Cambio climático

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En una zona marginal de cultivo, que ocupa una superficie de 125 hectáreas entre las comarcas de Los Serranos y Camp de Túria (Valencia), un proyecto de recuperación de la producción de algarrobas mediterráneas con árboles centenarios y con nuevos pies de especies autóctonas va a repercutir en el medio ambiente, como sumidero de CO2, y va a implantar un modelo bioeconómico sostenible con alcance internacional.

Desde el punto de vista del cambio climático, los algarrobos del proyecto «son una especie clave para la restauración de la naturaleza, así como para la prevención de la desertización, las inundaciones y los incendios forestales». Precisamente, su capacidad de adaptación a climas secos y al propio cambio climático convierten al algarrobo autóctono valenciano en «un cultivo viable de mantener, rentable económicamente hablando y que permite integrar la actividad agraria con la prevalencia de la masa forestal del entorno». 

El modelo de negocio ecológico impulsado por Pedro Pérez, dueño de una empresa familiar dedicada desde 1963 a la algarroba en Bugarra (Valencia) basado en el cultivo de algarrobos y en la fabricación de sus derivados para el sector alimentario, como el estabilizante natural de harina de garrofín, los troceados o la harina de algarroba, «se basa en el respeto del entorno, la mejora natural de las condiciones del terreno y su convivencia con el hábitat forestal». 

 

Puesta en valor de la autoctonía 

El de la algarroba es «un cultivo marginal», de agricultura a tiempo parcial, con explotaciones pequeñas, con marcos de plantación amplios, baja rentabilidad de producción por superficie cultivada y «oscilaciones de precio y producción desproporcionadas». Esto, según Pérez, «junto con la falta de oferta del producto ha generado incrementos de precio desmesurados y falta de suministro a nivel mundial, reduciendo su consumo por estas dos circunstancias». 

Uno de los objetivos del proyecto es poner en valor este cultivo propio de la zona, «incrementando la oferta de algarrobas en el mercado y afianzándolo de manera sostenible, tanto para el agricultor como para la industria troceadora», explica su impulsor.

El segundo objetivo es servir como plantación espejo que anime a otros agricultores a interesarse por este cultivo de manera profesional, y «conseguir que deje de ser marginal, pasando a formar parte de producciones agrícolas totalmente sostenibles», apunta Pérez. 

Los clientes que apuestan por la algarroba autóctona mediterránea y sus derivados, como harinas y espesantes, son del centro y norte de Europa, sudeste asiático, Estados Unidos, Canadá o República Checa. «El negocio internacional del producto acapara en torno al 70% de las ventas, es decir entre 15 y 16 millones de kilos al año», subraya. 

En lo que concierne a la parte técnica del proyecto, desde que concibió ampliar su apuesta secular por este producto en la parcela referida –entre las partidas del Quemao, del Pedregoso y Mas del Jutge–, Pedro Pérez contó con la colaboración de Jorge Pi, ingeniero agrónomo especializado en ingeniería rural del estudio valenciano MasQueIngenieros (MQI), «para analizar las posibilidades del terreno en la recuperación de este espacio mediterráneo tradicional y favorecer la restauración de lo que hace 80 años fue de cultivo de algarrobos en convivencia con la masa forestal que había ganado terreno en esa zona despoblada». El proyecto empieza con 65 hectáreas y se podrá ampliar hasta las 125 mencionadas.

El fruto del algarrobo, la algarroba, es un ‘superalimento’ que, según el estudio realizado por Miguel Ángel Domene Ruiz, responsable de Alimentación y Salud del Grupo Cooperativo Cajamar, además de su uso como aditivo para la industria alimentaria, «lleva asociados beneficios saludables, libre de gluten, mejora la digestión, con bajos niveles de colesterol en sangre, es antioxidante, sirve para tratar las diarreas, previene la osteoporosis y ayuda a la prevención del síndrome del intestino irritable».

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El seguro agrario ha sido el centro de todas las miradas y reflexiones en la jornada organizada por el Consejo General de Colegios de Ingenieros Técnicos Agrícolas en la sede del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en Madrid, el 11 de abril, bajo el título ‘El papel del perito en los seguros agrarios combinados: pieza clave en la protección del sector agropecuario’. Ha sido observado con lupa para detectar sus fortalezas, fisuras y las posibles curas ante la alta siniestralidad a la que está haciendo frente, especialmente desde el año 2020, a causa de la imprevisibilidad climatológica y, además, se ha puesto en valor el trabajo de los peritos, pieza fundamental para el buen desarrollo de la maquinaria y el pago de indemnizaciones.

