Residuos

Autores:

A.B. Simón–Egea1, M.S. Andrades1,E. Herrero–Hernández2, M.S. Rodriguez–Cruz2,M.J. Sánchez–Martín2

(1) Universidad de La Rioja, Logroño (La Rioja).
(2) Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Salamanca (IRNASA–CSIC), Salamanca.

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Los disolventes renovables derivan de la biomasa y se consideran una alternativa sostenible a los de origen petroquímico convencionales. Los renovables se producen a partir de cultivos energéticos, productos forestales, biomasa acuática y materiales de desecho, entre otros, y presentan una menor toxicidad, mayor biodegradabilidad y gran potencial para ser empleados en procesos de extracción de compuestos de interés. 

Un estudio, publicado recientemente en la revista Chemical Engineering and Processing–Process Intensification, realizado por la investigadora Raquel Cañadas y los profesores María González Miquel y Emilio J. González, del Departamento de Ingeniería Química Industrial y del Medio Ambiente de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), ha explorado el empleo de disolventes renovables combinados con ultrasonidos para la revalorización sostenible de residuos de uva blanca mediante la recuperación selectiva de antioxidantes naturales. Los resultados obtenidos confirman que esta técnica es capaz de transformar los desechos de la industria vitivinícola en productos valiosos, «promoviendo así la valorización sostenible de la biomasa residual, lo que constituye un claro ejemplo de bioeconomía circular».

El trabajo destaca el uso de dos disolventes renovables –el bioetanol y el éter 2-metiltetrahidrofurano– para extraer polifenoles de residuos de uva, con resultados optimizados mediante el ajuste de parámetros como el tiempo, la temperatura y el caudal de disolvente. Los extractos obtenidos se analizaron con cromatografía líquida de alta resolución revelando perfiles fenólicos específicos ricos en compuestos antioxidantes como el ácido gálico y la catequina. Una contribución destacada del estudio fue el reciclado del disolvente de extracción, fundamental para la viabilidad económica del proceso, y la recuperación de los antioxidantes para posibles aplicaciones en la industria alimentaria, farmacéutica o de química fina. Además, se implementaron tecnologías verdes avanzadas, como la extracción asistida por ultrasonidos, fomentando la intensificación del proceso, mejorando su eficiencia y reduciendo tanto el tiempo como el consumo energético.

Para María González Miquel «los resultados de nuestro trabajo demuestran que esta nueva técnica no solo convierte los desechos de la industria vitivinícola en productos valiosos, sino que también sirve como ejemplo de bioeconomía circular, promoviendo la valorización sostenible de la biomasa residual». Este avance, prosigue la investigadora, «contribuye de manera significativa a implementar prácticas más respetuosas con el medio ambiente en la industria del vino, alineándose con las demandas actuales de la sociedad».

Este estudio ha recibido apoyo financiero de la Comunidad Autónoma de Madrid a través del ‘Programa de Excelencia para el Profesorado Universitario’. Además, los autores agradecen el respaldo adicional del citado organismo a través del proyecto SUSTEC P2018/EMT–4348.

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Ante la reciente detección de una partida de pomelos ecológicos procedentes de Sudáfrica con residuos de una materia activa que se encuentra prohibida desde 2018 en la Unión Europea (UE) por su peligrosidad, la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA–ASAJA) ha reclamado a la Comisión Europea que «lleve a cabo un mayor control en la entrada y el etiquetado de los productos foráneos certificados en ecológico que se envían a Europa».

La interceptación fue notificada por las autoridades de los Países Bajos a través del Sistema de Alerta Rápida para Alimentos y Piensos (RASFF) y la muestra del producto analizada en laboratorio constató una proporción de Glufosinato de 0,39–0,51 miligramos/kilo (ppm), cuando su Límite Máximo de Residuos (LMR) permitido está fijado en 0,05 mg/kg. El Glufosinato «constituye una sustancia activa empleada como herbicida que la UE prohibió su uso a los agricultores europeos hace más de 5 años».

AVA–ASAJA ha lamentado que un producto que debe recorrer más de 13.000 kilómetros «sea calificado como ecológico, ya que en su tránsito en barco ya ha emitido una gran cantidad de gases contaminantes a la atmósfera, pero alarma aún más que un producto que se importa como ecológico contenga un nivel tan elevado de residuos de un herbicida, cuyo uso está prohibido en Europa, por su toxicidad».

