Unió de Pagesos (UP) ha advertido, en rueda de prensa, que la sequía y las dificultades de riego en la zona del pantano de Riudecanyes (Tarragona) hacen difícil una previsión de cosecha de avellana, pero que esta no p

asará de las 2.000 toneladas (t). Cataluña cuenta con 11.500 hectáreas (ha) de avellano (datos de 2022 del Departamento de Agricultura de la Generalitat de Catalunya), de las cuales cerca de 3.381 ha son de regadío y unas 1.500 están en la zona de Riudecanyes, este año también sin recursos para regar. Las demás hectáreas de regadío han visto mermado considerablemente el capital de las minas y pozos. En este sentido, «el precio de Lonja debería subir ya que la cosecha será corta». El sindicato ha criticado el hecho de que «las cotizaciones de la Lonja de Reus se sitúan en torno a los 2 euros la libra cuando debería cotizarse a 2,5 euros la libra, como mínimo, según la relación de la demanda y la oferta de avellana en el país».

Asimismo, ha indicado que si la lluvia no permite la recuperación de la zona de Riudecanyes, «el avellano quedará comprometido». Como ha reclamado UP, «es necesario construir la infraestructura que permita la reutilización de las aguas de la depuradora de Reus para uso agrícola en el Camp de Tarragona, y que estas aguas puedan utilizarse rebajando la salinidad a niveles aceptables para los cultivos».
 

Almendra y algarroba

En cuanto a la almendra, el sindicato estima una previsión de la cosecha a la baja, con unas 22.000 t, dado que en 2023 fue de 34.500 t. En 2022 la producción fue irrelevante por las heladas de abril, mientras que en 2021 fue de 26.508 t.

En las comarcas leridanas se ha salvado la campaña por el riego, y en las tarraconenses, las fincas de regadío han cumplido con dificultad las exigencias hídricas de los almendros con el uso de pozos propios y de pequeñas comunidades de regantes. En Cataluña existen unas 13.000 ha productivas de regadío (datos de 2022 del Departamento de Agricultura). En regadío, también comienzan a producir las plantaciones intensivas y superintensivas que se han ido plantado en los últimos meses, lo que aumenta considerablemente las producciones.

En las fincas en secano (unas 25.909 ha con datos de 2022), las producciones según el sindicato han sido muy bajas, con un calibre muy pequeño y la aparición de la plaga de la avispa, y en algunas zonas no han podido ni cosechar. Hay árboles que pueden morir a causa de la sequía extrema y por la aparición de plagas como los escolítidos.

Por otro lado, la llegada de almendra americana, proveniente mayoritariamente de California, ha hecho bajar los precios entre un 11% y un 22% en Cataluña y en el conjunto del país, según la variedad, entre julio de 2023 y julio de 2024, según ha señalado la Lonja de Reus. El precio de variedades comunes el 24 de julio de 2023 era de 3,2 euros/kg grano, y el 9 de julio de 2024, de 2,85 euros/kg grano (11% menos). La ‘Larguilla’ ha pasado de 4,65 euros/kg grano en 2023 a 3,85 euros/kg grano en 2024 (17% menos), y la ‘Marcona’, de 6,25 euros/kg grano a 4,85 euros/kg grado (22,4% menos).

En cuanto a la cosecha de algarrobas, no ha empezado muy bien por la caída del precio. En septiembre de 2022 era de casi 1,5 euros/kg y dos años después se cotiza entre 40-41 céntimos el kg. Este año la cosecha será inferior (unas 4.000 t), porque el fruto es más delgado y, por lo tanto, con menos peso. Los árboles están agotados por la sequía.
 

Falta de transparencia

Por otra parte, UP ha denunciado la falta de transparencia de la Lonja de Reus, como ya sucedió también el año pasado. El sindicato ha señalado que esta lonja no puede registrar las operaciones mercantiles y que no quedan fijadas en ningún documento las operaciones de compraventa de avellana, almendra y algarroba. En este sentido, debería haber habilitado una figura legal que recogiera estas operaciones de forma interna para hacer las medias de las operaciones de compraventa y hacerlas públicas.

UP también ha criticado que muchas operaciones se realizan por vía telefónica y de forma totalmente opaca, ya que no hay constancia escrita y no queda ningún registro posterior. De esta forma es imposible saber la realidad de la compraventa para que quede reflejada en la hoja de cotizaciones que la Lonja emite cada semana. El sindicato recuerda que lleva años denunciando esta mala praxis. También ha alertado de la pasividad de las administraciones, que no han aplicado medidas frente a esta falta de transparencia.

