ASAJA Alicante ha denunciado “una vez más” el “hundimiento de los precios” de los productos agrícolas españoles por la entrada masiva de estos mismos cultivos procedentes de terceros países como Sudáfrica, Marruecos o Argentina, provocando una sobre inundación del mercado y afectando al precio en origen de las producciones nacionales. Esta es la situación del limón Verna de la Vega Baja, “el cual estaba viviendo una buena campaña, debido a la alta demanda por el aumento del consumo desde el inicio de la crisis por la Covid-19, y que ha visto roto el final de la campaña con la caída de un 55% de su precio en menos de 15 días”.

Según esta organización agraria, “la guerra de precios existente entre el limón sudafricano y el limón argentino, que ya han irrumpido en el mercado europeo, y como consecuencia directa del efecto llamada entre los países productores que ha tenido el incremento de la demanda y las buenas cotizaciones que estaba registrando el cítrico español desde que comenzara la crisis por la Covid-19, se ha llevado por delante el último tramo de la campaña del limón Verna”. Así, en solo dos semanas, el precio ha caído de los 0,85-0,90 €/kg a los 0,40 €/kg, “que ha provocado que muchos productores de limón de la Vega Baja se hayan visto obligados a paralizar las recolecciones en campo que estaban en curso y con muy buenas perspectivas de rentabilidad”.

Desde ASAJA Alicante calculan unas pérdidas de alrededor de 25 millones de euros y anuncian que esto “va a conllevar numerosos pleitos entre empresarios agrícolas que ya tenían la cosecha vendida bajo contrato a 0,85-0,90 € el kilo y que ahora se están encontrando con que los comercializadores están tratando de reajustar los precios a la baja con la excusa de la adaptación a las cotizaciones actuales”.

A esta organización agraria también le preocupa, “al margen de la quiebra del final de la campaña del limón español”, al que le quedaban unos 20 días de recolección, “que esta situación se está convirtiendo en tendencia y está adquiriendo tientes de normalidad”. Si hace unos años, cuando el control de la campaña estaba en manos de España, las cotizaciones del limón Verna iban subiendo conforme se acercaba el verano, desde hace dos o tres años se está viendo un cambio por el efecto Sudáfrica, que está cortando el ascenso del precio del cítrico español en junio.

Eladio Aniorte, presidente de ASAJA Alicante, ha manifestado que “nosotros lo hemos reiterado en numerosas ocasiones, no tenemos miedo a competir con otros países productores de cítricos, pero reclamamos que se haga con las mismas reglas del juego para todos. La UE debe aceptar que la agricultura no puede seguir siendo la moneda de cambio de todos sus tratados y cualquier acuerdo que se firme, primero, debe pasar por estudiar si tendrá un impacto tan grave en las producciones propias y en nuestros agricultores”.

Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha denunciado la injustificada bajada del precio de la almendra común que ha caído este año un 31% volviendo a precios de 2007.

La organización agraria ha puesto en evidencia el gran desplome del precio de la almendra y considera que está injustificado que el precio que perciben los agricultores continúe bajando semana tras semana, mientras que el consumo de frutos secos registra aumentos continuados.

Recientemente, la empresa Calconut ha afirmado que el consumo de frutos secos se ha disparado en España durante el confinamiento, de hecho, durante las primeras semanas, el consumo en los hogares españoles ha crecido un 36% respecto el mismo periodo del año anterior y que sus ventas online han aumentado un 78%. Unión de Uniones ha resaltado que este notable incremento contrasta con los precios que perciben los agricultores.

Como ejemplo, la segunda semana de enero la lonja de referencia, la de Reus marcaba para la almendra común en grano un precio de 5,15 €/kg, la semana anterior al confinamiento marcaba 4,60 €/kg y la primera semana de junio el precio ya había bajado a 3,55 €/kg.

Esto supone que el precio que percibe un productor es un 31% más bajo que a principios de año y un 23% menor que a principios del confinamiento y, además, es un 26% más bajo que el precio establecido la misma semana de 2019, a pesar de haber aumentado el consumo.

Unión de Uniones, como ya reclamó en el pasado, ha solicitado al Ministerio de Agricultura que investigue «para entender esta situación que califica de especulación, al no estarse dando hechos justificados para el desplome continuado de precios». Asimismo, le ha instado a que «ponga cartas en el asunto y que ponga en marcha el decreto que de regulación de las lonjas agrarias y que ya anunció que haría y que presente el borrador del Decreto cuanto antes».

