Según AVA-ASAJA los productores sufrirán pérdidas superiores a 24 millones de euros

La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) denuncia que la supresión decretada este año de la materia activa Metil Clorpirifos en el cultivo del caqui y la no disponibilidad de alternativas suficientemente eficaces eleva a niveles récord la incidencia de las plagas, sobre todo cotonets y moscas blancas. 

Tanto es así que, según un estudio técnico elaborado por la asociación, los productores valencianos de caqui sufrirán en la presente campaña unas pérdidas superiores a 24 millones de euros solo debido a la merma de cosecha por plagas. El volumen total de frutas desperdiciadas en campo alcanzará las 80.000 toneladas, lo que supone un incremento del 30% respecto al ejercicio pasado. A esas previsiones cabe sumar la pérdida de empleo y el impacto económico derivados en los almacenes de confección, el transporte y los mercados de comercialización.

El presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, advierte de que “la situación de emergencia sanitaria que atraviesa el caqui está poniendo contra las cuerdas la viabilidad presente y futura de un cultivo que en lo que llevamos de siglo XXI se ha erigido en un pilar de la agricultura valenciana. Todo el sector hortofrutícola español había reclamado a las administraciones que no prohibieran el Metil Clorpirifos sin dotar antes a los agricultores de otros métodos de lucha igualmente eficaces. No hicieron caso y ahora, al igual que ha ocurrido con los cítricos y otras frutas, se ven las consecuencias en el caso del caqui: un aumento de tratamientos fitosanitarios que no han evitado frenar los ataques de plagas, un aumento del desperdicio alimentario, una pérdida de competitividad y una degradación medioambiental. Por no escuchar al sector y guiarse por postulados ideológicos, la clase política europea está consiguiendo el efecto contrario de lo que pregona”. 

Al respecto, Aguado pregunta: “¿Dónde están los políticos responsables que van a asumir la responsabilidad de sus decisiones y compensarán los perjuicios ocasionados a los agricultores? ¿Qué más tiene que suceder para que se den cuenta de que urge un cambio de rumbo en la política de sanidad vegetal? ¿Cuándo el Gobierno dejará de ser cómplice de la filosofía equivocada de la Unión Europea que desconoce la realidad climática y de plagas que hay en la agricultura mediterránea?”.

AVA-ASAJA ha enviado un escrito a la consellera de Agricultura de la Generalitat Valenciana, Mireia Mollà, para solicitarle su máxima implicación a la hora de ponderar a pie de campo y con carácter oficial la magnitud de esta problemática; aprobar dentro de sus competencias y reclamar al Gobierno central tanto indemnizaciones como medidas fiscales, como el módulo cero para la declaración de la renta de 2020; así como trabajar en aras de facilitar al sector una serie suficiente de productos fitosanitarios y biológicos que sean verdaderamente efectivos para combatir las plagas que diezman las producciones.

El Comité de Gestión de Cítricos (CGC), la patronal nacional que aglutina a los exportadores privados, ha indicado en un comunicado que coincide plenamente con los términos de la carta remitida en julio por la consejera de Agricultura de la Comunidad Valenciana, Mireia Mollà, al ministro en funciones del ramo, Luis Planas, en la que le advirtió del «grave riesgo» que supondría la llegada del Greening o HLB a España y que debía actuar al respecto. El CGC cree que, como ha reiterado la consejera en unas declaraciones públicas, para frenar la posible expansión de esta temida bacteria –aún no presente en el Mediterráneo– resultaría clave controlar antes la población del insecto que la propaga, la Trioza erytreae. Este psílido está presente en la Península desde 2014 y en cinco años ha logrado expandirse por todo el litoral atlántico desde La Coruña (Galicia) a Lisboa (Portugal), habiendo traspasado incluso el río Tajo. La primera y más urgente medida para evitar su acceso a las zonas productoras vecinas del sur de Portugal o a las de Huelva, pasaría por liberar en las áreas infestadas gallegas y lusas el parasitoide –Tamarixia dryi– que el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA) –el laboratorio nacional de referencia en bacterias vegetales– importó desde Sudáfrica y que ha venido testando en Canarias, donde también está presente el citado vector, además de en la Isla Reunión y en Mauricio. El ministerio, según la contestación remitida ahora a la consejera, aduce que para proceder a su suelta antes necesita una autorización de la Unión Europea (UE).

