Precios

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha presentado una denuncia formal ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por una posible alteración artificial de los precios en origen del aceite de oliva, que podría suponer una conducta prohibida por la Ley de Defensa de la Competencia.

«Estamos aquí porque los datos son contundentes y alarmantes: hay un desfase injustificado de más de 2 euros por kilo entre el precio real en origen del aceite de oliva (3,50 €/kg) y el valor que debería tener (5,55 €/kg), según el riguroso análisis de las universidades de Jaén, Córdoba y el IFAPA», ha afirmado Miguel Padilla, secretario general de COAG.

El estudio ha sido desarrollado por un equipo de investigadores de las tres instituciones mencionadas, con una metodología basada en la aplicación de un software avanzado de detección de desequilibrios de mercado. Se han considerado tanto los datos reales de producción de la campaña 2023/24 como los aforos previstos para 2024/25.

El foco del análisis ha estado en la evolución del precio en origen del Aceite de Oliva Virgen Extra (AOVE) y su comparación con los valores estimados de equilibrio según el contexto del mercado. Esta comparación «ha permitido identificar márgenes injustificables entre el precio real pagado a los productores y el valor de mercado estimado, apuntando a un posible desequilibrio provocado intencionadamente», según ha señalado COAG.

De confirmarse que se ha producido un pacto de precios o cualquier práctica que restrinja la competencia, «estaríamos ante una infracción grave de la legislación vigente». En concreto, la Ley 15/2007, de Defensa de la Competencia, en su artículo 1.1, «prohíbe los acuerdos entre empresas que tengan por objeto o efecto impedir, restringir o falsear la competencia, incluyendo expresamente los pactos de fijación de precios y el reparto de mercados».

Además, de mantenerse esta distorsión en los precios, «los olivareros podrían dejar de percibir hasta 2.800 millones de euros en esta campaña». «No hablamos de percepciones ni de sensaciones: hablamos de una posible vulneración de la ley de Defensa de la Competencia, que requiere una investigación urgente por parte de la CNMC sobre posibles acuerdos de precios entre operadores o prácticas comerciales desleales que estarían perjudicando gravemente a los agricultores», ha reiterado Padilla.

En este sentido, el responsable del sector de olivar de COAG, Juan Luís Ávila, ha comentado que el mercado no puede ser un espacio de abuso ni de especulación a costa del trabajo en el campo. «No vamos a quedarnos de brazos cruzados mientras se infravalora de forma sistemática el esfuerzo de miles de olivareros», ha subrayado.

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La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha alertado sobre un «grave desfase» entre el precio en origen del aceite de oliva virgen extra (AOVE) y el valor que, según las condiciones actuales del mercado, debería alcanzar. En concreto, el precio medio actual, que ronda los 3,5 euros/kg, se sitúa unos 2 euros por debajo de lo que arroja el estudio elaborado por un equipo de investigación formado por expertos de la Universidad de Jaén, la Universidad de Córdoba y el Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera (IFAPA).

Este informe, encargado por la mesa que preside COAG, en el Consejo Provincial del Aceite de Oliva de la Diputación Provincial de Jaén, forma parte del desarrollo de un software especializado en la detección de desequilibrios de mercado en el sector oleícola. A partir de este modelo de previsión, y considerando los datos de cierre de campaña 2023/2024 y los aforos previstos para la campaña 2024/2025, se estima que el precio del AOVE en origen debería situarse entre los 5,55 y los 6,14 euros/kg, en función de si la producción final alcanza 1,5 o 1,29 millones de toneladas, respectivamente.

Teniendo en cuenta las salidas de aceite al mercado que se han producido desde el mes de octubre a marzo, y la media de precio en origen en estos meses (4,49 euros) en el que el aceite se ha situado un euro por debajo del precio estimado en el estudio (5,55 euros), los olivareros «han dejado de percibir debido a la distorsión de mercado 626 millones de euros». 

Actualmente, se paga en origen en torno a los 3,5 €/kg, lo que podría suponer de mantener la media del precio del aceite, que «los olivareros dejen de percibir en la campaña 2.800 millones de euros. Cada mes que pasa los olivareros están dejando de percibir 260 millones de euros». 

