Agroseguro ha informado que las indemnizaciones abonadas a los viticultores asegurados por los siniestros registrados en 2021 se han elevado a 83,5 millones de euros (un 87% más que en la cosecha anterior), con más de 191.000 hectáreas siniestradas. Según ha indicado esta entidad se trata de la cifra más alta de daños en el seguro de uva de vino en los 42 años de historia del sistema español de seguros agrarios.

Agroseguro ha explicado que este aumento de las indemnizaciones a los productores de uva de vino «se corresponde con un incremento de los fenómenos meteorológicos adversos y graves sufridos por el viñedo desde la llegada de la primavera». A las heladas registradas entre el 13 y 18 de abril en nueve comunidades autónomas –entre ellas, todas las principales zonas productoras– hay que sumar los pedriscos muy tempranos, que causaron la rotura de brotes y hojas incipientes en las plantaciones más adelantadas de Castilla–La Mancha, Comunidad Valenciana y Extremadura. Además, «con la llegada de la primavera y el desarrollo del viñedo se pudieron percibir los daños concretos causados por las nevadas y heladas de la borrasca Filomena, observándose pérdidas de producción importantes».

Desde el último fin de semana de mayo, y durante todo el verano, la actividad tormentosa ha sido constante, dejándose sentir con especial virulencia durante el mes de agosto, cuando los viñedos de Aragón, Castilla–La Mancha, Comunidad Valenciana y Extremadura sufrieron las consecuencias del pedrisco a pocos días de iniciarse la vendimia y con la uva muy adelantada en su desarrollo respecto a su ciclo habitual. Por último, y tras cinco meses (abril–agosto) de alta siniestralidad, la doble DANA de septiembre perjudicó a explotaciones de producción tardía de Aragón, Castilla–La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, La Rioja y Navarra, elevando las cifras de daños e indemnizaciones hasta registros históricos.

Por comunidades autónomas, los viticultores asegurados de Castilla–La Mancha han recibido indemnizaciones que suman 38,3 millones de euros, con especial incidencia en las provincias de Cuenca (con 16,6 millones), Ciudad Real (8,7) y Albacete (7,2 millones), que junto a La Rioja (8,9 millones) son las cuatro provincias españolas con mayores indemnizaciones. Otras indemnizaciones se reparten entre viticultores asegurados de Castilla y León (9,7 millones), Aragón (6,2 millones, con 5,7 millones abonados a productores de Zaragoza), Extremadura (5,9 millones, prácticamente en su totalidad en Badajoz), País Vasco (4,3 millones, mayoritariamente Álava), Comunidad Valenciana (3 millones, principalmente en Valencia), Cataluña (2,5 millones) y Navarra (2,4 millones). El resto, hasta completar el total, se reparte entre agricultores asegurados en Andalucía, Baleares, Canarias, Galicia, Madrid y Murcia.

Técnicos agrícolas y viticultores del Condado de Huelva han alertado de la presencia de las primeras manchas de mildiu (Plasmopara vitícola) en esta comarca onubense de gran tradición vitivinícola, según ha informado la Red de Alerta e Información Fitosanitaria de Andalucía (RAIF) de la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía.

Esta enfermedad, en condiciones ambientales favorables como agua libre, elevada humedad relativa y temperaturas suaves, puede causar daños muy graves teniendo en cuenta que puede atacar a todos los órganos verdes de la vid.

Las manchas de apariencia aceitosa y ya en fase de esporulación han aparecido este año tras las precipitaciones, muy localizadas, de los días 11, 15 y 16 de abril, período que ha coincidido con temperaturas medias superiores a los 10ºC y con en un estado fenológico en torno a F/G/H ‘Racimos visibles’/’Racimos separados’/Botones florales separados’.

