el campo y genera desarrollo económico y social en el medio rural, a aquellos falsos activos y absentistas que viven de otras actividades ajenas al sector. Se pierde el espíritu social de las ayudas redistributivas de la PAC; trasvasar fondos de las explotaciones más grandes a las pequeñas y medianas profesionales, para ayudarles ante el incremento de costes y los escasos márgenes de rentabilidad».

Por todo ello, COAG ha pedido al ministro Planas que negocie con Bruselas que sólo aquellos cotizantes a la seguridad social agraria puedan tener acceso a las ayudas redistributivas, acopladas y ecoesquemas para evitar que los rentistas «metan de nuevo la mano en el bolsillo a los verdaderos profesionales del sector».

Por otro lado, la organización agraria ha indicado que la condicionalidad reforzada, que supone mayores exigencias medioambientales y por tanto mayores costes y menos renta, junto con la partida del 23% de las ayudas condicionada a los ecoesquemas, «puede lastrar la viabilidad económica de las pequeñas y medianas explotaciones si no viene acompaña de medidas y presupuesto adicional para acometer una transición verde justa». En este sentido, Miguel Blanco ha subrayado que «detraer una parte tan elevada de las ayudas directas a los ecoesquemas es un recorte en toda regla», para añadir que «para recuperar ese 23% el agricultor tendrá que afrontar nuevos gastos que el mercado no remunera».

Por último, COAG ha explicado que con el acuerdo entre las instituciones comunitarias, el  40% de los fondos agrarios iría destinado a medidas medioambientales y climáticas. «Podemos afirmar con rotundidad que los hombres y mujeres del campo van a acabar financiando las políticas ambientales de la UE», ha apuntado el secretario general de esta organización, al tiempo que ha resaltado la hipocresía de los mandatarios europeos y estatales, «en las nuevas reglas del juego no se han aprobado exigencias equivalentes para las importaciones de terceros países. La UE legitima de esta manera la competencia desleal y el fraude al consumidor que supone esta grave injusticia», ha puntualizado.  

www.coag.org

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El sector agrario español ha valorado de forma dispar el acuerdo alcanzado entre el Consejo y el Parlamento Europeo sobre la Política Agraria Común (PAC) 2023–2027, que ha sido ratificado por el Consejo de ministros de Agricultura y Pesca de la Unión Europea (UE).

Así, el ministro de Agricultura, Luis Planas, ha destacado que este acuerdo «supone poder avanzar hacia una nueva política agraria más justa y sostenible desde el punto de vista social, económico y ambiental. Tiene en cuenta a la agricultura familiar y profesional y aboga por el necesario relevo generacional para asegurar una actividad agraria con futuro, que haga frente a los nuevos desafíos climáticos, al tiempo que asegura la rentabilidad de las explotaciones».

Por su parte, FEPEX ha valorado «positivamente» el resultado de la negociación de la PAC, abriéndose ahora un periodo determinante para el sector hortofrutícola, dada la amplia competencia concedida a los Estados Miembros, en el que debe trasladarse el acuerdo alcanzado a la legislación nacional. En este sentido, para los sectores de frutas y hortalizas y de flores y plantas vivas, son claves, «por un lado, el acceso de la generalidad de los productores a las ayudas directas, lo que les permitirá acceder a los eco-esquemas y, por otro lado, el contenido del Plan Estratégico Nacional, que incluirá las acciones que podrán desarrollarse en el marco de los programas operativos de las organizaciones de producciones».

Al respecto, cabe señalar que las ayudas a los programas operativos constituyen el principal apoyo de la PAC a las frutas y hortalizas, ya que este sector está excluido en España, en su mayoría, de los pagos directos. Por ello, FEPEX considera imprescindible que «haya un acuerdo entre el ministerio de Agricultura y las Comunidades Autónomas para que la generalidad de los productores de frutas y hortalizas accedan a las ayudas directas y a los eco–esquemas».

Cooperativas Agro–alimentarias de España valora el acuerdo alcanzado sobre la futura PAC, que asegura un marco estable hasta 2027. Esta entidad ha indicado que el acuerdo «es muy ambicioso» desde el punto de vista medioambiental y la clave estará en cómo se gestionarán las intervenciones para que el sector productor pueda afrontar el nuevo modelo de sostenibilidad medioambiental, siendo rentable y competitivo. En este sentido, el acuerdo cita expresamente la «necesidad de mejorar la posición de los agricultores en la cadena alimentaria, fomentando las formas de cooperación entre los agricultores», lo que invita a los Estados miembros a reforzar el cooperativismo agroalimentario.

EFOW y CECRV, las organizaciones representativas de las denominaciones de origen de vino a nivel europeo y a nivel nacional, también se muestran satisfechas con el compromiso político alcanzado por las instituciones europeas sobre la reforma de la PAC. Consideran que «se ha logrado reforzar el marco regulador de los vinos con D.O., en concreto, en lo que respecta a la ampliación y mejora del sistema de autorizaciones de plantación, las especificidades de las DD. OO. en el etiquetado de la declaración nutricional y de ingredientes, el refuerzo del concepto denominación de origen también desde el punto de vista de la sostenibilidad y la consolidación de las acciones de promoción y comunicación de las DD. OO. en terceros países».

En cambio, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) considera que la reforma de la PAC «no es justa ni social» y acelerará el «proceso de uberización del campo español y europeo». Para esta organización, el texto aprobado «no responde las verdaderas necesidades del modelo social y profesional agrario, mayoritario en Europa, al abandonar aún más los mecanismos de regulación de mercado». Ello, agravará el impacto de la volatilidad de los precios y la espiral alcista de los costes en las rentas de las pequeñas y medianas explotaciones. «El cierre de explotaciones es un hecho. Un 7% de macro–empresas agrarias acapara ya la mitad del valor productivo, según datos del ministerio de Agricultura del año 2020. Y esta nueva PAC acelerará el inquietante proceso de concentración de la producción. Nos jugamos dejar en manos de un puñado de multinacionales y fondos de inversión la soberanía alimentaria de Europa», ha apuntado el secretario general de COAG, Miguel Blanco.

