La exportación española de frutas y hortalizas frescas cerrará 2021 superando los 15.200 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 4% respecto al año anterior, según las estimaciones de FEPEX y comenzará 2022 con importantes retos, entre los que destaca el desarrollo normativo de la nueva PAC, la transición verde, la globalización creciente del mercado comunitario y el incremento de los costes.

En volumen, la exportación de frutas y hortalizas frescas en 2021 aumentará ligeramente, un 1% con relación a 2020, totalizando 13,3 millones de toneladas, según las estimaciones realizadas por FEPEX, basadas en datos del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales hasta el mes de octubre y una previsión de los meses de noviembre y diciembre.

El año que concluye ha estado marcado por la inflación de costes y la dificultad de trasladarlos a los precios de venta, en un escenario de pandemia. Ha sido también el primer año de Reino Unido fuera de la Unión Europea (UE), lo que ha supuesto la adaptación a nuevas obligaciones documentales y controles exigidas por ese país, en el que se ha observado un fuerte crecimiento de la competencia de terceros países.

En 2022 concluirá el desarrollo normativo de la PAC, tras la presentación del Plan Estratégico por parte del MAPA a la Comisión Europea antes de que finalice este año, considerando, FEPEX, imprescindible que el modelo nacional incluya el acceso de la generalidad de los productores de frutas y hortalizas frescas y de flores y plantas vivas a las ayudas directas a partir de 2023, para acabar con la discriminación existente con otros productores nacionales y comunitarios. La nueva normativa de aplicación de la PAC regulará también las intervenciones sectoriales, lo que conllevará la revisión de los Reales Decretos de reconocimiento de organizaciones de productores y de fondos y programas operativos.

En política comercial, y con el fin de mantener la rentabilidad de las explotaciones españolas es determinante que la Comisión Europea reconozca el desequilibrio existente en el mercado comunitario con unas importaciones de frutas y hortalizas procedentes de países terceros de 17 millones de toneladas frente a unas exportaciones de 5 millones de toneladas. Este desequilibrio se agudiza cada vez más porque las importaciones no están sometidas a los mismos requisitos de producción, medioambientales y sociales que las producciones comunitarias, haciendo del modelo comunitario cada vez menos competitivo frente al de países terceros. Además, la creciente globalización del mercado de la UE no va acompañada de una apertura real de nuevos mercados para los productores comunitarios. Los envíos fuera de Europa descienden, y en el caso de España, la exportación extraeuropea hasta octubre de este año ha descendido un 11% totalizando 392 millones de euros, representando sólo el 3% del total.

La mejora de la competitividad mediante un uso eficaz de los fondos de recuperación es otro de los retos pendientes en 2022, con el objetivo de cerrar el diferencial de productividad con otros países comunitarios con un mayor nivel tecnológico de las explotaciones, y por otro lado, transitar hacia un modelo de explotación que cumpla los objetivos medioambientales derivados del Pacto Verde Europeo.

En cuanto al consumo, con datos hasta agosto de 2021 ha descendido un 8% respecto al mismo periodo de 2020, ya que el año pasado creció fuertemente impulsado por la pandemia. El decrecimiento del consumo de frutas y hortalizas en los hogares con relación al año pasado vuelve a poner en evidencia que la Covid–19 y los confinamientos totales y parciales supusieron un fuerte impulso en la demanda. Sin embargo, comparando los datos de enero a agosto de este año con los del mismo periodo de 2019, año anterior a la pandemia, se observa un 3% de crecimiento en el conjunto de la demanda, lo que aporta una perspectiva positiva del consumo a largo plazo, acorde con la sensibilidad creciente en el ámbito de la salud.

Finalmente, en 2022, del 4 al 6 de octubre, se celebrará la 14ª edición de FRUIT ATTRACTION, reforzando su papel como principal instrumento de promoción del sector hortofrutícola, y foro de encuentro de toda la cadena de valor.

El sector agrario español ha valorado de forma dispar el acuerdo alcanzado entre el Consejo y el Parlamento Europeo sobre la Política Agraria Común (PAC) 2023–2027, que ha sido ratificado por el Consejo de ministros de Agricultura y Pesca de la Unión Europea (UE).