Por su parte, el presidente de esta organización, Cristóbal Aguado, ha denunciado «la constante permisividad y la hipocresía de Europa ante los productos que vienen de fuera, así como la falta de reciprocidad en las exigencias fitosanitarias que provocan que nuestros agricultores se vean obligados a abandonar sus explotaciones, pero lo que es más grave, entrañan un riesgo para la salud de la población y son un fraude para los consumidores europeos, al portar residuos que son nocivos».

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La federación española de envases de madera y sus componentes, FEDEMCO, y la asociación interprofesional de la fresa andaluza, Interfresa, han suscrito un nuevo convenio de colaboración. El acuerdo nace de la necesidad de realizar un trabajo conjunto para cumplir con las nuevas normativas nacionales y europeas sobre el envasado y la gestión de residuos.

«El Reglamento Europeo de Envases y Residuos de Envases hace ahora más importante que nunca el ir de la mano de los productores hortofrutícolas. El sector onubense de frutos rojos es de gran importancia para los envases de madera españoles y por eso queremos estar a su lado en esta transición hacia un modelo económico más sostenible. Además, como ya han expresado desde Interfresa, es vital para nuestros sectores que la información que se brinde sea rigurosa y esté basada en un conocimiento técnico de la producción: del producto y del envase», ha puntualizado Emilio Laguna, miembro del comité directivo de FEDEMCO.

«La renovación del convenio supone un avance más en el objetivo del sector de los frutos rojos de Huelva de trabajar por la sostenibilidad y las buenas prácticas comerciales. La madera es una materia prima esencial en el envasado de nuestros productos. Debemos tener todas las garantías de que esos envases, carta de presentación de nuestras frutas en los mercados, se producen bajo los estándares de sostenibilidad más estrictos y por supuesto, que se siguen las normas de etiquetado para que la información sea veraz y accesible a los consumidores», ha valorado José Luis García-Palacios, presidente de Interfresa.

El convenio oficializado en Huelva, contempla la organización de formaciones en materia de envasado, la promoción de buenas prácticas sectoriales, la lucha contra el intrusismo en prácticas comerciales, así como contra la competencia desleal en sus respectivas áreas. Garantizar un modelo de economía circular, que asegure la reciclabilidad de los envases puestos en el mercado, es el objetivo final.

En cuanto a la fabricación y confección de envases de madera con fines comerciales, ambas organizaciones garantizarán el cumplimiento de las exigencias en materia de sanidad alimentaria. «Es esencial que los envases cuenten con el correspondiente registro sanitario, las fichas técnicas del producto envasado, certificado GROW y NIMF-15, así como la correspondiente trazabilidad del producto», ha manifestado Laguna. Para añadir que «en FEDEMCO acompañamos a nuestros clientes para facilitarles el cumplimiento de la nueva legislación. Por eso, hemos desarrollado una certificación propia, ECOWOOX. La certificación que requerían los envases de madera es garantía de reciclabilidad y, con ella, nuestros clientes alcanzarán el índice de reciclabilidad exigido en la ley europea».

https://fedemco.com/

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Un equipo de investigación agronómica formado por Maria Teresa Martínez–Ferrer, Miquel Fibla y José Miguel Campos (IRTA–Amposta) y Santiago Planas (Centro de Investigación Agroalimentaria Agrotecnio) ha hecho públicos los resultados del ensayo ‘Dosis y deriva en citricultura’ sobre el uso sostenible de los fitosanitarios, el cual ha contado con el apoyo del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural.

Los ensayos, realizados en plantaciones de mandarina ‘Clemenules’ en Tarragona, demuestran cómo el Futur Smartomizer H3O de Fede consigue un ahorro del 22% de producto fitosanitario aplicado, manteniendo la eficacia de los tratamientos contra pulgón, araña roja y piojo rojo de California. A su vez, constatan que esta máquina realiza una distribución homogénea de la aplicación. Esta precisión, así como la correcta elección y calibración de las boquillas, «permite reducir las pérdidas en aire y suelo hasta en un 62%». Además, «genera un 71% más de aire con un 43% más de velocidad que el equipo convencional de referencia».