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Milguel Blanco: 'Las instituciones comunitarias pretenden convertir a los agricultores profesionales en los jardineros de Europa'

 

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha mostrado «su rotundo rechazo» a que se destinen un 25% de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) a los eco-esquemas «porque en la práctica supone un recorte encubierto para financiar políticas verdes con fondos agrarios». En este sentido, el secretario general de la organización agraria, Miguel Blanco, ha sido muy crítico con el principio de acuerdo que en este punto han llegado la Eurocámara, la Comisión Europea y el Consejo de Ministros de Agricultura de la UE, durante las últimas negociaciones realizadas para alcanzar un acuerdo global de la nueva PAC 2023-2027, que finalmente se ha postergado hasta el próximo consejo del mes de junio.

La COAG considera «inquietante» que la PAC pueda alejarse de su verdadero objetivo, que es «producir alimentos en cantidad y calidad suficiente para los 500 millones de ciudadanos europeos». «Resulta intolerable que, tras los aprendizajes que nos deja la pandemia, obviemos el carácter estratégico del sector agrario y desde las instituciones comunitarias se quiera reconvertir a los agricultores profesionales en los jardineros de Europa», ha subrayado Blanco.

Además, COAG ha denunciado las serias contradicciones de la UE en este sentido. El sector agrario está obligado a asumir las estrategias europeas (Paquete Verde y de la Granja a la Mesa) y adaptar sus producciones a altos estándares de calidad y respeto medioambiental, para lo que correspondería indefectiblemente reforzar el presupuesto de la PAC. Al contrario, ante estos retos «resulta lamentable un recorte de los fondos agrarios que supone una pérdida del 12% del poder adquisitivo aprobado por el Consejo Europeo para el periodo 2021-2027. Ello supondrá mayores costes para agricultores y ganaderos, que no se verán compensados».

Al respecto, el secretario general de COAG ha apuntado que «de forma paralela, la UE sigue firmando acuerdos de libre comercio con terceros países que ahondan en la desregulación del mercado debilitando las normas higiénico-sanitarias y el principio de precaución y son la puerta de entrada de importaciones que no cumplen con los estándares de calidad, seguridad alimentaria, respeto al medio ambiente y bienestar animal de la UE, y caldo de cultivo para la competencia desleal y la presión a la baja de los precios en el campo. Es una sentencia de muerte para las pequeñas y medianas explotaciones y un fraude para los consumidores».

COAG ha anunciado que participará el 14 de junio en la manifestación convocada en Lisboa con motivo del Consejo de Ministros de la UE, junto a las diversas organizaciones agrarias pertenecientes a la Coordinadora Europea Vía Campesina. «El modelo social y profesional de agricultura es el gran perdedor porque esta orientación de la PAC deja en manos de grandes empresas multinacionales y fondos de inversión especulativos la agricultura europea. Ya lo estamos viviendo en el día a día de muchos sectores, en donde la expulsión y el cierre de explotaciones por falta de rentabilidad es un hecho», ha recalcado Blanco.

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La Asamblea de FEPEX, presidida por Jorge Brotons, ha analizado en una reunión mantenida por videoconferencia los principales retos a los que se enfrenta el sector productor y exportador de frutas y hortalizas frescas, destacando el Brexit y la reforma de la Política Agraria Común (PAC). En el caso del Brexit, en el supuesto de que no haya acuerdo comercial al final del periodo transitorio, se estima que el pago de derechos arancelarios ascenderá a 198 millones de euros anuales, mientras que sobre la nueva PAC se apuesta por los ecoesquemas para mejorar la sostenibilidad medioambiental de las explotaciones hortofrutícolas.

La Asamblea considera que el sector productor y exportador de frutas y hortalizas no puede asumir el impacto de un Brexit sin acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y el Reino Unido, «porque ello provocaría que las exportaciones tuvieran que pagar derechos arancelarios, mientras que sus competidores directos, como Marruecos, acceden a este mercado exentos del pago de aranceles».

Cabe señalar que Reino Unido es el tercer mercado del sector, a donde se han exportado frutas y hortalizas por valor de 1.160 millones de euros en el primer semestre de este año, cifra que representa un 9% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior. Considerando un año completo, en 2019 la exportación ascendió a 1,5 millones de toneladas, un 5% más que en 2018, por un valor de 1.779 millones de euros (+1%), según los datos ofrecidos por el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales.

Respecto a la PAC, la Asamblea de FEPEX ha considerado que la reforma en curso debe permitir corregir las desigualdades y discriminaciones que ha dado lugar la aplicación del régimen vigente en España, porque explotaciones con características agronómicas y socioeconómicas similares, reciben pagos directos en función de los conocidos como ‘derechos históricos’, lo que causa «distorsiones de la competencia entre agricultores en la misma situación, con un impacto negativo sobre su competitividad, situación que no se da en los demás Estados miembros productores de frutas y hortalizas».

También, en el ámbito de la reforma en curso de la PAC y, en concreto, en relación a las nuevas medidas que se aplicarían a partir de 2023, la Asamblea ha manifestado interés por acceder a los ecoesquemas, un régimen que permitiría al sector hortofrutícola español contribuir de manera muy significativa a la sostenibilidad medioambiental y climática y que están incluidos dentro del primer pilar. 

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