Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha celebrado la propuesta de la Comisión Europea de aplazar un año la entrada en vigor del registro electrónico de uso de productos fitosanitarios, prevista inicialmente para el 1 de enero de 2026. La organización considera que esta decisión demuestra que Bruselas ha atendido las preocupaciones trasladadas por el sector y los Estados miembros, aunque advierte que el tiempo adicional puede resultar insuficiente.

La entidad ha recordado que ya en marzo trasladó formalmente al comisario de Agricultura y Alimentación, Christophe Hansen, la inquietud de los agricultores ante la imposición de un sistema digital que muchos no estaban en condiciones de asumir por la brecha tecnológica existente en el medio rural. En su escrito, Unión de Uniones pidió revisar el Reglamento de Ejecución (UE) 2023/564 y aplazar su entrada en vigor, incorporando además flexibilidades específicas para las pequeñas y microexplotaciones agrarias, que enfrentan mayores dificultades económicas y técnicas para cumplir con la normativa.

En mayo, la Comisión reconoció que algunos agricultores, especialmente los de mayor edad o con menos recursos, podían tener dificultades para adaptarse, y aseguró que trabajaba con los Estados miembros para evitar cargas adicionales.

«La decisión de posponer un año la aplicación del registro electrónico va en la línea de lo que solicitamos», han señalado desde Unión de Uniones. «De todas formas, creemos que un año es poco», han añadido, valorando positivamente que la Comisión haya optado por un enfoque «más realista y adaptado a la situación del sector».

La organización ha vuelto a dirigirse por escrito al comisario Hansen para pedir que la revisión del Reglamento incluya una excepción explícita para las pequeñas y microexplotaciones. «Gracias al acuerdo de las 43 medidas ya logramos que el cuaderno digital no fuera obligatorio», han recordado. «Vamos a seguir trabajando para que no se complique ni se encarezca innecesariamente la gestión de nuestras explotaciones y, sobre todo, de las más modestas».

Unión de Uniones insiste además en que los poderes públicos deben garantizar la conectividad y la capacitación digital en el medio rural como condición previa indispensable para avanzar en la digitalización del campo y facilitar el cumplimiento de las normativas europeas vinculadas a este proceso.