Así, el ministro de Agricultura, Luis Planas, ha destacado que este acuerdo «supone poder avanzar hacia una nueva política agraria más justa y sostenible desde el punto de vista social, económico y ambiental. Tiene en cuenta a la agricultura familiar y profesional y aboga por el necesario relevo generacional para asegurar una actividad agraria con futuro, que haga frente a los nuevos desafíos climáticos, al tiempo que asegura la rentabilidad de las explotaciones».

Por su parte, FEPEX ha valorado «positivamente» el resultado de la negociación de la PAC, abriéndose ahora un periodo determinante para el sector hortofrutícola, dada la amplia competencia concedida a los Estados Miembros, en el que debe trasladarse el acuerdo alcanzado a la legislación nacional. En este sentido, para los sectores de frutas y hortalizas y de flores y plantas vivas, son claves, «por un lado, el acceso de la generalidad de los productores a las ayudas directas, lo que les permitirá acceder a los eco-esquemas y, por otro lado, el contenido del Plan Estratégico Nacional, que incluirá las acciones que podrán desarrollarse en el marco de los programas operativos de las organizaciones de producciones».

Al respecto, cabe señalar que las ayudas a los programas operativos constituyen el principal apoyo de la PAC a las frutas y hortalizas, ya que este sector está excluido en España, en su mayoría, de los pagos directos. Por ello, FEPEX considera imprescindible que «haya un acuerdo entre el ministerio de Agricultura y las Comunidades Autónomas para que la generalidad de los productores de frutas y hortalizas accedan a las ayudas directas y a los eco–esquemas».

Cooperativas Agro–alimentarias de España valora el acuerdo alcanzado sobre la futura PAC, que asegura un marco estable hasta 2027. Esta entidad ha indicado que el acuerdo «es muy ambicioso» desde el punto de vista medioambiental y la clave estará en cómo se gestionarán las intervenciones para que el sector productor pueda afrontar el nuevo modelo de sostenibilidad medioambiental, siendo rentable y competitivo. En este sentido, el acuerdo cita expresamente la «necesidad de mejorar la posición de los agricultores en la cadena alimentaria, fomentando las formas de cooperación entre los agricultores», lo que invita a los Estados miembros a reforzar el cooperativismo agroalimentario.

EFOW y CECRV, las organizaciones representativas de las denominaciones de origen de vino a nivel europeo y a nivel nacional, también se muestran satisfechas con el compromiso político alcanzado por las instituciones europeas sobre la reforma de la PAC. Consideran que «se ha logrado reforzar el marco regulador de los vinos con D.O., en concreto, en lo que respecta a la ampliación y mejora del sistema de autorizaciones de plantación, las especificidades de las DD. OO. en el etiquetado de la declaración nutricional y de ingredientes, el refuerzo del concepto denominación de origen también desde el punto de vista de la sostenibilidad y la consolidación de las acciones de promoción y comunicación de las DD. OO. en terceros países».

En cambio, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) considera que la reforma de la PAC «no es justa ni social» y acelerará el «proceso de uberización del campo español y europeo». Para esta organización, el texto aprobado «no responde las verdaderas necesidades del modelo social y profesional agrario, mayoritario en Europa, al abandonar aún más los mecanismos de regulación de mercado». Ello, agravará el impacto de la volatilidad de los precios y la espiral alcista de los costes en las rentas de las pequeñas y medianas explotaciones. «El cierre de explotaciones es un hecho. Un 7% de macro–empresas agrarias acapara ya la mitad del valor productivo, según datos del ministerio de Agricultura del año 2020. Y esta nueva PAC acelerará el inquietante proceso de concentración de la producción. Nos jugamos dejar en manos de un puñado de multinacionales y fondos de inversión la soberanía alimentaria de Europa», ha apuntado el secretario general de COAG, Miguel Blanco.

La Asamblea de FEPEX, presidida por Jorge Brotons, ha analizado en una reunión mantenida por videoconferencia los principales retos a los que se enfrenta el sector productor y exportador de frutas y hortalizas frescas, destacando el Brexit y la reforma de la Política Agraria Común (PAC). En el caso del Brexit, en el supuesto de que no haya acuerdo comercial al final del periodo transitorio, se estima que el pago de derechos arancelarios ascenderá a 198 millones de euros anuales, mientras que sobre la nueva PAC se apuesta por los ecoesquemas para mejorar la sostenibilidad medioambiental de las explotaciones hortofrutícolas.