Félix Novoa, director del área técnica de Agroseguro, ha sido el encargado de proporcionar a los asistentes algunas de las cifras de mayor. Así, la sequía (496 millones de euros –M€– en indemnizaciones), el pedrisco (375 M€ en indemnizaciones) y las heladas (61 M€ en indemnizaciones) convirtieron 2023 en el año de mayor siniestralidad de la historia del seguro agrario, con un total de 1.241 M€. De hecho, «la sequía de 2023 es la más grave en los 45 años del seguro agrario». Todo ello ha llevado a que la ratio de siniestralidad se haya situado en el último ejercicio en un 169%; la principal consecuencia ha sido que la reserva del consorcio de compensación de seguros ha caído en más de la mitad en solo tres años, situándose en 353 M€. La diferencia entre las primas pagadas y las indemnizaciones recibidas ha sido de 712 M€.

En la jornada se ha insistido en que el seguro agrario es una herramienta imprescindible que continúa siendo solvente, algo que propicia que la confianza de los asegurados, así como la contratación, sigan creciendo ejercicio tras ejercicio. Asimismo, todos los ponentes han coincidido en que las reglas del juego han cambiado y es necesario adaptarse a ellas.

Para Miguel Pérez Cimas, director de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA), «es necesario que el seguro agrario se adapte a la nueva realidad bajo una doble exigencia, por una parte, que haya garantías de la viabilidad futura del sistema y, por otra, que siga siendo una herramienta útil para el sector». Y ha reiterado que «el riesgo que transfiere el asegurado a cambio de la prima que paga no es infinito, y las explotaciones con riesgo creciente tendrán que tomar medidas para que el riesgo transferido a las aseguradoras sea asumible».

 

Verificación con objetividad de los daños

Los peritos agrícolas son unas figuras sin los que, como han recordado todos los ponentes, «sería imposible que la maquinaria aseguradora complete su labor». Una labor que se revela no solo económica, sino también social, porque el seguro complementa la renta del agricultor cuando hay un siniestro. Para dar voz a estos profesionales en la jornada se ha contado con José Antonio Gómez, coordinador de peritaciones de Agroseguro y con Alberto Conde, ingeniero técnico agrícola especializado en el peritaje y tasación de seguros agrarios.

Ambos han detallado las fases de trabajo de los peritos a pie de campo que, según han comentado, también incluyen empatizar con el agricultor que acaba de sufrir un siniestro, y todo ello de manera independiente y ágil. Según datos de Agroseguro, solo en 2023 los peritos del seguro agrario auditaron de media al día entre 40 y 50.000 hectáreas, un gran volumen que ha posibilitado que la recepción de las indemnizaciones haya sido de 27 días de media.

Sobre la labor de estos peritos se ha hablado ampliamente en la mesa redonda, en la que han participado todos los ponentes y Carlos Gutiérrez, presidente del Consejo de Ingenieros Agrícolas. En general, se ha lamentado que en la universidad no se aporte la formación necesaria en peritaje, algo que tienen que completar los colegios profesionales con cursos específicos. En este sentido, Novoa ha anunciado que desde Agroseguro van a impulsar la creación de un máster específico de seguros agrarios.

En la jornada también se ha destacado la necesidad de que los profesionales del peritaje estén colegiados, algo que viene marcado por ley, y que incide en la seguridad que se aporta al asegurado y al propio sistema asegurador. Al mismo tiempo, se ha recordado que los únicos profesionales que pueden ser peritos tasadores de seguros agrarios son Ingenieros Técnicos Agrícolas, Ingenieros Agrónomos y Graduados en Ingeniería Agronómica.

La jornada, inaugurada por el subsecretario de Agricultura, Pesca y Alimentación del Ministerio de Agricultura, Ernesto Abati García–Manso, ha sido clausurada por el presidente del Consejo General de Colegios de Ingenieros Técnicos Agrícolas.
https://agricolas.org 

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El proyecto ‘PROLIVE. Soluciones digitales y biotecnológicas para mitigar la crisis del cambio climático y acelerar el proceso de mejora genética en olivicultura’ se ha puesto en marcha recientemente. Se trata de una iniciativa de colaboración público-privada en la que 11 socios del ámbito de la investigación y la empresa han unido fuerzas «para aportar soluciones prácticas al manejo del olivar y el conocimiento de su genética para el desarrollo de variedades resistentes a los efectos del cambio climático».

