La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA–ASAJA) ha calificado como «absolutamente decepcionante para los intereses de la agricultura valenciana» la propuesta de la Comisión Europea (CE) para introducir ciertos cambios en la reglamentación actual con el objeto de mejorar el control de las plagas y enfermedades que entran en los cargamentos vegetales importados de terceros países, puesto que excluye a los cítricos y a otros productos hortofrutícolas sensibles del nivel máximo de protección que prevé Bruselas.

La organización agraria ha señalado en un comunicado que el nuevo planteamiento del Ejecutivo comunitario afecta al artículo 42 del reglamento al introducir una categoría denominada ‘vegetales de alto riesgo’ en virtud de la cual se estable la prohibición expresa de importar determinadas producciones y materias vegetales hasta que se acredite mediante análisis de riesgo que los países exportadores de esos productos con destino al mercado europeo son capaces de garantizar la correcta sanidad vegetal de los mismos.

Para añadir que, a pesar de ello, la Comisión Europea se limita a incluir en la lista de ‘vegetales de alto riesgo’ a una serie de plantas ornamentales, pero deja fuera a los cítricos cuya inclusión había sido solicitada por AVA–ASAJA, que se sumaba a las reclamaciones en esa línea que había presentado un frente común formado por 8 países, entre ellos España, Francia e Italia.

El presidente de AVA–ASAJA, Cristóbal Aguado, ha manifestado que «teníamos depositadas muchas esperanzas en esta nueva propuesta y lamentablemente se han visto frustradas, una vez más, por la falta de solidaridad de los países del norte. Nos parece inaceptable que no se conceda ese nivel máximo de protección a un producto como los cítricos que se ve asediado y amenazado por enfermedades como la mancha negra, que infesta los cargamentos importados desde Sudáfrica, o el ‘greening’, por citar sólo dos casos especialmente sangrantes».

AVA–ASAJA ya ha movido ficha y a través del COPA–COGECA –la entidad que agrupa a las organizaciones agrarias y las cooperativas europeas– ha remitido un escrito solicitando a la Comisión Europea una rectificación.

El propio Ministerio de Agricultura español también ha tomado cartas en el asunto y ha formulado una propuesta sobre esta nueva regulación fitosanitaria de los controles de frontera en la que reclama que tanto los cítricos como los pimientos, el pepino amargo, el mango, la guayaba, la manzana, la pera, la cereza, el melocotón, la ciruela, la uva y el arándano pasen a formar parte de esa nueva categoría de protección máxima que contempla la prohibición de las importaciones hasta que se garantice la plena salubridad vegetal de las mismas.

«El debate está abierto ya que inicialmente está previsto que las futuras modificaciones del reglamento entren en vigor a finales del año próximo y es preciso tomárnoslo muy en serio y presentar batalla porque es muchísimo lo que hay en juego», ha afirmado Aguado.

Sin fondos para combatir la mosca de la fruta
Por otra parte, aunque estrechamente vinculado a la problemática de las plagas y enfermedades, AVA–ASAJA ha criticado la escasez de fondos que el Ministerio de Agricultura ha destinado a la Comunitat Valenciana en la línea de ‘Prevención y lucha contra plagas’. La dotación fijada para este capítulo asciende a unos 3 millones de euros, cantidad que sólo cubre la mitad de la que solicitada por la conselleria de Agricultura de la Generalitat Valenciana. La mayor parte de la misma servirá para sufragar las medidas contra la Xylella y el picudo rojo, pero la consecuencia del recorte es que el ministerio deja sin fondos el presupuesto que hasta ahora venía adjudicando para combatir la mosca de la fruta (Ceratitis capitata).

El Comité de Gestión de Cítricos (CGC) lamenta la incertidumbre creada con la revisión de los protocolos fitosanitarios para regular las importaciones de cítricos sudafricanos en la Unión Europea (UE), ya que según ha indicado esta asociación los envíos han comenzado, algunos cargamentos están llegando a puertos europeos y la Comisión Europea (CE) aún no ha validado la propuesta realizada por este país.

Tras el fuerte repunte de la pasada campaña en las interceptaciones europeas del hongo ‘mancha negra’ (Citrus Black Spot, CBS) –con hasta 24 rechazos portuarios– y otros 14 de la peligrosa polilla Thaumatotibia leucotreta, Sudáfrica se tuvo que comprometer a revisar sus programas de control para sendas plagas. Según ha podido contrastar el CGC, «se han producido cambios relevantes que generan, si cabe, mayor desconfianza». Por un lado, el Ministerio de Agricultura sudafricano (DAFF) ha dejado de supervisar el cumplimiento de ambos programas y éste ha sido encomendado hasta 2019 a la misma empresa pública (llamada PPECB), cuya inspección permitió el año pasado «tan alarmante cantidad de rechazos portuarios», y, del otro, alguna de las más relevantes medidas propuestas para asegurar la fitosanidad de sus envíos a la UE «no han sido contrastadas por científicos independientes ni se ajustan a las regulaciones internacionales». En particular, la Citrus Growers Association of Southern Africa ha planteado un «falso» tratamiento de frío (cold treatment) que no ha sido testado para este insecto y que, a juicio del CGC, «es un traje a medida para salvar la cara».

Por ello, el CGC –como ya hizo el conjunto del sector citrícola español y defendió incluso el Parlamento Europeo– reclama como país productor a la CE que exija el mismo cold treatment que aplica EE. UU. o China a sus importaciones citrícolas sudafricanas para protegerse de esta misma polilla, cuyas larvas se desarrollan en el interior del fruto destrozándolo desde la pulpa, lo que dificulta mucho su detección y dispara las posibilidades de contagio.