El ahorro del 22% en el uso de pesticidas y la reducción de pérdidas de pulverización hasta en un 62% «se traducen en una importante reducción del impacto medioambiental de los tratamientos fitosanitarios en cítricos, así como en significativos beneficios agronómicos y mayor rentabilidad para los agricultores».

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El ministerio trabaja en la elaboración de una hoja de ruta de los fertilizantes con medidas que tienen como objetivo asegurar el abastecimiento y reducir la dependencia energética en su fabricación

 

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha apostado por el desarrollo de los fertilizantes orgánicos y encontrar una segunda vida a residuos de la industria alimentaria, como lodos de depuración, estiércoles y purines. En este caso, según el ministro, «la economía circular permite hallar fuentes alternativas de abastecimiento al tiempo que se reduce la dependencia del gas y la huella de carbono del sector de los fertilizantes».

Asimismo, «tenemos que convertir en una oportunidad la transformación de residuos», sobre todo, en el contexto actual en el que los precios de los fertilizantes nitrogenados en la Unión Europea (UE) han subido un 149 % en un año, ha manifestado Planas en la inauguración del I Encuentro Internacional ‘Renowagro’–Recursos orgánicos para la sostenibilidad del sector agroalimentario–, celebrado recientemente en Zaragoza, organizado por el grupo Térvalis.

Rusia, tras la invasión de Ucrania, utiliza los recursos energéticos y las materias primas como arma de guerra que está provocando un incremento de los costes de producción de fertilizantes como consecuencia, sobre todo, del alza de los precios del gas. Los fertilizantes «son además uno de los principales insumos, necesarios, de la agricultura y, en el caso de los nitrogenados de síntesis, que dependen del gas, su precio se ha disparado».

Para asegurar tanto la disponibilidad de esta materia prima, así como su asequibilidad, la Comisión Europea ha presentado una comunicación «en la que se plantean medidas de apoyo financiero, como la posibilidad de hacer uso de la reserva de crisis, mejorar la transparencia del mercado y medidas para optimizar el uso de fertilizantes». Igualmente, «se plantean medidas para evitar restricciones en el comercio internacional de los fertilizantes y optimizar el uso de los fertilizantes con prácticas agrícolas sostenibles».

Por todo ello, la actual crisis ha llevado a centrar más las acciones de los gobiernos a la parte productiva para asegurar el abastecimiento de alimentos a precios razonables, pero esta coyuntura no debe hacer que se pierdan de vista los objetivos ambientales, entre ellos la protección de los suelos agrícolas, ha advertido el ministro, que ha señalado que «un suelo sano es más productivo y supone un menor coste, tanto económico como ambiental».

Planas ha subrayado en su intervención que para aprovechar los subproductos en todo su potencial «se requiere conocimiento, investigación y tecnología, que permitirán además convertir lo que hoy es un problema en oportunidad». Para que esos procesos sean eficientes, viables y se garantice la seguridad alimentaria, se requiere innovación, inversiones y asesoramiento para aplicar las mejores técnicas, ha asegurado el titular de Agricultura.

En línea con la visión europea marcada en la reciente comunicación de la Comisión, Planas ha explicado que el ministerio trabaja en la elaboración de una hoja de ruta de los fertilizantes que se presentará antes de final de año y que recogerá medidas que tienen dos objetivos primordiales, asegurar el abastecimiento de estos productos a corto y medio plazo, y reducir la dependencia energética y de materias primas en su fabricación.  La disponibilidad de fertilizantes en cantidad suficiente y a precio razonable es un asunto que afecta a todos y que requiere una respuesta urgente y decidida a escala europea, ha concluido el ministro.

El director de I+D+i de Fertinagro Biotech, Sergio Atarés, ha comentado que «en EE. UU. se tardaron 60 años en sustituir los mulos por tractores», que ha recordado que los retos que tiene que afrontar la agroalimentación tienen como plazo 2030, fecha para la que se habrá tenido que descarbonizar el 55 % de la producción y reducir un 30 % el uso de nitratos.

«Las soluciones están, lo que hay que ganar es escala y aplicarlas en el territorio», ha añadido.