Unión de Uniones y PALCA (organización territorial en Canarias de Unión de Uniones) han señalado que, ante las presiones que se están produciendo desde ASPROCAN (Asociación de Organizaciones de Productores de Plátanos de Canarias) a diferentes niveles para mantener al Plátano de Canarias fuera del ámbito de la Ley de la Cadena Alimentaria, abogan por que en una próxima revisión de la misma «los productores de este cultivo tengan igual nivel de protección que el resto de agricultores y puedan alcanzar precios justos».

Unión de Uniones, a través de PALCA, ha defendido durante los dos procesos de revisión de la Ley de la Cadena Alimentaria, para que «esta cuente con las herramientas que aseguren a los agricultores y ganaderos, también a los productores del plátano canario, que puedan defender unos precios que, al menos compensen los costes de producción».

La organización ha explicado que, en la pasada reforma de la Ley, fraguada en 2021, ASPROCAN «se distinguió por presionar para dejar al plátano canario fuera del ámbito de protección de la norma, lo que concluyó en una disposición adicional que establece una excepcionalidad en cuanto a la determinación de los costes de producción y su precio». Esta excepcionalidad permite que a los agricultores de la IGP se les descuenten todas las ayudas que reciben de sus costes productivos, lo que a su vez se traduce en una garantía de precio más bajo.

Desde Unión de Uniones consideran inexcusable que una asociación de organizaciones de productores como ASPROCAN esté luchando precisamente por el objetivo contrario; es decir, «para que se legitime a los compradores para pagar impunemente un precio del plátano por debajo de lo que cuesta producirlo». «El plátano canario no es el único que se enfrenta a importaciones agresivas y a unas condiciones de mercado que impiden en ocasiones alcanzar los precios que quisiéramos» han reflexionado desde Unión de Uniones, para apuntar que «quien se opone a que en una ley se contemple que un agricultor tiene derecho a que le paguen un precio justo por su trabajo, no sabemos a quién defiende, pero a los productores, desde luego, no».  Por ello, consideran que «ASPROCAN debe dedicarse a intentar que las producciones de sus socios se comercialicen en las mejores condiciones y no al revés».

Para añadir que «una asociación de organizaciones de productores, como lo es ASPROCAN, debe dedicarse a generar fórmulas y vías para la comercialización de los productos de sus socios en las mejores condiciones». Sin embargo, «durante los 15 meses consecutivos que el precio del plátano de Canarias ha estado hundido, ASPROCAN no solo no ha sido útil para revertir esa situación, sino que, además, con su presión de exceptuar al plátano de la Ley de la Cadena Alimentaria ha boicoteado la posibilidad de que los productores denuncien a los compradores por pagarles precios inferiores a sus costes de producción».

Por otro lado, Unión de Uniones recuerda que la representatividad del sector agrario recae sobre las organizaciones profesionales agrarias y que «el protagonismo representativo que se pretende arrogar ASPROCAN para hablar en nombre de los agricultores, no sólo no está justificado», sino que, «además, no se lo merecen».

PALCA ha indicado que actualmente, la IGP Plátano de Canarias «no está pasando por sus mejores momentos, entre otras causas, por una deficiente gestión de la misma, donde la credibilidad del Plátano de Canarias se está poniendo en peligro con las consecuencias que esto puede ocasionar a los más siete mil productores que la componen».

Creciente volumen de importaciones, alteraciones por cambio climático y macro-explotaciones de fondos de inversión han hundido los precios por debajo de los costes de producción.

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha denunciado la grave situación del sector productor de limón. La organización agraria ha manifestado que la «campaña actual pasará a la historia como la peor en términos de rentabilidad hasta la fecha, con precios por debajo de los costes de producción para la inmensa mayoría de las personas productoras, lo que está derivando en graves pérdidas económicas en las principales zonas de producción e incluso abandono de explotaciones y el arranque de árboles».

«Los citricultores y citricultoras hemos asumido el coste de sacar adelante nuestra producción anual y ahora, para nuestra desgracia, estamos asumiendo el coste de tirar los limones al suelo, sin ningún tipo de ingresos. Es decir, estamos gastando alrededor de 30 cts./kg de limón para no obtener nada a cambio», ha señalado Pedro Gomáriz, responsable del sector citrícola de COAG. Para añadir que «sin contar con los kilos que se han mal pagado a quienes producimos, si sólo tenemos en cuenta las 400.000 t de fruta que se ha quedado en los campos estaríamos hablando de unas pérdidas de más de 120 millones de euros».