«Desde COAG veníamos denunciando la situación. Y este estudio viene a confirmar las sospechas de que no se están cumpliendo las reglas de la oferta y la demanda. “¿Qué está ocurriendo en el mercado para que los precios se mantengan artificialmente bajos? ¿Acuerdos comerciales o prácticas desleales por parte de algunos operadores del mercado que estarían forzando una caída de precios injustificada, en perjuicio directo de los productores?», se ha preguntado Juan Luís Ávila, responsable del sector del olivar de COAG.

Por todo ello, el próximo 13 de mayo COAG presentará una denuncia formal ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) solicitando «una investigación urgente y exhaustiva que permita esclarecer si se están produciendo prácticas que vulneren la ley de la cadena alimentaria y atenten contra la viabilidad económica de miles de olivareros». «No nos vamos a quedarnos de brazos cruzados mientras se perpetúa un modelo de negocio especulativo en el que se infravalora sistemáticamente el trabajo del campo. Exigimos transparencia y justicia en los precios», ha concluido Ávila.

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La sede del Parlamento Europeo, en Bruselas (Bélgica), ha acogido el evento ‘Reforzar la soberanía alimentaria europea: ¿cuáles son las prioridades?’, coorganizado por los eurodiputados, Esther Herranz (Grupo Popular), Eric Sargiacomo (Grupo Socialistas) y Elsi Katainen (Grupo Renovar Europa). En el mismo, el director de la Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas, Hortalizas, Flores y Plantas vivas (FEPEX), José María Pozancos, ha explicado que la revisión de los precios de entrada debe ser una de las prioridades de la Comisión Europea para proteger al sector productor de tomate de la Unión Europea y la soberanía alimentaria.

Según han indicado los organizadores, «estamos expuestos cada vez más a crisis climáticas y a cambios geopolíticos, por lo que la economía y la seguridad de los agricultores y en su conjunto nuestro sistema alimentario debe ser reforzado. Y reforzar nuestra seguridad significa reforzar las herramientas y la soberanía alimentaria a nivel comunitario, principalmente a través de la reforma de la Política Agraria Común (PAC)».

Los tres principales cambios que se requieren son: mejorar la posición de los agricultores en la cadena de valor; disponer de herramientas suficientes de gestión de crisis como stocks estratégicos y, en tercer lugar, proteger a los agricultores comunitarios del dumping y la falta de reciprocidad comercial.

Cada una de estas dimensiones se ha debatido en el mencionado evento, en el que han intervenido representantes de las principales asociaciones de agricultores, expertos y representantes de instituciones europeas y nacionales. La exposición de FEPEX se ha integrado en el apartado de proteger a los agricultores del dumping y la falta de reciprocidad comercial.
www.fepex.es

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El sector platanero canario ha experimentado una recuperación en 2024, tras un 2023 que estuvo marcado por récords de producción, pero también de muy bajos precios a las Organizaciones de Productores de Plátanos de Canarias.  Los resultados de 2023 situaron al sector en una posición crítica como consecuencia de la combinación de bajos precios en origen y el fuerte incremento de los costes de producción en los últimos tres años (+24%).

El 2024 ha sido un año de recuperación en términos de media anual, si bien dos circunstancias condicionan este hecho. Por un lado, la alta variabilidad de la producción, resultado de la evolución climatológica, que ha generado períodos de cambios bruscos de los precios. Por otro, el aumento de los costes, que, aunque de forma atenuada, siguieron creciendo el año pasado.

Las exportaciones de plátano de Canarias en 2024 se redujeron en 23,5 millones de kilos (Mkg) respecto al año anterior, situándose en los 373 Mkg. Península y Baleares fueron el destino principal, con más de 360,3 Mkg de consumo (vs. los 388 del año anterior), que se completaron con 13,1 Mkg destinados a varios países, principalmente Marruecos, Suiza, Bélgica, Polonia y Portugal (vs. los 8,5 Mkg del año anterior). El valor total de las mismas, valoradas en base al precio medio en verde del plátano de Canarias posicionado en la Península, se situó en cifras muy cercanas a los 400 millones de euros (M€), lo que representa una recuperación de algo más del 25 % respecto al obtenido en 2023.

