El Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación (MAPA) ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del pasado el 27 de julio las órdenes ministeriales por las que se homologan los contratos–tipo de compraventa de uva con destino a su transformación en vino, y de compraventa de vino, para las campañas 2024/25, 2025/26 y 2026/27.

Los contratos, realizados a propuesta de la Organización Interprofesional del Vino de España (OIVE), tienen como objetivo mejorar el funcionamiento, la estabilidad y la transparencia de la cadena de valor vitivinícola. Aunque son de carácter voluntario, desde OIVE recomiendan su utilización a los operadores del sector.

Ambos modelos son adaptables para ser utilizados con todas las tipologías y orígenes (con o sin DOP/IGP) tanto de uva destinada a su transformación en vino, como de vino, y permiten estipular libremente a las partes los criterios de calidad exigidos al producto que conformarán el precio. Además, recogen todos los aspectos exigibles en la legislación vigente en materia de contratación agroalimentaria.
 

Estabilidad y mejor funcionamiento

Desde 2019 la OIVE lleva promoviendo estos contratos tipo homologados y constituyen una referencia en el sector vitivinícola español, que busca favorecer la transparencia en las operaciones y, por lo tanto, mejorar el funcionamiento y la estabilidad de la cadena de valor. Su posible vigencia por tres campañas vitivinícolas aspira a dotar a los operadores y al sector con una herramienta que favorezca la estabilidad desde todos los puntos de vista, y tanto a nivel individual como agregado del sector.

Además de servir de modelo a los operadores para sus transacciones, si son registrados, ofrecen un mecanismo para la resolución de controversias. El registro se realiza ante un organismo independiente designado (Tragsatec) para asegurar la privacidad de los datos. Los contratos registrados, en caso de controversia entre las partes, cuentan con una Comisión de Seguimiento de Contratos habilitada en el seno de OIVE, para el control, seguimiento y vigilancia del cumplimiento y propuesta de soluciones de los contratos, si aparecen discrepancias. Además, el registro permite la obtención de información de gran valor con los datos agregados del conjunto operaciones, cuyo conocimiento redunda en un beneficio conjunto para todo el sector. Desde agosto de 2019 se han registrado 325 contratos.
 

Adaptados a la Ley de la Cadena Alimentaria

Los contratos–tipo de compraventa de uva con destino a su transformación en vino y contrato–tipo de compraventa de vino se homologaron de conformidad con los requisitos previstos en la Ley 2/2000, de 7 de enero, reguladora de los contratos tipo de productos agroalimentarios, y cumpliendo las características establecidas en el artículo 9 de la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria.

Los modelos de contrato se han promovido por OIVE desde el año 2015, en un principio para la compraventa de uva de vinificación. En 2019 se homologó ante el MAPA el primer contrato tipo para la compraventa de uva con destino a su transformación en vino y en 2020 se homologan además del de compraventa de uva, el de compraventa de vino. En 2021 ambos modelos de contrato se aprobaron con posibilidad de tener carácter plurianual.

Los contratos homologados tipo entrarán en vigor el próximo 1 de agosto coincidiendo con el inicio de la campaña vitivinícola, al igual que la nueva extensión de norma de la Interprofesional del Vino de España, que sienta las bases del trabajo de organización para los próximos cinco campañas.
 

Gestión de costes

La gestión de costes es una de las grandes problemáticas a las que deben hacer frente los viticultores debido al número y la complejidad de variables que intervienen en sus cultivos a lo que se suma las diferencias entre campañas por las condiciones climatológicas y a la coyuntura actual. Por ello, OIVE recuerda que el sector cuenta con la aplicación para la gestión de costes de cultivo de viñedo Gesvid. Con esta herramienta, la organización buscar facilitar a los viticultores la aplicación de las nuevas tecnologías a sus necesidades específicas de gestión de la información contable, con acceso gratuito y anónimo.

La Unió Llauradora ha constatado que gran parte de la uva de vinificación que los agricultores están descargando en las tolvas de las bodegas de la Comunitat Valenciana se entrega con precios entre 0,20 y 0,25 euros/kg por debajo de los actuales costes de producción. Esta organización destaca así que los precios de la uva no remontan, a pesar de una reducción de la cosecha de en torno al 40 o 50% en esta comunidad y del 20% en el conjunto del Estado y con cifras de producción de vino previsibles en las zonas productoras españolas sobre los 35 millones de hectolitros (Mhl).

Entre las causas de estas cifras, se señala que la vendimia de este año «se ve afectada por una sequía brutal, con incrementos en los costes de producción que rondan el 30% respecto de la pasada campaña». En este sentido, el problema de la escasa cosecha «podría ir en aumento si este otoño no llueve lo suficiente, pudiendo provocar la muerte de las vides y el consiguiente abandono de explotaciones por parte de unos viticultores que no cuentan con relevo generacional».

En este contexto, con una oferta a la baja, con previsiones de producción en el resto de la UE moderadas o en descenso (Francia, 44 Mhl, Italia 43 Mhl), «el sector productor contempla la falta de visión de futuro del sector bodeguero poniendo en riesgo la continuidad de un buen número de explotaciones vitícolas en muchas de las zonas productivas».