Por su parte, Aragón consciente de su relevancia agro-ganadera, así como de su carácter estratégico agroalimentario, quiere asumir el liderazgo que exige impulsar la urgente y profunda revisión del modelo vigente de producción de nutrientes y su aplicación al suelo y a los cultivos, una vez constatada la insostenibilidad socioeconómica y ambiental de los modelos vigentes. El presidente de Aragón, Javier Lambán, considera la necesidad de «rematar» su tarea de pedagogía, introduciendo en el mundo agrario nuevas fórmulas de entendimiento, «haciéndoles ver que son complementarios y sus propósitos, ajustables en beneficio propio».

‘Renowagro’ ha nacido con el objetivo de «exponer por parte de todos los agentes implicados en el sector agroalimentario los retos y oportunidades al que se enfrenta este sector en el marco de la era de la sostenibilidad, y como la visión de la bioeconomía circular en la gestión de los recursos orgánicos puede permitir conseguir una mayor rentabilidad económica, ambiental y social para el sector y la economía en general».

Dentro del amplio panel de especialistas, que han participado han aportado su visión sobre la sostenibilidad en el sector agroalimentario, Roberto García, director de Desarrollo Sostenible de Cajamar, y Manuel Láinez, director de la consultoría estratégica Láinez Biotrends y colaborador de Cajamar. Ambos participaron en un coloquio titulado ‘Bioeconomía circular: una contribución a la sostenibilidad’, junto a Gregorio Antolín Giraldo, director de División Agroalimentación y Procesos Sostenibles del centro tecnológico CARTIF – Valladolid.

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Un equipo de investigación del Instituto de la Grasa (CSIC) ha aplicado bacterias que consumen residuos de fresa para obtener biogás. Esta biomasa procede de la fabricación de productos como mermelada, yogures y saborizantes; para elaborarlos a la fruta se le retira el zumo con coladores industriales y el residuo restante de ese proceso suele terminar en los vertederos.

Para aprovechar este desecho, los expertos emplean una técnica biológica, más barata, rápida y alternativa a la gestión de residuos tradicional. De este modo, también obtienen «otros bioproductos como el ácido acético, que sirve para síntesis de productos químicos como los plásticos, y biofertilizantes para cultivos agrícolas». Así, los investigadores del grupo Bioprocesos Aplicados a la Economía Circular han contribuido «a la economía circular, es decir, al reciclaje de un desecho que normalmente no se recicla para convertirlo en recursos útiles».

En el artículo ‘Enhancing the recovery of volatile fatty acids from strawberry extrudate through anaerobic fermentation at different pH values’ publicado en Environmental Technology & Innovation, los investigadores explican que añadieron este residuo de fresa a tres reactores, que son tanques de cristal con una capacidad de unos 2 litros. En todos ellos, «se mantuvo una temperatura de 35ºC y se introdujo un cultivo mixto de bacterias anaerobias, que son aquellas que consumen materia orgánica y la degradan en ausencia de oxígeno para obtener bioproductos como el metano. Este proceso se denomina digestión anaerobia».

Cada reactor poseía unas condiciones de pH diferentes, esto es, el grado de acidez en una escala de 0 a 14 de una sustancia acuosa, siendo el 0 la más ácida, el 7 neutra y el 14 la más alcalina. Por ejemplo, «normalmente los jugos gástricos humanos poseen un pH entre 1 y 3, mientras que el agua tiene aproximadamente un pH 7 y el amoníaco, de 12».

En el primer reactor, las bacterias anaerobias consumieron el residuo de fresa en condiciones con un pH 5 durante 32 días. De éste, se extrajo hasta un 42% de ácido propiónico de la materia orgánica (el residuo de fresa), una media cucharada de este líquido al día. Éste podría emplearse como herbicida y fragancia de diferentes productos químicos.

En el segundo, con pH 7, las bacterias consumieron el residuo de fresa en menos de 2 días y transformaron el 70% de este en metano. «Esto es, unos 340 mililitros de metano por cada gramo de materia orgánica, el equivalente a media botella pequeña de agua al día. El biocombustible producido puede transformarse en energía que beneficie a empresas del sector agroalimentario», ha indicado el investigador del Instituto de la Grasa, Juan Cubero Cardoso.