Cabe recordar que las condiciones de producción y mercado son diferentes cada año, pero los datos muestran cómo la recuperación de niveles más equilibrados de oferta y demanda de plátano de Canarias en la península respecto al 2023 repercutieron positivamente en la recuperación de valor. Con todo, durante 2024, el consumo medio semanal en la Península se situó en 7 Mkg. Sin embargo, en términos de precio medio, la evolución del año tuvo altibajos.

Particularmente, entre las semanas 27 y 33, en las que se produjo una brusca caída en el valor de las exportaciones debido al fuerte volumen de producción previo a la época estival, lo que vino a afectar a las producciones comercializadas en la segunda parte del año. No obstante, durante las últimas 12 semanas de 2024, período tradicionalmente crítico para la venta de plátano por las celebraciones navideñas, se observó un comportamiento estable en el precio, a pesar de contar con un volumen de exportación alto y similar al del ejercicio anterior.

Este repunte en los precios medios anuales y la estabilización de la producción marcan un cambio positivo para el sector platanero canario, que se venía enfrentando a 15 meses consecutivos de precios bajos hasta marzo de 2024.

Desde la Asociación de Organizaciones de Productores de Plátanos de Canarias (ASPROCAN) recuerdan el complejo contexto actual del mercado del plátano. En los últimos diez años, el consumo de frutas en España ha caído un 24% en volumen, por lo que el plátano de Canarias, a pesar de ser una de las excepciones a esta tendencia con un crecimiento del 30% en el mismo período, se enfrenta a un contexto de mercado negativo, que se suma al aumento de los costes de producción, especialmente de la masa salarial bruta, que supera los 190 millones de euros anuales, y a la competencia de terceros países con menores exigencias medioambientales.

Además, el cambio climático ya está afectando al ciclo de producción, provocando años de cifras muy elevadas, alternados con otros de producción menor debido a la inestabilidad climática. Todo ello «genera un escenario de grandes fluctuaciones e incertidumbre».
 

Momentos de crisis de mercado 

La evolución del mercado del plátano en 2024 tuvo momentos de caída de los precios en distintos períodos, principalmente durante los meses de agosto y septiembre. En esos momentos, para evitar un endeudamiento irreversible, las Organizaciones de Productores de Plátanos adoptaron medidas de crisis que alcanzaron un total de 5,5 Mkg destinados a alimentación de ganado y producción de compost, y la donación de 2 Mkg conforme al máximo de aceptación que los bancos de alimentos de toda España. En ningún caso estas acciones, que afectaron a menos del 1,8% de la producción canaria con el objetivo de salvaguardar la continuidad de la actividad, «conllevaron destrucción de fruta».
 

Puntos clave para 2025

ASPROCAN ha identificado tres puntos de acción clave para este 2025. Por un lado, «se deben hacer más esfuerzos para el fomento del consumo de frutas. Una dinámica positiva de mercado daría una salida más estable a una producción de Plátano de Canarias creciente». 

Por otro, la nueva Comisión Europea, ante la ausencia de condiciones concretas que exijan a las importaciones los mismos estándares regulatorios que se requieren a los productores europeos, «debe actualizar significativamente la ayuda al sector, que se mantiene en los mismos niveles desde el año 2007».

Por último, desde el propio sector, «se debe seguir reforzando la actividad promocional y de calidad diferenciada que difunden y avalan su producto, a la vez que se concretan las medidas colectivas en marcha para la previsión de la producción disponible a más largo plazo, y se da continuidad a los mercados de otros países complementarios al nacional»

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Los gremios de productores y exportadores de banano de Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Perú y República Dominicana, han identificado que Lidl (Alemania) se encuentra ofreciendo a los consumidores a 0,89 euros un kg de banano de origen latinoamericano.