Los primeros síntomas, ocasionados por la primera infección, requieren de una lluvia superior a 10 l/m² y presencia de oosporas maduras, no así las siguientes infecciones, que requerirían de agua libre o de una simple rociada de más de dos horas y en este caso ya presencia de conidias, ha señalado la RAIF. Desde esta entidad se ha aconsejado a los viticultores que en el caso de que se produzcan nuevas lluvias o rociadas estos tomen medidas preventivas-curativas en función de si se observan síntomas o no, «siempre siguiendo las recomendaciones del técnico responsable de la zona».

El autoconsumo fotovoltaico ha llegado a las bodegas de Castilla y León para quedarse. De hecho, durante el año pasado se registraron 564 nuevas instalaciones fotovoltaicas en autoconsumo en esta región que supusieron 20,9 MW. Todo ello se ha puesto de manifiesto en el transcurso de la jornada titulada ‘Oportunidades para el sector vitivinícola en Castilla y León a través del Autoconsumo’, organizada por UNEF (Unión Española Fotovoltaica), y que se ha celebrado de forma abierta a través del canal de Youtube de esta entidad.

En este sentido, cabe resaltar que a pesar de la situación generada por la Covid–19, en España se instalaron en el 2020 alrededor de 600 MW en autoconsumo fotovoltaico, lo que supuso un crecimiento del 30% respecto a 2019. De esos 600 MW, en Castilla y León se instalaron alrededor de 30 MW, cifra que triplica la potencia instalada en los 3 últimos años.

El sector industrial y el primario son los que más han apostado por el autoconsumo en sus instalaciones (56%), seguido del sector servicios (23%) y el doméstico (19%). «Con más de un millón de hectáreas de viñedos en la región, el sector vitivinícola es consciente de esa oportunidad que les brinda el autoconsumo fotovoltaico», ha manifestado Rafael Benjumea, presidente de UNEF en su presentación de la jornada.

Por su parte, Raúl Escudero, gerente de la Denominación de Origen (D. O.) Cigales, ha relatado porqué decidieron hacer uso de la energía solar, «lo consideramos muy interesante para tener un menor impacto medioambiental y hacer una zona ecológicamente más sostenible, aparte de producir con unos costes más bajos y precios más competitivos».

El sector vitivinícola está convencido de que el futuro pasa por la sostenibilidad y, en concreto, Carmen San Martín, CEO de Bodegas De Alberto, que ha hecho especial mención a la parte de la producción al comentar que «debemos de avanzar en sostenibilidad dentro de nuestro proceso productivo, que es uno de los pilares de nuestro plan estratégico dentro de la empresa para los próximos años y dentro del cual hemos ido desarrollando varias acciones». De hecho, todos los ponentes han coincidido en que no se puede entender el sector enológico, que procede de la tierra, sin la sostenibilidad de la misma, y eso pasa por el autoconsumo fotovoltaico, que es «legal, rentable y sostenible», según ha apuntado Amaya Gómez, Sales manager de BRAUX Energy Group y delegada de UNEF en Castilla y León

Además, los ponentes han querido destacar la sencillez de la instalación de los paneles solares, un detalle para que, aquellos que aún tengan dudas, se animen a dar el paso, ya que se trata de un proceso rápido y seguro que no conlleva apenas mantenimiento. Esta sencillez pasa también por la eliminación y simplificación de los procesos administrativos, por los que UNEF está luchando; así, ya son 11 la Comunidades Autónomas que han eliminado la Licencia de Obras para el autoconsumo, entre las que se encuentra Castilla y León.

Miguel A. Torres, ex-presidente de la Federación Española del Vino y presidente de Bodegas Torres, ha indicado que «nos decidimos por la fotovoltaica al ser una solución rápida y sencilla para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de nuestra actividad. Empezamos en 2008 con nuestra primera instalación (de venta a red), y cuando la normativa lo permitió desplegamos el autoconsumo fotovoltaico entre 2016 y la actualidad en todas nuestras bodegas, en las D.O. Penedes, D.O. Rueda, D.O. Ribera de Duero, D.O. Rias Baixas, D.O.Ca. Priorat, D.O.Ca. Rioja y D.O. Costers del Segre. Sumando en torno a 1.500kW todas ellas».