El encuentro inicial se ha llevado a cabo en el Campus de Rabanales de la Universidad de Córdoba (UCO), donde representantes de las entidades participantes han puesto en común objetivos y líneas de trabajo. El equipo que desarrollará el proyecto se distribuye entre un consorcio académico, liderado por el grupo Ucolivo de la UCO y en el que están presentes el Instituto de Agricultura Sostenible (IAS-CSIC), la Universidad de Granada y el Supercomputing Center de Barcelona (BSC); y uno privado, al frente del cual se encuentra Todolivo y que reúne a empresas del sector agrícola (Plantas Continental, Santa Cruz Ingeniería, Indlab y Fertinyect), biotecnológico (Biotechvana) y de ciencia de datos e Inteligencia Artificial (Drimay).

El proyecto cuenta con un presupuesto superior a los 6,4 millones de euros, de los cuales 3,2 millones proceden de fondos públicos, en concreto de la convocatoria Transmisiones de la Agencia Estatal de la Investigación. En el marco de PROLIVE, el grupo Ucolivo pondrá a disposición de la iniciativa su trayectoria al servicio de la mejora genética del olivar, avanzando en la secuenciación genómica y fenotípica del material que custodia en el Banco de Germoplasma Mundial de Olivo y la digitalización de esa información. Todo ello permitirá convertir la colección de la UCO en la mejor estudiada del mundo, lo que, unido a la propuesta de su inclusión como banco de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), situará el Banco de Germoplasma en la primera línea a nivel internacional.

Entre los objetivos que se marca PROLIVE destacan, además, «iniciativas de innovación tecnológica aplicada al agro, como la secuenciación genética y el mapeo asociativo, la mejora nutricional del aceite de oliva, la creación de un gemelo digital de explotaciones de olivo o el desarrollo de sistemas de detección precoz y predicción de riesgos para enfermedades como el repilo y el emplomado a través de sensores automáticos». En el horizonte está la selección de variedades más resistentes a los efectos del cambio climático y a las enfermedades que afectan al olivo, «lo que mejorará el rendimiento de los cultivos y los hará más sostenibles, reduciendo las necesidades de riego, fertilización o uso de pesticidas».

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El Gobierno de la Región de Murcia está apostando por la digitalización del sector agrario promoviendo la instalación de sensores y redes de monitorización que ofrecen datos de los cultivos en tiempo real. Ello es posible gracias a las investigaciones que desarrolla el Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Medioambiental (IMIDA).

En concreto, «se están instalando tecnologías geoespaciales que permiten la captura, almacenamiento, transformación, análisis y publicación de datos agroambientales». «El objetivo es lograr una mejor producción de los cultivos, la predicción de enfermedades, la supervisión continua o la mejora de la eficiencia en la gestión del agua y de los nutrientes», ha señalado la consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira.

La titular de Agua y Agricultura ha visitado la finca Hacienda Nueva, ubicada en Cehegín, en la que se están instalando estos sensores y ha destacado que «a través de las redes de monitorización y plataformas de teledetección, pueden capturar, almacenar y analizar datos para crear modelos predictivos que permiten anticipar decisiones para mejorar la eficiencia, predecir plagas y el aumentar la rentabilidad y sostenibilidad de la actividad agrícola». Rubira ha comentado que «el agricultor puede acceder mediante un dispositivo móvil a toda la información del cultivo como la necesidad de riego o el exceso de humedad que puede ocasionar la aparición de hongos». Además, «mediante las trampas para plagas pueden detectar qué tipo de insecto está atacando al cultivo e incluso conocer una estimación de la cantidad». Según la consejera «con las nuevas herramientas de monitorización, que utilizan datos de series temporales, el IMIDA busca modelos de aprendizaje automático para el seguimiento de cultivos en las zonas vulnerables que permitan mejorar la toma de decisiones».

 

Selecciones a partir de la uva ‘Monastrell’

El IMIDA está aplicando estas nuevas tecnologías en el mencionado proyecto en la finca Hacienda Nueva para seleccionar nuevas variedades obtenidas a partir de ‘Monastrell’, que «se adapten mejor a las condiciones de escasez de agua y altas temperaturas, propias de la zona».