El Cluster Bananero&Platanero del Ecuador ha indicado en un comunicado que como representantes del sector bananero «rechazamos continuamente las prácticas de los supermercados y tiendas de descuento de ofrecer banano de origen latinoamericano en promociones que desvalorizan los esfuerzos de sostenibilidad de los productores y exportadores locales con la intención de atraer a los consumidores hacia otros productos». En este sentido, «los precios ofertados por Lidl son 0,90 euros inferiores a los anunciados por Rewe y Edeka».

Esta reducción del 47% del precio ofertado por Lidl «demuestra el escaso compromiso de los minoristas con la sostenibilidad causando que todos los esfuerzos de los productores y exportadores de banano por llevar un producto de alta calidad y sostenible sean nulos».

Sin acciones concretas por parte de los minoristas como Lidl para cambiar sus prácticas comerciales lesivas hacia la industria, «la sostenibilidad se mantiene en una promesa e intenciones vacías que no se materializan».

Al respecto, han señalado que la idea de sostenibilidad para los minoristas «es únicamente exigir de imponer de manera unilateral a los productores y exportadores requisitos mayores y costosos que ponen en riesgo la sostenibilidad económica de la actividad, mientras continúan sin asumir la responsabilidad compartida como parte de la cadena de suministro».

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Unió de Pagesos (UP) ha advertido, en rueda de prensa, que la sequía y las dificultades de riego en la zona del pantano de Riudecanyes (Tarragona) hacen difícil una previsión de cosecha de avellana, pero que esta no p

asará de las 2.000 toneladas (t). Cataluña cuenta con 11.500 hectáreas (ha) de avellano (datos de 2022 del Departamento de Agricultura de la Generalitat de Catalunya), de las cuales cerca de 3.381 ha son de regadío y unas 1.500 están en la zona de Riudecanyes, este año también sin recursos para regar. Las demás hectáreas de regadío han visto mermado considerablemente el capital de las minas y pozos. En este sentido, «el precio de Lonja debería subir ya que la cosecha será corta». El sindicato ha criticado el hecho de que «las cotizaciones de la Lonja de Reus se sitúan en torno a los 2 euros la libra cuando debería cotizarse a 2,5 euros la libra, como mínimo, según la relación de la demanda y la oferta de avellana en el país».

Asimismo, ha indicado que si la lluvia no permite la recuperación de la zona de Riudecanyes, «el avellano quedará comprometido». Como ha reclamado UP, «es necesario construir la infraestructura que permita la reutilización de las aguas de la depuradora de Reus para uso agrícola en el Camp de Tarragona, y que estas aguas puedan utilizarse rebajando la salinidad a niveles aceptables para los cultivos».
 

Almendra y algarroba

En cuanto a la almendra, el sindicato estima una previsión de la cosecha a la baja, con unas 22.000 t, dado que en 2023 fue de 34.500 t. En 2022 la producción fue irrelevante por las heladas de abril, mientras que en 2021 fue de 26.508 t.

En las comarcas leridanas se ha salvado la campaña por el riego, y en las tarraconenses, las fincas de regadío han cumplido con dificultad las exigencias hídricas de los almendros con el uso de pozos propios y de pequeñas comunidades de regantes. En Cataluña existen unas 13.000 ha productivas de regadío (datos de 2022 del Departamento de Agricultura). En regadío, también comienzan a producir las plantaciones intensivas y superintensivas que se han ido plantado en los últimos meses, lo que aumenta considerablemente las producciones.

En las fincas en secano (unas 25.909 ha con datos de 2022), las producciones según el sindicato han sido muy bajas, con un calibre muy pequeño y la aparición de la plaga de la avispa, y en algunas zonas no han podido ni cosechar. Hay árboles que pueden morir a causa de la sequía extrema y por la aparición de plagas como los escolítidos.

Por otro lado, la llegada de almendra americana, proveniente mayoritariamente de California, ha hecho bajar los precios entre un 11% y un 22% en Cataluña y en el conjunto del país, según la variedad, entre julio de 2023 y julio de 2024, según ha señalado la Lonja de Reus. El precio de variedades comunes el 24 de julio de 2023 era de 3,2 euros/kg grano, y el 9 de julio de 2024, de 2,85 euros/kg grano (11% menos). La ‘Larguilla’ ha pasado de 4,65 euros/kg grano en 2023 a 3,85 euros/kg grano en 2024 (17% menos), y la ‘Marcona’, de 6,25 euros/kg grano a 4,85 euros/kg grado (22,4% menos).