El CGC vuelve a coincidir con Mollà en remarcar la evidencia de que, en función de la legislación nacional en materia de sanidad vegetal, se trata de una situación de «urgencia» en la que el Gobierno español sí tiene competencias por lo que su suelta «debería ser inmediata porque está en juego la supervivencia a medio plazo del sector citrícola». 

La conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural de la Generalitat Valenciana ha informado a los representantes de AVA–ASAJA, La Unió, UPA, COAG, Cooperatives Agroalimentàries, Asaja Alicante, FEPAC/ASAJA y ASFPLANT de la décima actualización de los datos de afección de la Xylella fastidiosa en la provincia de Alicante.

En la reunión, que ha sido abierta por la consellera Elena Cebrián, han participado el secretario autonómico de Agricultura, Francisco Rodríguez y los directores generales de Agricultura, Roger Llanes, y de Medio Natural, Antoni Marzo, los cuales han detallado los datos sobre esta enfermedad vegetal a los representantes de las organizaciones agrarias, cooperativas, operadores y viveristas.

«Estamos aplicando el plan de contingencia acordado con las organizaciones agrarias», ha subrayado la consellera Elena Cebrián, quien ha recordado al abril la reunión que la erradicación es una obligación y que la contención no es una opción ni una decisión de esta comunidad, tendría que ser previamente aprobada por la Comisión y por los 27 estados miembros, como cambio de estrategia que podría poner en riesgo otros territorios de la UE.

Cebrián ha explicado que se está preparando un plan de reconversión en el que se han incluido posibles cultivos alternativos y ha destacado que se han convocado 2,35 millones de euros en 2018 y 2,2 millones en 2019 para indemnizaciones.

13 nuevos términos municipales
Por su parte, Roger Llanes, director general de Agricultura, ha comentado que, con la décima actualización, la zona demarcada por control y seguridad ante la Xylella fastidiosa se sitúa en 134.600 hectáreas y los municipios que se encuentran en esta zona pasan de 60 a 73. Se incluyen trece nuevos términos municipales, Alcocer de Planes, Beniarrés, Benimarfull, Cocentaina, el Ràfol d'Almunia, l'Alqueria d'Asnar, l'Atzubia, l'Orxa, Muro d'Alcoi, Orxeta y Pego de la provincia de Alicante, así como Oliva y Villalonga de la provincia de Valencia.

En concreto, se han confirmado 925 nuevos positivos, de los que 890 muestras son de almendro, once muestras de Polygala myrtifolia, ocho muestras de Helichrysum-italicum, siete muestras de albaricoquero, tres muestras de Aladierno y otras tres de romero, además de dos muestras de ciruelo y una de Calicotome spinosa. Los últimos positivos se han producido dentro de la zona demarcada de cinco kilómetros, salvo 18 (dieciséis en almendros y dos en Polygala myrtifolia) que se encuentran en las inmediaciones de la zona demarcada.

La décima actualización incluye 19 nuevos municipios con vegetales infectados (Benasau, Beniaberg, Benidoleg, Benillup, El Verger, Gorga, La Nucía, La vall de Laguar, L'Alfàs del Pi, Millena, Ondara, Orba, Pedreguer, Planes, Sagra, Tollos, Vall d'Ebo y Vall de Gallinera), que se suman a los 31 existentes hasta la fecha.

Subespecie múltiplex ST 6
Asimismo, se ha informado que todas las determinaciones de los análisis efectuados siguen siendo de la subespecie múltiplex ST 6 de Xylella fastidiosa. Tras la ampliación de la zona demarcada, hay diecisiete viveros o centros de jardinería adicionales afectados por las restricciones de movimiento de material vegetal. Hasta la presente actualización, el número de viveros o centros afectados era de 45.