Otro de los objetivos a la hora de instalar placas solares en las bodegas de Castilla y León ha sido abaratar el coste energético que implican los procesos de fabricación y de mantenimiento, además del día a día de las instalaciones o el regadío de los viñedos. Así han coincidido de nuevo los ponentes en que el autoconsumo fotovoltaico supone una inversión a medio-largo plazo, pues la reducción de los costes se ve desde el momento de la instalación.

En cuanto a la amortización, Carmen San Martín, ha aclarado que «evidentemente va a depender de varios factores como, por ejemplo, si finalmente nos conceden la ayuda o no, de la producción efectiva que tengan las placas, de los excesos de potencia etc. Pero la horquilla va de 7 años y 2 meses en el peor de los escenarios a 2 años y 6 meses; si nos vamos a un supuesto prudente sin subvención y con excesos de potencia sería de 4 años y 8 meses».

El mensaje es claro: hay que aprovechar la ocasión y las ventajas que ofrece el autoconsumo en la actualidad. El futuro pasa por la sostenibilidad y una actividad como la del sector vitivinícola no debe dejar pasar la oportunidad tanto de reducir costes, como de apostar por ser más sostenibles y aumentar así su diferenciación en calidad y reputación.

Para finalizar la jornada ha tenido lugar una mesa redonda donde han intervenido resolviendo preguntas de los asistentes el CEO de Solarnub, Iván Muñoz; la presidenta de la D.O. Rueda, Carmen San Martín; el presidente del Consejo Regulador de la Ribera del Duero, Enrique Pascual y el gerente de la D.O. Cigales, Raúl Escudero.

La Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio de la Junta de Extremadura ha anunciado que recurrirá la decisión, publicada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que limita de forma retroactiva los derechos de los viticultores, «ya que no se han resuelto de manera favorable las solicitudes presentadas para nuevas hectáreas de cava». En primer lugar, la Junta recurrirá por la vía administrativa mediante un recurso de alzada, dejando la vía judicial a otra instancia.

Según la Junta, «esta resolución supone una vulneración clara al establecer limitación de derechos con carácter retroactivo, sin que se haya justificado. Al menos las solicitudes presentadas antes de la entrada en vigor de la Resolución deberían ser admitidas». Asimismo, «no queda demostrado en el expediente riesgo de devaluación del mercado y más en el período de tres años que opera tal restricción (2020, 2021 y 2022)», ha subrayado el ente extremeño.

UPA-UCE ha indicado que apoya el recurso que presentará la Junta de Extremadura al considerar que la decisión del MAPA «vulnera los derechos de los productores extremeños».

Esta organización agraria critica la «parcialidad absoluta» con la que actúa el Ministerio de Agricultura, «quien debería trabajar para defender los intereses generales de los productores de uva de toda España, en lugar de favorecer solo a los de una zona concreta como Cataluña».

UPA-UCE considera que con las últimas sentencias «se había hecho justicia pero, de nuevo, el ministerio se empeña en condenar a los productores de uva extremeños impidiéndoles crecer».

La responsable del vino de la organización, Catalina García, ha manifestado que «las expectativas para las próximas campañas son bastantes pesimistas debido al desánimo que reina entre los productores por la fuerte caída de los precios. El sector atraviesa una de sus épocas más difíciles que, además, se ha visto agravada por la pandemia».

Por su parte, la Unión de Extremadura ha señalado que el MAPA ha vuelto a hacer «caso omiso tanto a la sentencia del Tribunal Supremo como del Tribunal Superior de Justicia de Madrid». Esta organización ha lamentado que el ministerio insista «en hacer caso exclusivo a la propuesta que emana de los productores y bodegueros de Cataluña y no tener en cuenta las propuestas y la realidad tanto en Extremadura como en Valencia». Para añadir que la posición del MAPA «raya la prevaricación al no hacer caso absoluto a las sentencias de distintos tribunales». Por todo ello, la Unión ha anunciado un Recurso de Alzada contra la resolución que congela las nuevas plantaciones de viña para cava en los años 2020, 2021 y 2022.