En cuanto a la cosecha de algarrobas, no ha empezado muy bien por la caída del precio. En septiembre de 2022 era de casi 1,5 euros/kg y dos años después se cotiza entre 40-41 céntimos el kg. Este año la cosecha será inferior (unas 4.000 t), porque el fruto es más delgado y, por lo tanto, con menos peso. Los árboles están agotados por la sequía.
 

Falta de transparencia

Por otra parte, UP ha denunciado la falta de transparencia de la Lonja de Reus, como ya sucedió también el año pasado. El sindicato ha señalado que esta lonja no puede registrar las operaciones mercantiles y que no quedan fijadas en ningún documento las operaciones de compraventa de avellana, almendra y algarroba. En este sentido, debería haber habilitado una figura legal que recogiera estas operaciones de forma interna para hacer las medias de las operaciones de compraventa y hacerlas públicas.

UP también ha criticado que muchas operaciones se realizan por vía telefónica y de forma totalmente opaca, ya que no hay constancia escrita y no queda ningún registro posterior. De esta forma es imposible saber la realidad de la compraventa para que quede reflejada en la hoja de cotizaciones que la Lonja emite cada semana. El sindicato recuerda que lleva años denunciando esta mala praxis. También ha alertado de la pasividad de las administraciones, que no han aplicado medidas frente a esta falta de transparencia.

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En medio de la dramática crisis de rentabilidad que sufren los agricultores de la comarca de Utiel–Requena, descapitalizados por las sucesivas campañas ruinosas en la uva para vinos tintos, la almendra y el olivar, los productores de uva para la elaboración de cava en el término de Requena vislumbran un rayo de esperanza. Tanto es así que la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA–ASAJA) prevé «unos precios históricos a pie de campo debido a la excelente sanidad y calidad de la uva, carente de enfermedades, pero sobre todo a la escasez de la producción nacional a causa de la sequía».

Las cotizaciones en origen de la uva para cava ya alcanzaron el año pasado los 0,70 euros por kilo (€/kg) en Requena, precisamente por la merma de cosecha en el conjunto de la Denominación de Origen Cava. La falta de lluvias a lo largo del pasado invierno y primavera en la cuenca mediterránea provocará un nuevo descenso de la oferta, que podría rondar el 20% respecto al potencial productivo, y agravará la disminución de stocks después de tres años consecutivos de mermas. Ante este panorama, Codorníu acaba de comunicar a los viticultores del Penedès que ofrecerá un precio medio de 0,80 €/kg, el más alto en la historia de la bodega, lo que supone un incremento del 30% sobre la campaña anterior.

La sectorial vitivinícola de AVA–ASAJA espera, en función de las previsiones de campaña y estos primeros movimientos de mercado, que los precios en origen de la uva para cava pueden sobrepasar los 0,80 €/kg ofrecidos inicialmente por Codorníu como estrategia para fijar un precio de referencia e, incluso, acercarse al euro por kilo.

El responsable de la sectorial del vino de AVA–ASAJA y productor de uva para cava en Requena, José Luis Robredo, ha recomendado a los viticultores que «defiendan un precio digno por su uva de cava que permita compensar la bajada de producción y el aumento de los costes de producción en los últimos años. Va a faltar producto, probablemente aún más que el año pasado, y el poco cava que haya disponible debe reportar una justa remuneración a todos los eslabones de la cadena de valor. Solo así podremos seguir disfrutando de un espumoso cada vez más admirado por los consumidores como es el cava de Requena».

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Unión de Uniones y PALCA (organización territorial en Canarias de Unión de Uniones) han señalado que, ante las presiones que se están produciendo desde ASPROCAN (Asociación de Organizaciones de Productores de Plátanos de Canarias) a diferentes niveles para mantener al Plátano de Canarias fuera del ámbito de la Ley de la Cadena Alimentaria, abogan por que en una próxima revisión de la misma «los productores de este cultivo tengan igual nivel de protección que el resto de agricultores y puedan alcanzar precios justos».