El proyecto, que forma parte de uno nacional denominado ‘Mejora y selección de nuevas variedades de uva de vinificación resistentes a la sequía como medida de adaptación de la viticultura al cambio climático (BDRvine)’, ha establecido una plantación con nuevas variedades de uva de vinificación obtenidas dentro del programa de mejora del IMIDA. En esta plantación «se aplica un riego deficitario controlado, por un lado, y un cultivo en secano, por otro, para seleccionar las variedades que tengan mejor comportamiento en condiciones de secano, y ver que parámetros agronómicos y de calidad se ven afectados cuando no se riega».

Este estudio se complementa con el proyecto Algroalnext de desarrollo de una viticultura sostenible con el uso de nuevas variedades resistentes a enfermedades (oídio y mildiu) y a la escasez hídrica, para el que se lleva un control más exacto de la disponibilidad de agua de las plantas, con la instalación de sondas por parte de Odin Solution que permitirán controlar la humedad del suelo próximo a las raíces y la humedad de las hojas de las plantas bajo estudio.

En el proyecto colaboran los equipos Sistema de Información Geográfica y Teledetección (SIGyT) y el de Mejora Genética Molecular del IMIDA, y está financiado en un 60% con fondos Feder de la Unión Europea y en el 40% restante con fondos propios de la consejería.

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Autores:

M. Nadal

Grup de Recerca Vitivinicultura, Departament de Bioquímica i Biotecnologia, Facultat d’Enologia, Universitat Rovira i Virgili.

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La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha reclamado una reforma estructural del sistema de seguros agrarios ante los efectos del cambio climático en la actividad agraria. Así se lo ha trasladado a los máximos responsables de ENESA, Agroseguro y Consorcio de Compensación, durante la reunión mantenida en su sede en Madrid.

«Es necesario un pacto de Estado para que, aparte del Ministerio de Agricultura, haya una implicación de los ministerios de Transición Ecológica y Economía y Hacienda en el rediseño de las políticas de gestión del riesgo en el campo», ha trasladado el responsable de Seguros Agrarios de COAG, Pedro García, al tiempo que ha advertido que «hasta ahora, el agricultor y el ganadero había tenido una percepción del coste/retorno aceptable, en relación con al coste del seguro y el beneficio que obtenido. Sin embargo, en los últimos años y ante el cambio climático, los daños son mayores, las garantías menores y el precio más elevado».

En este sentido, desde COAG se ha presentado una propuesta para lograr la universalización del seguro agrario en base a:

– Vinculación de aseguramiento de la cobertura básica general para todos aquellos agricultores y ganaderos que perciban cualquier tipo de ayuda o subvención pública.

– Sacar las indemnizaciones extraordinarias derivadas del cambio climático del seguro, para que no repercuta en el precio de éste. Asunción de estos riesgos por el Consorcio de compensación.

– Seguro base con un precio atractivo, que cubra daños muy importantes, y que no puedan ser controlados por el agricultor, garantizando la viabilidad de las explotaciones.

– Universalización del seguro agrario, basándose en los principios de solidaridad y proporcionalidad de su coste frente a los riesgos reales de cada cultivo y explotación.

– Hacer una herramienta potente de política agraria, favoreciendo el arraigo al campo de los jóvenes agricultores.

– Ante un mayor riesgo por el cambio climático, una mayor dispersión del mismo al aumentar la contratación.

– Fortalecer una figura de entidad de asesoramiento del seguro agrario que ayude a la contratación del seguro y a las peritaciones más problemáticas.

– Con todo ello, se llegaría a un sistema más optimizado para cada tipo de seguro, más eficiente y económico, una mayor contratación en mejor consonancia con las subvenciones, mejor asesoramiento, y mayor reconocimiento del papel que juegan los agricultores y ganaderos.

«No solo hablamos de crear una red de seguridad eficaz para asegurar la viabilidad de las explotaciones agrarias. Hablamos de garantizar la seguridad y la soberanía alimentaria de los ciudadanos y el desarrollo económico, social y medioambiental de nuestro medio rural», ha concluido Jaume Bernis, responsable de Gestión de Riesgos Climáticos de COAG.