En materia de recursos humanos asignados, se dispone de 126 efectivos, aunque está previsto, en un corto periodo de tiempo, un aumento de dieciséis, de los que diez se unirán a los 46 efectivos ya existentes en medidas de erradicación y tratamientos y seis se incorporarán a las tareas de prospección junto a los 26 técnicos que ya trabajan en estas tareas. Un total de 21 técnicos trabajan en análisis de laboratorio, otros 20 técnicos lo hacen en controles de movimiento y trece personas desarrollan sus trabajos en labores de administración, cuestiones jurídicas y de coordinación.

Además, en la reunión de la conselleria de Agricultura con organizaciones agrarias, cooperativas, operadores y viveristas de la Comunitat Valenciana se ha explicado que en la zona afectada continúan las tareas de vigilancia mediante prospecciones y muestreos. A principios de agosto de 2017 se adoptó el Plan de Acción frente a Xylella fastidiosa en la Comunitat Valenciana, que fue actualizado en febrero de 2018 y en enero de 2019. Hay que recordar que la conselleria actualiza la información disponible sobre plagas.

Al mismo tiempo, se dispone de una página web específica (www.xylella.es) y se ha habilitado un teléfono de atención al ciudadano (900 532 000) y una dirección electrónica xylella@gva.es para atender todas las consultas y avisos que puedan surgir

La Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Castilla–La Mancha ha declarado la existencia de la plaga provocada por Eurytoma amygdali Enderlein, avispilla del almendro, en esta comunidad autónoma, en concreto en unos 70 municipios de Albacete y 30 de Cuenca, y ha establecido medidas fitosanitarias obligatorias para combatirla.

Según figura en la Orden 33/2019, de 25 de febrero, publicada el día 28 de ese mes por esta consejería en el Diario Oficial de Castilla–La Mancha, los titulares de plantaciones de almendros afectados deberán realizar tratamientos fitosanitarios adecuados en los momentos en los que la plaga sea más vulnerable y con los productos autorizados en el Registro de Productos Fitosanitarios del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA).

Asimismo, los titulares de almendros afectados deberán retirar las almendras afectadas, en los momentos agronómicamente adecuados, y estas deberán destruirse mediante quema antes de la emergencia de las nuevas avispillas. En la normativa se indica que estos frutos afectados en ningún caso se podrán utilizar para alimento del ganado, combustible de estufas u otros usos, siempre deberán ser destruidos mediante su quema.

Por parte de los agricultores, deberán extremarse las medidas de limpieza en la maquinaria de recolección, los equipos de transporte y almacenaje, evitando que queden restos de almendras que pudieran ser un foco de dispersión de la plaga.

Respecto a los almacenes receptores de almendra en la Orden citada se señala que estos deberán establecer condiciones de almacenamiento y conservación adecuadas para evitar la contaminación de las partidas almacenadas, extremando la limpieza de todos los equipos implicados en el proceso productivo (tolvas de recepción, equipo de descortezado, partidora, seleccionadora, etc.) y en caso de partidas infectadas deberán proceder a su destrucción comunicando a la Dirección Provincial de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural correspondiente, los datos de procedencia de estas almendras.

Los apicultores deberán disponer de información sobre el calendario de tratamientos, en primer lugar, a través del propietario de la parcela donde estén ubicadas sus colmenas, también se informará de los momentos de tratamiento a través de las Agrupaciones de Sanidad Vegetal con sección de almendro, Oficinas Comarcales Agrarias, la Estación Regional de Avisos Fitosanitarios de El Chaparrillo.

Para las parcelas de almendros en cultivo ecológico se fija la realización de tratamientos fitosanitarios en los momentos en los que la plaga sea más vulnerable utilizando productos autorizados por el MAPA. En este caso la almendra no se podrá comercializar como ecológica y el organismo certificador informará a los operadores habituales. Además, las almendras afectadas se retirarán en los momentos agronómicamente adecuados y deberán destruirse mediante quema antes de la emergencia de las nuevas avispillas.

Por lo que se refiere a los gastos originados por la aplicación de las medidas fitosanitarias adoptadas en la resolución estos correrán a cargo de las personas físicas o jurídicas propietarias de almendros afectados.