Unión de Uniones, a través de PALCA, ha defendido durante los dos procesos de revisión de la Ley de la Cadena Alimentaria, para que «esta cuente con las herramientas que aseguren a los agricultores y ganaderos, también a los productores del plátano canario, que puedan defender unos precios que, al menos compensen los costes de producción».

La organización ha explicado que, en la pasada reforma de la Ley, fraguada en 2021, ASPROCAN «se distinguió por presionar para dejar al plátano canario fuera del ámbito de protección de la norma, lo que concluyó en una disposición adicional que establece una excepcionalidad en cuanto a la determinación de los costes de producción y su precio». Esta excepcionalidad permite que a los agricultores de la IGP se les descuenten todas las ayudas que reciben de sus costes productivos, lo que a su vez se traduce en una garantía de precio más bajo.

Desde Unión de Uniones consideran inexcusable que una asociación de organizaciones de productores como ASPROCAN esté luchando precisamente por el objetivo contrario; es decir, «para que se legitime a los compradores para pagar impunemente un precio del plátano por debajo de lo que cuesta producirlo». «El plátano canario no es el único que se enfrenta a importaciones agresivas y a unas condiciones de mercado que impiden en ocasiones alcanzar los precios que quisiéramos» han reflexionado desde Unión de Uniones, para apuntar que «quien se opone a que en una ley se contemple que un agricultor tiene derecho a que le paguen un precio justo por su trabajo, no sabemos a quién defiende, pero a los productores, desde luego, no».  Por ello, consideran que «ASPROCAN debe dedicarse a intentar que las producciones de sus socios se comercialicen en las mejores condiciones y no al revés».

Para añadir que «una asociación de organizaciones de productores, como lo es ASPROCAN, debe dedicarse a generar fórmulas y vías para la comercialización de los productos de sus socios en las mejores condiciones». Sin embargo, «durante los 15 meses consecutivos que el precio del plátano de Canarias ha estado hundido, ASPROCAN no solo no ha sido útil para revertir esa situación, sino que, además, con su presión de exceptuar al plátano de la Ley de la Cadena Alimentaria ha boicoteado la posibilidad de que los productores denuncien a los compradores por pagarles precios inferiores a sus costes de producción».

Por otro lado, Unión de Uniones recuerda que la representatividad del sector agrario recae sobre las organizaciones profesionales agrarias y que «el protagonismo representativo que se pretende arrogar ASPROCAN para hablar en nombre de los agricultores, no sólo no está justificado», sino que, «además, no se lo merecen».

PALCA ha indicado que actualmente, la IGP Plátano de Canarias «no está pasando por sus mejores momentos, entre otras causas, por una deficiente gestión de la misma, donde la credibilidad del Plátano de Canarias se está poniendo en peligro con las consecuencias que esto puede ocasionar a los más siete mil productores que la componen».

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Unión de Uniones ha pedido al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), durante la reunión de la Mesa sectorial de la fruta dulce, que tenga previstas medidas para responder rápidamente en caso de tensiones a la baja en el precio a las explotaciones.

Esta organización ha analizado junto al MAPA y las entidades del sector la campaña de comercialización de la fruta de pepita 2023/24 y el balance de la campaña de fruta de hueso 2023, así como las perspectivas de cara a la campaña 2024.

En relación a la fruta de pepita, los datos indican una recuperación de la producción en 2023, con una campaña para 2024 que estará en el entorno a una producción media normal. No obstante, la Unión ha alertado que, en el caso de la pera, «la floración está teniendo algunos problemas en zonas importantes productoras como Lérida y la cosecha puede verse mermada». Respecto de la fruta de hueso los datos son aún provisionales, pero es reseñable que se exporte la mitad de la producción, con un 85% de las ventas al exterior con destino a la UE.

