El grupo de normativa de la Comisión General de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA) se ha reunido con representantes del sector, de Agroseguro, del Consorcio de Compensación de Seguros y de las comunidades autónomas, para aprobar las condiciones del seguro de la uva para vino, «cuyo coste se reducirá más de un 20% de media en el conjunto de España», porcentaje que variará para cada explotación en función de la modalidad contratada.

Así,, los asegurados de esta línea, junto a otras como la de cultivos herbáceos extensivos, serán de los primeros en poder beneficiarse del incremento extraordinario del apoyo estatal a los seguros agrarios. Cabe señalar al respecto que el Consejo de ministros aprobó en su reunión del pasado 25 de junio una ampliación de 60 millones de euros destinados a la política de seguros agrarios y reducir, de manera importante, los costes de explotación.

Entre las modificaciones introducidas, destacan «las subidas de precios que, a efectos del cálculo de las posibles indemnizaciones, se han aprobado para diversas variedades de uva dentro y fuera de las denominaciones de origen». En viñedos de producción ecológica, «los precios máximos del seguro se incrementan en un 8% sobre los precios unitarios máximos de variedades no cultivadas de esta manera».

Además, se ha elevado nuevamente el rendimiento máximo asegurable en el seguro de primavera (módulo P), modalidad que cubre, entre otros, el riesgo de pedrisco y el de helada de manera elegible. En la anterior revisión de la línea, este rendimiento máximo asegurable «se incrementó desde 14.000 a 16.000 kilos por hectárea (kg/ha), y ahora se eleva hasta los 18.000 kg/ha en el caso de la uva tinta, y hasta los 20.000 para la uva blanca».

Por otra parte, se ha acordado una subida de tarifas en algunas zonas, particularmente en el País Vasco y en La Rioja, «para corregir desequilibrios que se venían produciendo en la línea de uva para vino en estas zonas». No obstante, el incremento de las subvenciones del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, así como los que puedan corresponder a las comunidades autónomas, «compensará con carácter general el incremento de costes que se puedan producir en esos territorios». En este sentido, «se estima que el coste que abonará el viticultor, una vez descontadas las subvenciones y aplicadas las subidas de primas previstas, descenderá de media en un 14% en La Rioja».

Unió de Pagesos (UP) ha denunciado que el precio de la uva y del vino ecológicos en origen no es sostenible para las explotaciones que han apostado por este segmento. Por eso, el sindicato agrario ha criticado ‘la demagogia’ que supone que la agroindustria del vino y del cava defienda la elaboración de vinos espumosos y, en cambio, se olvide que pueden recibir esta certificación de ecológicos porque se producen a partir de uva ecológica producida por el viticultor, además de que, según las distintas publicaciones del Barómetro de percepción del consumo de productos ecológicos, los consumidores priorizan que el producto sea de proximidad. En sus planes estratégicos, la D.O. Penedès y la D.O. Cava apuestan claramente por la producción ecológica, e incluso esta última D.O. exige a los cavas Premium que sean certificados ecológicos. Por todo ello, UP pide «corresponsabilidad y coherencia a las bodegas elaboradoras para que paguen adecuadamente la uva y el vino base ecológicos, de acuerdo con la valorización del vino y cava que se acaban comercializando».

Unió de Pagesos ha advertido a la agroindustria, y ha hecho un llamamiento a las personas consumidoras de productos ecológicos, que «sin un sector productor local de uva ecológica potente, con capacidad económica suficiente para asegurar su viabilidad económica, el vino de estas botellas podrá estar certificado como ecológico pero no será sostenible si se pierden pequeñas y medianas explotaciones de uva ecológica por el camino». Y tampoco se podrá decir «nunca que sea agroecológico, por la falta de equilibrio entre el sector productor y el resto de eslabones de la cadena de valor, para poder fijar un precio en origen agroecológico, que asegure la viabilidad de la explotación agrícola».