El Comité de Gestión de Cítricos ha explicado que el problema generado en el arranque de la campaña de importaciones del hemisferio sur con el primer proveedor tercero en contraestación de la UE, es consecuencia del margen que el ejecutivo comunitario dejó al sector sudafricano cuando, tras años reivindicándolo, se decidió a declarar como de cuarentena esta plaga, que desde el 1 de enero de 2018 es de obligada inspección en los recintos portuarios europeos. Así, en lugar de actuar como otros países no europeos que también tienen producciones citrícolas a las que proteger de plagas, la CE apostó por un modelo alternativo en el que la elección de las condiciones fitosanitarias de importación en el mercado comunitario corresponde a los propios exportadores sudafricanos.

Una vez ya en vigor tal cambio normativo, el CGC ha podido saber que, efectivamente, la pro-puesta sudafricana incluye un «falso» cold treatment, que no ha sido avalado más que teóricamente por el Citrus Research International (CRI), un centro de investigación que financian los propios exportadores sudafricanos. Ese supuesto tratamiento de frío se aplicaría –sin una duración de días determinada ni un control oficial a cargo de funcionarios independientes– durante la travesía hacia Europa y a diferentes grados dependiendo del ‘status’ del campo del que proceda y excluyendo del mismo a limones/pomelos. A juicio del CGC, aceptar tal método supondría, más allá de disparar el peligro de contaminación por su parcialidad y probable ineficacia, sentar «un peligroso precedente y un agravio comparativo» con respecto a las exportaciones españolas, que para asegurar la no supervivencia de larva alguna de Ceratitis capitata, se ven obligados por potencias citrícolas como China, EE. UU., Japón, Corea a aplicar un completo programa que es revisado y avalado por la Administración –no por una empresa concesionaria, como el caso sudafricano– y que supone el cumplimiento además de un estricto cold treatment. A diferencia del sudafricano, este tratamiento no excluye a partida alguna, fija un número concreto de días de tratamiento y su cumplimiento durante la travesía es verificado por diversos sensores homologados.

A este respecto y sobre la independencia del CRI, que supuestamente avala ese falso tratamiento, sería oportuno recordar que tres de sus investigadores suscribieron hace unos meses un artículo científico sobre la supuesta presencia en zonas citrícolas de la ribera norte del Mediterráneo de la llamada Phyllosticta citricarpa. Según la tesis sostenida, la presencia de este patógeno y no del hongo conocido como ‘mancha negra’ (CBS) acreditaría que en esta zona no se darían las condiciones agroclimáticas para poder desarrollarse. Tal descubrimiento hubiera sido clave para una petición oficial posterior con la que finiquitar el actual protocolo fitosanitario. En fechas recientes, un panel de la EFSA desmintió tal hallazgo y cuestionó abiertamente el modo de proceder de tal investigación. «Al igual que se hizo entonces, más aún después de tan burda intentona, la CE debería encargar a la EFSA revisar los protocolos ahora propuestos antes de validarlos y mientras tanto exigir que se aplique el único que hasta el momento ha demostrado su eficacia contra la ‘Thaumatotibia’, que es el de EE. UU. o China», han señalado desde el Comité de Gestión de Cítricos.

El sector apícola de COAG ha mostrado su preocupación ante los enormes daños provocados durante la presente campaña por el ácaro Varroa, que parasita a las abejas durante todo su ciclo de desarrollo. «Produce efectos devastadores en las colonias y está acabando con miles de colmenas en todo el país», ha lamentado Ángel Díaz, responsable del sector apícola de COAG. A la significativa reducción en la cosecha de miel por la sequía (+ de un 50% respecto a una campaña normal), se suman ahora nuevos incrementos de costes para el apicultor debido a las numerosas bajas que está provocando.

La organización agraria denunciado que, sin investigación pública ni privada en nuevos tratamientos, el sector está indefenso ante un ácaro que cada vez es más resistente a todos los medicamentos autorizados en la actualidad. «Llevamos más de 30 años luchando contra esta plaga con los mismos métodos y los mismos principios activos. Mientras tanto, el Ministerio de Agricultura ha bloqueado nuevas líneas de investigación para buscar otras alternativas en la lucha contra Varroa y los laboratorios farmacéuticos solo están interesados en investigar en aquellos sectores que les dejen mayores beneficios», ha subrayado Díaz.

Más recursos públicos para investigación
En este sentido, desde el sector apícola de COAG se ha reclamado al Ministerio de Agricultura (MAPAMA) más recursos públicos para investigar en esta línea y mejorar las herramientas disponibles de lucha contra la Varroa. Asimismo, se ha pedido que se modifique el contenido del futuro Real Decreto por el que el MAPAMA pretende ligar las ayudas que llegan a los apicultores a través del Plan Nacional Apícola a la puesta en marcha de un Programa de Vigilancia y control de Varroa en cada una de las comunidades autónomas. «Dejar en manos de una decisión política del gobierno regional las ayudas que corresponden a los apicultores (una parte importante relacionadas con la sanidad animal) nos parece una decisión injusta y contraproducente. Sí a que todas las CC. AA. estén obligadas a implementar un Programa de Vigilancia y control de Varroa pero sin condicionamientos sobre las ayudas del Plan Nacional Apícola a los apicultores», ha afirmado Díaz.

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