Unión de Uniones ha pedido al MAPA que «esté prevenido y tenga lista la norma que permita, en el caso de que se produzca crisis de precios en origen, el pago en especie a la industria transformadora en la retirada de la fruta dulce con destino a beneficencia, para que esta herramienta de gestión de mercados, contemplada por la UE, sea útil tanto para el sector organizado como para las entidades benéficas receptoras».

Este instrumento consiste en retirar fruta del mercado y destinarlo gratuitamente a entidades benéficas y es el más utilizado por las organizaciones de productores. Unión de Uniones ha puesto de manifiesto que «las entidades benéficas no tienen capacidad para recibir y poder distribuir grandes cantidades de fruta dulce en fresco, pero sí pueden hacerlo si esa fruta se ha transformado en zumo». Por ello ha pedido al ministerio tener prevista la norma legal para disponer de forma permanente de esta herramienta que, hasta ahora, sólo se ha habilitado temporalmente en algunas campañas

Por otra parte, Unión de Uniones ha puesto de manifiesto el «deterioro» en las condiciones del seguro agrario que han sufrido los productores de fruta dulce afectados por las heladas de 2022 y por las granizadas de años anteriores y posteriores; que se ha traducido en limitaciones de kilos asegurables por debajo del rendimiento real de las plantaciones y un encarecimiento del coste del seguro. La organización presentará sus propuestas para que se reviertan estas condiciones en el Grupo de Trabajo para analizar el Seguro Agrario constituido por ENESA.

En la mesa sectorial se ha alertado también de las dificultades para encontrar mano de obra en las campañas de recolección de fruta, así como la falta de medios fitosanitarios eficaces para el control de la mosca de la fruta y se ha pedido al MAPA que «se estudie extender a todas las zonas productoras la liberación de machos estériles para combatirla igual que en la Comunidad Valenciana».

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Creciente volumen de importaciones, alteraciones por cambio climático y macro-explotaciones de fondos de inversión han hundido los precios por debajo de los costes de producción.

 

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha denunciado la grave situación del sector productor de limón. La organización agraria ha manifestado que la «campaña actual pasará a la historia como la peor en términos de rentabilidad hasta la fecha, con precios por debajo de los costes de producción para la inmensa mayoría de las personas productoras, lo que está derivando en graves pérdidas económicas en las principales zonas de producción e incluso abandono de explotaciones y el arranque de árboles».

«Los citricultores y citricultoras hemos asumido el coste de sacar adelante nuestra producción anual y ahora, para nuestra desgracia, estamos asumiendo el coste de tirar los limones al suelo, sin ningún tipo de ingresos. Es decir, estamos gastando alrededor de 30 cts./kg de limón para no obtener nada a cambio», ha señalado Pedro Gomáriz, responsable del sector citrícola de COAG. Para añadir que «sin contar con los kilos que se han mal pagado a quienes producimos, si sólo tenemos en cuenta las 400.000 t de fruta que se ha quedado en los campos estaríamos hablando de unas pérdidas de más de 120 millones de euros».

Esta organización ha denunciado que «nos encontramos ante un mercado altamente especulativo, con un creciente grado de integración en sustitución de un modelo social de citricultura, y sin elementos precisos para la gestión de las crisis más graves, como es el caso de la actual». Asimismo, «el creciente volumen de importaciones que hunden los mercados europeos, las alteraciones de cambio climático y las enfermedades y plagas, en ocasiones también importadas, así como el aumento de superficie de los últimos años, han derivado en esta penosa situación». Según los últimos datos publicados por la Encuesta sobre Superficies y Rendimientos de Cultivos de España, elaborada por el Ministerio de Agricultura (MAPA), la superficie del limonero en regadío ha aumentado un 51% (+16.800 ha), principalmente por la conversión de superficie de otros cítricos, de frutales no cítricos o de hortalizas.

Por ello, además de adoptar medidas urgentes y estructurales para paliar y revertir la situación presente, «se debe trabajar de cara a futuras campañas y para el medio-largo plazo del sector». COAG se encuentra a la espera de respuesta por parte del MAPA a una solicitud de reunión urgente en la que poder trasladar una serie de propuestas y conocer su visión sobre la situación actual y las posibles actuaciones que se estén planteando.
www.coag.org

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