Además, el sector ecológico «ve con preocupación» la apuesta del sector público por fomentar el término de agricultura sostenible, y que las empresas minoristas importantes ya están haciendo. Ante esto, UP ha recordado que lo único que identifica un producto ecológico y, por tanto, que está hecho con el sistema de producción que garantiza el máximo respeto posible por el medio, por la salud humana, por el bienestar animal y por la biodiversidad «es el símbolo de la eurohoja y el código de certificación de la entidad de control, que en Cataluña es el Consejo Catalán de Producción Agraria Ecológica (CCPAE)».

La comarca barcelonesa del Alt Penedès y la localidad valenciana de Requena acogieron el 5 de septiembre las movilizaciones de los viticultores contra los bajos precios percibidos por la uva y el vino base para la elaboración de vino y de cava.

Así, unos 500 viticultores y unos 300 tractores participaron en la jornada de paro de la vendimia y de movilización convocada por Unió de Pagesos (UP), Jóvenes Agricultores y Ganaderos de Cataluña (JARC) y la Asociación de Viticultores del Penedès (AVP) en el Alt Penedès. Estas tres entidades hicieron un llamamiento para detener la vendimia y no entregar uva a las bodegas, ante el anuncio de las bodegas más grandes de recortar un 28% los precios en origen, volviendo a cotizaciones de dos décadas atrás, en concreto de 1998.

La movilización, bajo el lema ‘Precios justos para la uva y el vino base para vino y cava. Para la agricultura y el territorio’, comenzó con una concentración a las 9 h junto al Cementerio de Sant Sadurní d’Anoia, para iniciar la marcha hacia las sedes de empresas elaboradoras e instituciones (Cavas Codorníu, Cavas Freixenet y Ayuntamiento de Sant Sadurní d'Anoia). Posteriormente, se desplazaron a la localidad vecina de Vilafranca del Penedès, donde se dirigieron a la bodega Segura Viudas, al Ayuntamiento de la localidad, al Consejo Regulador del Cava, a Bodegas Torres y a la Bodega García Carrión.

Los representantes de UP, JARC y AVP leyeron un manifiesto conjunto en el que recordaron los problemas que sufre el sector, ligados al dominio de las compañías elaboradoras que mueven más volumen, que determinan el precio y los parámetros de producción sin ningún compromiso con los productores y el territorio, y pensando solo en la rentabilidad económica inmediata. Asimismo, los convocantes de la han destacado que el vino y el cava son productos ligados al territorio y han pedido la implicación de todos para no correr «un grave peligro de deslocalización». Además, han reclamado a las empresas que «apuesten inequívocamente por la calidad para no caer en la banalización del producto».

En el manifiesto, las tres entidades han hecho hincapié en que «unos precios tan bajos hunden el prestigio de las denominaciones de origen, dado que no hay prestigio sin un precio digno y justo para todos», y han exigido el compromiso de todos los operadores para contribuir a prestigiar el producto de las denominaciones de origen catalanas. En este sentido, han exigido a las administraciones, incluida la local, que garanticen el equilibrio territorial y intercedan ante las empresas; el Ministerio de Agricultura, que limite la inscripción de nuevas hectáreas de viñedo en la D.O.P. Cava, y el Departamento de Agricultura, que contribuya a plantear medidas para lograr un equilibrio entre la oferta y la demanda. Por lo que se refiere a las grandes empresas compradoras, los manifestantes reclamaban que den un valor adecuado al trabajo de los viticultores y el producto que les ofrecen, ya que su margen comercial no se puede incrementar poniendo en riesgo la viabilidad de las explotaciones que les ofrecen una materia prima de calidad para elaborar el producto final.