Esta organización ha denunciado que «nos encontramos ante un mercado altamente especulativo, con un creciente grado de integración en sustitución de un modelo social de citricultura, y sin elementos precisos para la gestión de las crisis más graves, como es el caso de la actual». Asimismo, «el creciente volumen de importaciones que hunden los mercados europeos, las alteraciones de cambio climático y las enfermedades y plagas, en ocasiones también importadas, así como el aumento de superficie de los últimos años, han derivado en esta penosa situación». Según los últimos datos publicados por la Encuesta sobre Superficies y Rendimientos de Cultivos de España, elaborada por el Ministerio de Agricultura (MAPA), la superficie del limonero en regadío ha aumentado un 51% (+16.800 ha), principalmente por la conversión de superficie de otros cítricos, de frutales no cítricos o de hortalizas.

Por ello, además de adoptar medidas urgentes y estructurales para paliar y revertir la situación presente, «se debe trabajar de cara a futuras campañas y para el medio-largo plazo del sector». COAG se encuentra a la espera de respuesta por parte del MAPA a una solicitud de reunión urgente en la que poder trasladar una serie de propuestas y conocer su visión sobre la situación actual y las posibles actuaciones que se estén planteando.
www.coag.org

La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA–ASAJA) pide a las administraciones autonómica y nacional que lleven a cabo una investigación a fondo para esclarecer las causas de la brusca caída de los precios en origen de los cítricos. Según la Lonja de Cítricos de Valencia, las cotizaciones de las naranjas han llegado a desplomarse hasta un 30% en el último mes, pasando en el caso de ‘Navel Lane Late’ de 0,36 a 0,25 euros por kilo (€/kg). En variedades más tardías, la ‘Valencia Late’ ha arrancado sus operaciones con 0,21 €/kg, una cifra que también se sitúa por debajo de los costes de producción. Respecto a las mandarinas, las variedades que mayor descenso de valor han sufrido a pie de campo son ‘Orri’ (–22%) y ‘Ortanique’ (–17%).

La organización agraria exige una intensa campaña de inspecciones de oficio a los principales operadores comerciales y cadenas de distribución «para descartar prácticas anticompetitivas, e incluso un posible contubernio, ya que, con los datos oficiales disponibles de la Comisión Europea, ningún factor técnico por sí solo puede explicar de manera decisiva este desplome tan acusado de los precios que perciben los productores». Asimismo, insta a la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA), dependiente del Ministerio de Agricultura, que «investigue, y en su caso sancione, cualquier contrato de compraventa de cítricos cuyo precio esté por debajo de los costes medios de producción».

El pasado enero se produjeron los primeros coletazos de la crisis citrícola, cuando algunas variedades de mandarinas como la ‘Clemenvilla’ o la ‘Hernandina’ tuvieron graves problemas de comercialización e, incluso, hubo muchos campos que se quedaron sin recolectar por falta de demanda. La organización presidida por Cristóbal Aguado insiste en «un acuerdo global de la interprofesional Intercitrus que incluya, entre otros asuntos como la promoción, medidas contundentes para acabar cuanto antes con el problema de la ‘pinyolà’ que ocasiona una pérdida de consumidores, especialmente entre los más jóvenes».

Importaciones de países terceros

Además, gran parte de las naranjas, que venían percibiendo precios razonables, desde febrero «también han caído por debajo del umbral de rentabilidad». Voces del sector, sobre todo del comercio privado y el cooperativismo, «echan toda la culpa a un factor externo como son las importaciones foráneas». De acuerdo con los datos de la Comisión Europea facilitados por Ailimpo, «las importaciones de naranjas a la UE procedentes de países terceros desde octubre hasta febrero fueron 263.437 toneladas, un 5% menos que en el mismo periodo del año anterior». Las exportaciones de naranjas de España a la UE ascendieron a 580.337 t, «lo que mantiene la cuota de mercado en torno al 70% en una campaña con merma de cosecha a causa de adversidades climáticas».

A pesar de ello, AVA–ASAJA reitera su «indignación ante la estrategia comercial de la UE que fomenta la competencia desleal de países terceros, a costa de sacrificar a sus productores, y destaca el enorme potencial de crecimiento de Egipto», el cual ha superado por primera vez a Sudáfrica en envíos de naranjas durante este tramo de la temporada con 115.022 t, lo que supone un incremento del 56% respecto al ejercicio precedente.

En este sentido, la organización agraria reclama a Bruselas que revise el acuerdo comercial que tiene suscrito con Egipto, así como con Sudáfrica, Turquía y Marruecos, con la finalidad de «evaluar el impacto presente y futuro sobre el sector citrícola europeo, teniendo en cuenta el incremento de superficie que han plantado en los últimos años, y evitar la entrada de nuevas plagas y enfermedades a Europa». 

Por último, AVA–ASAJA advierte de que «las movilizaciones continuarán mientras las políticas agrarias y medioambientales impulsadas por todas las administraciones nos resten competitividad y nos echen de nuestros campos y granjas».