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La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, a través de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera (Agapa) lanzará en los próximos meses su primer nanosatélite al espacio. La consejera Carmen Crespo ha indicado que será además un paso importante «en nuestra apuesta por la vanguardia tecnológica, ya que su misión será principalmente la de cuantificar el impacto del cambio climático en el sector agrario y pesquero y contribuir a mejorar la gestión de la biodiversidad».

El primer nanosatélite andaluz, que se llamará ‘Platero’, en reconocimiento al personaje del poema de Juan Ramón Jiménez y que ha sido elegido entre una terna de candidatos por parte de escolares andaluces, está formado por 6 cubos de 10 cm x 10 cm x 10 cm y «cuenta con una cámara de alta precisión que va a dar resolución en tierra de casi cinco metros». El dispositivo orbitará a 560 kilómetros de altitud y realizará una vuelta completa sobre Andalucía cada dos días. Según ha explicado Crespo, «será además uno de los nanosatélites más innovadores de los diseñados hasta el momento y recopilará imágenes con una cámara multiespectral de última generación». ‘Platero’ captará datos que serán volcados en tiempo real en una misma plataforma junto a los obtenidos por los sensores terrestres y flotantes a través de tecnología de observación e-IoT (Internet de las cosas) para hacerlos más procesables.

Finalmente, la consejera de Agricultura ha querido reconocer la importancia que va a tener para Andalucía el proyecto SmartFood en el que se enmarca el nanosatélite ‘Platero’, recordando que «es una iniciativa europea liderada por Agapa para impulsar el desarrollo sostenible de los sectores agrario, pesquero y silvícola en Andalucía a través de la tecnología y la innovación». El proyecto, que cuenta con el consorcio internacional de investigación LifeWatch ERIC como socio principal, está financiado con fondos Feder y cuenta con la colaboración de las universidades de Córdoba y Málaga y el Campus de Excelencia Internacional Agroalimentario (ceiA3).

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El Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Medioambiental (IMIDA), dependiente de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, ha registrado 6 nuevas variedades de uva de vinificación procedentes de la ‘Monastrell’, cinco tintas y una blanca, más resistentes al cambio climático y de gran calidad, pues cuadriplican la cantidad de fenoles.

Para el consejero en funciones de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca de la Región de Murcia, Antonio Luengo, «este proceso desarrollado por los investigadores del IMIDA, que ha durado 23 años, supone un hito, pues es el primer centro de investigación de España que lo logra». Asimismo, ha asegurado que «estas nuevas variedades son una herramienta más para que los viticultores, puedan hacer frente a las consecuencias del cambio climático, con unos tipos de uva que se adaptan mejor a las altas temperaturas de nuestra zona».

Las variedades tintas registradas se caracterizan «por tener una mayor calidad fenólica, lo que implica una mayor calidad de los vinos y les confiere unas cualidades sensoriales diferentes con un intenso sabor y cuerpo, muy equilibrado. Una de ellas permite, además, la elaboración de vino con menor graduación alcohólica». Por su parte, la nueva variedad blanca «se caracteriza por su calidad aromática, acidez y frescura».

El equipo de Enología y Viticultura, liderado por Rocío Gil Muñoz, trabaja con el sector, puesto que se ha colaborado con bodegas de las tres denominaciones de origen, que ya las tienen plantadas a nivel experimental. También se están llevando a cabo, en colaboración con el equipo de Mejora Genética, dirigido por Leonor Ruiz García, la selección de nuevas variedades persiguiendo otros objetivos como son «el que sean resistentes a estreses bióticos como son oídio y mildiu o abióticos como son la sequía, o la obtención de nuevas variedades sin semilla que darán lugar a vinos de menor graduación alcohólica».

En definitiva, estas nuevas variedades están adaptadas al climático, al mismo tiempo que permitirán llevar a cabo una viticultura más sostenible y adaptada a los gustos actuales de los consumidores. Las parcelas experimentales donde se obtienen y analizan las nuevas variedades están ubicadas en la finca experimental Hacienda Nueva, en el municipio de Cehegín.

 

Bodega experimental

El IMIDA dispone de una bodega experimental, ubicada en Jumilla, creada en 1987 para elaborar vinos a partir de las nuevas variedades de uvas. Sus instalaciones cuentan con toda la infraestructura necesaria para la elaboración del vino: equipo de frío, depósitos de acero inoxidable de diferente capacidad, sótano para crianza, cámaras isotermas, prensas neumáticas, despalilladora y estrujadora con bomba de vendimia. Aquí se llevan a cabo diversos proyectos de investigación y se elaboran los vinos.