El sector valenciano también sale a la calle
Por su parte, doscientos tractores y cerca de un millar de personas vinculadas directa o indirectamente al sector vitivinícola valenciano salieron a las calles de Requena para reclamar unos precios dignos de la uva destinada a la elaboración tanto de vinos como de cavas. Las principales organizaciones agrarias y cooperativas del colectivo –la Coordinadora Campesina del País Valenciano–COAG, la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA–ASAJA) y La Unió de Llauradors i Ramaders, con el apoyo de la Federació de Cooperatives Agro–alimentàries de la Comunitat Valenciana– unieron sus fuerzas a la hora de convocar esta manifestación y tractorada durante la cual alertaron de que, si se confirman los precios a la baja que a día de hoy están ofreciendo las grandes bodegas, los productores valencianos sufrirán unas pérdidas económicas superiores a los 28 millones de euros, de los cuales cerca de 7,5 millones corresponden al sector del cava de Requena.

Entre las reivindicaciones del colectivo cabe destacar la solicitud a la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA), órgano dependiente del Ministerio de Agricultura (MAPA), y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para que ponga en marcha una campaña especial de investigación sobre las grandes bodegas a fin de sancionar posibles acuerdos de precios; el cumplimiento estricto de la ley de mejora del funcionamiento de la cadena alimentaria; agilizar los protocolos de exportación a nuevos mercados; mejorar el control de entradas de plagas y enfermedades de las plantas de vivero; reivindicar y poner en valor la singularidad de la D.O.P. Utiel–Requena, D.O.P. Alicante y D.O.P. Valencia.

El sector vitivinícola valenciano también exige el establecimiento de unas tarifas eléctricas para el riego de apoyo y las bodegas en las que se les facture por la energía utilizada, se permita realizar dos modificaciones al año de la potencia contratada y establezca un IVA reducido al regadío. Igualmente, pide un gasoil adaptado a las necesidades del sector agrario y ganadero; evitar las pérdidas de fondos comunitarios del Plan de Apoyo al Sector Vitivinícola de España (PASVE) y el desarrollo y composición de los Planes de Desarrollo Rural de la nueva PAC que apoyen realmente al medio rural y sus habitantes; incrementar el presupuesto para la investigación con el objeto de erradicar las enfermedades de la madera en la viña; potenciar la promoción del consumo de vinos y cavas; controlar la superpoblación de fauna salvaje y flexibilizar las normas del seguro agrario para facilitar indemnizaciones por este tipo de daños; y exigir al MAPA que haga su labor para fortalecer y cohesionar Agroseguro a través del control de las subidas indiscriminadas de las primas.

Agroseguro estima que las indemnizaciones por los siniestros en uva de vinificación se elevarán en esta campaña a los 75,4 millones de euros, siendo la mayor parte de los daños debidos a los riesgos de pedrisco y helada. Castilla y León es la comunidad autónoma que mayores indemnizaciones recibirá (33% del total, 24,9 millones de euros), seguida de La Rioja (un 20%, 15,3 millones de euros) y Castilla–La Mancha (17%, 12,6 millones de euros).

Hasta la fecha, la superficie siniestrada total recibida de este cultivo alcanza las 108.000 hectáreas, de las que el 84% corresponden a los siniestros de pedrisco y helada. No obstante, los efectos de la sequía están cobrando importancia en Castilla–La Mancha, Cataluña y Extremadura y aún se siguen recibiendo siniestros por este riesgo.

Dos etapas de tasación
Agroseguro está dedicando 176 peritos a la valoración de los siniestros, con preferencia a las zonas más afectadas (en Castilla–La Mancha 52 peritos, en Castilla y León, 42 y en La Rioja, 34).

Los siniestros por uva de vinificación se tasan en dos etapas, en la inspección inmediata, realizada tras los primeros siniestros de heladas y pedrisco, se constataron unas pérdidas por encima del 70% por helada y variables en el caso del pedrisco, y en la tasación definitiva, en la que se valoran los daños en cada parcela con antelación suficiente a la recolección normal de la variedad. Este año, la climatología ha adelantado la vendimia en torno a dos semanas, por lo que Agroseguro ha anticipado, asimismo, las tasaciones, que ya superan el 85% del total de la superficie siniestrada.

Asimismo, ha hecho un esfuerzo por agilizar los pagos en las variedades de recolección más temprana, finalizando los mismos a mediados de octubre.
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