La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) ha valorado positivamente la rebaja de módulos decretada por el Ministerio de Hacienda en el sector agrario para la declaración del IRPF del ejercicio 2019 publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE). A juicio de esta organización profesional agraria, resulta destacable, “el hecho de que el Gobierno haya establecido con carácter general una reducción para el sector de los cítricos y los caquis del 0,26 al 0,18, al igual que el año pasado”. A pesar de ello, ha lamentado “la disparidad de criterios empleada a la hora de aplicar esa mejora fiscal porque, habiendo sufrido la misma crisis de rentabilidad –en ambos casos, la peor campaña de la historia en términos de precios– hay términos municipales que ven reducido el módulo a hasta 0,13 mientras que la gran mayoría de poblaciones no se benefician de esa misma cuantía”.

Asimismo, en el caso de las frutas de hueso –melocotón, cereza y albaricoque – “existe una discriminación de localidades sin ninguna justificación clara por motivos de crisis de mercado o adversidades climáticas”. Es más, la reducción de módulos en este cultivo resulta insuficiente “para paliar las graves pérdidas padecidas en la campaña más ruinosa de las últimas tres décadas”. Tampoco entiende la organización agraria “la inclusión de tan solo tres municipios en la rebaja de módulos para el granado, cuando este cultivo está extendido en mucha más superficie valenciana”.

Por ello, AVA-ASAJA reclama al Gobierno central que incluya a todos los términos municipales de la Comunitat Valenciana en las ventajas fiscales máximas que contempla el decreto. Asimismo, la asociación hace hincapié en la necesidad de otorgar un especial tratamiento fiscal a aquellas localidades valencianas que sufrieron con mayor vehemencia los efectos de la DANA durante el pasado otoño. Entre las producciones olvidadas en esta rebaja fiscal cabe destacar las hortalizas y el kiwi –muchos de sus invernaderos fueron dañados precisamente por la DANA y, más tarde, con el temporal Gloria–.

Adecuación inadmisible 
Por su parte, Unió de Pagesos (UP) ha afirmado que los ministerios de Agricultura y de Hacienda “se burlan del sector de la fruta dulce”, tras la Orden HAC/329/2020, de 6 de abril, publicada en el BOE. El sindicato ha recordado que “tanto los fuertes calores del verano pasado como la crisis de precios de los melocotones y nectarinas y de la manzana provocaron precios bajos en origen, así como una disminución de los frutos en el campo y en las centrales de confección”.

La adecuación publicada, “solo supone una reducción del 18,91% de los módulos del IRPF en fruta dulce, que pasa del 0,37 al 0,30”, según UP, que ha resaltado que los agricultores de la fruta están inmersos “en una grave crisis de precios desde el 2014 y, muy especialmente, los productores de melocotón y nectarina que, de las últimas seis campañas, solo pudieron cubrir costes de producción la del 2016 y del 2018”.

El sindicato ya había alertado al Ministerio de Agricultura que se debía tener presente la caída de ingresos que ha sufrido el sector, del 66% en fruta de hueso y del 40% en fruta de pepita, respecto al cálculo de los módulos tenidos en cuenta en la situación anterior a la crisis de precios desde el veto ruso, dada la situación de crisis de mercados del 2019 y los fuertes calores del verano. A estos factores hay que sumar “un incremento de costes laborales del 14,11%; el coste de la mano de obra en un 13,59%, a raíz del incremento del Salario Mínimo Interprofesional de 2018 2019 y del coste de la Seguridad Social en un 17,34%, así como un incremento del coste de la energía de más del 15%”.

Unió de Pagesos exige a ambos ministerios “una rápida e inmediata actuación para corregir este tratamiento injusto del sector en la Orden HAC/329/2020, ya que de lo contrario conllevará, para las explotaciones de fruta dulce que tributan por módulos, una carga fiscales injusta e ilegal en el IRPF”. El sindicato también considera necesario que “se incremente el 10% los gastos de difícil justificación en la estimación directa agraria”.

También desde la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía se han mostrado decepcionados por la rebaja fiscal del Gobierno central para el sector agrario, una reducción del IRPF que la consejera Carmen Crespo ha calificado de “claramente insuficiente” y que “recrudece la ya difícil situación que atraviesan miles de nuestros agricultores y ganaderos por la crisis sanitaria del coronavirus”.

La consejera andaluza ha lamentado que, finalmente, haya imperado en el Gobierno “los impuestos y no las personas”, ya que el sector agrario se está enfrentando al impacto del coronavirus “después de todo un año 2019 de pérdidas e incertidumbre por la crisis de los precios, la imposición de aranceles, los daños causados por temporales y la competencia desleal de los productos procedentes de terceros países que llegan a nuestros puertos”. Así, por ejemplo, en el caso del olivar y la aceituna de mesa, donde la Junta pedía una reducción del 100% y tan solo se ha concedido el 50%, pese a la complicada situación que atraviesa el sector oleíocola, que ha tenido que recurrir al almacenamiento privado para frenar la caída de precios.

La orden publicada beneficia, a nivel estatal, a agricultores y ganaderos dedicados a los cultivos herbáceos, olivar, cítricos, frutales no cítricos, así como a los productores de ganadería extensiva, vacuno de leche y apicultura.