La organización agraria ha puesto en valor el trabajo que llevan a cabo los agricultores de frutos secos en la España Vaciada, sobre todo en las explotaciones de bajo rendimiento y ha insistido al ministerio en que defienda «con uñas y dientes» la PAC.

Un grupo de investigadores del Centro de Investigación en Economía y Desarrollo Agroalimentario (CREDA), formado por la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) y el Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias (IRTA), ha analizado las consecuencias y el impacto que puede estar teniendo la crisis del Covid-19 sobre los precios en la cadena de valor de la manzana y la pera en Cataluña. El estudio ha concluido que estos han tendido a subir en todos los eslabones analizados. Sin embargo, los resultados obtenidos no permiten asociar la evolución de los precios, necesariamente, al período de crisis.

Los investigadores han seleccionado estos dos productos por la disponibilidad de datos. En el análisis se comparan los precios semanales de venta de este año, desde enero hasta abril, con los del año pasado de tres eslabones de la cadena: centrales frutícolas, mayoristas de Mercabarna y minoristas. El estudio se ha realizado a partir de los datos de los precios de las centrales frutícolas y los minoristas publicados semanalmente por el Departamento de Agricultura de la Generalitat de Catalunya en el Observatorio Agroalimentario de Precios, y los de los mayoristas que publica Mercabarna.

Los eslabones de los minoristas y mayoristas de Mercabarna son los que presentan, según el estudio, una diferencia de precios más clara entre el periodo que llevamos de crisis del Covid-19 y el anterior a la crisis. En cambio, los precios de las centrales frutícolas no han evolucionado de la misma manera por diferentes motivos, por ejemplo, debido a la existencia de acuerdos previos entre estas y las cadenas de distribución.

Por lo que se refiere a los minoristas, el precio que pagaron los consumidores por la manzana subió un 14,2% entre la tercera semana de febrero y la tercera de abril. El precio en la cuarta semana de abril era un 9,5% más alto que la misma semana del año pasado. En el caso de los mayoristas, la cuarta semana de abril el precio de la manzana era un 30,8% más alto que el de los meses de enero y febrero, y un 13,3% más alto al de la misma semana del 2019.

El caso de la pera es un poco diferente; en general, en estos dos eslabones, el precio desde el mes de enero ha estado por encima al del año pasado, sin embargo, durante la crisis del Covid-19, la diferencia de precio se ha acentuado. En el eslabón minorista, en los dos primeros meses del año, la media aritmética de las diferencias de precio fue del +8,8% mientras que en el mes de marzo y las tres primeras semanas de abril, la media fue casi 10 puntos superior, del +18,5%. En relación al eslabón mayorista, la media en los meses de enero y febrero fue del +14,1% mientras que en el mes de marzo y las cuatro primeras semanas de abril, la media fue del +44,8%. En este último caso sin embargo, el incremento de precios durante la crisis respecto al año pasado se explica, en buena medida, por el descenso que experimentaron los precios en el año 2019 a partir de la tercera semana de febrero.

En el eslabón de centrales frutícolas, se observa que a partir de la penúltima semana de febrero de este año, la tendencia a la baja del precio de la manzana se invierte. Sin embargo, en general, el precio se ha situado por debajo del 2019. Las excepciones más destacadas son las dos primeras semanas de marzo, pero a diferencia de los eslabones minorista y mayorista, el cambio de patrón no se acentúa en el tiempo, de hecho, ni siquiera se mantiene. En el caso de la pera, se observa que entre la última semana de febrero y la tercera de abril los precios han subido un 11,3%. Sin embargo, en el período anterior a la crisis, entre la primera semana de enero y la primera de febrero, se da un crecimiento aún más acentuado, del 25,1%. Por otra parte, no se ha observado que la diferencia de precio entre el 2020 y el 2019 presente un patrón claramente diferenciado durante la crisis del Covid-19 respecto a semanas anteriores.