Además, el Instituto cuenta con un servicio para realizar controles sanitarios de la vid, lo que contribuye a garantizar la producción y calidad del vino. Este servicio, el único de España autorizado por el Ministerio de Agricultura, ha evaluado hasta la fecha unas 5.400 plantas procedentes de viñedos de todo el país.

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Un total de 15 empresas y centros de investigación españoles participan en el proyecto de investigación y desarrollo SmartCrops 5.1, centrado en la digitalización y sostenibilidad del sector agrario para incrementar su competitividad y adaptación al cambio climático.

El aumento de temperaturas y la agricultura intensiva están acelerando la desertificación del sector agrario español: casi el 50% del territorio se encuentra en riesgo de desertificación y la previsión para el año 2050 es que este porcentaje llegue al 67%. Además, nuestro país tiene el mayor índice de estrés hídrico de Europa (33%) por la escasez de precipitaciones, siendo el sector agrario el más afectado al ser el que más agua consume (cerca del 70% del total).

Ante esta situación y la necesidad de impulsar la transformación digital y el desarrollo sostenible de las empresas agrarias, SmartCrops 5.1 se basa en la aplicación de gemelos digitales (réplicas virtuales de productos o procesos que tienen lugar en la realidad) «para optimizar la gestión hídrica y nutricional de cultivos en las condiciones actuales de cambio climático y en el seguimiento y estimación de indicadores de sostenibilidad de los sistemas productivos para conseguir una agricultura sostenible, eficiente, inteligente y regenerativa». Estos gemelos digitales «permiten reproducir en un ordenador lo que sucede en el campo, simulando el comportamiento de la planta y su interacción con el entorno, para comprobar la eficacia de los procesos antes de llevarse a cabo en el cultivo». Por ello es relevante medir los resultados alcanzados en riego, nutrición y fertirriego y aplicación de fitosanitarios.

 

Actividades técnicas

Los retos específicos que aborda el proyecto para adaptar los cultivos al cambio climático incluyen la eficiencia en el consumo de recursos y su optimización gracias a la digitalización; la reducción de la huella hídrica mediante un riego inteligente; la disminución del uso de fitosanitarios que conllevará una reducción de la contaminación; el uso de Big Data / Al / Cloud / Edge Computing y medidas de eficiencia energética en el manejo del cultivo; y la implementación de prácticas regenerativas para obtener suelos más sanos y equilibrados para retener mejor el agua, evitar la erosión, aumentar la biodiversidad y reducir los pesticidas.

Para lograr estos objetivos, desde el punto de vista técnico, este proyecto de I+D colaborativo se articula en dos actividades técnicas. La primera plantea la generación de conocimiento para el uso sostenible, inteligente y eficiente del material vegetal y de los recursos hídricos e insumos disponibles para mejorar la capacidad tecnológica del sector agrícola nacional ante el previsible impacto del cambio climático. La segunda actividad propone la validación experimental de las soluciones científico–tecnológicas planteadas en la actividad anterior con cinco casos de uso en los sectores vitícola, oleícola, hortícola y frutal.

 

4 años de duración

El proyecto de cooperación agrotecnológico, cuyo nombre es ‘Nuevas herramientas digitales, tecnológicas y agro–ecológicas para la producción sostenible y resiliente de cultivos leñosos y hortícolas en climas semiáridos en condiciones de cambio climático’, tiene una duración de 4 años y está liderado por Familia Torres. Cuenta con un presupuesto en torno a los 6 millones de euros, cofinanciados por la Unión Europea y por el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI Innovación), con fondos FEDER, a través del Programa Operativo plurirregional de Crecimiento Inteligente 2021–2027, en el marco del Programa Estratégico de Consorcios de Investigación Empresarial Nacional (CIEN).

Los integrantes del consorcio proceden de 5 comunidades autónomas (Andalucía, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana y Navarra). Entre los 8 socios empresariales, 3 son empresas agrotecnológicas cuya actividad se centra en el diseño de soluciones digitales de software para gestión agro, plataforma de datos e integración (Hispatec Erpagro), soluciones tecnológicas en la protección de cultivos (Pulverizadores Fede) y soluciones tecnológicas para el aumento de la competitividad del sector agro y el ahorro y optimización del agua (Prima–Ram). Los 5 restantes son empresas agrícolas de diferentes sectores: vitivinícola (Familia Torres y Bodega Matarromera), olivar (Cortijo Guadiana–Grupo Castillo de Canena y Bodega Matarromera), frutos secos, en concreto almendro (Bodega Matarromera), cultivos subtropicales (Trops) y hortalizas de hoja ancha (Florette Ibérica).

