La Comisión de Gobierno de FEPEX ha consensuado un conjunto de propuestas de mejora y simplificación del marco regulatorio actual, que se trasladarán a las diversas administraciones, entre las que se encuentran medidas para permitir el acceso a la generalidad de los productores hortofrutícolas a los pagos directos de la Política Agraria Común (PAC) o medidas sobre el Real Decreto de uso sostenible de productos fitosanitario, con el fin de que dicho marco no afecte negativamente a la actividad productiva y comercial.

Compuesta por los responsables de las asociaciones integradas situadas en las principales zonas de producción hortofrutícola, La Comisión de Gobierno de FEPEX considera que el Real Decreto 1045/2022 de 27 de diciembre, sobre derechos de ayuda básica a la renta para la sostenibilidad de la política agrícola «debería modificarse, para garantizar que los productores de frutas y hortalizas y de flores y plantas que lo soliciten puedan acceder a los pagos directos a través de la reserva nacional en las mismas condiciones que los beneficiarios actuales».

Respecto al Real Decreto de uso sostenible de productos fitosanitarios, FEPEX «ha propuesto su derogación o al menos su aplazamiento hasta que se apruebe el Reglamento comunitario, cuyo contenido final se desconoce».

Respecto a la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre envases y residuos de envases que presentó la Comisión Europea el 30 de noviembre del año pasado, «se considera necesaria la eliminación de la obligación de vender a granel las frutas y hortalizas frescas en lotes inferiores a 1,5 kg, ya que esta medida hace prácticamente inviable la estrategia de diferenciación por origen y calidad, lo que conllevará a una pérdida del valor añadido de las producciones comunitarias».

En la reunión, se han analizado también las consecuencias de la reforma laboral aprobada en el Real Decreto–ley 32/2021, que entró en vigor el 31 de marzo del 2022, considerando necesaria su adaptación al sector agrícola para dar una mayor seguridad jurídica en lo relativo a la contratación temporal.  En concreto se plantearon tres medidas. En primer lugar, garantizar la seguridad jurídica en la aplicación del contrato de circunstancias de producción ocasionales o previsibles a trabajadores por cuenta ajena en la actividad agraria. En segundo lugar, la ampliación de la duración del contrato temporal actual por circunstancias de producción ocasionales o previsibles de 90 a 120 días naturales, o en su defecto, adaptar el contrato actual de 90 días naturales a un contrato de 90 jornadas reales de trabajo. Y, en tercer lugar, se considera necesario clarificar la definición y garantizar la seguridad jurídica del contrato fijo discontinuo de los trabajadores ocupados en la actividad agraria.

En la reunión intervino la subdirectora General de Frutas y Hortalizas y Vitivinicultura, de la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios, Camino Arroyo, el socio codirector del Departamento de Agribusiness de Garrigues, Miguel Angel López Mateo, y la directora de Fruit Attraction, María Jose Sánchez.