Miles de agricultores y ganaderos españoles se han manifestado en Córdoba, frente a la reunión Reunión informal de ministros de Agricultura de la Unión Europea (UE) en el marco de la Presidencia española, para protestar por «los continuos ataques que recibe el sector agrario». Convocados por las organizaciones agrarias ASAJA, COAG y UPA y las Cooperativas Agro-alimentarias, los manifestantes han denunciado su «situación límite» a causa de «la escalada de los costes de producción, los insuficientes precios en origen, la competencia desleal de las importaciones de países terceros y las inasumibles exigencias medioambientales de la Comisión Europea».

Uno de los convocantes, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) considera que la actual política agraria comunitaria «está orientada a favorecer un mercado sin control que sólo beneficia a grandes empresas y a la especulación, destruyendo el sistema productivo, acabando con el modelo social y profesional de agricultura que mantiene vivos nuestros pueblos y amenazando seriamente la seguridad y la soberanía alimentaria en Europa». Miguel López, responsable de COAG en Andalucía, ha manifestado que estamos en un momento clave porque «lo que está en juego es el modelo de agricultura. ¿Qué queremos de aquí al futuro? Una agricultura social y profesional que genera economía, empleo, fija población, gestiona territorio, etc., que es la que defendemos, o la apuesta por el modelo neoliberal, con apertura de mercado sin control y el ‘todo vale’, incluso perjudicando la salud pública, y abriendo las ayudas públicas a los mercados financieros y fondos de inversión. Esto es lo que parece que están imponiendo desde Europa». Para añadir que «la alimentación es un valor de futuro, pero el mercado europeo no se está blindando. La soberanía alimentaria en Europa no existe; esto es grave. Y los que se han reunido son los responsables de esto».

La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) ha alertado que, tal como concluye el informe de impacto realizado por la Universidad de Wageningen, la propuesta de la Comisión de Reglamento sobre el uso sostenible de productos fitosanitarios (‘SUR’) provocaría, de aprobarse tal como está redactado, «una pérdida del 20% de la producción vegetal europea y, por tanto, un aumento de los precios de los alimentos para los consumidores». 

Su presidente, Cristóbal Aguado, ha rechazado «la burrada del ecologismo radical que están imponiendo nuestros políticos contra los productores y los consumidores. Sus políticas verdes ya están expulsándonos de nuestros campos y nuestras granjas, y aun así continúan legislando con nuevas trabas y limitaciones. Si reducen el número de fitosanitarios para cuidar las plantas ante plagas y enfermedades, produciremos menos alimentos y serán todavía más caros. La inflación de la cesta de la compra sólo ha empezado. La subida del aceite sólo es el principio de las consecuencias de su irresponsabilidad». 

Aguado ha subrayado que «la Comisión Europea se equivoca al sacrificar a su sector primario y dejar su soberanía alimentaria en manos de las importaciones de países terceros. Porque no tenemos garantizado que en el futuro los productos agrarios de fuera puedan cubrir todas nuestras necesidades alimentarias, ya sea por el cambio climático, el incremento de la población mundial y/o conflictos geopolíticos que comportan cierres abruptos de mercados. Pero no olvidemos, que las políticas verdes únicamente se aplican a los productores de la Unión Europea, no a las importaciones foráneas. Así que los consumidores pagaremos mucho más por los alimentos que encontremos en el mercado que, además de los imprevistos internacionales, sufrirán una disminución, directamente al encarecerse y dificultarse la lucha contra las plagas y enfermedades, e indirectamente al seguir creciendo la superficie agraria abandonada». 

Por su parte, el presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de España, Ángel Villafranca, ha señalado que la situación es extraordinariamente delicada, en un contexto de inflación y de incremento sostenido de los costes de producción, sumado a la confluencia de fenómenos climáticos extremos, fundamentalmente la sequía. Esta situación sitúa a los productores y a sus cooperativas «en un escenario preocupante de volatilidad, incertidumbre y pérdida de rentabilidad progresiva, y en el que el aumento de los precios no compensa los costes de producción». En este sentido, las cooperativas han destacado que sin rentabilidad no habrá cambio de modelo productivo. Así, «se necesita generar una cadena con valor para todos los eslabones, que cuente con instrumentos innovadores, nuevas tecnologías y mayor inversión, al margen de la PAC, que ayuden a esa transición».

Finalmente, los responsables de Jóvenes Agricultores y Ganaderos de Cataluña (JARC) presentes y también en la movilización, han calificado la gran respuesta a la convocatoria como «un éxito, que demuestra el descontento del sector con las políticas y normativas que van en contra de la producción agraria de nuestro territorio». Juan Carlos Massot, presidente nacional de JARC, ha destacado que este acto no pretendía criticar a la UE, «sino las políticas que están implantando, que son contrarias al objetivo que la impulsó en sus inicios». Por ello, ha hecho especial incidencia en «los tratos comerciales con países terceros, como por ejemplo el Mercosur, que generan competencia desleal y destruyen nuestro sistema productivo».

La problemática de los precios que perciben los productores es el otro lastre que arrastra al sector hace décadas. En la actualidad, los productores agrarios se encuentran en una situación ruinosa a consecuencia de la absurda subida de los costes de producción, superior al 35% en 2022; la caída de la productividad por efecto de la sequía y unos precios en origen que no garantizan cubrir los costes de producción. En este sentido, Massot ha vuelto a recordar la importancia de que los políticos pongan en marcha los mecanismos y recursos necesarios para garantizar que se cumple la Ley de la Cadena Alimentaria «para proteger a los productores de los abusos y conseguir que cobren unos precios adecuados».

Apuesta por la aplicación de las nuevas tecnologías

La Reunión informal de ministros de Agricultura de la UE ha dejado un mensaje claro de la apuesta común de los países comunitarios por la aplicación de las nuevas tecnologías, que «deben jugar un papel clave en la transición hacia un sistema agroalimentario más sostenible y permitir hacer frente a los efectos del cambio climático. Su uso, además, facilitará que el sector agroalimentario gane en rentabilidad y competitividad».

En su intervención, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación en funciones, Luis Planas, ha destacado cómo el abastecimiento de alimentos seguros, nutritivos y en calidad y cantidad suficiente es un reto global para el conjunto del planeta, ya que, de acuerdo con las previsiones de las Naciones Unidas, la población mundial alcanzará los 9.700 millones de personas en 2050. Con este objetivo, Planas ha incidido en la necesaria transformación de los sistemas alimentarios «para hacerlos más justos, más resilientes y más saludables y que, a la vez, contribuyan de forma decisiva a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas». Todo ello, enfocado al triple objetivo «de la seguridad alimentaria, la sostenibilidad global de los recursos naturales y la garantía de un medio de vida para quienes habitan en las zonas rurales». En un escenario en el que los fenómenos climáticos extremos son cada vez más frecuentes, ha subrayado cómo las iniciativas y políticas europeas deben orientarse a dar respuesta a los retos ambientales y climáticos a los que se enfrenta la producción de alimentos. «La agricultura es una de las actividades humanas más afectada por el cambio climático, sin embargo, también forma parte de la solución», ha asegurado.