Protestas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las organizaciones profesionales agrarias, a las que se han sumado otras plataformas y colectivos, han retomado esta semana el calendario de movilizaciones con tractoradas que han cortado carreteras y paralizado gran parte del país para reclamar medidas tanto a nivel de la Unión Europea (UE), como del gobierno de España y de las Comunidades Autónomas. Inicialmente, los actos de protesta se han desarrollado en el ámbito más regional.

Los agricultores y ganaderos españoles se quejan, entre otros, de las difíciles condiciones y asfixiante burocracia que generan las normativas de la UE, por lo que reclaman una mayor flexibilización y sensibilización de la Política Agraria Común (PAC); y que la UE siga cerrando acuerdos de libre comercio con terceros países, lo que dificulta el comercio de los productos comunitarios. Asimismo, exigen modificar y ampliar la Ley de la Cadena Agroalimentaria para prohibir las prácticas desleales para que los precios de los agricultores puedan cubrir costes de producción; que se produzca un refuerzo real de los mecanismos de incorporación de jóvenes que propicie el relevo generacional ante un población agraria envejecida, que haya un mayor control fitosanitario de las producciones procedentes de países terceros, y evitar la reducción de sustancias activas fitosanitarias mientras no existan alternativas eficaces probadas.

Las reacciones por parte de la administración no se han hecho esperar y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha convocado el próximo martes, 13 de febrero, a las organizaciones agrarias para tratar el «problema de mano de obra» en el campo, cifrando en 100.000 los empleos perdidos en este sector en 10 años.

En Cataluña, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, acompañado del consejero de Acción Climática, David Mascort, se ha reunido el miércoles con los representantes de las principales agrupaciones agrarias que han llevado a la ciudad de Barcelona más de 2.000 tractores procedentes de diferentes puntos de esta comunidad autónoma. Aragonès, que se volverá a reunir con los representantes del sector en ’10 o 15 días’ tras analizar las demandas presentadas, prevé establecer una ‘ventanilla única’ para reducir el exceso de burocracia.

Por su parte, los Consejos Generales de Colegios Oficiales de Ingenieros Agrónomos y de Ingenieros Técnicos Agrícolas han mostrado su apoyo al sector agroalimentario y se han ofrecido «como interlocutores de un diálogo necesario, y en igualdad de condiciones entre las partes implicadas, que consideran clave para abordar y resolver estos problemas».

Las movilizaciones de agricultores y ganaderos en diferentes puntos de España, no se paran y proseguirán durante este fin de semana y la próxima semana. Redacción.

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El Comité de Gestión de Cítricos (CGC) ha anunciado su apoyo a las movilizaciones convocadas por las principales organizaciones agrarias del país. La asociación de exportadores respalda las protestas que han concretado en la Comunidad Valenciana las entidades representativas de los citricultores valencianos, así como las que se están definiendo en el resto de zonas citrícolas (en Andalucía, Murcia y Cataluña) para los próximos días y semanas.

A juicio del CGC, el sector nacional dedicado a la producción de naranjas, mandarinas, limones y pomelos es ‘víctima’ –como el resto de la industria hortofrutícola española y europea– «de la progresiva pérdida de competitividad frente a la oferta foránea –más barata y producida con requisitos en materia social, laboral, medioambiental, de seguridad alimentaria o relativa al uso de fitosanitarios mucho más laxos que los europeos– provocada por las políticas comunitarias impulsadas durante los últimos años».

La asociación se refiere, específicamente, al desarrollo del ‘Pacto Verde’ europeo y a la ‘Estrategia de la Granja a la mesa’, normativas medioambientales que «amenazan la viabilidad económica» misma de la actividad y sobre las que se impone una revisión. Junto a ello, coincide con los representantes de los agricultores en la urgencia de consolidar el principio de reciprocidad aplicado a las importaciones citrícolas de países terceros, en la conveniencia de suspender la ratificación del acuerdo con Mercosur y en la necesidad de sentar las bases para que, en adelante, no se suscriba ningún otro tratado de apertura comercial o de ayuda al desarrollo sin antes haber estudiado su impacto real y la introducción de ‘cláusulas espejo’.