Por último, en el tercer reactor, con un pH 9, los microorganismos digirieron el jugo de fresa y produjeron hasta un 50% de ácido acético en 32 días. Este bioproducto se puede emplear para sintetizar bioplásticos mediante otros procesos biológicos.

Los investigadores indican que materia orgánica sobrante de los tres tratamientos podría emplearse como biofertilizante para la industria agroalimentaria. De esta manera, harían un uso integral de la biomasa de fresa. «Con esta investigación, contribuimos para aprovechar al máximo residuos que suelen desecharse y vamos seguimos la línea que marcan los Objetivos de Desarrollo Sostenible», ha declarado Cardoso. Por ello, los investigadores revalorizan un residuo alimentario cuya producción media en Andalucía en 2020 supuso el 97% del total en España, según datos del Observatorio de Precios y Mercados de la Junta de Andalucía.

Actualmente, centran su labor en diseñar técnicas químicas y procesos biológicos que faciliten la labor de las bacterias anaerobias. Así, podrían degradar más rápido la materia orgánica de distintos tipos de residuos procedentes de la industria agroalimentaria. Este trabajo ha sido financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación (proyecto PID2020–116698RB).

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El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), ha aprobado la actualización del Real decreto sobre contaminación producida por nitratos, una norma considerada como clave para reducir los problemas de este tipo de contaminación en las masas de agua y alcanzar los objetivos ambientales señalados tanto por la legislación nacional, fijados a través de los planes de cuenca, como por la Unión Europea (UE).

Según el MITECO esta nueva norma «modifica y renueva la transposición a la legislación española de la Directiva europea relativa a la protección de las aguas contra la contaminación producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias, que fue aprobada inicialmente hace ya más de 25 años». La citada directiva impone a los Estados miembros la obligación de identificar las aguas afectadas por este tipo de contaminación, vigilando la concentración de nitratos a través de estaciones de muestreo. También «establece criterios para designar como zonas vulnerables las superficies cuyo drenaje dé lugar a la contaminación por nitratos y para poner en funcionamiento programas de actuación coordinados con las actividades agrarias».

El MITECO ha reiterado que a pesar de los esfuerzos realizados en estos años, «los resultados obtenidos no han conseguido paliar los efectos de este tipo de contaminación».

El alto contenido en nitratos de ríos y acuíferos es uno de los principales problemas existentes en las masas de agua de todo el país. En concreto, afecta en el Estado español a un 22% de las masas de agua superficial y al 23% de las masas de agua subterráneas. Por ello, «es preciso aumentar la ambición en la normativa y redoblar los esfuerzos para cumplir de forma eficaz con los compromisos nacionales e internacionales».

 

Principales novedades
La actualización del Real decreto establece criterios más ambiciosos que los actuales para identificar mejor las aguas afectadas por nitratos y determina umbrales más exigentes para la declaración de aguas afectadas y, consecuentemente, para la designación de zonas vulnerables. Por ello, también se estudiarán las presiones agropecuarias, urbanas y otras que puedan considerarse significativas, así como los impactos registrados sobre las aguas.

Estos criterios se alinean con los contemplados en la Directiva Marco del Agua para definir el buen estado de las aguas en cuanto a los límites admitidos para la concentración de nutrientes en las aguas superficiales y subterráneas, continentales, costeras y de transición.

Asimismo, la aplicación de la nueva norma conllevará un incremento de hasta el 50% de la superficie de las zonas protegidas que se han identificado como vulnerables a este tipo de contaminación. Sobre ellas se desarrollarán programas de actuación más exigentes, incluyendo limitaciones sobre fertilización vinculadas a las que se regulen en la planificación hidrológica.

La normativa también incrementa la densidad de estaciones de control y aumenta el número y frecuencia de los muestreos en las aguas para analizar su contenido en nitrógeno y otros contaminantes asociados. Además, establece medidas adicionales y acciones reforzadas para revertir la contaminación existente.

Por último, «se asume el compromiso de hacer pública toda esa información para que pueda ser usada por los ganaderos y agricultores para ajustar sus pautas de fertilización». De esta forma, «se exige la preparación de un informe cuatrienal que analice la eficacia de las medidas que se contemplen, que se remitirá a su vez a la Comisión Europea». www.miteco.gob.es

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La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) ha calificado como un «escándalo y una estafa» la entrada a la Unión Europea (UE) de aguacates ecológicos procedentes de Marruecos con residuos de Clorpirifos, una sustancia fitosanitaria cuyo uso está prohibido por la peligrosidad que entraña para la salud humana.