La Asamblea considera que el sector productor y exportador de frutas y hortalizas no puede asumir el impacto de un Brexit sin acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y el Reino Unido, «porque ello provocaría que las exportaciones tuvieran que pagar derechos arancelarios, mientras que sus competidores directos, como Marruecos, acceden a este mercado exentos del pago de aranceles».

Cabe señalar que Reino Unido es el tercer mercado del sector, a donde se han exportado frutas y hortalizas por valor de 1.160 millones de euros en el primer semestre de este año, cifra que representa un 9% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior. Considerando un año completo, en 2019 la exportación ascendió a 1,5 millones de toneladas, un 5% más que en 2018, por un valor de 1.779 millones de euros (+1%), según los datos ofrecidos por el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales.

Respecto a la PAC, la Asamblea de FEPEX ha considerado que la reforma en curso debe permitir corregir las desigualdades y discriminaciones que ha dado lugar la aplicación del régimen vigente en España, porque explotaciones con características agronómicas y socioeconómicas similares, reciben pagos directos en función de los conocidos como ‘derechos históricos’, lo que causa «distorsiones de la competencia entre agricultores en la misma situación, con un impacto negativo sobre su competitividad, situación que no se da en los demás Estados miembros productores de frutas y hortalizas».

También, en el ámbito de la reforma en curso de la PAC y, en concreto, en relación a las nuevas medidas que se aplicarían a partir de 2023, la Asamblea ha manifestado interés por acceder a los ecoesquemas, un régimen que permitiría al sector hortofrutícola español contribuir de manera muy significativa a la sostenibilidad medioambiental y climática y que están incluidos dentro del primer pilar. 

El secretario general de Agricultura y Alimentación, Fernando Miranda, se ha reunido por videoconferencia, con responsables de las consejerías de Agricultura de las comunidades autónomas, para analizar la situación del sector agrario ante el estado de alarma decretado para hacer frente a la crisis del COVID-19.

Durante el encuentro ha explicado las medidas solicitadas a la Comisión Europea para ayudar a los sectores más afectados por el cierre de la restauración y las medidas de confinamiento, entre los cuales el de los frutos rojos. En particular, en el caso del sector de la fresa y los frutos rojos, el  ministerio ha solicitado ayudas a la retirada de mercado y por no efectuar la cosecha, y se ha pedido su aplicación retroactiva cuando sea necesario.

Asimismo, Miranda ha hecho mención de las medidas de liquidez aprobadas por el Gobierno, así como la prestación por cese de actividad, a la que también pueden acogerse los sectores agrarios afectados por la situación actual, como es el caso de la flor cortada.

El secretario general de Agricultura y Alimentación también ha informado a las comunidades autónomas de las solicitudes realizadas por el ministerio a la Comisión Europea (CE) en el ámbito de la Política Agraria Común (PAC) y de los mercados agrarios, con el objetivo de buscar soluciones a determinadas situaciones originadas por esta crisis sanitaria.

En concreto, ha detallado la relación de plazos, requisitos, compromisos y controles para los que se ha solicitado una extensión, flexibilización o reducción, de tal forma que los beneficiarios no se vean perjudicados por esta situación.

España también ha pedido a la Comisión modificaciones legales para que la imposibilidad de ejecutar determinadas medidas en los plazos establecidos no provoque la pérdida de fondos, tanto a las propias comunidades autónomas en sus programas de desarrollo rural, como al conjunto del estado en determinados programas de apoyo, como puede ser el caso del programa de apoyo al sector del vino o los programas operativos de frutas y hortalizas.

En este ámbito, Miranda ha informado asimismo de la propuesta de modificación de la CE para incrementar los límites aplicables a las ayudas de Estado, así como de la nota que ha presentado sobre el uso de los fondos de desarrollo rural (FEADER) ante la crisis del Covid-19.

Entre otras cosas, en el encuentro se ha informado a las comunidades sobre la tramitación del reglamento de transición de la PAC para el año 2021, y sobre el ajuste del calendario de elaboración del Plan Estratégico de la PAC motivado por la actual situación de excepcionalidad.