Junto a estas empresas, participan 7 centros nacionales de investigación: Centro de Investigaciones sobre Desertificación (CIDE–CSIC), Universidad de Almería, Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentaria (IRTA), Fundación FIDESOL, Fundación Instituto Internacional de Investigación en Inteligencia Artificial y Ciencias de la Computación (Air Institute), Universidad de Burgos y la Estación Experimental e Instituto de Hortofruticultura Subtropical y Mediterránea La Mayora (ISHM La Mayora–CSIC).

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El Instituto de Ciencias de la Vid y del Vino (ICVV) organiza una red de investigación sobre ‘Recursos genéticos para la adaptación de la viticultura a la crisis climática’, junto con entidades de 14 comunidades autónomas. En este sentido, la red Vitis Climadapt «nace con el objetivo de promover la adaptación del material genético de la vid a la crisis climática, ante el reto que esta crisis supone para la viticultura española».

Esta red temática se propone «potenciar la interacción y comunicación entre los grupos de investigación que desarrollan su actividad en esta área con diferentes experiencias en producción, fisiología, patología, genética o genómica, y con distintas estrategias en selección clonal, recuperación de variedades o mejora genética de nuevas variedades y portainjertos». De esta forma, «se pretende contribuir al desarrollo de material genético más adaptado a las nuevas condiciones ambientales y que responda a las necesidades del sector productivo».

En concreto, esta red de investigación tiene varios propósitos. Uno, es diagnosticar el estado de la investigación e innovación en recursos genéticos de la vid para la adaptación al cambio climático, promoviendo las acciones necesarias para apoyar y potenciar el desarrollo de esos recursos y favorecer su aprovechamiento y utilización por el sector productivo. Otro, es facilitar la comunicación y colaboración activa entre los integrantes de la red y entre estos y el sector productivo, tanto a nivel nacional (gracias a la colaboración de la Plataforma Tecnológica del Vino) como internacional, con el fin de conocer las estrategias en desarrollo, las necesidades del sector y los resultados de la investigación que puedan ser de aplicación en cada caso.

Vitis Climadapt también nace con el fin de obtener el máximo aprovechamiento del avance del conocimiento (por ejemplo, genes de resistencia a sequía, diversidad genética, secuenciación de genomas, mutaciones de interés…) en la innovación varietal, clonal y de portainjertos y explorar las posibilidades de protección y explotación de la propiedad industrial derivada, así como las limitaciones regulatorias para la innovación en el sector del vino.

Asimismo, se busca «consensuar protocolos, procedimientos y herramientas comunes (parcelas o colecciones) para la evaluación del comportamiento productivo, la calidad de la uva y el potencial enológico del material vegetal, que faciliten el análisis comparativo de clones, variedades y portainjertos en centros públicos y privados de investigación y que mejoren la toma de decisiones en el manejo de estos recursos».

En la red Vitis Climadapt participan investigadores del Centro de Conservación de la Biodiversidad Agrícola de Tenerife (Gobierno de Canarias); el Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura (CICYTEX); el Centro de Investigaciones sobre Desertificación (CIDE-CSIC) de Valencia; el Centro de Transferencia Agroalimentaria del Gobierno de Aragón; la Estación de Viticultura y Enología de Galicia  (EVEGA); el Instituto Catalán de la Viña y del Vino; el Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural Agrario y Alimentario (IMIDRA); el Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Medioambiental (IMIDA); el Instituto Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal de Castilla-La Mancha (IRIAF); el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León; el Rancho de la Merced del Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica (IFAPA); la Sociedad Pública NEIKER-Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario, S.A.; la Universidad de las Islas Baleares; la Universidad Pública de Navarra; además del ICVV (Gobierno de La Rioja, CSIC, Universidad de La Rioja).

El proyecto se ha iniciado el 1 de junio de 2023, durará dos años y ha sido financiado por la Agencia Estatal de Investigación en su Programa de Redes de Investigación 2022.

www.icvv.es

 

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