El CGC censura la «hipocresía y la evidente contradicción entre los grandes principios consagrados en la PAC y la política que de facto ha impulsado Bruselas en el seno de su propio mercado con las importaciones de países como Sudáfrica, Turquía, Egipto o Marruecos».

Finalmente, el CGC reclama más garantías en cuanto a la sanidad vegetal de las importaciones para evitar la introducción en la UE de organismos nocivos, plagas y enfermedades. Y en materia de seguridad alimentaria, se exige medidas más disuasorias y controles más eficaces para evitar la presencia en partidas procedentes de países terceros de residuos de plaguicidas por encima de lo permitido en la UE o con sustancias activas prohibidas. Por último, pero igual de relevante, exige al Gobierno central «soluciones con las que paliar la sequía, especialmente en Andalucía para poder salvar así el arbolado más afectado por las restricciones al regadío».

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El sector agrícola de Huelva ha respondido de manera rotunda a la manifestación convocada el jueves 1 de febrero en Sevilla por los representantes de Freshuelva, Asociación de Citricultores de la Provincia de Huelva, Cooperativas Agro–Alimentarias Huelva, Asaja–Huelva, UPA–Huelva y la asociación de Comunidades de Regantes de Huelva (Corehu), con el objetivo de reclamar al Gobierno central y a la Junta de Andalucía soluciones para la «complicada situación que atraviesa por la falta de infraestructuras hídricas, acentuada por la sequía extrema actual». Así, más de 15.000 personas se han dado cita en la capital andaluza, desbordando las previsiones realizadas por los organizadores que han contado con el apoyo del campo onubense, así como con el respaldo sindical y empresarial.

Una representación de los convocantes ha entregado el manifiesto de la marcha tanto en el Gobierno andaluz como en la Delegación del Gobierno en Andalucía, documento que ha sido leído al final de la manifestación por el poeta y escritor Ramón Llanes. En dicho escrito, las organizaciones han destacado que «sin agua no hay vida, sin agua no hay nada», poniendo en valor «un mensaje de unidad y determinación que resonará en todo el país». 

Tras 3 horas de recorrido, se ha resaltado que «juntos hemos alzado nuestras voces para decir ‘basta’ y exigir lo que merecemos, que se cumpla la Ley; las infraestructuras hídricas esenciales para la supervivencia del campo onubense y de su sector agrícola, uno de los principales motores de desarrollo de la provincia». 

La manifestación ha concluido con el mensaje claro de que «el futuro del campo y la agricultura de Huelva está en juego, y no nos detendremos hasta conseguir las infraestructuras hídricas planificadas y comprometidas desde hace más de dos décadas. El campo onubense dice ‘basta’ y hoy, aquí, nos unimos para decir que estamos presentes, que formamos parte de un sector esencial y que luchamos y lucharemos por un futuro mejor».

 

Situación insostenible e inestable

El presidente de Freshuelva, Francisco José Gómez, ha manifestado que «los agricultores no podemos permitir esta situación tan insostenible porque nos preocupa constantemente el hecho de que llegue abril y nuestra llave no riegue en nuestros campos». Para añadir que «no nos podemos permitir la inestabilidad de las 200.000 personas que trabajan en el campo onubense y tampoco vamos a permitir poner en riesgo a nuestras familias, por lo que estamos aquí para reivindicar todas las obras que debían haberse hecho hace 20 años». 

Manuel Piedra, secretario general de UPA–Huelva, ha señalado que «hemos hecho un parón general de la agricultura y nuestra reivindicación es clara, queremos que las infraestructuras hídricas lleguen a Huelva ya porque los planes no se están cumpliendo». Por ello, ha agradecido «a toda la ciudadanía de Huelva que hoy esté aquí, estamos pidiendo nuestros derechos para que por fin las administraciones reconozcan los planes hidrológicos, los cumplan y se ejecuten». 