La organización agraria se ha hecho eco de la interceptación por parte de las autoridades de los Países Bajos –comunicada al Sistema de Alerta Rápida para Alimentos y Piensos– de una muestra de la mencionada fruta con una proporción de 0,29 miligramos/kilo, «cuando su Límite Máximo de Residuos (LMR) está fijado en el mínimo detectable en laboratorio, 0,01 mg/kg». Estos aguacates tenían como destino los Países Bajos, España, Alemania y Austria.

El presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, ha alertado de «la especial gravedad que comporta esta nueva detección en importaciones agrícolas porque estamos hablando, no solo de la presencia de una dosis tremendamente alta de una materia suprimida hace más de un año, sino también de un producto agrario que se vende como ecológico y, por tanto, no debería tener residuos de ninguna sustancia sintética». Para añadir al respecto que «si tenemos en cuenta que los puntos de entrada inspeccionan menos del 10% de los cargamentos que nos llegan, esto quiere decir que hay ahora mismo aguacates de Marruecos sin las debidas garantías sanitarias. Es una estafa a todos los niveles, tanto para los productores, al tratarse de una competencia desleal, como para los consumidores, que son el objeto del engaño».

Por todo ello, AVA-ASAJA reclama a la Comisión Europea que «castigue duramente», a través de medidas cautelares que vayan más allá de la destrucción de los lotes detectados, «a aquellos países terceros que incumplen sistemáticamente los mismos estándares que se exigen a los productores europeos en uso de materias activas fitosanitarias».

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Un total de 13 entidades españolas, francesas y portuguesas del sector del vino han aunado esfuerzos para reducir el uso del cobre en viticultura, así como su impacto medioambiental. Todas ellas forman parte del proyecto internacional de I+D+i COPPEREPLACE, liderado por la Plataforma Tecnológica del Vino (PTV) y aprobado para su financiación por el Programa Interreg Sudoe. Esta innovadora iniciativa ha puesto su mirada en Europa para ofrecer soluciones integradas, sostenibles y alineadas con métodos de producción respetuosos con el medio ambiente.

Para ello, COPPEREPLACE, que se lleva a cabo entre noviembre de 2020 y febrero de 2023, cuenta con un potente consorcio internacional formado por la ya mencionada PTV, además de la Associação para o Desenvolvimento da Viticultura Duriense (ADVID), Institut Français de la Vigne et du Vin (IFV), Centro de Valorización Ambiental del Norte (CVAN), Universitat Politècnica de Catalunya (UPC–UMA), Vignerons Bio Nouvelle Aquitaine (SVBNA), Fundación EURECAT, Universidade do Porto (GreenUPorto), Universidad de Vigo, las bodegas Sogrape Vinhos, LBS (Gérard Bertrand), Familia Torres y Jean Leon. Asimismo, el consorcio tiene el apoyo de la consultora Artica Ingeniería e Innovación (artica+i), que ejerce como oficina técnica de esta iniciativa, prestando apoyo en la fase de diseño y definición de la propuesta, así como en el seguimiento y justificación técnico–económica. La reducción del uso del cobre ayudará a fomentar la biodiversidad tanto a nivel de viñedo como de suelo, un aspecto clave para las bodegas.

COPPEREPLACE creará una red de stakeholders (partes interesadas) que incorporará, no solo a viticultores, sino también a otros representantes del panorama vitivinícola internacional, con el fin de involucrar a todos los agentes interesados en el proyecto para que puedan aportar su conocimiento y experiencia.

Este proyecto, cuyo título completo es ‘Desarrollo e implementación integral de nuevas tecnologías, productos y estrategias para reducir la aplicación de cobre en viñedos y remediar suelos contaminados en la región SUDOE’, dispone de un presupuesto superior a 1,6 millones de euros y ha recibido más de 1 millón de euros de financiación por parte del Programa de Cooperación Territorial Europa Suroccidental (Interreg Sudoe), cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

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