Los investigadores han señalado que el análisis de los factores que hay detrás de la evolución de los precios de cada eslabón es necesario para saber en qué medida los precios han variado debido al Covid-19. Entre estos habría, entre otros, el incremento de la demanda, la disminución de la oferta o el aumento de los costes asociados a las medidas que las empresas deben adoptar para intentar frenar la propagación del virus

Mientras continúan las protestas y movilizaciones por todo el territorio nacional, sus convocantes, las organizaciones agrarias ASAJA, COAG y UPA, proseguirán esta semana el proceso de negociaciones con el Gobierno para concretar un plan de choque urgente que recoja medidas eficaces para abordar la crisis de rentabilidad de las explotaciones agrarias.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha convocado para el 11 de marzo la mesa de trabajo sobre seguros agrarios. Además, se espera la conformación de las mesas de fiscalidad, costes energéticos y empleo, la de acuerdos de libre comercio y la referente a la transposición de la directiva comunitaria sobre prácticas comerciales desleales.

En el área de seguros agrarios, las tres organizaciones reclaman, entre otras cuestiones, ajustar el sistema de seguros agrarios a la nueva realidad de cambio climático para asegurar un nivel de cobertura mínimo ante grandes catástrofes que permita también un seguro a la carta según sectores y sensaciones de riesgo, en unas condiciones de precios razonables para los productores. Para ello, consideran ‘imprescindible’ recuperar un presupuesto público anual de todas las administraciones en torno a los 400 millones de euros. El recorte acumulado del 35% en periodo 2013–2020, ha supuesto una subida del 20% de la prima del seguro.

En la Mesa de Fiscalidad, Costes Energéticos y Empleo, ASAJA, COAG y UPA plantean el desarrollo reglamentario Ley 1/2018 de 6 de marzo de medidas urgentes contra la sequía, para que pueda aplicarse lo que recoge en su disposición final tercera, que los regantes cuenten con dos potencias eléctricas distintas a lo largo del año, en función de las necesidades del agricultor y de sus cultivos. Los regantes tienen la necesidad de una elevada potencia para bombear agua durante los meses de riego, pero cuando termina su campaña de riego, siguen obligados a utilizar la misma potencia contratada, pagando un coste muy alto durante los meses en que no la usa. En materia fiscal, las organizaciones agrarias abogan por un incremento de los gastos de difícil justificación en la Estimación Directa del IRPF de un 15%; de la reducción del 35% de la factura del gasóleo y del 15% de la factura de plásticos y fertilizantes en el rendimiento neto en la Estimación Objetiva.

Igualmente, para contrarrestar la subida de los costes de producción haría falta reducir el IVA de los insumos, así como el incremento en dos puntos en la compensación del IVA del régimen especial, mientras que en impuestos indirectos han solicitado la exención del 85% del impuesto especial de electricidad para los sectores ganaderos.

Respecto al empleo, ASAJA, COAG y UPA solicitan bonificaciones en materia de seguridad social en los costes empresariales para mitigar la subida de los costes laborales, así como permitir a los parados mayores de 52 años en Extremadura y Andalucía que puedan compatibilizar el cobro del subsidio con el trabajo que hagan y no sufran penalización alguna.

En la mesa de acuerdos comerciales demandarán un mayor control en frontera para evitar que se incumplan de forma sistemática las cantidades y precios de entrada recogidos en los acuerdos de libre comercio de la UE con terceros países. Además, instarán al Ministerio de Agricultura a que trabaje en Bruselas para que se exijan a las importaciones de productos agrarios los mismos estándares de calidad, seguridad alimentaria, sanidad vegetal y protección sociolaboral que cumplen las producciones europeas.

Por lo que se refiere a la transposición de la directiva comunitaria sobre prácticas comerciales desleales a la normativa española, ASAJA, COAG y UPA han pedido al MAPA que aproveche este trámite legislativo para ampliar la figura del mediador a los contratos individuales, para reducir la indefensión del productor respecto a sus compradores. También reclaman que se establezca un registro oficial de contratos de compra-venta de productos agrarios y que las relaciones contractuales con el canal HORECA estén sometidas a la Ley de Cadena Alimentaria.

De forma paralela a estas negociaciones, continúa con fuerza el proceso movilizaciones a lo largo y ancho de toda la geografía española. Esta semana los tractores saldrán a la calle en Ciudad Real, Zaragoza, Cuenca, Soria, Valladolid, Vitoria, Albacete, Algeciras y Tenerife.