Los viticultores que estas semanas están en plena vendimia han advertido que «podemos resistir la embestida del cambio climático, pero no del mercado». Se trata de un sector fundamental para España, presente en más del 40% de los municipios, del que depende el 2% del PIB nacional y crea más del 2% de los puestos de trabajo del país.

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) ha realizado una rueda de prensa para explicar las causas de la crisis en este sector y las medidas que pueden detenerla.

El responsable sectorial de UPA, Alejandro García–Gasco, ha hablado de la falta de rentabilidad y la amenaza del cambio climático como principales retos. Sin embargo, los productores «están esforzándose para adaptarse a la cuestión ambiental, a pesar de los graves problemas causados por la cuestión económica».

La razón mayoritaria es el incumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria «de la que no se salva ninguna zona», han señalado desde UPA. Y es que en todos los territorios han detectado casos de industrias que no firman un contrato previo con los viticultores. «No nos ha temblado la mano y hemos hecho denuncias ante las que la AICA (Agencia de Información y Control Agroalimentario) ya ha hecho inspecciones», ha apuntado García–Gasco.

El representante de UPA ha puesto como ejemplo que «en el sector del aceite o de los frutos secos se habla en euros por kilo de aceituna y de pistacho o almendra, pero en el viñedo se habla de pesetas por kilo de uva para que aparente algo. Es indigno. Un kilo está sobre 30 céntimos y es necesario sobre un kilo y medio para elaborar una botella de vino». Asimismo, ha reconocido la influencia de la política internacional, preocupando «las próximas elecciones en Estados Unidos, porque el señor Trump puede volver a poner aranceles al vino español».

Por su parte, José Manuel Delgado, técnico de la organización agraria, ha recordado el daño causado por el Brexit. «Ante los aranceles de nuestro producto, en Reino Unido empezó a aumentar la importación de otros países como Australia», ha señalado.

Además, desde UPA han resaltado «alarmantes descensos» en el consumo que también tiene su repercusión en la «asfixiante falta de rentabilidad». Una cuarta parte de lo que consumimos se queda en España, el resto se va fuera. Pero tanto a un lado como al otro de la frontera, el consumo ha descendido mucho desde el estallido de la crisis del COVID.

A esto hay que sumar los movimientos antialcohol que meten en el mismo saco el alimento de la vid con otros productos sin importancia social y económica en España, como las cervezas y los espirituosos. Ante el último de estos ataques, el anteproyecto de Ley lanzado por el Ministerio de Sanidad el pasado julio para frenar el consumo de alcohol en menores, UPA ha pedido la protección del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) para el sector vitícola, «el vino nada tiene que ver con los problemas de consumo entre menores».

Todo esto se hace palpable en la demanda de plantaciones de nuevo viñedo: ha bajado un 45% en comparación al año pasado.

UPA ha recordado que esta crisis se extiende a toda Europa, a la que ha pedido que actúe para apoyar al sector. En ese sentido, el próximo 11 de septiembre se reunirá el Grupo de alto nivel sobre el futuro del sector del vino creado por la Comisión Europea. UPA ha planteado medidas dirigidas a dicho Grupo, consensuadas con carácter general con el conjunto del sector en la interprofesional del vino) y ante el MAPA.
 

Decálogo de propuestas

Desde UPA, los viticultores profesionales proponen a todas las Administraciones un decálogo de medidas que, en su opinión, puede mantener la importancia del sector «si se aplica de manera urgente». Cabe recordar que en julio UPA ya remitió al MAPA las dos últimas propuestas de cara a la modificación de la ISV (intervención sectorial vitivinícola) en el PEPAC:

• Congelación de autorizaciones de nuevas plantaciones para 2024, 2025 y 2026.
• Transferir recursos no utilizados de un año a otro.
• Ayudas a arranques en diferido (ampliación del plazo de reestructuración).
• Ayudas a arranques definitivos con carácter social. Al contrario de los dos arranques producidos anteriormente, que la PAC relacionaba con el rendimiento, en este UPA pide fondos extraordinarios dirigidos a viticultores mayores o que quieran dejar el sector.
• Flexibilidad en la capacidad de reacción ante crisis.
• Mantener los fondos europeos para la promoción del producto.
• Apoyo a las actuaciones en relación a los efectos del cambio climático en el sector vitivinícola: adaptación, mitigación y sumideros.
• Reforzar la investigación e innovación en el sector.
• Apoyo a la producción de vino ecológico (producción en incremento que ya supone en España más del 16% de la superficie de viñedo, siendo el primero a nivel mundial).
• Apoyo a las inversiones en explotaciones vitícolas, medida que ya se aplica en los países de nuestro entorno y sin la que nuestro sector puede quedarse atrás.
• No conceder ayudas públicas de inversión o promoción a aquellas empresas que incumplen la Ley de la cadena agroalimentaria.

Por último, respecto a la vendimia de este año, UPA prevé una cosecha normal, de alrededor de 38 millones de hectolitros, después de dos años de muy bajas producciones, en especial la de 2023. Así, se parte de un nivel bajo de existencias (un 16,5 % inferior al año pasado).