En esta misma línea, el secretario general de Asaja–Huelva, Félix Sanz, ha comentado que «el paro que se ha promovido en los pueblos de nuestra provincia es para visualizar que, sin la agricultura en Huelva, la provincia se paraliza». 

Por su parte, Fernando González, presidente de la Asociación de Comunidades de Regantes de Huelva (Corehu), ha apuntado que «en los años 90 padecimos una sequía de la misma magnitud y no hubo ninguna restricción ni en el campo, ni en lo urbano, ni en la industria». Por ello, «desde el 2004 no se ha construido ni una sola infraestructura en la provincia de Huelva de captación de recursos hidráulicos, ninguna de las que están en los planes hidrológicos aprobados», concluyendo que «han puesto en peligro, por su desidia y por no mirar a la provincia, su viabilidad y el futuro del sector; ya es hora de que a Huelva se le escuche». 

En relación a la reivindicación de las obras hidráulicas, el presidente de la Asociación de Citricultores de Huelva (ACH), Lorenzo Reyes, ha destacado que «seguimos con un problema del 50% de restricciones de agua en la provincia de Huelva y se debe solucionar cumpliendo las obras proyectadas en el plan y terminando las presas que están pendientes». Sobre la manifestación, ha recordado que «hemos convocado esta marcha para demostrar la capacidad que tiene Huelva, así como la necesidad, y esperamos que como respuesta se aceleren los procedimientos que llevan más de 20 años en letargo». 

Desde Cooperativas Agro–Alimentarias de Huelva, su presidente, Francisco Javier Contreras, ha declarado que «llevamos 20 años pidiendo las infraestructuras, queremos que, a corto plazo, el Gobierno de España se ponga de acuerdo con Portugal y ponga encima de la mesa el Convenio de Albufeira». Así, ha subrayado la necesidad de poner en marcha la presa de Alcolea y ha dejado claro que «no pedimos agua para nosotros, sino para Huelva».

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El sector productor y exportador de frutas y hortalizas frescas agrupado en FEPEX (entre el cual Freshuelva) ha rechazado los actos de protesta que se están llevando a cabo en Francia desde la semana pasada y que están afectando a la circulación de camiones de frutas y hortalizas españolas «y en algunos casos está suponiendo la destrucción del producto, por lo que se ha solicitado que se respete el derecho al libre tránsito en territorio francés».

Esta organización «entiende» el malestar de los agricultores franceses y comparte gran parte de sus reivindicaciones, como la falta de coherencia entre la política agraria y la política comercial, que está llevando a los productores comunitarios a situaciones de desventaja competitiva frente a países terceros y la necesidad de que haya una reflexión real sobre la soberanía alimentaria del continente. A pesar de ello, «rechaza cualquier tipo de protesta que provoque daños a las producciones españolas».

En un comunicado señala que «hay que tener en cuenta, además, que enero es uno de los meses con mayores volúmenes de exportación, siendo Francia el segundo destino de nuestras exportaciones, pero también lugar de tránsito hacia otros mercados». La exportación de frutas y hortalizas frescas en enero de 2023 ha sido de 1,24 millones de toneladas por un valor de 1.636 millones de euros.

Por este motivo, FEPEX ha apuntado que ha dirigido una carta al ministro de Agricultura, Luis Planas, quien ha calificado como «inaceptables» estos ataques de los agricultores franceses, solicitando su apoyo ante las autoridades competentes nacionales y comunitarias para que se aplique lo previsto en el Reglamento 2679/98 del Consejo de 7 de diciembre de 1998 sobre el funcionamiento del mercado interior en relación con la libre circulación de mercancías entre los Estados miembros y «se inste al Gobierno francés a adoptar todas las medidas necesarias para restablecer el libre tránsito de mercancías en su territorio».
www.fepex.es

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