LA UNIÓ ha indicado que «el abuso de la posición de dominio de los grandes grupos bodegueros está acabando con la viabilidad económica de las explotaciones ante la dejación de funciones de la administración que ha de velar por los intereses de cientos de miles de viticultores». Asimismo, ha señalado que es el propio Ministerio de Agricultura el que está siendo cómplice de esta situación ya que la Ley de la Cadena alimentaria dice que este «debe publicar los criterios sobre los diferentes factores que intervienen en la determinación del coste de producción de los productos agrarios, pesqueros y alimentarios». El plazo para publicarlos depende de la completa entrada en vigor de la normativa que, a su vez, depende de cuando entran en funcionamiento ciertos mecanismos de la misma (al final, la fecha límite para que se publiquen dichos criterios es el 30 de diciembre de este año).

Pese a esta situación, el sector vitivinícola valenciano no ha tenido ayudas ni por sequía ni por el conflicto bélico en Ucrania como sí han tenido otras producciones. Por ello, la organización cree que la superficie de viñedo cumple un papel fundamental en la Comunitat Valenciana, «ya que además de representar unos ingresos económicos para nuestras zonas de interior, contribuye a mantener la población y lleva ya varias convocatorias de ayudas sin que sus productores puedan acceder a las mismas». Al respecto, ha reclamado al conseller de Agricultura, José Luis Aguirre, que habilite ayudas para uno de los sectores más afectados por la sequía y la guerra en Ucrania como es la uva de vinificación, tal y como permite la Orden APA/871/2023, de 20 de julio.
 

La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA–ASAJA) ha alertado de la «descapitalización extrema» que sufren muchos viticultores de Utiel–Requena y otras comarcas valencianas tras acumular un año entero sin ingresos por la venta de sus uvas. Al respecto, reclama a las administraciones la puesta en marcha de medidas extraordinarias, tanto para revitalizar el mercado del vino como para garantizar la supervivencia financiera de las explotaciones vitivinícolas a corto y medio plazo.

La organización agraria ha reiterado la necesidad de que el Gobierno central «aplique, en la línea que ya contemplan Francia e Italia, iniciativas encaminadas a una destilación de crisis y a una vendimia en verde, con el objeto de eliminar excedentes y adecuar la oferta a un mercado que se encuentra apático debido a las restricciones en el canal Horeca derivadas de la Covid–19». Ante la gravedad de la situación, AVA–ASAJA ha añadido al ejecutivo la demanda de retrasar el abono de las cuotas correspondientes a los créditos, aprobados en 2017, de acceso a la financiación a través del aval de SAECA para explotaciones afectadas por la sequía.

Asimismo, y con la finalidad de obtener una inmediata liquidez, la organización ha urgido a la Generalitat Valenciana que «agilice el pago de todas las líneas de ayudas que, pese a estar debidamente tramitadas, arrastran varios meses de retraso». Entre los pagos pendientes destacan ayudas directas de la Política Agraria Común (PAC) 2020, planes de mejora o parte del plan de reestructuración. Además, exige a las distintas administraciones «la apuesta por campañas de promoción de los vinos y cavas autóctonos».

Teresa Jordà, consellera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat de Catalunya, acompañada del director general del Instituto Catalán de la Viña y el Vino (INCAVI), Salvador Puig, se ha reunido, en la sede de esta última entidad en Vilafranca del Penedès, con representantes de Unió de Pagesos (UP), JARC y la Asociación de Viticultores del Penedès (AVP), de la Federación de Cooperativas Agrarias de Cataluña (FCAC), el Instituto del Cava, así como de las principales empresas elaboradoras, para encontrar una salida a la crisis provocada por el bajo precio que las grandes bodegas pretenden pagar por la uva de esta temporada.

Al final y pese a la voluntad de todas las partes, la situación sigue encallada y UP, JARC y la Asociación de Viticultores del Penedés, ante la falta de una solución en firme, han decidido mantener la convocatoria de huelga para el próximo 5 de septiembre, en la que no cosecharán ni entregarán uva a las bodegas en protesta por los bajos precios a los productores.

A pesar de no lograr ninguna solución en firme para la presente campaña, los representantes de los productores celebran el apoyo mostrado por la consellera Jordà y su compromiso con el fin de estudiar medidas para lograr un equilibrio entre la oferta y la demanda, flexibilizar los compromisos que dependan del Departamento y que emanen de situaciones de desequilibrio y para hacer cumplir las medidas propuestas ara las DD. OO. que dependan del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA).

Por su parte, la consellera se ha mostrado muy satisfecha del encuentro, que según ha manifestado ha permitido «conjurarnos productores y elaboradores a trabajar juntos por el mundo del cava y por el país» y ha mostrado la voluntad del Departamento y de todas las partes de poner todos los medios al alcance para evitar que se vuelva a dar la actual situación. Asimismo, cabe señalar que Teresa Jordà ya ha solicitado una reunión con representantes del MAPA, como corresponsable de esta situación, para pedirles la limitación de nueva superficie, y otras medidas que podrían contribuir a mejorar la situación del sector del cava.

Finalmente, los participantes en la cumbre de Vilafranca del Penedès se han emplazado a una nueva reunión que se celebrará el próximo mes de noviembre, una vez finalizada la vendimia, y cuando ya se dispongan de todos los datos derivados la misma.